Argentina: sin tierra para comer, sin techo para vivir, testimonio de la UST de Mendoza

Familias sin vivienda vienen realizando ocupaciones de tierras en zonas y poblados cercanos a la capital de la provincia de Mendoza. Estas acciones vienen siendo criminalizadas por la gobernación y los medios de comunicación comercial locales, quienes acusan a las familias de haber sido instigadas a "usurpar" y de perseguir algún fin político. Esta semana, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST), rechazó esas acusaciones afirmando que "la realidad es que existen miles de familias sin casa, como también miles de campesinos sin tierra", en una provincia en la que el trabajo escasea y en la que gran parte de éste "está precarizado y en negro".[1] La UST reclama al Estado el fortalecimiento de la economía campesina, la producción de alimentos para los mercados locales, el acceso a la tierra y la vivienda, cobrando impuestos a los grandes empresarios y promoviendo el trabajo en cooperativas y asociaciones.

Diego Montón, vocero de la UST, en una charla que mantuvo con la Agencia de Noticias Biodiversidadla se expresó acerca de la expulsión que las familias continúan sufriendo en el campo, asegurando que "la tierra y el agua se están concentrando cada vez más en pocas manos y ahora en muchísimas empresas de afuera, que van apropiándose de tierras de familias campesinas, las cuales se ven obligadas a irse a la ciudad. En la ciudad no hay fuentes de trabajo genuinas, por lo tanto van consiguiendo sobrevivir a base, en el mejor de los casos, de trabajo precarizado".

-En distintas partes de la provincia de Mendoza vienen sucediéndose ocupaciones de tierras, ¿podrías contarnos cómo son esos predios?, ¿están cercanos a la ciudad o son rurales?

-Durante los últimos 6 meses se han dado varios casos de lo que los medios denominan "la usurpación" de tierras por grupos numerosos de familias. Estamos hablando de grupos de no menos de 100 familias. El que más salió en los medios fue en una zona del pedemonte mendocino, es decir donde empiezan los cerros de Mendoza, una zona de la periferia de la ciudad pero que ya es pedemonte, donde hay varios barrios y asentamientos muy antiguos de mucha gente, que están muy precarizados, sin servicios, con muy poquita agua. Ahí, un grupo grande familias, creo que 200, ocuparon un predio que era de la Dirección de Parques Naturales de Mendoza y fueron desalojados. Hubo algunas personas que mediaron con el gobierno y desde ahí empezó esta cuestión fuerte, desde el gobierno y los medios, de caracterizarlos como "usurpadores". Lo que las familias pedían era un lugar donde poder tener una vivienda y la posibilidad de poder organizar la urbanización, las calles.

Después hubo otra en Palmira, ese es ya un departamento rural, alejado a unos 70 km de Mendoza capital. Cerca del pueblo de Palmira, un grupo muy numeroso, creo que también andaban por las 150 familias, ocuparon un predio. En este caso era un predio de privados y otra vez hubo una reacción grande acusándolos de usurpadores. La municipalidad supuestamente había organizado una negociación con los propietarios de ese lugar para que puedan ceder y las familias vayan pagando, pero eso se ha caído y esas familias siguen desalojadas y sin vivienda. El último fue hace unos 15 días, en el departamento de Maipú, en una zona más rural de ese departamento que es Rodeo de la Cruz. En ese lugar, unas 500 familias ocuparon predios que son de la ONABE, el organismo que administra lo que antes era del ferrocarril. El director del ONABE local radicó la denuncia y hubo un fuerte operativo de desalojo y de nuevo se profundizó esta caracterización de decir que son grupos de usurpadores delinquiendo, y muchos medios se prestaron, a tal punto, que se inflitraban periodistas en esa masa de gente y después decían "bueno, pero había familias con zapatillas adidas". Una cosa demasiado fascista, en el sentido de que según la ropa que tenían era si tenían realmente la necesidad o no de ocupar para tener una vivienda.

La realidad para nosotros es que hoy hay una crisis muy grande en la cuestión habitacional en Mendoza, decenas de miles de familias no tienen una vivienda digna. No hay una política clara que nos muestre que eso se va a solucionar rápidamente. Se van organizando de distinta forma y hasta lo vemos precario por como se da, grupos de gente que no le queda otra. Sin embargo, el gobierno ha salido con declaraciones muy duras diciendo que va a crear una especie de "centro de inteligencia" porque hay organizaciones que están "incitando a la usurpación", que tienen un claro fín político. Nosotros creemos que eso es escaparle a la realidad, es no querer afrontar que el modelo económico y social acá está agotado, y el Estado debería impulsar medidas diferentes, es decir, apuntar a esa cuestión dejada de lado que es la redistribución de la riqueza y una política clara de generación de empleo digno y vivienda digna también. Cuando hablamos de empleo digno no nos referimos a lo que se está haciendo en el marco de la crisis, que es subsidiar a empresarios deficitarios para que ellos "generen empleo". No, entendemos que empleo digno tiene que ver con poder darle la posibilidad a los distintos sectores de trabajadores y campesinos de poder ser los protagonistas de su medio de producción, que la inversión se haga directamente en mano de los trabajadores.

-Trazaban un paralelo entre la gente que hoy no tiene techo y la situación de desalojos que sufren las familias campesinas, ¿creen que esta emergencia habitacional está relacionada con las expulsiones que se dan en el campo?, ¿existe una situación de trabajo preciario que obliga a estas familias a sobrevivir en estas condiciones?

