Perú: tras masacre por TLC con EE.UU., Alan García negocia otro TLC con Europa
"El mandatario peruano masacró a campesinos y rifó su prestigio internacional sólo por imponer un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, y ahora se sienta a negociar otro TLC con la Unión Europea, pese a que decenas de estudios confirman que ese tratado comercial amenaza la existencia de Perú como nación soberana"
Alan García está convencido de que no hay nada más importante que el libre comercio, ni siquiera la estabilidad política de su gobierno. El mandatario peruano masacró a campesinos y rifó su prestigio internacional sólo por imponer un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, y ahora se sienta a negociar otro TLC con la Unión Europea, pese a que decenas de estudios confirman que ese tratado comercial amenaza la existencia de Perú como nación soberana.
Desde septiembre de 2007, los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador negocian con la UE un TLC sin participación ciudadana. Los negociadores esperan que la IV ronda de negociaciones que se celebra del 15 al 19 de junio en Bogotá sea la penúltima y que el acuerdo se firme a fines de 2009.
Los gobiernos de Perú y Colombia aseguran que el TLC con la UE es sinónimo de desarrollo porque multiplicará el comercio y la inversión, pero el mandato negociador de la UE revela que el verdadero objetivo del tratado es consolidar y ampliar el control de las multinacionales europeas sobre áreas vitales de la economía andina como el agua, la energía, las telecomunicaciones, el sistema bancario, los medicamentos y los recursos naturales.
El TLC con la UE otorga más derechos, beneficios y garantías a las empresas del viejo continente que a los trabajadores, empresarios, campesinos y ciudadanos de los países de la CAN, ya que modifica la legislación nacional para adecuarla a las necesidades corporativas, como de hecho ya viene ocurriendo en Colombia con las exenciones tributarias, las Zonas Francas Especiales y los contratos de estabilidad jurídica.
La Unión Europea pretende extender la duración de las patentes hasta 25 años y también la exclusividad en la producción de medicamentos. Según estudios de la Alianza CAN-UE para el Acceso a los Medicamentos, esto encarecería las medicinas en un 26%. Se calcula que los colombianos tendrán que pagar por sus medicinas más de 380 millones de dólares al año.
Por otro lado, se imponen a los campesinos y productores agrícolas andinos medidas sanitarias europeas imposibles de cumplir.
El TLC con la UE no conviene
Un reciente informe técnico realizado por un consorcio contratado por la propia Comisión Europea confirma que el TLC UE-CAN no contribuirá al desarrollo sostenible de los pueblos andinos y, por el contrario, puede agravar la inequidad social y afectar severamente a los derechos humanos y al medio ambiente.
El informe concluye que la liberalización comercial no contribuirá al cambio de la matriz económica de los países andinos, sino que reforzará el carácter primario exportador de sus economías, concentrado en pocos productos con escaso o sin valor agregado.
Está demostrado que el "libre comercio" anula cualquier posibilidad de trascender la economía exportadora de productos básicos. El 85% de los productos que Colombia exporta a Europa son carbón, ferroníquel, café, banano y petróleo, los mismos que venderemos si se firma un TLC porque la política es exportar recursos naturales y materias primas, no bienes industriales puesto que no existe ninguna política de fomento al desarrollo industrial, asegura Enrique Daza, vocero de la organización social colombiana Recalca.
Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo -el 10% de la población más pobre tiene ingresos 64 veces inferiores al 10% más rico- porque el modelo económico neoliberal concentró la riqueza y eliminó los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, opina Daza.
Fortalecer una mayor diversificación económica y el mercado intraregional andino resultaría ser más saludable no solo en términos de integración regional, sino también en función de una mejor inserción en el mercado internacional.
El estudio contratado por la Comisión Europea prevé que la expansión del comercio y la producción de bienes agrícolas y procesados que resultan del acuerdo comercial tendrán impactos adversos sobre la biodiversidad y el cambio climático, poniendo en riesgo a los pueblos andinos y a la humanidad en su conjunto si se tiene en cuenta que buena parte de la cuenca amazónica, regulador climático del planeta, se encuentra en los países andinos.
Según el informe, la expansión de la industria minera y de hidrocarburos en territorios rurales andinos tendrá impactos sociales negativos y exacerbará los graves conflictos locales y nacionales de la última década.
La movilización social en los países andinos y las respuestas represivas están directamente ligadas a la liberalización comercial, a la privatización de empresas públicas o a reformas legislativas para implementar TLCs, como es el caso de las movilizaciones indígenas en Perú que terminaron en masacre.
El gobierno colombiano tendría que aprobar decretos pro TLC similares a los 9 decretos legislativos peruanos que entregan en concesión 44 de las 75 millones de hectáreas del Amazonas.
"Este tipo de decretos tendrían que aprobarse en Colombia si se ratifica el TLC, pues éste tiene los mismos objetivos de entregar al control privado extensas zonas de biodiversidad para la explotación minera, el aprovechamiento energético y los grandes monocultivos para agrocombustibles", dice Enrique Daza.
Las redes de la sociedad civil ALOP, Amigos de la Tierra Europa, Grupo SUR y Red UE-CAN, organizaciones que monitorean las negociaciones desde Bruselas, consideran que hay suficientes evidencias de los impactos negativos del acuerdo comercial a la luz de decenas de estudios elaborados tanto por la Comisión Europea como por ONG de Europa y de los países andinos.
Estas organizaciones alertan que las consecuencias adversas pueden ser todavía peores como consecuencia de la crisis económica global. Por todo ello, afirman, persistir ciegamente en las negociaciones comerciales por parte de los negociadores de la UE, Perú y Colombia, es "un acto de irresponsabilidad política".
La UE interpelada
Cuando se iniciaron las negociaciones, la Unión Europea proclamó que para ella era de vital importancia fomentar la "integración andina", pero en enero de 2009 el Consejo de Ministros de la UE autorizó la negociación bilateral con Perú y Colombia.
El "libre comercio" ha resultado ser incompatible con el proceso andino de integración. Venezuela se retiró cuando se negoció el TLC con Estados Unidos. Bolivia se alejó de las negociaciones del Acuerdo de Asociación. Rafael Correa insiste a la Unión Europea en la necesidad de negociar los capítulos de cooperación y diálogo político, o de lo contrario no tendría sentido firmar un TLC.
Por otro lado, los gobiernos de Perú y Colombia son sindicados de graves violaciones a los derechos humanos. Recrudecen los asesinatos de sindicalistas en Colombia y se generalizan las medidas represivas en contra del movimiento indígena y en Perú.
Estas graves violaciones son ignoradas por la Unión Europea, a pesar de que incluso el gobierno de Estados Unidos las ha condenado en el caso de Colombia.
Solo en los primeros tres meses de 2009, en Colombia 50 indígenas fueron asesinados, y más de 3.000 desplazados forzosamente. De 2002 a 2008, período de Álvaro Uribe, se registraron 1.255 homicidios de indígenas.
En julio de 2008, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC) convocó al Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Indígena, donde jueces independientes internacionales indígenas y no indígenas, y autoridades indígenas colombianas, juzgaron al Estado colombiano y las empresas transnacionales por su responsabilidad en las múltiples y sistemáticas violaciones de derechos de los pueblos indígenas.
En su dictamen final, los jueces encuentran responsables al Estado y a las empresas por violaciones a los derechos colectivos, como el derecho a la autonomía y a la cultura, el derecho a la participación, el derecho al propio desarrollo, y el derecho a la existencia como pueblos indígenas.
Acusan al Estado colombiano y al gobierno de Uribe Vélez por la comisión de graves violaciones a que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas producto de la cual cientos de miles de indígenas sufren graves consecuencias.
Por la persecución, torturas, desapariciones, implementación de campañas de desinformación, pago de recompensas para acusar y judicializar a las autoridades y líderes defensores de los pueblos indígenas.
Por favorecer prácticas ilegítimas que permiten la apropiación violenta e ilegal de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, para desarrollar proyectos y actividades extractivas de exploración y explotación por parte de las empresas transnacionales.
Acusan a las empresas nacionales y trasnacionales Ecopetrol, Oxy, Repsol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Anglo Gold Ashanti, Bhp Billingthon, Anglo American, Glencore, Xtrata, Monsanto, Dyncorp, Maderas del Darien-Urapalma, Muriel Mining Corporation, Brisa SA, Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold - Cobre y Oro de Colombia SA, por su participación en los hechos.
El movimiento popular colombiano alertó a la comunidad internacional, a los gobiernos y parlamentos del mundo, a las centrales sindicales, movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos sobre la gravísima situación que sufren en Colombia por cuenta de la agudización sistemática de los ataques del gobierno de Uribe contra las instituciones legítimas del país y contra quienes cuestionan y promueven alternativas a sus políticas por vías democráticas y pacíficas.
El acecho del gobierno colombiano contra el poder judicial ha obligado la presencia de un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial y otro sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, un crimen de Estado ampliamente documentado.
Uribe persigue a dirigentes sociales, líderes indígenas como Feliciano Valencia, Aida Quilqué y Daniel Piñacué, contra quienes se han expedido órdenes de captura. También persiguen a dirigentes políticos de oposición como Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo, contra quienes la Procuraduría ha abierto investigación disciplinaria basada en supuesta evidencia de vínculos con grupos ilegales.
El gobierno colombiano amenaza con convocar a una Asamblea Constituyente para cerrar el Congreso si no se aprueba el referendo que le permitirá reelegirse.
Recrudecen los ataques y asesinatos de líderes de las confederaciones de trabajadores del país, y la OIT ha vuelto a incluir a Colombia en la lista de vigilancia de la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que la Central Sindical Internacional ha vuelto a confirmar que de los 76 sindicalistas asesinados en 2008, más de la mitad lo fueron en Colombia.
El gobierno d Uribe Vélez pretende asfixiar las ya limitadas libertades constitucionales, desmantelar los derechos ciudadanos y colectivos, perseguir y silenciar cualquier forma de oposición democrática y entregar la riqueza y soberanía del país a cambio de respaldos internacionales que le permitan superar su ilegitimidad.
Las organizaciones sociales andinas exigen a la Unión Europea que honre su talante democrático y desista de negociar acuerdos con gobiernos que violan los derechos humanos. En su criterio, la UE tiene una gran deuda con los pueblos andinos ya que aprobó la "Directiva de Retorno" que persigue, judicializa y encarcela a los inmigrantes que emigran de sus países empobrecidos por el saqueo.
El mundo entero mira atento el proceder de la civilizada Europa que fomenta la libre movilidad de mercancías y capitales, y reprime la libre locomoción de seres humanos.
Además, la Unión Europea hace caso omiso a las recurrentes violaciones de los derechos humanos de sus mismas multinacionales.
Empresas como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, BBVA, Banco Santander, Repsol YPF, BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti, Endesa, entre otras, están involucradas en los peores hechos de corrupción contra el patrimonio de los colombianos, como la construcción de la represa de El Guavio, el Metro de Medellín, la privatización de Telecom y el saqueo de ferroníquel, carbón y oro, solo para mencionar algunos casos.
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