Cumbre de los Pueblos del Sur: "Por un Modelo Productivo que garantice la soberanía alimentaria de los Pueblos”

El modelo de desarrollo que las políticas neoliberales han venido implementando en la región continua promoviendo la degradación ambiental, la profundización de la exclusión social, el desalojo de los campesinos y pueblos originarios de sus tierras con la contrapartida de extranjerización de los territorios y las desigualdades en nuestros países.

La expansión de los monocultivos (soja, eucaliptus, pinos y caña de azúcar) promueve la explotación no sustentable que acelera la destrucción masiva de la naturaleza, el cambio climático y el riesgo de catástrofes naturales. El auge de los agrocombustibles que ahora se fomenta para sostener el patrón de consumo de los países industrializados, profundizará estas consecuencias devastadoras para el medio ambiente y para nuestros pueblos.

En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios articulan políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos, y no supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es urgente implementar reformas agrarias integrales basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos campesinos e indígenas.

Nos oponemos a la construcción de más represas en la región (Corpus, Garabí, Santo Antônio e Jirau-Rio Madeira, Belo Monte, entre otras) muchas de ellas incluidas en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) destinadas fundamentalmente a reforzar el modelo exportador de recursos naturales generando nueva deuda social y ecológica. Apoyamos la presentación de las Medidas Cautelares presentadas a la OEA por los afectados por la construcción de las grandes represas (Yaciretá y Belo Monte) por las violaciones a sus Derechos Humanos. El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía, donde la prioridad sea garantizar el acceso digno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos.

Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá con el fin de establecer un precio justo por la energía pagada al Paraguay. Es necesaria también una auditoria de la deuda resultante de los injustos términos de los tratados firmados por los gobiernos dictatoriales del Paraguay, Brasil y Argentina.

Consideramos que el Banco del Sur representa una oportunidad de cambio en la lógica económica actual. Exigimos que los gobiernos garanticen el acceso público a la información y la participación social en las decisiones del Banco. En este sentido, asumimos desde los movimientos y organizaciones sociales el desafío y la tarea de hacer que esta herramienta esté al servicio de las necesidades de los hombres y mujeres de nuestros pueblos.

Expresamos nuestro apoyo al proceso de Auditoría Integral del Crédito Público iniciado en Ecuador y manifestamos nuestra expectativa de que contribuya al logro de justicia para los pueblos y el fin de la dominación y el saqueo instrumentado a través de la deuda. Al mismo tiempo que vemos con beneplácito la intención política de Bolivia y Venezuela de retirarse del CIADI y solicitamos a los países del Mercosur que participan del mismo, a seguir este ejemplo.

La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las diferencias entre los mismos como una expresión de la diversidad cultural, a la vez que un desafío para que a través de la complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede agotarse en medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe contribuir a resolver los problemas estructurales que impiden la autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.

Asimismo es urgente implementar políticas de estado que apunten a proteger a las comunidades y las estructuras políticas locales de la ofensiva de los grandes intereses económicos nacionales y transnacionales que a través de la corrupción influyen en el rumbo de los gobiernos y las políticas públicas en favor propio.

Una vez más, rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en el género, las razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra distinción que menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la ciudadanía.

La integración que queremos requiere la inclusión de la diversidad de los sujetos sociales y culturales basada en el reconocimiento de los territorios de los pueblos y naciones indígenas, que inclusive muchas veces sobrepasan las fronteras de los Estados nacionales.

Las instituciones del Mercosur deben garantizar la transparencia y el acceso a las informaciones substanciales de las negociaciones y deben incluir mecanismos que viabilicen el diálogo e interacción entre pueblos y gobiernos, estimulando formas de democracia participativa y control social.

Exigimos que los presidentes del Mercosur se expidan urgentemente sobre la vergonzosa Directiva de Retorno recientemente aprobada por la Unión Europea, que implica una flagrante violación a los derechos humanos y a todas las normas internacionales que los protegen pues permite la detención por hasta 18 meses de los migrantes indocumentados y su expatriación así como la de su familia, incluyendo los niños menores de edad.

Todas las personas deben tener garantizado el derecho a migrar y gozar de todos sus derechos en el país de destino (en particular sus derechos sociales y laborales). Pero defendemos también el derecho que todas las personas tienen a no migrar, a poder elegir quedarse en su tierra, en su comunidad y no verse empujado a emigrar por motivos económicos o políticos. La garantía de este derecho a no migrar esta dada por la transformación del modelo productivo que camine hacia el fin del hambre y la pobreza y la soberanía alimentaria.

En el marco de la necesaria democratización de la justicia en nuestros países, defendemos una amplia política de acceso a una justicia independiente de los demás poderes y de la influencia de los intereses económicos.

Denunciamos el avance de la criminalización de la protesta social en la región, estimulada por las llamadas Leyes anti-terroristas promovidas por la administración Bush e implementadas por diversos gobiernos de la región. Pedimos la derogación urgente de estas leyes y el fin de la criminalización de los líderes sociales del campo y la ciudad perseguidos y procesados - en particular en esta región, a muchos de los que resisten el avance de las represas, como a los pobladores del Barrio El Brete, aquí en Posadas, Misiones.

Es urgente también el fin del proceso y liberación de los seis ciudadanos paraguayos detenidos en Argentina por tratarse de una persecución política y una violación de los derechos humanos fundamentales, solicitando el respeto a los acuerdos referentes al asilo político. Pedimos justicia y castigo a los responsables de los asesinatos de Carlos Fuentealba, Maximiliano Kosteski y Darío Santillán. Exigimos la aparición con vida de Julio López. Los presidentes del Mercosur deben poner especial empeño para resolver esta situación.

Rechazamos el reinicio de las operación de la IV Flota de los Estados Unidos en las aguas del Caribe y el Atlántico Sur, con el objetivo de mantener el control militar sobre la región actualizando viejas prácticas imperialistas sobre América Latina. Exigimos, así también, el fin de los ejercicios militares conjuntos y la presencia de marines estadounidenses en el Paraguay.

Así mismo, demandamos de los gobiernos de la región el inmediato retiro de las tropas de Haití y de la MINUSTAH (Misión Militar de ONU) en su conjunto.

Las organizaciones y movimientos sociales de los países del Mercosur reunidos en Posadas ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando una verdadera integración que permita construir la soberanía desde y para los pueblos del Sur.

En el marco de la profundización de la democracia en la región, exigimos el rápido avance del juicio y condena a los genocidas de las dictaduras militares. Y en particular pedimos justicia en el proceso a los asesinos de Alfredo González, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM, brutalmente torturado y asesinado por el régimen militar argentino, y dedicamos esta Cumbre a su memoria.

Posadas, Argentina, 29 de junio de 2006

Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales