La contaminación legal del maíz en México

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Por decreto transgénico

Ana de Ita

El pasado viernes 6 de marzo, a partir de un decreto presidencial, firmado además por las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Educación y Salud, quedó sin efecto la moratoria de facto establecida por científicos mexicanos, que durante 10 años prohibió en México la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, por ser país centro de origen, diversidad y domesticación.

La siembra experimental que se permite a partir de este decreto no pretende comprobar alguna hipótesis o reportar algún hallazgo científico. Es sólo un trámite para que en un plazo de uno o dos años se generalice la siembra comercial de maíz transgénico en México. Lo que ningún experimento cambiará es la biología del maíz, que al ser un cultivo de polinización abierta hace imposible la coexistencia de variedades transgénicas y variedades no transgénicas, ya que las primeras inevitablemente contaminarán al resto. De ahí que el decreto se impone sin resolver el problema que fundamentaba la moratoria: la contaminación transgénica del maíz nativo, reconocida por el gobierno mexicano desde 2001.

A partir de ahora y en cuenta descendente el maíz transgénico se esparcirá como pandemia a los campos del principal cultivo y alimento básico de México. Monsanto ha declarado que a ellos les interesa avanzar en los cultivos comerciales del norte del país, principalmente en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, que producen maíz con métodos industriales. Los productores de estos estados, sembrando con semillas mejoradas e híbridas convencionales y un paquete tecnológico con muy alto contenido de insumos químicos, capital, mecanización y riego, están logrando rendimientos muy altos, cerca de 20 toneladas por hectárea, que difícilmente los transgénicos podrán superar.

Sin embargo, ya que el mercado de semillas en México está controlado por las corporaciones que producen los híbridos convencionales, pero también los transgénicos, dependerá de su oferta que los productores puedan escoger sembrar maíz convencional.

El año pasado, la contaminación en Chihuahua demostró que la variedad 7525, que distribuye la empresa Producers Hybrids como híbrido convencional —pues hasta hoy está prohibida la venta comercial de semillas transgénicas de maíz— en realidad contenía variedades genéticamente modificadas de Monsanto.

Más temprano que tarde, los productores industriales de maíz correrán la suerte de los productores de Estados Unidos: aunque quieran no conseguirán sembrar variedades de maíz no transgénicas. Los agricultores comerciales en la mira de las corporaciones son quienes proveen la mayor parte del volumen de maíz que entra al mercado para consumo humano y que hasta ahora no es transgénico (12 millones de toneladas).

Y aunque se importa alrededor de 11 millones de toneladas anuales de maíz amarillo provenientes de Estados Unidos, donde 80 por ciento de las siembras son transgénicas, este maíz se utiliza sobre todo —aunque no exclusivamente— para alimentar el ganado.

La agricultura campesina produce cerca de 8 millones de toneladas de maíz con mucho menos insumos químicos y utilizando variedades de semillas nativas o criollas, pero participa marginalmente en el mercado, pues destina al autoconsumo gran parte de su producción. Los campesinos son quienes conservan la gran diversidad de razas y variedades de maíz que existen en el país. Aunque parecerían no ser del interés de las corporaciones, pues sus condiciones de producción les impiden el uso de un paquete tecnológico homogéneo y no existen las variedades de semillas comerciales que puedan adaptarse a tan diversas condiciones ecológicas, los programas del gobierno se empeñan en incorporarlos a la agricultura industrial, promoviendo el uso de paquetes tecnológicos que incluyen variedades homogéneas de semillas, como el actual programa de apoyo a productores de maíz y frijol (Promaf).

Desde 2002 y hasta la fecha, los diagnósticos participativos de la presencia de transgenes en las milpas campesinas, elaborados por la Red en Defensa del Maíz, registraron contaminación transgénica en regiones campesinas muy apartadas de las zonas de agricultura industrial. La apertura de la siembra de maíz transgénico en México indudablemente expandirá la contaminación a las variedades nativas y criollas de maíz.

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, 2004, recomendó hacer una evaluación profunda de los impactos en la salud, debido al alto consumo de maíz por la población mexicana (229 kilogramos anuales por persona en promedio), muy superior al de los países desarrollados.

