Disputas plantean dudas sobre represas en Amazonia de Brasil
Los ambientalistas quedaron consternados esta semana cuando Brasil aprobó la construcción de una de dos represas planeadas en la Amazonia, pero posibles cuestionamientos legales y una disputa entre grupos de construcción amenazan con demorar ambos proyectos
El Gobierno de Brasil considera las hidroeléctricas en el río Madeira, uno de los principales tributarios del Amazonas, como crucial para impedir apagones en la próxima década.
Además, los proyectos Jirau y Santo Antonio, de 13.000 millones de dólares de costo, serían un avance en la integración regional, al crear una vía fluvial que reduciría costos de transporte para las exportaciones del agro del país y para áreas agrícolas de Bolivia y Perú.
El ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc, quien prometió reducir el tiempo de entrega de licencias a grandes proyectos tras asumir hace dos meses, puso 40 exigencias para aprobar el lunes la instalación de la presa Santo Antonio.
Pero ambientalistas ven las hidroeléctricas como un desastre potencial que inundará 200.000 hectáreas de selva, cambiando drásticamente el ecosistema, y dicen que el Gobierno no previó suficientes salvaguardas.
"Minc está diciendo muchas cosas y pretendiendo que su ministerio demanda una cantidad de medidas rigurosas," dijo Glenn Switkes, director del Programa Latinoamericano del International Rivers Networks.
"Estamos lidiando con un importante tributario del Amazonas (...) que podría tener la mayor biodiversidad de peces y entre las mayores biodiversidades de aves del mundo," agregó.
Los ambientalistas dijeron que las presas violan los Principios de Ecuador sobre financiación de proyectos que fue suscrito por varios bancos que los podrían financiar, abriendo posiblemente el camino para demandas legales.
DISPUTA CORPORATIVA
Pero mientras los conservacionistas han fracasado hasta ahora en contener el proceso de licencias, los distintos consorcios de construcción de las presas han entrado en una disputa que preocupó al Gobierno por una posible batalla legal y demoras.
El Gobierno amenazó esta semana con reabrir las licitaciones o asumir los proyectos a través de la generadora estatal Eletrobras si los grupos empresarios no resuelven sus diferencias.
Victor Paranhos, jefe del grupo Enersus que ganó la concesión de Jirau, acusó el lunes de espionaje al grupo rival liderado por el gigante de la construcción Odebrecht, luego que envió un informe acerca de los planes de construcción de Enersus a la agencia de medio ambiente.
Odebrecht respondió iniciando procedimiento legal el martes que podría conducir a un caso de difamación contra Paranhos.
El reporte de Odebrecht fue crítico a los planes de Enersus para trasladar la presa Jirau 9 kilómetros río abajo, algo que podría afectar la capacidad de generación de la otra planta. La reubicación no ha sido aprobada todavía por el Gobierno.
"Si no se produce un acuerdo, el Gobierno podría tomar la iniciativa de construir las dos obras a través de Eletrobras," dijo el martes a la prensa el ministro de Energía, Edison Lobao.
La empresa francesa Suez, que lidera el grupo Jirau, amenazó el mes pasado con parar las inversiones en el sector energético de Brasil si Odebrecht mantiene su queja, planteando la perspectiva de ampliar las diferencias.
Cualquier demora en los proyectos podría aumentar la preocupación sobre su rentabilidad, ya alimentada por incertidumbres regulatorias y presiones del Gobierno de Brasil por tarifas al consumidor bajas.
El consorcio Jirau acordó comerciar la electricidad del proyecto de 3.300 megavatios con un 21,5 por ciento de descuento respecto al precio base de la licitación.
Erasto Almeida, analista de energía de Eurasia Group en Nueva York, minimizó sin embargo los riesgos de grandes demoras.
"El Gobierno brasileño realmente quiere tener pronto esos proyectos debido a las preocupaciones sobre potencial escasez de energía," dijo. "Mi sentir de esto es que ambas compañías defenderán sus intereses y se podría tener una acción legal, pero habrá algún tipo de acuerdo," agregó.
El consorcio Santo Antonio también incluye un fondo de inversión establecido por el español Santander y el portugués Banif, Furnas, una subsidiaria de Eletrobras .
Traducido por Julio Villaverde; Editado por Marcel Deza