-Una cosa está atada a la otra. Es decir, el campo hoy continúa expulsando familias porque la tierra y el agua se están concentrando cada vez más en pocas manos y ahora en muchísimas empresas de afuera, que van apropiándose de tierras de familias campesinas, las cuales se ven obligadas a irse a la ciudad. En la ciudad no hay fuentes de trabajo genuinas, por lo tanto van consiguiendo sobrevivir a base, en el mejor de los casos, de trabajo precarizado. Esto hace que en la ciudad falte vivienda y que muchas de esas familias no tengan las posibilidades económicas de acceder a los créditos que hay disponibles para la vivienda. Hay un lente distinto que usa el gobierno: según quién es el que ocupa terrenos lo criminaliza o no. Nosotros denunciamos que aquí en Mendoza hay muchísimos casos de empresarios que han usurpado terrenos del Estado, del Ejército, incluso de la Universidad, y cuando los medios hablan de esos casos, hablan de que existen "litigios en la justicia", pero en el caso de que una familia pobre es la que ocupa un terreno, ahí se habla de que es una usurpación y que son hechos delictivos. Evidentemente hay una mirada ideológica que pone el gobierno y que ponen los medios, y que tiene que ver con criminalizar a la pobreza.

-Los empresarios, ¿traen a "trabajadores golondrina" a los campos?, ¿son estos trabajadores los que terminan viéndose obligados a vivir en condiciones precarias?

-Sí, sí, eso acá se da muchísimo y realmente los "controles" del gobierno no son efectivos. Es muy común que los empresarios, sobre todo de la vitivinicultura, traigan obreros golondrina del norte. Mucha gente incluso la traen indocumentada, y con eso pueden extorsionarlos. Están viviendo directamente en carpas en las fincas, a veces sin sombra, sin agua, sin un lugar para comer, con jornales muy por debajo de lo que se le paga a la gente del lugar, y eso obviamente genera todo un marco social complejo.

-Estos empresarios no son criminalizados como sí sucede con las familias terminan ocupando un predio.

-Exactamente. No hay ningún tipo de crítica, aunque todo el mundo sabe que el trabajo en el campo más del 90% es en negro. Es como que se teje un fetiche en el cual se dice "bueno, si no es así al pobre productor, al pobre empresario, no le cierran los números". En realidad, si uno ve la cantidad de propiedades que tienen, la forma de vida que tienen, los vehículos en los que se mueven, en fin, con una pequeña investigación queda claro que la rentabilidad es muy buena. Ese es el mito que hay acá, que no estan blanqueados los trabajadores porque sino no es rentable la producción.

-En el marco de esta crisis ustedes siguen planteando como propuesta declarar la función social de la tierra y la soberanía alimentaria. A la par, los empresarios del agronegocio retomaron sus propias medidas de fuerza para garantizar mayor rentabilidad.

-Sí, creo que es una coyuntura que está permitiendo mostrar más una disyuntiva en la cual todo el pueblo argentino debería empezar a tomar partido, porque son justamente dos modelos de desarrollo diferentes. Uno es el que plantea la Mesa de Enlace, "el campo" y todas estas organizaciones patronales que hablan del libre mercado, en la cual todo, la tierra y el agua, es una mercancía, donde quien tenga plata puede comprarla y hacer con ello lo que quieran, la pueden tener improductiva, o pueden poner soja para exportar sin importar lo que le pase a nuestro pueblo, a nuestra sociedad. Nosotros desde las organizaciones planteamos un modelo diferente en el cual la tierra y el agua deben cumplir una función social, es decir, podamos en conjunto determinar cuál es el uso que debe hacerse de la tierra y el agua en función del bien común de todos. Bueno, ahí están dos modelos. Nosotros hablamos de soberanía alimentaria. Para que se cumpla la función social una de las prioridades tiene que ser que se produzcan alimentos para el pueblo y para abastecer los mercados locales, y a su vez que la tierra pueda contener a las familias campesinas viviendo en el campo con trabajo digno.

-A nivel nacional vienen articulando con movimientos urbanos, en Mendoza, ¿tienen articulación con movimientos u organizaciones de la ciudad?

-Sí, por un lado tenemos una gran red, que es la Red de Comercio Justo, que surgió con el objetivo de poder acercar los productos campesinos a los barrios y a otros consumidores responsables, y que fue teniendo distintos matices como el "almacén andante" y otros colectivos urbanos que están trabajando en esa línea; después, con distintos grupos que están desarrollando trabajo en los barrios. Lo que sí, todavía en Mendoza, las organizaciones barriales no han alcanzado una dimensión importante, nosotros entendemos que están en gestación y quizás, de aquí a un par de años, sí podamos estar hablando de una estructura orgánica urbana más evolucionada.

-¿Algo que quisieras agregar?

-Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera es como se está posicionando el gobierno ante un conflicto que no se va a resolver metiendo miedo y presión como está metiendo, porque la vivienda es una necesidad básica, por lo tanto, si el gobierno no cambia su posición entendemos que lamentablemente el conflicto se puede tornar mucho más violento.

* Por ten.inoizudorpotua@orubal para la moc.liamg@aldoibaicnega .

Notas:

[1] UST de Mendoza. "No a la criminalización de la lucha por la tierra" , 28 agosto 2009.