Argentina: la tierra para el que la revienta

Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Será que los gobiernos y las grandes transnacionales mineras no trasmiten correctamente las “ventajas” y “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que la gente no está en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas provincias pobres y relegadas de nuestra geografía? Éstos parecen ser los principales argumentos que repiten funcionarios, técnicos nacionales y provinciales y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar el modelo.

Para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, hay que aclarar que la minería a cielo abierto es bastante diferente de la minería subterránea tradicional. Como explica el periodista y ambientalista Javier Rodríguez Pardo, “los minerales remanentes hoy se encuentran en un estado de diseminación y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, por lo cual es imposible extraerlos con los métodos tradicionales.

Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, una vez detectados por satélite, la compañía minera debe producir la voladura de montañas enteras, que son convertidas primero en rocas y luego trituradas, para aplicárseles luego una sopa de sustancias químicas que separan y capturan los metales del resto de la roca. Para ello se emplea cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente”.

La utilización de tecnología de avanzada y el uso de sustancias tóxicas se deben a que en la actualidad los recursos minerales con un cierto grado de concentración natural han sufrido una gran disminución cuantitativa y cualitativa en todo el planeta. Por otro lado, a raíz de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral, mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere.

DE MENEM A KIRCHNER. En la Argentina, la introducción de este modelo fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los 90, bajo el gobierno de Menem, que favorecieron abiertamente la instalación de las grandes transnacionales mineras, a través del otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional. Entre esas ventajas se destacan la estabilidad fiscal por 30 años, la exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las Ganancias y otros privilegios no menos escandalosos.

Este marco regulatorio fue impulsado por José Luis Gioja, el actual gobernador de San Juan y el propio Ángel Maza, gobernador de La Rioja hasta 2007. Hace unos años, Néstor Kirchner no sólo confirmó la continuidad del modelo minero; también lo declaró un “objetivo estratégico”.

Según datos elaborados a partir de informes de la Secretaría de Minería, existirían 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto, en fase de exploración, que abarcan 12 provincias argentinas. Más de la mitad de esos proyectos se emplazarían en San Juan (22), Catamarca (9), La Rioja (10), Salta (22) y Santa Cruz (21). Tres proyectos se hallan en estado de explotación, entre ellos Bajo de la Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz. Para los próximos meses se prevé el inicio de la explotación de Agua Rica, en Catamarca.

Uno de los casos pioneros y emblemáticos fue el conflicto entre la población de Esquel, en Chubut, con la minera canadiense Meridian Gold. Gracias a la alerta dada por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto.

Finalmente, los vecinos autoconvocados organizaron un plebiscito en marzo de 2003 que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, que reunió el 81% de la población. El “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones donde ya se han implantado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura. Frente a la resistencia de la población, en unas pocas provincias, Chubut, Río Negro, Mendoza y La Pampa, se sancionaron leyes que prohibieran la minería con uso de sustancias tóxicas.

LA MINERÍA, ACTIVIDAD FEUDAL. Un tema no menor es que la industria extractiva minera suele encontrar un terreno favorable en aquellas regiones marcadas por una matriz social muy jerárquica y poco diversificada desde el punto de vista económico, en donde imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional.

En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (las asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un número importante de actividades, reorientando la economía del lugar y conformando enclaves de exportación. Su peso económico es tal que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisión ciudadana.

De este modo, la minería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios grotescos, caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat.

En La Rioja, la región de Famatina tiene una relación con la minería que se inserta en la memoria larga. Famatina proviene de “wamatinag” que en quechua significa “madre de los metales”. Cuna de la minería en nuestro país, la actividad encontró pleno desarrollo a principios del siglo XX, a través de una empresa inglesa, y gracias a un moderno cable-carril. Las minas fueron cerradas en 1926, cuando de los socavones dejaron de fluir las vetas preciosas.

En los altos del Famatina quedaron los desechos contaminantes, sacudidos por el viento helado. Evocando aquellas épocas, una finquera de Famatina, que vende conservas en el centro de Chilecito, nos dijo con crudeza: “Ni una dentadura de oro nos dejaron. Se llevaron todo. Lo único que dejaron fueron mujeres viudas…”.

Pero ahora, en Famatina, los fantasmas de la minería parecen haber retornado de la mano de las nuevas tecnologías. El reciente auge minero impulsó la realización de cateos y exploraciones en el antiguo distrito minero La Mexicana, ubicado a 4.500 metros de altura, donde la compañía Barrick Gold, una de las mayores del mundo, montó su campamento.

Los vecinos, que entonces desconocían el abecé del lenguaje ambientalista, fueron organizándose en asambleas, y poco a poco tomaron conciencia de que, como en el pasado, la mina significaría trabajo para una minoría, además de la modificación de la vida cotidiana de los habitantes, debido a la escasez de agua, los desechos tóxicos y la contaminación. También comprendieron que partes del majestuoso cordón de Famatina se reducirían a montañas de escombros y polvo.

De esas asambleas surgió la consigna “El Famatina no se toca”. Así, entre enero y febrero de 2007, se decidieron a salir a la ruta y realizaron dos cortes importantes, instalando finalmente un corte de acceso (Peñas Negras) al camino que conduce al campamento instalado por la empresa, en los altos del Famatina, que continúa hasta el día de hoy.

En 2007, la crisis política provincial abrió un nuevo escenario, dando cierta visibilidad a las demandas ciudadanas. La crisis terminó eyectando a Maza, sustituido por Beder Herrera, el vicegobernador, quien impulsó la ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro, sancionada poco después. Todo parecía indicar que, a pesar de las grandes asimetrías, pero gracias a las oportunidades proporcionadas por una feroz interna peronista, David podía vencer finalmente a Goliat.

Sin embargo, una vez consolidado por la vía electoral, el gobernador Beder Herrera derogó tanto esa ley como aquella otra que disponía el llamado obligatorio a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada. El hecho, ocurrido hace apenas dos meses, fue coronado con el nombramiento del presidente de la Cámara de Minería de La Rioja como nuevo secretario de Minería de la provincia...

AY, SAN JUAN. Otro caso de grotescas asimetrías es la provincia de San Juan, gobernada por José Luis Gioja, quien posee actualmente intereses económicos en el sector. En Calingasta, una localidad amenazada por las explotaciones mineras a gran escala y cuatro proyectos más en exploración, los habitantes y autoridades locales intentaron llamar tres veces a un plebiscito para consultar a la población si está de acuerdo con estos megaemprendimientos, pero estos llamados fueron suspendidos por el tribunal electoral de la provincia, alegando que “el medio ambiente no es de competencia municipal”.

Por si fuera poco, a fines de 2007, se institucionalizó la criminalización de la protesta ambiental, cuando la Legislatura provincial sancionó un nuevo régimen contravencional que establece la condena con 30 días de cárcel o trabajo comunitario a todo aquel que “anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población”.

El caso del yacimiento Bajo de la Alumbrera, situado en Catamarca, que empezó a funcionar en 1997, permite ver en perspectiva el funcionamiento del modelo. Se trata del mayor emprendimiento minero del país, y se extiende en varias provincias: aunque se encuentra en Catamarca, el concentrado es transportado en un mineraloducto de 316 kilómetros que llega hasta Tucumán, atravesando poblaciones y lechos de río. Luego de su tratamiento y una vez obtenido los metales, éstos son transportados por un ferrocarril propio (el tren azul) hasta las instalaciones portuarias (también propias) de San Lorenzo, en Santa Fe.

Horacio Machado, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, indica que la compañía minera obtuvo un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día). Respecto del consumo de energía, para 2003, éste fue de 764,44 GW. Esto equivale al 170% del total del consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de Tucumán.

Por supuesto, todos estos datos, que no son incluidos en el costo final del producto, presagian nuevos problemas, que van desde la escasez de agua hasta la demanda de construcción de nuevas represas hidroeléctricas, enteramente al servicio de las compañías mineras, algo previsto para los futuros emprendimientos.

Lo más notorio es que, hace unos meses, la compañía fue procesada por la justicia federal de Tucumán, por daños ambientales, constituyéndose en el primer fallo en Latinoamérica contra una minera. Además, desde el 6 de agosto de este año comunidades originarias y organizaciones de vecinos interrumpen el paso en la ruta 40, en el límite entre Tucumán y Salta, a cuatro camiones con insumos y maquinaria con destino a La Alumbrera.

Los vecinos movilizados consideran extender su lucha, luego de haber sido informados de los pedidos de destitución que enfrenta el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien dirige las actuaciones que motivaron el actual procesamiento del vicepresidente de la minera Bajo de la Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por contaminación.

Es cierto que el “efecto Esquel” fue altamente beneficioso, pero produjo también el reacomodamiento de gobiernos provinciales, organismos nacionales y empresas transnacionales que multiplicaron sus intervenciones en defensa de este tipo de minería y ensayan ahora nuevas estrategias de “disuasión” que incluyen desde dudosas formas de responsabilidad social empresarial hasta la cooptación de universidades públicas, a través de subsidios y convenios de formación. Así, nada parece indicar que el gobierno actual revea los límites de su discurso desarrollista, contemple las demandas ciudadanas y se oriente hacia una verdadera discusión sobre las gravosas consecuencias sociales, económicas y ambientales de este tipo de minería.

Un modelo que crece y asusta

La expansión de la minería a cielo abierto, con la utilización de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente, y un uso desmesurado de recursos, entre ellos, el agua y la energía, no es patrimonio exclusivo de la Argentina, sino que recorre a gran parte de América Latina.

Las estadísticas son más que elocuentes: mientras que en el período 1990-1997 la explotación minera a nivel mundial creció el 90%, en América Latina lo hizo en un 400%. No es casual entonces que hayan surgido diferentes movilizaciones tanto en la Argentina como en Perú, Ecuador, Guatemala o Chile que se oponen al avance de estos grandes proyectos, exigen la derogación de las leyes mineras y la realización de consultas populares, que permitan expresar la opinión de las comunidades afectadas.

El caso más dramático es el de Perú, donde las protestas de las comunidades campesinas contra los megaproyectos de minería ya han dejado un saldo de varios muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina