Argentina: el otro campo

Las entidades del campo integrantes de la Mesa de Enlace los silencian. Los grandes medios de comunicación los ignoran. Grandes inversores financieros agrarios asociados con los agentes económicos más poderosos de la trama multinacional sojera los persiguen y los expulsan de sus tierras. Productores y legisladores en la Comisión de Agricultura de Diputados los abuchearon y no los dejaron hablar. Cash publica el documento del Frente Nacional Campesino que fija posición sobre el desproporcionado conflicto que existe con el sector del campo privilegiado.

El Frente Nacional Campesino es un espacio surgido con el apoyo de cuatro organizaciones: Mocafor, Formosa; Mocase, Santiago del Estero; MAM, Misiones; y Mocaju, Jujuy. Ingresa en el escenario político y social con el objetivo de representar a los campesinos argentinos y legitimar una expresión social y política carente de visibilidad desde la pulcra lógica de la urbe. Desde que los barones de la soja y por detrás de ellos las grandes corporaciones multinacionales y pools de siembra han desabastecido gravemente a nuestro pueblo, colocando en el orden del día la cuestión agraria, una algazara incontenible de opiniones escritas y orales ha invadido el espacio de las grandes marquesinas institucionales. Pero hasta el momento los medios masivos de comunicación no se han enterado de que los campesinos no solamente son una realidad en algún recóndito lugar de América latina sino que, también, pertenecen a este territorio, que alguna vez estuvo poblado de pueblos originarios y hoy de campesinos que viven cuidando la tierra y la semilla para protegerse.

Cuando a comienzos de la década de 1960 comenzó la denominada etapa de la expansión de la frontera agropecuaria, y junto con ella la recomposición estratégica de la burguesía terrateniente, luego del estrago doloroso del ecosistema de los montes y selvas del Gran Chaco argentino, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones campesinas de la región, y muchas de ellas terminaron agrupándose alrededor de las Ligas Agrarias. Pero este proceso asociativo se interrumpe bruscamente con el terrorismo de Estado.

La instalación del modelo de monocultivo transgénico vino acompañada por una avanzada formidable de empresarios y terratenientes que decían traer el progreso. Pero como habían dicho lo mismo en tiempos de La Forestal, los campesinos dijeron: “A Don Progreso no queremos conocerlo...”, porque ya se sabe que solamente trae desolación y muerte.

Poco a poco, después de la oscura noche de la dictadura militar, las organizaciones campesinas fueron asumiendo conciencia de sus derechos posesorios: “El que yo tenga la cosa bajo mi poder constituye la posesión”, decía Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho. Y el inveterado principio posesorio del Código Civil de Vélez Sarsfield vino en nuestra ayuda para decir “la posesión vale título” y ejercer con viva voz el artículo 2470 que habilita el ejercicio de la autodefensa de la posesión, en los casos que los auxilios de la Justicia lleguen demasiado tarde. Y, como siempre sucede, la Justicia o llega tarde o casi nunca llega.

El derecho a la tierra es el factor básico que desencadena el contexto histórico actual de nuestra región rural. El campesino, actor fundamental de este proceso, se encuentra directamente vinculado con este acontecer: el derecho a la tierra es parte constitutiva de su derecho a la vida. La tierra es la vida porque sin la tierra el campesino deja de ser lo que es. Este derecho pertenece al ámbito de los derechos humanos, reconocido en todos los Estados de la comunidad internacional y plasmado en pactos y convenciones como derivación de lo que la doctrina denomina la internacionalización de los derechos humanos. Como resultado de ello, nuestra Constitución Nacional ha incorporado mediante la reforma de 1994 los Tratados del derecho humanitario de gentes en el artículo 75, inciso 22, como normas de la mayor jerarquía en el ordenamiento interno argentino.

