Declaran huelga de hambre ecologistas contra nueva ley minera en Ecuador
Un grupo de ocho activistas de movimientos ecologistas de Ecuador inició este lunes en esta capital una huelga de hambre por tiempo indefinido contra una ley minera que intenta poner en vigencia el presidente Rafael Correa
Los activistas exigen que antes que la legislatura apruebe una nueva ley de Minería, que ordena terminar todas las concesiones que mal utilizan el agua.
Los huelguistas, que pertenecen a Acción Ecológica, se instalaron en la entrada del Palacio Legislativo, sede de la legislatura de transición, pocas horas antes que este organismo inicie este lunes el debate final del proyecto enviado por el gobierno.
Otros seis activistas de grupos ambientalistas, entre ellos el ex legislador del movimiento indígena Pachakutik, Salvador Quishpe, están en huelga de hambre, por el mismo motivo, desde el jueves pasado, en Cuenca, 442 kilómetros al sur de Quito.
Los huelguistas exigen que antes que la legislatura apruebe una nueva ley de Minería, el gobierno debe cumplir con el mandato minero expedido por la Asamblea Constituyente en 2008, que ordena terminar todas las concesiones que mal utilizan el agua.
Piden además que en forma previa al tratamiento de la nueva ley minera, la legislatura de transición apruebe las leyes de Aguas y de Soberanía Alimentaria y que se regule el desarrollo de la pequeña minería antes de dar paso a aquella de gran escala.
En el fondo de las demandas de las organizaciones ecologistas, indígenas y comunitarias que objetan una nueva ley minera está su rechazo a la gran minería, porque consideran que ésta contaminará las fuentes de agua y afectará el medio ambiente.
El gobierno y la titular de una subcomisión legislativa que prepara un informe para un segundo debate del proyecto, Irina Cabezas, sostienen que la mayoría de las demandas de los ambientalistas han sido incluidas en el proyecto.
El pasado fin de semana, el presidente Rafael Correa, principal impulsor del proyecto, emplazó a la legislatura de transición a aprobar su propuesta bajo advertencia de que en caso que no lo hagan, la llevará a consulta popular.
Algunas comunidades indígenas respaldan la iniciativa gubernamental, mientras las organizaciones que lo rechazan ratificaron este lunes que el próximo 20 de enero se movilizarán contra el proyecto.