El decreto presidencial del 6 de marzo nos impone en el corto plazo que no exista otro tipo de maíz, a menos que como sociedad impidamos este desastre. ( La Jornada, 21 de marzo)

Directora de Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

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Maíz transgénico, funcionarios delincuentes

Alejandro Nadal

En la historia de la tecnología hay muchos ejemplos de innovaciones que marcaron trayectorias decadentes y peligrosas. La industria nuclear es desde luego uno de los mejores ejemplos. Pero la biotecnología molecular no se queda atrás.

La tecnología agrícola basada en organismos genéticamente modificados ha desembocado en un callejón sin salida. Los argumentos que se adelantan para justificarla son falsos. Ni es más productiva, ni es más barata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco es claro que sea inocua para la salud humana, pues aún en esa dimensión hay una gran polémica en la comunidad científica.

Todo ese debate no le importa a las compañías de biotecnología. Su objetivo es la rentabilidad y para ello necesitan obtener el control del proceso de producción que existe en el campo. Este proceso de producción, por muchas razones, se resiste desde hace 500 años a someterse por completo a la lógica del capital. Hoy, en plena crisis, las compañías de biotecnología molecular necesitan implantarse de lleno en el campo mexicano.

Pero enfrentan un obstáculo. La legislación mexicana que ellas mismas diseñaron contiene un artículo que obliga a establecer un régimen de protección especial para el maíz, antes de proceder a la siembra de grano transgénico. Para darle la vuelta a este mandato y poder implantar y consolidar el maíz transgénico en el campo mexicano, las empresas de biotecnología han necesitado la ayuda de los funcionarios públicos en las secretarías competentes. Hoy la conducta de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, ganadería desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo confirma una vez más. El 6 de marzo el gobierno federal publicó en el Diario Oficial una serie de reformas al reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (lbogm). El decreto pretende formalizar el inicio de la desregulación del cultivo de maíz transgénico en México. Es un golpe sucio que en su momento recibirá la respuesta adecuada de la sociedad civil.

Desde que se publicó la lbogm hemos denunciado sus contradicciones, su subordinación a las grandes corporaciones y el estado de indefensión en que queda el pueblo de México y el medio ambiente. Pero esa misma ley contiene (artículo 2, fracción xi) la obligación de establecer un régimen de protección especial para el maíz.

En un primer intento de engaño, el gobierno emitió un reglamento a la lbogm en el que se relegaba esa obligación a un artículo vacío. En efecto, el último artículo del reglamento decía, simple y llanamente, que el régimen de protección del maíz se conformaría por disposiciones jurídicas que establecería la autoridad. Es decir, se admitía claramente que el régimen de protección especial no existía en el reglamento.

Posteriormente, el titular de Sagarpa intentó un golpe de mano con un acuerdo administrativo que contenía una simulación de régimen de protección. El acuerdo era además inconstitucional. Y como le cayó una lluvia de críticas, Sagarpa cambió de táctica.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) le aconsejó a Sagarpa incluir el régimen de protección especial en el reglamento de la lbogm en lugar de relegarlo a un simple acto administrativo. En su dictamen, la Cofemer le señaló a la Sagarpa que era preferible esa vía porque la observancia del simple acto administrativo podría interpretarse como potestativa, algo contrario al objetivo de una ley. Ahora que sale publicado el decreto con las reformas al reglamento, podemos observar que el régimen de protección especial del maíz ha desaparecido por completo. Han culminado tres años de manipulación y engaños. La propia Cofemer queda en entredicho porque la simulación nunca había sido tan descarada. Su dictamen señala que es preferible llevar el régimen de protección especial del maíz al reglamento debido a la necesidad de emitir principios de observancia general, impersonales, objetivos y obligatorios, que resultan necesarios para aplicar la lbogm. Pues bien, la Cofemer debería haber rechazado el decreto porque en el mismo el régimen de protección especial sencillamente ha desaparecido. El lobby de las empresas de biotecnología y sus amigos en el gobierno deben estar de plácemes. Sienten que lograron su objetivo, abrir el camino a la desregulación del maíz transgénico.

