Argentina: "Uno nace indígena, uno nace campesino, uno nace en un movimiento social, y es criminal"

- Desde hace varias semanas miembros del MoCaSE-VC vienen sufriendo persecusiones y detenciones arbitrarias en distintos parajes de Santiago del Estero. ¿podrías relatarnos lo que estuvo sucediendo?

Empezó el 5 de septiembre por la mañana temprano, siempre con una metodología similar, en algunos casos con más o menos violencia, en un paraje que llamamos nosotros "Hornos Colorados" Lote 5, a 45 km de la ciudad de Quimilí, que es donde está la sede más intercomunicada de relaciones nacionales e internacionales. Todas las sedes nuestras, que son 9, tienen galpones, dormitorios, oficinas, y algunas estamos teniendo FM. Pero, el caso nuestro, de la que nos ocupamos, es la primera que tuvo luz eléctrica, teléfono. Ahí atacaron a 6 compañeros, 16 policías violentamente como a las 8 de la mañana. Se supone que iban a notificar a uno que tenía que presentarse ante el juez, uno de ellos tenía notificación, pero entraron con violencia y saña para detener a los otros. Ya había una intencionalidad malsana de llevarse presos a los 6 que estaban ahí. Estaban en la casa, trabajando, albañilería estaba terminando de arreglar una de las casas de Santos González. Son la familia González y los Lescano, los detuvieron y los llevaron a la comisaría.

El tema tiene que ver con el año 2003, cuando Carlos Morel Bullez, empresario de Monte Maíz, Córdoba, cerealero, un tipo que tiene silos, adquirió malsanamente a través de Musa Azar, condenado a perpetuidad en Santiago porque fue uno de los policías de la dictadura militar, estos lotes, cayó con grupos de matones y parapoliciales, y finalmente logramos que el tipo se fuera. Pero ahora vuelve a hacer de las suyas, se ve que como nosotros decimos no es verdad que "muerto el perro se acabó la rabia", creíamos que cayendo Carlos Arturo Juárez[1] se acababa la rabia en esta provincia. Parece que es la rabia la que manda.

Al día siguiente, a 200 km de acá y con el mismo tipo de acusación que nos hacen desde hace un año, con este gobierno democrático que supuestamente iba a terminar con todo el problema campesino, donde se comprometió el gobierno de Zamora, el Vice Gobernador Emilio Rached, que después votó en contra de parar la sojización, detienen a un compañerito de 23 años durmiendo en su casa. Un día sábado, 33 policías armados allanan 5 casas buscándolo a él y a su hermano por "supuesto" robo de un caballo, sin orden del juez, que dice que la da "de palabra" la orden de allanamiento, así cara a cara te contesta, a un comunicador, a un miembro de un observatorio de derechos humanos internacional, el Juez Mansilla de Añatuya dice "yo nunca doy órdenes por escrito". O sea, la Constitución Nacional, el art. 18[2]se lo "pasa por el culo", discúlpenme este término, me hago cargo de lo que digo. Estos señores jueces que tenemos en la provincia les importa nada la Constitución Nacional. Está claro por qué actúan como actúan.

- ¿Cuántos compañeros detenidos hay en este momento?

Hay 12 compañeros detenidos, han atacado 4 regiones de Santiago, al norte, al sur Pinto, al este, y al oeste, en la zona cerca de Salta, y la causa con la que acusan a la inmensa cantidad de compañeros es el supuesto robo de un caballo, pero después ya le "encuentran" una causa que tenían de antes y que no sabíamos que tenían, "privación ilegítima de la libertad", se supone que los campesinos secuestran al administrador, al empresario, al que maneja la topadora y que le privamos de la libertad. Está armado por una misma autoridad ideológica la acusación que ahora nos están inventando. "Privación ilegítima de la libertad" permite a un juez no dar la excarcelación a un imputado.