Pero nada de ello le ha importado a la Republiqueta de la Soja, ya que el modelo agrario transgénico, implantado desde 1996 en que se habilitaron para su comercialización las primeras semillas de Soja RR, ha provocado una fuerte agriculturización en las mejores tierras de nuestro país con fuertes desplazamientos y desalojos de las poblaciones campesinas, de la ganadería y de otras producciones como la apicultura, la artesanía y otras formas de producción relacionadas con el manejo sustentable del medio ambiente. Todo ello con el objetivo de implantar un modelo industrial de agricultura sin agricultores. A ello se debe agregar el grave daño a la salud y a la tierra de las comunidades campesinas que son fumigadas indiscriminada e impunemente con los agrotóxicos que acompañan el cultivo de las semillas transgénicas, provocando en forma masiva enfermedades de piel y respiratorias, cuando no leucemias, malformaciones, abortos y enfermedades terminales.

Los desalojos de campesinos y el achicamiento de sus posesiones en nuestra región como resultado de la expansión del modelo sojero han provocado las presentaciones judiciales de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se implemente el mecanismo de medidas cautelares, conforme lo autoriza el artículo 19.b del Estatuto y el artículo 25 y 29.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que subsisten variadas y graves situaciones que requieren la urgente intervención para que se adopten medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables a la vida, a la integridad física, la libertad ambulatoria, derecho a la vivienda, al trabajo, a la protección de la familia, a la libertad de expresión, a la protección de la jurisdicción y a otros derechos humanos fundamentales de los campesinos de la provincia de Santiago del Estero, que corre riesgos inminentes sobre su vida por la pérdida de sus tierras y sus modos ancestrales de subsistencia a través de métodos violentos de particulares y del Estado.

Por todo ello, se hace imperioso instalar en la agenda institucional un profundo debate para la demorada Reforma Agraria en nuestro país, porque es preocupante el acelerado proceso de extranjerización de las tierras. Los campesinos vienen anunciando mucho tiempo antes este fenómeno, seguramente debido al triste crepitar de los montes ante el avance de las topadoras y los incendios intencionales, denunciados en la Justicia penal federal y provincial por el delito de estrago rural tipificado en el artículo 186 inciso 2º apartado b) del Código Penal, título VII, donde se protege el bien jurídico con seguridad pública. Esta ausencia de legislación represiva sobre el tema lo sufren ahora los indignados habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la onda expansiva del monocultivo transgénico ha llegado con uno de sus efectos menos nocivos, el humo de los pastizales, una práctica muy común en las zonas de ganadería mayor y menor, que viene provocando grandes pérdidas de la masa forestal de nuestras regiones cuando el fuego se desmadra a causa de los vientos y otros efectos no previstos.

Esta práctica del fuego para acelerar el brote del nuevo pasto fue introducida por los “técnicos” del INTA, a pesar de algunas voces campesinas que planteaban dudas en torno de este esquematismo científico. Hoy, los estudios ambientales están demostrando la insustentabilidad de esta actividad y el serio riesgo a la salud humana, además –y esto es lo más importante– a la biodiversidad existente en las zonas de los incendios.

Este ejemplo sirve para demostrar que los planes y programas sociales agropecuarios que no se confrontan con la realidad y el saber campesino corren el serio riesgo de fracasar, como ha ocurrido con el PSA (Programa Social Agropecuario) o el Foro de Agricultura Familiar, que se dedican a dividir a las organizaciones campesinas que no les son funcionales a sus requerimientos. La mayoría de los técnicos de estos programas estatales se resiste a mirar su gestión y la capacitación agrícola como un proceso eminentemente educativo de naturaleza política, tal cual lo decía el educador brasileño Paulo Freire.

