Perú: flexibilizan control de plaguicidas

Entre los decretos legislativos que esta semana tendrían luz verde dentro del Consejo de Ministros se encuentra la Ley de Sanidad Agraria. Es seguro que su nombre no le dice nada, sin embargo, las modificaciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo estarían atentando contra el medio ambiente y la salud de la población local y campesina.

Y según algunas voces partiría de lobbies para favorecer a grandes transnacionales productoras de plaguicidas químicos para uso agrícola.

Imelda Montoro, coordinadora de Incidencia Política de la Red de Acción de Agricultura Alternativa (RAAA), sostiene que esta norma pretende cambiar varios aspectos, entre ellos establecer un plazo de 60 días para la evaluación de estas sustancias y de no emitir el informe en ese lapso, se les abrirá un proceso administrativo, sin perjuicio del proceso judicial, a los funcionarios responsables tanto de Digesa como de Senasa.

"Dar 60 días para su revisión es poco, pues se debe tener en cuenta que los estudios toman tiempo para que haya precisión en el diagnóstico y con una amenaza para culminar el proceso, aprobarán todo lo que llegue", advirtió.

Actualmente la ley marco de sanidad agraria describe este proceso de revisión como riesgoso y aunque se han dado retrasos en esta etapa, según Montoro se debe perfeccionar pero no marcar plazos tan cortos. "Un periodo de 180 días puede ser aceptable si tenemos en cuenta que es una evaluación muy rigurosa", agregó.

Además se propone que el registro, que estará vigente por 1 o 2 años, se extenderá de manera automática, en lo que se denomina el silencio administrativo positivo.

EFECTOS EN EL SER HUMANO

"Esta medida es buena dentro de la administración pública, pero no se puede aplicar a sustancias químicas que requieren una constante evaluación", anotó la especialista.

Pero, ¿qué efectos tendría en la gente? Según Montoro, los problemas pueden ser tanto para los productos de la agroexportación como para el consumidor interno. "Al ser estas sustancias tan altamente tóxicas el problema se presenta para los productos agrícolas que se exportan, pero a su vez esa producción va al mercado local y los efectos se notarán a corto y mediano plazo".

Por ejemplo en el caso de los plaguicidas organiclorados persisten en el ambiente hasta por 30 años mientras que los plaguicidas fosforados, de más uso en el Perú, pueden causar intoxicación.

VOLVER A LO ORGÁNICO

En tanto, los hombres del campo conscientes de ello, plantean como mejor alternativa volver al abono orgánico, pues además de la contaminación que los químicos implican también se añade el alto costo por ser derivados del petróleo.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), sostuvo que el uso de estos productos está contribuyendo al calentamiento global por su alto contenido contaminante, pero la idea que las grandes transnacionales les han querido vender es que los agroquímicos son la salvación de la agricultura.

"Sería bueno que este DL plantee alternativas de productos orgánicos como el aprovechamiento del guano de las islas", sostuvo.

CLAVES

Igualdad . El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Jaime Delgado, dijo que aunque el plazo de 60 días puede ser aceptable, no se puede aplicar el silencio administrativo para aquellos productos que recién están recibiendo su registro.

Atados. Fabiola Morales, congresista de la República y miembro de la Comisión Agraria, espera que el Ejecutivo rectifique su decisión pues luego le será complicado al Parlamento modificar la norma.

Llegó la hora para Brack

Hasta el momento se pudo conocer que la norma ya fue discutida varias veces en la PCM, pero ya fue aprobada con cargo a redacción. Ante ello, la RAAA se contactó con el Ministerio del Ambiente, organismo indicado para intervenir en este tipo de situaciones, que ha respondido que se pondrá al tanto del tema. La República intentó comunicarse con el titular de la cartera, Antonio Brack, pero no obtuvimos respuesta.

Otro de los puntos que se discuten dentro de esta norma es modificar la evaluación del producto haciéndola solo al ingrediente activo (principal) y no de las sustancias que lo acompañan. Es decir una evaluación a medias.

Además plantea también aplicar el Silencio Administrativo Positivo, que consiste en extender el registro vigente, dado generalmente por 1 o 2 años a los productos químicos, sin previa evaluación. "Siempre se necesita una revisión periódica de estos productos para conocer si existe algún inconveniente", afirmó la RAAA.

Diario La República
Domingo, 22 de junio de 2008