- ¿Cuáles son los pasos a seguir?, ¿qué lectura política hacen de estos hechos?

Están por venir las elecciones, hay una disputa interna en este gobierno de Santiago del Estero, un gobierno que internamente tiene enemigos, que tiene algún sentido común sobre la cuestión campesina, algunos primeros pasos. Ha dado pie a un partido, "Compromiso Social", de gente muy interesante, muy respetable, mujeres y hombres que trabajan con algunos movimientos sociales y urbanos, algunos rurales. Como Emilio Rached, candidato a gobernador por los sojeros, tiene un socio que es Ricardo Daives, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, le está socavando el piso al MoCaSE, a los campesinos y a este gobierno. Está es una de las primeras lecturas que tenemos, esá claro que es un ataque político el que nos están haciendo, a nosotros, y haciendo quedar mal a este gobierno. Para nosotros el Gobierno se tiene que hacer cargo, no los candidatos futuros que se están peleando entre ellos.

Tampoco tiene claro este gobierno que una propuesta de desarrollo sin el campesinado no ha sido posible en ningún país desarrollado del mundo, de donde van y buscan inversores, como por ejemplo ahora Zamora[3] en EE.UU. Lindo lugar para buscar ahora inversores, justo el momento. No se si se va a buscar saqueadores para que se salve la economía norteamericana. Estamos en un momento, donde claramente hay una serie de articulado de leyes que nos contienen por fin, como la "ley de bosques"[4], presentada por Miguel Bonasso el año pasado y aprobada por todo el parlamento nacional. La Ley 26.160, de moratoria a desalojos de comunidades indígenas, que también nos contiene, y obviamente esto no les ha gustado a los intereses económicos del sector sojero.

- Igualmente ninguna de estas leyes se está aplicando para defender a las familias campesinas.

Según los jueces cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos. Nosotros denunciamos privación ilegítima de la libertad, denunciamos que una topadora viene a destruir los bosques y no tiene ni permiso de bosques, ni permiso para desmontar, no está inscripta ni registrada, es trucha la topadora. Nosotros denunciamos que nos amenazan, que el empresario con matones, con concejales de turno amenaza a nuestras mujeres cuando van a hacer compras a la ciudad de Monte Quemado, de Pinto, de Quimilí, de Tintina, de Termas de Río Hondo, casos, nosotros vamos guardando archivos de esas denuncias.

Jamás hemos visto ni siquiera que se haya detenido al topadorista, pobre tipo, empleado de un empresario, cuando ha realizado hechos delictivos, hasta pasar por arriba de una casa y no tener ningún tipo de autorización, incluso reconocer la Dirección de Bosques que esa topadora está haciendo un acto delictivo, jamás para los jueces hay un sólo delincuente. Como para Julio A. Roca, los indigenas y los campesinos nacieron delincuentes. De esencia uno nace indígena, uno nace campesino, uno nace en un movimiento social, y es criminal.

- ¿Algo que te parezca importante agregar?

Muchas veces tenemos ganas de escuchar lo que dice algún compañero, hagamos un hecho delictivo y que realmente nos lleven en cana, en serio, quememos un juzgado, prendámosle fuego a todo el edificio de un juzgado, el de Añatuya, el de Monte Quemado, o alguno de Santiago, ahí sí, marche preso. Es un delito quemar un edificio público, métannos en cana. Ahora, como priman los 30 años de legitimidad que tenemos como movimiento, bajamos un cambio, serenamos la mente. Tenemos reunión desde las 7 de la mañana, 70 compañeros que van llegando de todos estos lugares, delegando compañeros, algunos esquivando que los detengan, porque está anunciado que se los va a detener, se les cagan de risa, tipos que trabajan para los empresarios y dicen "a vos también te van a meter en cana", acá somos culpables, no hay presunción de inocencia. Vamos a llegar a poner carpas al Parlamento Nacional, que intervengan el Poder Judicial, las escribanías y el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.
Hay que investigar a fondo al Poder Judicial de Santiago. ¿Por qué actúa con la clara tendenciosidad y opción económica, ideológica y política con la que actúa?

