Colombia: Tribunal Permanente de los Pueblos: una contribución a la lucha contra la impunidad

El TPP es un tribunal de carácter no gubernamental, del género de los 'tribunales de opinión' que tuvo se originó en los procesos de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. "Es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas" asegura la ONIC.

Desde el año 2006 el TPP instituyó una sesión para pueblos indígenas donde se juzga a empresas que exploran y explotan recursos naturales en territorios ancestrales que, según la consejería de la ONIC, "implementan y ejecutan políticas lesivas contra sus comunidades y utilizan modalidades de guerra sucia amparadas en estrategias como el paramilitarismo y el terrorismo del Estado, generando la violación permanente de los Derechos Humanos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, y el aniquilamiento de los pueblos indígenas habitantes ancestrales de estas tierras".

Luis Evelis Andrade Casama, primer consejero de la ONIC, considera que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un escenario en donde los pueblos indígenas agrupados en la ONIC presentan "una documentación que hacemos referente a la grave situación de genocidio y exterminio a que han sido sometidos los pueblos indígenas, y donde mostramos como las empresas multinacionales han operado asociadas al paramilitarismo y el Estado mismo en su proceso de afianzamiento de sus intereses y de apropiación de nuestro territorio, saqueo de nuestros recursos naturales que tiene seria implicaciones sobre los Derechos humanos, sobre la vida física y cultural de nuestros pueblos".

En Colombia el TPP viene realizando esta sesión para los pueblos indígenas desde abril de 2006 cuando se realizó, en Bogotá, la primera sesión en la cual se juzgaron trasnacionales del sector agroalimentario comos Nestlé: Good Food, Good Life, Coca Kola y Chiquita Brands, esta última investigada por apoyar al paramilitarismo en Colombia. En noviembre del mismo año, en Medellín, se juzgaron empresas mineras como la del Cerrejón y otras por vulnerar los derechos de las comunidades y la expropiación territorial.

Desde entonces en Colombia se realiza una Audiencia anual a nivel nacional y varias audiencias preliminares en regiones donde los territorios indígenas han sido intervenidos por las multinacionales. Este año ya se han realizado varias preaudiencias con el ánimo de preparar la Audiencia final a realizarse del 18 al 20 de julio próximos en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Algunos casos para presentar en la Audiencia final, según la ONIC son el caso del Putumayo: todo el tema de la militarización de las fumigaciones de cultivos ilícitos y sus implicaciones sobre los pueblos indígenas; el caso de las minerías que van a entrar o que están en territorios indígenas y sus consecuencias sobre los pueblos indígenas; el caso de los U'was afectados por las petroleras. "Son muchos casos que vamos a mostrar para evidenciar que efectivamente los pueblos indígenas a pesar que hemos sido reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional estamos en crisis y muchos pueblos al borde de desaparecer", aseguró Luis Evelis Andrade en un programa radial de la ONIC.

El primer consejero de esta organización sostuvo que "se ha establecido en el marco del TPP una sesión orientada a dar a conocer a la opinión pública internacional nuestro juicio al Estado colombiano y a todas las entidades, en este caso las empresas asociadas al paramilitarismo y que han penetrado nuestro territorio y que han generado violaciones irreparables a nuestros pueblos".

Objetivos e incidencia del TPP

El TPP, para capítulos indígenas surge con dos objetivos fundamentales, según la ONIC, Uno es la denuncia y visibivilización de lo que pasa en el país con el tema transnacional, con el tema económico, y cómo se ha regulado la economía, la sociedad y la política desde el punto de vista del capital transnacional y visibilizar las masacres, la expropiación de tierras, la aculturación y todos los daños que han causado las trasnacionales en Colombia

Otro objetivo "es poder reconstruir y revisibilizar las organizaciones sociales que han sido víctimas del capital transnacional y en ese sentido no solo se han realizado audiencias, sino también preaudiencias donde en algunos regiones del país las comunidades denuncian; allí las organizaciones han salido de ese terror a que estaban sometidas y han denunciado; hoy hay una nueva dinámica en el país, creo que TPP ha contribuido a esto", aseguró una fuente de la ONIC.

El primer consejero de la ONIC, afirmó que el TTP apunta a hacer un juicio político al Estado y gobierno colombiano que es el primer responsable de la situación que viven los pueblos indígenas y es el responsable de que la situación pueda mejorar hacia futuro.

Connotaciones del TPP

La explotación de recursos naturales en territorios indígenas ha sido un factor que les ha afectado negativamente: comunidades desplazadas, represión militar, división al interior de organizaciones y comunidades, profanación de sus sitios sagrados y en algunos casos expropiación de tierras.

Luis Fernando Arias, consejero y Secretario general de la ONIC, manifestó a Dachi Bedea -emisora virtual de la ONIC- que el TPP tiene una connotación política, ética y moral. "La connotación que le estamos dando al TPP está llena de contenido político, de contenido social, socio-jurídico. En primera instancia el Tribunal Indígena que vamos a realizar en la Sierra Nevado del 18 al 20 de julio tiene como objetivo principal tratar el tema del exterminio de los pueblos indígenas que viene desde hace más de 500 años; hemos sido sometidos, excluidos discriminados, ha habido una imposición cultural, pero también ha estado marcado por un proceso de resistencia por parte de los pueblos.

"El Tribunal tiene una connotación de tipo político ético y moral; vamos a juzgar a multinacionales, al Estado colombiano y a toda su fuerza para-estatal por toda la agresión contra los pueblos indígenas en Colombia, por la expropiación territorial a sangre y fuego del que han sido víctimas los pueblos indígenas; por la implementación de estrategias macroeconómicas e inconsultas con nuestros pueblos tales como el Plan Puebla Panamá, el Proyecto de Infraestructura IIRSA, el TLC y toda esa estrategia macroeconómicas agenciada por el gobierno.

"Queremos darle a conocer a la comunidad nacional e Internacional como los indígenas han sido víctimas de las empresas petroleras, mineras, palmicultoras, los grandes megaproyectos como las represas, las fumigaciones, la expropiación del conocimiento tradicional, la propiedad intelectual etc. Los indígenas seguimos de manera inerme e indefensa ante estos proyectos".

En el 2007 se realizaron dos sesiones una en febrero en Cacarica Chocó, donde se realizó la Audiencia sobre biodiversidad. Según la ONIC "allí se juzgaron empresas que explotan madera, empresas que cultivan y explotan palma aceitera y empresas como Monsanto por las fumigaciones en el Marco del Plan Colombia y la Daincor que es la que suministra armamento, aviones y elementos para la fumigaciones". En agosto del mismo año juzgó a empresas petroleras como la Occidental Petroleum Corporation, OXI, "por la explotación de petróleo, por la guerra sucia contra el pueblo araucano, el pueblo casanareño y la exterminación de comunidades indígenas", sostuvo la ONIC.

Que buscan los pueblos indígenas del TPP

Luis Fernando Arias afirmó que "queremos despertar una sensibilidad social de la sociedad colombiana hacia los pueblos indígenas; queremos manifestar a la comunidad internacional y a la cooperación internacional que replanteé y redireccione el apoyo a este gobierno que está afectando a los pueblos indígenas desde el punto de vista del aparato represivo y desde las reformas legislativas que se adelantan en el Congreso de la República".

Arias sostuvo que el hecho de que el gobierno no haya adoptado la Declaración Universal para los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre pasado por la Asamblea General de la ONU, "es un indicio serio para nosotros de que este gobierno tiene dentro de su agenda desaparecer a los pueblos indígenas; desaparecernos como pueblos, desaparecernos como cultura. Las recientes iniciativas legislativas que el gobierno ha planteado son para desconocer la gran diversidad étnica y cultural que la Constitución del 91 –de la cual fuimos partícipes- estableció y llamó pluralista. Esos derechos y valores fundamentales propios y reivindicados tienen que perdurar y permanecer; nuestra lucha y resistencia indígena se sostiene en esos pilares, por eso es la connotación que le damos".