El modelo sojero que se viene denunciando desde hace mucho tiempo tiene, además, un efecto colateral y premeditado por las corporaciones multinacionales y sus aliados, la necesidad imperiosa de un campo sin campesinos. Así lo viene asumiendo y ejerciendo en la zona del sudeste santiagueño Guillermo Masoni, el Grobocopatel del Gran Chaco argentino, titular de dominio de más de 120 mil hectáreas, dueño de sociedades anónimas con las cuales ha adquirido a precio vil e irrisorio extensos lotes de terreno remanente que provenían de los latifundios de La Forestal. Los terratenientes y empresarios de la soja recurren a variadas metodologías para erradicar a las comunidades campesinas de sus lugares. En primer lugar, la función complaciente y activa de la estructura del Poder Judicial y la policía, respaldando los intereses contrarios del sector campesino y ayudado por una compleja trama que habita en la conciencia del sujeto social campesino y que fue muy bien reflejada por el escritor santiagueño Bernardo Canal Feijoo en su obra Estructura mediterránea argentina, que vale citar por su esclarecedora descripción: “... los instintos de propiedad y de rapiña no han contado nunca con el dinamismo de la pasión criolla. Lo mismo que el indio, el criollo ha aparecido como una vaga criatura atmosférica y casi dichosa, despreocupada de todos los problemas del derecho patrimonial. Era sólido de su adhesión al lugar, como los árboles, como los animales de mero instinto, sobre la base de sentimientos de adaptación y de querencia, no de voluntad jurídica de dominio. Por eso resultó, al fin, fácil presa del despojo...”.

Otra metodología típica para producir el vaciamiento de los campos se encuentra en las acciones directas contra los derechos colectivos de los campesinos, con el objeto de convertir en un suplicio la vida en sus territorios: nos referimos a las fumigaciones indiscriminadas, incendios, inundaciones intencionadas, para provocar el traslado de sus casas y el abandono de sus antiguas posesiones, como ocurre actualmente en la provincia de Formosa.

El Frente Nacional Campesino hace suyo los principios sustentadores de la soberanía alimentaria como eje fundamental de nuestra acción, porque entre los 854 millones de personas hambrientas en el mundo, tres cuartos son campesinos. Los millones de migrantes a los que se les niegan sus derechos básicos y los desempleados urbanos pobres son nuestros hermanos y hermanas que han sido expulsados de su tierra. Por ello, la soberanía alimentaria implica un modelo productivo para una nueva sociedad de hombres libres que puedan apropiarse de su alimentación. La tierra tiene que pertenecer a quienes viven desde siempre para que se puedan realizar los derechos colectivos fundamentales de las comunidades campesinas.

En este punto no se puede dejar de resaltar el espectáculo doloroso de millones de litros de leche volcados en las rutas y millones de toneladas de alimentos destinados a la población que llegaron en estado de descomposición o también arrojados a la vera de los caminos y rutas de nuestro país. Un corazón campesino jamás haría eso, porque desde niño la Pachamama le susurraba al oído y le decía que la comida nunca se tira.

En el conflicto suscitado por las retenciones se han escuchado a varios dirigentes rurales rodeados de micrófonos y cámaras de televisión decir que son los “creadores de la riqueza de la patria”, pero no se acordaron estos superfluos señores de los campos que desde la conquista española que se vienen aprovechando del trabajo, la técnica y la infraestructura creada por los pueblos originarios. Tampoco se acordaron los mediáticos ruralistas que fueron los paisanos de nuestros parajes quienes les pusieron el pecho a los ejércitos de liberación de San Martín, Belgrano, Artigas y Güemes, y también en esa guerra de la Triple Infamia promovida por Bartolomé Mitre y la oligarquía porteña contra el heroico pueblo paraguayo. No se acordaron los piqueteros de botas carpincho que Rosas, Roca, los gobernadores provinciales e interventores federales de nuestra región no fueron al desierto, porque en ese desierto había pueblos autóctonos que desaparecieron para que miles de leguas comenzaran a engrosar el patrimonio de los descendientes de la Sociedad Rural, y otros importantes referentes de la burguesía terrateniente.

Por eso los campesinos recuperan la memoria histórica y la cultura que viene viajando desde el centro de la tierra como la raíz del árbol que nos sigue protegiendo con su magia y belleza, porque somos y nos sentimos herederos de los pueblos de la América profunda exterminados en los primeros genocidios de nuestra historia y porque hoy la circunstancia exige la aparición del sujeto social campesino para cumplir, de este modo, su cometido en la magnitud histórica.

Pagína 12, Argentina, 29-6-08