Colombia: UNIPA: nuestro pueblo indígena Awá está siendo masacrado

Comunicado de las autoridades indígenas del pueblo Awá - UNIPA

SIEC, Actualidad Étnica, Bogotá, 26/11/2008 La defensa de la vida, el territorio y la autonomía es uno de nuestros mandatos ancestrales como pueblos indígenas, por ser un deber y ante todo un derecho que nos consagró nuestra madre tierra.

Producto de la resistencia, las luchas y la sangre derramada por nuestros ancestros durante más de quinientos dieciséis (516) años, logramos que se reconocieran nuestros derechos, mismos que se encuentran plasmados en la constitución política de 1.991, así como en los convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por el congreso y que hacen parte del bloque de constitucionalidad; así como por la Declaración Universal de los Derechos de los pueblos Indígenas que el señor presidente de la república se niega a ratificar bajo argumentos inicuos.

En las últimas décadas nos hemos enfrentado a una constante lucha para garantizar la pervivencia en nuestro territorio ante quienes nos han querido despojar de él. A finales de los años 80 y principios de los años 90 fueron las empresas de palma de aceite y las camaroneras quienes empezaron a expandirse descontroladamente invadiendo las tierras ancestrales de nuestras comunidades que se encuentran ubicados en el municipio de Tumaco (Nar).

Posteriormente, la llegada de los cultivos de uso ilícito trajo consigo un alto número de colonos en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida, siendo la siembra de coca la única opción, lo que causo el incremento de los conflictos en esta región. Sumado a esto, comenzó la presencia de diferentes grupos insurgentes que buscaron imponer un nuevo orden social, económico y político. Esta situación se vio recrudecida con la llegada de los paramilitares a finales de la década de los noventa, en los municipios de Tumaco y Barbacoas.

En el mes de marzo del año dos mil (2000), los paramilitares cometieron una masacre en la cual asesinaron indígenas, campesinos y afrocolombianos en el corregimiento de Llorente – Tumaco (Nariño). Desde esta época los señalamientos, las amenazas, persecuciones, hostigamientos, enfrentamientos, bombardeos, retenciones ilegales, asesinatos y desapariciones se han incrementado en proporciones geométricas.

En los últimos siete años hemos visto morir a más de cien (100) hermanos indígenas Awá por las balas asesinas provenientes de los actores armados legales e ilegales. Sólo en lo que va corrido del año dos mil ocho (2.008) se han registrado más de veinte (20) muertes violentas en medio del conflicto armado que azota nuestra región.

Desde el año dos mil siete (2007) nuestra organización UNIPA junto con otras organizaciones sociales que trabajan en el departamento de Nariño, hemos sido blanco de sistemáticas amenazas por parte de grupos paramilitares, ante lo cual el gobierno actual hasta la fecha no ha tomado acciones para garantizar nuestras vidas; los hechos más recientes son las siete amenazas recibidas vía correo electrónico, entre las cuales las dos últimas se registraron el día veintitrés (23) de octubre y las amenazas recibidas por vía telefónica del día once (11) de noviembre del presente año, es de gran preocupación que en esta última nos ponen un plazo de un mes, que se cumpliría el 11 de diciembre, para abandonar la sede administrativa de la UNIPA que es de propiedad del pueblo Awá; es aún mas preocupante el asesinato de nuestro compañero Oswaldo Paí, gobernador indígena del Resguardo Awá de Gualcalá - Municipio de Ricaurte y su progenitora Maruja García, el día 17 de noviembre a las 6:00 a.m.

La defensa de nuestra vida, nuestro territorio y la autonomía nos ha puesto en medio de este conflicto social y armado interno, siendo señalados y victimizados por los actores armados y por el gobierno nacional.

Otro de los flagelos que viene azotado a nuestro pueblo es el desplazamiento forzado masivo y gota a gota, afectando a más de 4.000 personas, que han buscado refugio en otras regiones del país y en la hermana república del Ecuador. Estas violaciones, vulneraciones e infracciones son de conocimiento de las instituciones del Estado, como se puede constatar en la Resolución Defensorial No. 53 del 5 de junio de 2008.

Frente a estos hechos nos surge una pregunta, si la política de seguridad democrática es tan exitosa como lo argumenta el señor presidente de la república, ¿por qué los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos, los hostigamientos, las persecuciones, los señalamientos y las amenazas a los pueblos indígenas se han incrementado?

La seguridad democrática como política del actual gobierno no sólo puede sustentarse en que los colombianos podamos viajar tranquilamente por las carreteras de Colombia, las zonas rurales y los territorios indígenas también hacen parte del país.

Acaso como pueblos indígenas y como ciudadanos colombianos el derecho a permanecer en nuestro territorio y a vivir dignamente, es una obligación del Estado colombiano y del gobierno de turno; la garantía de estos derechos también son un aspecto que debería ser uno de los fundamentos de la seguridad.

Pero la garantía de permanencia en nuestro territorio ancestral no es militarizando nuestros territorios, señalándonos como terroristas, permitiendo que las violaciones a nuestros derechos se queden en la absoluta impunidad y aprobando leyes inconsultas que sumen a nuestras comunidades día a día en la miseria y el olvido.

Es necesario que la solución a estas problemáticas sea a través de acciones orientadas hacia la inversión social, que sean consultadas y concertadas con los pueblos indígenas como autoridades indígenas.

Nuestro pueblo indígena está siendo masacrado y con el riesgo de ser exterminado, razón por la cual acudimos a nuestro derecho a disentir de las políticas del actual gobierno y a manifestar ante la opinión pública nuestros motivos y nuestras demandas, es por eso que desde el mes de octubre nos unimos con nuestros bastones de autoridad y con nuestra voz a la Gran Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular.

Nuestra opción es la palabra y el pensamiento de nuestros mayores, y no las armas, por eso nuestra resistencia es pacífica y respaldamos los cinco puntos de la Minga Nacional de Resistencia Indígena, Social y Popular:

1. Violación al derecho a la vida y los derechos humanos.

2. Agresión y ocupación territorial, política de seguridad democrática, TLC.

3. Adoptar la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

4. Legislación del despojo que coloca en riesgo la pervivencia de los pueblos, estatuto de desarrollo rural

5. Acuerdos incumplidos con organizaciones y movilizaciones sociales.

Ante el panorama económico, social y político actual del país, manifestamos e informamos a la opinión pública sobre nuestra grave situación e invitamos a todos los sectores sociales y populares del país a estrechar los lazos de solidaridad.

Fuente: Etnias de Colombia