Chile: frontal rechazo en Cámara de Diputados a ley de apropiación de semillas por transnacionales
"Enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado martes 14 de julio"
Su enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación con Todos, de Chiloé y la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, junto a CETSUR, y GRAIN.
El 7 de julio los diputados ya habían escuchado el planteamiento de la Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH, la Asociación de Agricultura Biológica- Biodinámica y la Agrupación de Consumidores Conscientes. Ellos instaron a la Comisión de agricultura a legislar para proteger el acceso a la diversidad biológica y el conocimiento ancestral y rechazaron como imposible la coexistencia entre la agricultura orgánica y los cultivos transgénicos.
El proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet sobre “derechos del obtentor de variedades vegetales” * ha sido rebautizado por las citadas organizaciones como proyecto de “Protección de la propiedad de las transnacionales de la semilla” y de sus filiales en Chile y parte del inaceptable principio de que es posible privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La aprobación de esta ley extendería los llamados “derechos de obtentor” –una forma más amplia de patente- a todas las especies vegetales, creando condiciones para la expansión en el país de los cultivos transgénicos, en especial de los farmocultivos que a través de la inserción de genes de un virus o una bacteria en el ADN de una planta, producen drogas.
Al respecto sostuvieron los agricultores orgánicos: “Si los chilenos queremos perder los mercados europeos conquistados con tanto esfuerzo, y contaminar genéticamente nuestros cultivos en forma irreversible, si queremos que nuestros hijos consuman alimentos desnaturalizados y alterados y entregar nuestro patrimonio genético a cambio del pago de una autorización oficial; si queremos agobiar con el pago de royalties a los campesinos que han sostenido el alimento de los chilenos desde siempre, entonces… ¡sigamos adelante con este Proyecto de Ley!.”
En mayo de este año, a espaldas de la opinión pública se inició la votación de los artículos del proyecto, interrumpida por la irrupción de estas organizaciones.
El 14 asistió menos de la mitad de los 13 parlamentarios integrantes de la comisión, entre ellos los diputados Marco-Enríquez Ominami y Alejandro Sule, quienes posibilitaron la presencia de las organizaciones. Su presidente, José Pérez y otros, valoraron el intercambio de opiniones sobre el proyecto, reconociendo su escaso manejo del tema. La diputada Alejandra Sepúlveda coincidió respecto de que el lenguaje técnico de la ley impide entender sus alcances, y mostró disposición a generar un grupo de trabajo externo a la Comisión con vistas a mejorar el articulado de la ley. Por su parte, el diputado Alejandro Sule afirmó que si se convencía de los alcances de lo planteado allí por las organizaciones, votaría en contra de esos artículos y/o rechazaría el proyecto. Varios parlamentarios sostuvieron que la solución era que los campesinos y comunidades inscribieran sus derechos para evitar que las empresas se les anticiparan, lo que fue rechazado de inmediato por los expositores, para quienes eso implicaría aceptar esa lógica y dividir a las comunidades. Se acogió por algunos parlamentarios la idea de trabajar paralelamente en una Ley de Protección de la Biodiversidad. Ellos reconocieron que la urgencia de este proyecto está dada por el hecho de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fijó el 1º de enero de 2009 como plazo para que Chile adecúe su legislación al UPOV 1991, convenio internacional sobre los Derechos de Obtentores Vegetales.
La comisión escuchará en una próxima sesión los planteamientos del ex Obispo de Chiloé monseñor Juan Luis Ysern, fundador de la Fundación Con Todos, y de un representante de los caciques huilliches de la isla, a petición de la delegación de Chiloé.
A continuación, se resumen los puntos centrales del rechazo colectivo a este proyecto de ley.
1.- Esta iniciativa abre las puertas a:
* La apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se va a expropiar la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9).
* La expansión de los cultivos transgénicos, y los farmocultivos, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. En sus definiciones el proyecto no hace diferencias entre una planta normal, una híbrida o una transgénica. La fundamentación de la ley permite deducir además que se intenta crear condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, lo que podrían crear problemas graves de salud pública, y arruinar la producción de alimentos y exportaciones agrícolas chilenas. (Artículo 6).
* La contaminación de los cultivos orgánicos por los transgénicos. Ya se ha demostrado que no es posible la coexistencia entre ambos.
* La pérdida de los mercados que demandan alimentos sanos e inocuos. Los consumidores han tomado una mayor conciencia respecto de los OGMs, y en la Unión Europea del 70% de la población rechaza la agricultura transgénica.
* El despojo de los derechos de los campesinos a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48) . Esta práctica universal de campesinos y agricultores es reconocida incluso por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.
* Daño a la fauna y los insectos benéficos por los cultivos transgénicos, con negativas consecuencias para el medio ambiente. La biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos.
* La criminalización del trueque o de la siembra de semilla. Ya no será el SAG quien fiscalice, sino las propias empresas dueñas de los derechos sobre las semillas, tendrán el poder de hacer de policías, siguiendo el modelo de otros países como Estados Unidos y Canadá cuando surge la contaminación accidental por transgénicos (artículos 52 y 54).
* El decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. (artículos 53, 54, 55). Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, decomiso de productos, e incluso en el embargo de exportaciones chilenas.
* Un proceso de aumento creciente del costo de los alimentos. El precio de las semillas encarecerá el proceso productivo y los costos.
2.- Beneficiarios e impulsores de este proyecto
* Los grandes beneficiados de este proyecto son los operadores del mercado de semillas transgénicas y de agroquímicos, principalmente las corporaciones transnacionales agroquímicas, Syngenta y la corporación Monsanto, líder mundial del mercado de semillas y cultivos transgénicos y sus socios locales.
* Las variedades en uso estarán en manos de unas cuantas empresas. Esto agravará el proceso de concentración del sector semillero logrado por la ley 19.342, que sería derogada al aprobarse este proyecto. Hoy ya existe menos disponibilidad de variedades agrícolas, y este proyecto agrava esa tendencia.
* Las empresas extranjeras controlarán la comercialización, importación o exportación del material de propagación (semillas, esquejes, etc.), y además podrán obtener legalmente la propiedad sobre la flora y el patrimonio genético nacional. (artículos 6,7, 39).
Además de las organizaciones que estuvieron en las audiencias de la Comisión de Agricultura, suscriben hasta ahora este planteamiento sobre el proyecto de ley Tierra Viva; los Consejos Ecológicos comunales de Linares y San Antonio; el Instituto del Medio Ambiente; las redes orgánicas de Coquimbo, BioBio, Angol, Renaico, Los Lagos y Los Ríos, y la fundación Chile Sustentable.