Arias manifestó que se le quiere dar al Tribunal un carácter propio y vinculante desde la visión de los pueblos indígenas, desde las leyes de origen y desde el Sistema de Jurisdicción Especial Indígena. "Queremos dejar sentado este precedente de nuestro derecho a ejercer justicia porque esto ampara riesgos, a su vez que depara un gran desafío para las autoridades y pueblos, para las organizaciones que nos hemos apuntado en este propósito. La justicia indígena se tiene que aplicar y sea el Tribunal un escenario para materializar y para que los pueblos indígenas sacudamos este manto de impunidad que el gobierno ha cernido sobre nuestras víctimas".

Por su parte Igidio Obispo del Pueblo Siapidara, dijo que es importante visibilizar en este escenario del TPP todas las atrocidades que han conmetido los actores armados y también el Estado colombiano contra las comunidades indígenas. "el TPP es un espacio importante porque mucha gente de otros países escuchan lo que está sucediendo y valoran la oportunidad de este escenario para tal fin; ellos escuchan desde la otra voz, no la voz del gobierno, sino desde la voz misma de aquellos que han vivido toda la atrocidad y la violación de sus derechos en carne propia".

Obispo dijo que desde su región, el Chocó, participan porque consideran que es importante conocer la posición de especialistas que participan en este TPP, pero igual la denuncia y la posición que hacen otros sectores sociales que viven situaciones similares a los pueblos indígenas, como los campesinos, sectores sociales que trabajan por la defensa de los derechos, el proceso de mujeres y los mismos sindicatos.

La ONIC aseguró que para la realización de este TPP se ha establecido una alianza con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y una labor de coordinación con el Observatorio de Transnacionales y Megaproyectos en Colombia del cual hacen parte varias organizaciones sindicales y sociales del país que se han unido en las sesiones del TPP adelantadas en Colombia.

Logros del TPP: "pecaditos" de Chiquita Brands

Una fuente de la ONIC aseguró que a través del TPP se han logrado poner sobre la mesa algunos casos específicos de multinacionales que violan los Derechos Humanos de los pueblos y que éste ha servido para luchar contra la impunidad. "En cuanto a resultados creo que hay un caso muy particular que es el de Chiquita Brands, ese caso no se conocía, entonces cuando comenzamos a trabajar este tema de la agroalimentación y comenzamos la investigación conocimos muchas cosas de esta empresa".

El investigador dijo que esta empresa es la misma United Fruit Company; "la misma que cometió las masacre de las bananeras en Ciénega Magdalena en 1928". La fuente enumeró una serie de casos que comprometen a esta multinacional con la violación de derechos humanos. "Es la misma empresa que llevó en sus barcos a tres mil marines para invadir a Cuba; solo que la United Fruit Company cambió de nombre y se llamó Chiquita Brands. En Colombia en el año 2001 entró en unos de sus barcos aproximadamente tres mil fusiles Ak 47 y cinco mil cartuchos para los paramilitares de Córdoba y Uraba.

"Encontramos, en la investigación, que esa misma empresa por más de siete años hizo pagos a los paramilitares por más de 1.7 billones de dólares que es por lo que en la actualidad se está juzgando y el TPP contribuyó a visibilizar esa situación

"Hay otros casos que podemos demostrar como las trasnacionales han incidido en el conflicto colombiano. Otro caso es el caso de la OXI que prácticamente eliminó a una comunidad sikuani en Arauca; se apropió por la fuerza del Santuario de la Laguna del Lipa que era un Santuario sagrado para estas comunidades indígenas, desplazándoles a la capital de Arauca y dejándoles a borde del exterminio. El TPP ha contribuido a la lucha contra la impunidad en este país. El TPP es también una oportunidad para que hablen los pueblos que su voz ha permanecido en el silencio", concluyó la fuente.

Fuente: Actulidad Étnica