Deben recordar lo siguiente. Los funcionarios que firman el decreto del 6 de marzo reformando el reglamento de la Ley de Bioseguridad se han colocado de lleno en el supuesto del artículo 216 del Código Penal Federal: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución […]”. Ese delito se castiga con una pena de dos a siete años de prisión. Es la pena que deberán purgar por violar el orden jurídico federal que alguna vez juraron hacer cumplir. Es la pena por los daños irreversibles que podrían provocar en el campo mexicano. ( La jornada, 11 de marzo de 2009)

Investigador del Colegio de México

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Mensajes cruzados, prácticas oscuras

GRAIN

La contaminación ilegal. En septiembre de 2008, la investigadora mexicana Ana de Ita escribía: “Para Monsanto, es una prioridad el levantamiento de la moratoria a la siembra de maíz transgénico establecida en México hace diez años” pues en el actual entorno favorable a las empresas “lograr la siembra de maíz transgénico en México, donde cerca de la mitad de la superficie agrícola se destina al maíz, parece un negocio jugoso”. Esta moratoria, llegará a su fin, “cuando se otorgue el primer permiso de siembra experimental y en cuestión de meses será legal la siembra comercial”.

Ana de Ita insistía: “México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto, una vez que las compañías semilleras nacionales sucumbieron ante la feroz competencia… A escala mundial, Monsanto triplicó sus ganancias en el primer trimestre del 2008 con base en la venta de semillas de maíz (transgénico e híbrido) y de herbicidas. El auge de los agrocombustibles y el uso de maíz para fabricar etanol en Estados Unidos aumentaron el valor de sus acciones en 21%”.

Monsanto, dice De Ita, “ha contado con el apoyo de los legisladores que aprobaron en su favor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (lbogm), y con el respaldo de funcionarios de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que publicaron el reglamento de la ley y burocráticamente intentan concluir el Régimen de Protección Especial al Maíz” (“Granjeros modernos o siervos de Monsanto”, La Jornada del campo, número 8).

En septiembre de 2008 se comprobó la siembra y consumo de maíz transgénico en Chihuahua, al norte del país, “sin que el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modificado”, afirmaba Lourdes Díaz López en El Diario, el 24 de septiembre de 2008. Eran casi 25 mil hectáreas de acuerdo al muestreo que levantó Greenpeace en su momento y que el activista Víctor Quintana comentó diciendo: “Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) quieren curarse en salud diciendo que son 70 hectáreas y que el problema se está atendiendo”.

Poco después se hizo el anuncio oficial de que habían ocurrido estas siembras. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ignacio Legarreta Castillo, indicó “que en Chihuahua se ha detectado el primer caso a nivel nacional de siembra de maíz transgénico, lo cual investiga ya el Ministerio Público Federal (mpf), luego de los estudios de laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y será el mpf quien determine de quién es la responsabilidad, si del productor, el vendedor de semilla o de aduanas al momento de la importación”.

Es decir, estábamos ante una embestida clandestina e ilegal para hacer de la siembra de maíz transgénico un hecho consumado que terminara de facto la moratoria.

Muere la moratoria entre mensajes cruzados. El 6 de marzo de 2009 (a escasos 6 meses del descubrimiento de siembras transgénicas masivas e ilegales en el norte del país), se anunció una serie de reformas al reglamento de la lbogm “bajo las cuales se podrá hacer uso experimental del maíz genéticamente modificado”.

Y en el artículo 67 de reglamento referido se hizo una misteriosa salvedad por la cual “no se permitirá la experimentación ni la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”, [sic].

Indagando un poco, uno acaba por entender que el artículo se refiere a maíces trasngénicos que contengan plásticos, biorreactores, u otros elementos que los hacen definitivamente no-comestibles, pero de su confusa redacción uno podría derivar dos posibles alternativas de su puesta en práctica: o se activa la moratoria, toda vez que ningún transgénico ha logrado demostrar su inocuidad (es decir no habría ningún maíz transgénico que haya probado no tener características que “impidan o limiten su uso o consumo humano”), o se promueve que animales y humanos tengan mayor acceso a los transgénicos experimentales, para no limitar ni su “uso ni su consumo”. La primera alternativa la rompieron de facto al levantar la moratoria; la segunda es absolutamente aberrante y suicida.

Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa dijo entonces que el país “abrirá la puerta poco a poco, y no de par en par, sino con todo cuidado y responsabilidad a la tecnología para el desarrollo de organismos genéticamente modificados, que se desarrolla en 55 países y con la cual se cultivan 115 millones de hectáreas”.

Pese al anuncio de la liberación transgénica, Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) insistió en esos mismos días en que “los agricultores de Chihuahua y Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por ejemplo, con destruir la cosecha. Además se harán inspecciones continuas en esas entidades, porque es un compromiso histórico evitar la contaminación del centro de origen del grano”. El funcionario dijo a la reportera: “vamos en serio. La ley se cumple. A manera de ejemplo, recordó los casos de inspecciones y clausuras de hoteles por incumplir las normas ambientales. Me va a temblar la mano, pero voy a firmar a la hora de que lo tengan que botar (el maíz transgénico). Más vale una advertencia, aseveró. Se busca, explicó, evitar la entrada de organismos genéticamente modificados al centro de origen de ese grano, sobre todo a los estados de Oaxaca y Puebla”. (Angélica Enciso, La Jornada, 9 de marzo).

Y como en una comedia de enredos, al otro día el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, anunció que se recibirían solicitudes para el cultivo experimental de maíz transgénico. Advirtió que “si no hay políticas en la materia y no se dan permisos puede haber más casos de introducción ilegal del producto, lo cual a la larga ocasionará más daños a la biodiversidad”. Para el funcionario —y es uno de los pretextos preferidos por las autoridades mexicanas en otras situaciones—, lo mejor es hacer legal lo que ya ocurría pero de lo cual la autoridad no se enteraba.

Hechos consumados, para después legalizarlos. Por eso afirmó: “hay casos documentados de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca y en Chihuahua. En este último, aún no se sabe de dónde se obtuvo la semilla transgénica y la investigación aún no concluye. México tiene ese riesgo, como lo han tenido muchos otros países en otros cultivos, teniendo o no permisos; la movilización de semillas o de granos de manera ilegal puede ser algún factor totalmente natural”. (Angélica Enciso, La Jornada, 10 de marzo, 2009).

Para Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo etc, “al abrirle las puertas a la experimentación con maíz transgénico el gobierno mexicano comete un delito histórico que marca la decisión de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país. Obviando la ilegalidad, los funcionarios argumentan que esta apertura es necesaria porque el maíz transgénico aumentaría la producción. Y además, no pondrá en riesgo las zonas que definan como centro de origen del maíz. Se trata solamente de experimentos, puntualizan, que serán evaluados antes de autorizar plantaciones comerciales. Son argumentos falsos, empezando porque todo México es centro de origen y diversidad del maíz, por lo que no debería haber maíz transgénico en ninguna parte. Ocultan la discusión sobre el punto nodal. Todos los transgénicos están patentados y son -propiedad de 6 transnacionales. Monsanto controla el 86 por ciento de éstos, y con Syngenta y DuPontPioneer, cerca del 95 por ciento. Un grado de concentración corporativa sin precedentes en la historia de la agricultura y la alimentación. Cuando hablamos de transgénicos, el punto de partida es la entrega de la soberanía alimentaria, dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales”.

