Argentina: la corte interpeló a funcionarios salteños por la tala de bosques
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostraron impresionados por la magnitud de la deforestación en Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos
En la primera audiencia tras haber ordenado suspender los desmontes en el norte de la provincia, a los jueces no les quedó duda de que la tala masiva tiene un impacto negativo en el medio ambiente.
Decenas de delegados indígenas colmaron la sala o siguieron la audiencia en un espacio acondicionado en el hall. Los jueces -que demostraron estar compenetrados de la demanda de las comunidades indígenas- escucharon primero a su abogado, Raúl Ferreyra, quien mostró la progresión de la deforestación en Salta, en especial entre 2004 y 2007. "A este ritmo, en 15 años acabaríamos con todos los bosques de la provincia", alertó.
Ferreyra explicó también el concepto de territorio, que rige la vida de los pueblos originarios, por el uso integral y sustentable que hacen del monte. Cabello largo y vincha roja, Dino Salas, de San Ignacio, habló a los jueces en nombre de las comunidades, "para pedirles que nos tengan en cuenta", y "que protejan a la gente y a los animales".
Poncho salteño plegado al hombro, el criollo Andrés Riera, de Hickmann (cerca del Bermejo), se sacó el sombrero, saludó primero "a las señoras juezas" y contó cómo se fue degradando el Chaco salteño: "A veces hay lluvias muy grandes que arrasan con parte del pueblo y de las comunidades. Aparecen nuevas enfermedades".
"Es injusto no tomar los recaudos necesarios -planteó-. ¿Cómo puede ser que ingenieros permitan que al cerro le saquen la selva? Dejaron la tierra suelta, y el barro arrasó con Tartagal".
El fiscal de Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Medio Ambiente, Julio Nasser, soportaron una dura interpelación de los jueces, en especial del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de Juan Carlos Maqueda. Confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades, ni tampoco la sumatoria de efectos. Que las audiencias públicas no tenían difusión ni facilidades para que asistieran los pobladores. Que las autorizaciones se aceleraron y multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques. Maqueda fue suspicaz: "¿No será que la ley salió recién cuando se otorgaron todos los permisos?"
A la luz de las preguntas, la cuestión quedó perfilada como un caso emblemático. Lorenzetti subrayó que Salta ya aprobó su ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, pero antes de hacer el mapa respectivo. "¿No sería prudente suspender los desmontes hasta ver cuál es el impacto global? La Corte dicta una medida cautelar en función del principio precautorio, y ustedes sostienen todo lo contrario", objetó el presidente.
"¿El desmonte de 1,2 millón de hectáreas produce impacto negativo?", insistió. Tanto Nasser como el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, reconocieron que sí. Pero confesaron que no hay estudios al respecto.