Los hechos ocurridos durante septiembre en las comunidades campesinas:El 5 de septiembre, dos grupos de 16 policías, al estilo comando terrorista de la dictadura, y sin dar aviso ni mostrar orden de juez, comenzaron a golpear y disparar con escopetas con balas de goma sobre el cuerpo de Santos Ramón González, Luis González y Carlos Argentino Lescano, quien intentaba separar a las personas que golpeaban con alevosía y sin ninguna explicación más que insultos y amenazas de muerte a los dos primeros.

Mientras tanto un grupo más pequeño, traía a las rastras a don Román González, hombre de más de 60 años, permanentemente cacheteado por dos mujeres policías para que no mirara las escenas de tortura y agresiones físicas y verbales de todo tipo que recibían sus hijos.

Fueron arrastrados, agredidos grupalmente y llevados hasta la Comisaría 29 de Quimilí, los compañeros nombrados junto con José Rubén Lescano y Ramón González.El 6 de septiembre a las 8 de la mañana un grupo de 33 policías, allanó intempestivamente e ilegalmente cinco viviendas de la comunidad campesina de un paraje cercano a al ciudad de Pinto, deteniendo a Luis Aguirre y secuestrando una moto de la familia. Lo trasladaron a la Comisaría de Pinto. Luis Aguirre es hijo de Cristina Loaiza y Pocholo Aguirre, quienes han sido encarcelados en tres oportunidades antes de la intervención federal al gobierno de los Juárez. En una de las detenciones encarcelaron a Cristina con su bebé de 11 meses. La detención con tan impresionante despliegue, era por supuesto robo de un caballo.

El 19 de septiembre detienen a Sabino Chávez de un paraje vecino a la ciudad de Pinto, también miembro de la Central Campesina de Pinto. Don Sabino estaba cumpliendo un servicio con su camioneta cuando fue brutalmente bajado de la misma sin ningún tipo de orden escrita, en medio de su trabajo pacífico.

El 22 de septiembre, en medio de la noche, un grupo de más de 40 personas, civiles con uniformes, algunos de gendarmes, y policías comandados por una concejala de la ciudad de Monte Quemado, llegaron violentamente con cinco camionetas, y comenzaron a allanar, robar, destruir bienes de las viviendas de campesinas y campesinos del Paraje El Quebradito, miembro de la Central Campesina de Productores del Norte.

Arrancaron de la cama en medio del pánico de niños y ancianos a Mercedes Farías, Matildo Ediverto Maldonado, Andrés Peralta y Ubaldo Peralta, les robaron dinero que tenían de ventas de sus cabritos y vacas, y la camioneta y herramientas de trabajo de Juan Orellana.

La mañana del 24 de septiembre con la misma metodología y el mismo grupo de 40 personas arrancaron violentamente de sus casas al matrimonio de Olga Peralta y Juan Cisneros, dejando a los niños sin la presencia de sus padres en medio del pánico y el terror.

Por moc.liamg@ezeyukar para la moc.liamg@aldoibaicnega.

Podés encontrar la columna de la Revista Biodiversidad todas las semanas en Radio Mundo Real.

Notas:

[1] Carlos Arturo Juárez (6 de febrero de 1916, La Banda, provincia de Santiago del Estero) es un político argentino del Partido Justicialista. Gobernó directa o indirectamente su provincia natal durante más de medio siglo, lo que le valió la consideración de caudillo, hasta que un escándalo suscitado en 2004 motivó la intervención federal de la provincia y numerosas acusaciones civiles y penales por cargos que van desde la corrupcíon hasta la violación de los derechos humanos. http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Juárez.

[2] Artículo 18 (fragmento). Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

[3] Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero.

[4] La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. http://www.greenpeace.org/argentina/