Esa llave son las semillas. Lo que se juega es el control de las semillas. Y la controvertida ley de semillas mexicana, parte integral del paquete jurídico que refuerza a la lbogm, contiene un estilo particular en todo su articulado que apunta a identificar las variedades vegetales de modo que puedan catalogarse, certificarse, homologarse, pues es una tendencia mundial, aunque esto sea un desatino imposible (por la perenne transformación de las semillas). Se trata de imponer un sistema centrado en defender la propiedad privada de las empresas sobre las semillas. Dicha ley impulsa la fiscalización mediante “organismos de certificación acreditados y aprobados”, promoviendo “semillas de calidad” mediante “organizaciones, asociaciones y empresas productoras y distribuidoras de semillas”, en un sistema nacional de semillas que recabe, sistematice y proporcione “los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones de los agentes representados en el sistema…”

Así, mientras se promueve la siembra experimental de cultivos transgénicos y se fortalece el papel de las empresas que los diseñan y que son sus dueñas, en las leyes y reglamentos se promueve (de acuerdo a una valoración de Camila Montecinos al respecto de la citada ley): “un procedimiento de calificación de semillas que cumple dos funciones principales. Por un lado garantizar que se respetará la propiedad de las empresas sobre las semillas. Por otro lado, asegurar que todos quienes produzcan semillas serán fiscalizados, no importa qué tipo de semilla produzcan o cómo la intercambien. Es decir, las comunidades indígenas y campesinas quedarán bajo la fiscalización del sistema y podrían ser sancionados si no se ciñen a las reglas que se elaborarán. Dado que el sector empresarial podrá definir políticas y reglas y además crear organismos fiscalizadores, las posibilidades de agresiones graves contra los sistemas campesinos se multiplican”.

En su artículo 28, relativo a su reglamento, la ley señala que “se establecerán los requisitos para la conservación de generaciones de cada categoría [de especies], excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable también a las variedades de uso común”. “Éste es un artículo extremadamente peligroso”, dice Camila Montecinos. “Significa que el gobierno podrá reglamentar cómo mantienen los campesinos sus variedades. Dado que la visión general de la ley es estática y no considera el papel central de la diversidad, el texto enfatiza una conservación estática, momificada. Si acataran la ley, las comunidades campesinas tendrían que elegir entre: detener totalmente cualquier proceso de selección y mejoramiento continuo de sus semillas o pedir que califiquen cada año sus semillas para poder venderlas o intercambiarlas”.

También se califica la posible “puesta en circulación”, lo que significa que estará sujeto a normatividades obligatorias incluso el intercambio, “lo que en los hechos, ilegaliza los intercambios de millones de campesinos” que no se sometan a “la calificación”.

Cuál panorama. Si añadimos que en el artículo 72 del nuevo reglamento de la lbogm se promueve el monitoreo gubernamental de una contaminación transgénica que el propio gobierno promovió junto con las empresas, más piezas del rompecabezas de este favoritismo caen en su lugar. En dicho artículo se dice: “En los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat”.

Es muy pronto para entender el panorama que se nos presenta, pero podemos apuntar varios razonamientos tentativos que juntos nos hacen levantar las antenas de alarma.

El primer paso fue promover la contaminación del maíz nativo mexicano, de modo aislado, casi clandestino, sobre todo en zonas indígenas.

Luego se ocultaron los resultados de muestreos que afirman la contaminación, y los legisladores de todos los partidos aprobaron una batería de leyes (sobre todo la lbogm) que le brindan a las empresas, en charola de plata, muchos eslabones de la cadena alimentaria, de la semilla a la comercialización abriendo el -camino para echar abajo la moratoria.

Más tarde, de espaldas a la gente, aprobaron leyes que potencialmente ilegalizarán el guardar, intercambiar y reutilizar las semillas nativas que durante milenios han sido el corazón del maíz y la agricultura campesina.

A fines de 2008 se descubrieron miles de hectáreas sembradas con maíces transgénicos. Pocos meses después el gobierno levantó la moratoria a la siembra del maíz transgénico, y de modo desaseado modificó leyes y reglamentos que lo permitan. Declaró a todos los vientos que cuidará del maíz nativo mientras en los hechos santificó en las leyes monitoreos institucionales “legales”. Tales monitoreos podrían erradicar grandes colecciones de variedades de semillas que con la prohibitiva y homologante naturaleza de Ley de Semillas ahora se vuelven las principales “sospechosas” de una contaminación que en realidad comenzó el gobierno y las empresas con sus semillas de laboratorio. Y mientras, crece la contaminación y la desconfianza en las instituciones del gobierno mexicano.

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Fuente: Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 60