Minería

La consigna «No al uranio» resuena en todo el territorio, evocando el histórico «Chubutazo» de 2002, cuando la comunidad de Esquel logró detener un proyecto aurífero a cielo abierto.

El tribunal desestimó siete impugnaciones de comunidades indígenas y vecinos de Copiapó que buscaban anular la aprobación del proyecto de Minera Salar Blanco, señalando suficiente respaldo técnico y legal.

Informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), revela cómo toneladas de mercurio extraído de minas mexicanas llegan a los países amazónicos para ser usadas en la minería ilegal, una actividad que está destruyendo la biodiversidad y afectando la salud de las personas.

Desde hace 15 años el municipio cafetalero de Jericó, al sur del departamento colombiano de Antioquia, libra una batalla socioambiental que ha dividido a su población y que tiene hoy a 11 defensores del territorio y campesinos en un proceso judicial por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona. El proyecto es propiedad de AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial.

En esta zona del norte de Chile, en el altiplano de la Cordillera de Los Andes, están puestos los ojos para una carrera a toda marcha por llegar a la explotación del litio, mientras comunidades, el mundo del turismo y ambientalistas desconfían del impacto que tendría sobre paisajes cautivadores y ecosistemas extremadamente frágiles. 

Vecinos de Asunción Mita afectados por la explotación minera exigen al Gobierno de Bernardo Arévalo que revisen los expedientes de licencias mineras y cancelen las que tienen procedimientos irregulares. Demandan el cierre del proyecto minero de Cerro Blanco que afecta a Guatemala y a El Salvador.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

El pasado 2 de julio de 2025, 283 organizaciones, sindicatos y coaliciones ecuatorianas, canadienses e internacionales enviaron una carta expresando una profunda preocupación por la criminalización sistemática a 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza del cantón Las Naves debido a su oposición legítima y pacífica al proyecto minero Curipamba-El Domo, de propiedad canadiense. La carta fue enviada a los gobiernos de Ecuador y Canadá y a las empresas canadienses dueñas del proyecto, SilverCorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. y a su filial Curimining S.A. que opera el proyecto.