Brasil: los ‘verdes’ se enfrentan a Lula
La dimisión de la ministra de Medio Ambiente de Brasil, la respetada Marina Silva, saca a la luz el lado más oscuro de la gestión del Gobierno de Lula: la ecología
"El mundo precisa entender que la Amazonia tiene dueño: los brasileños". Lula habla con efectos especiales. Gesticulando, serio, remarcando cada sílaba. Y consigue su objetivo: azuzar de nuevo el fantasma de la internacionalización de la Amazonia. No falla: cuando las críticas ambientales crecen, los políticos brasileños se aferran a la conspiración-roba-Amazonia: el mundo villano queriendo invadir el paraíso verde. El escenario, esta vez, fue la sede del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social (BNDES), en Río de Janeiro, el pasado lunes. Y el negrísimo telón de fondo, la llegada de Carlos Minc al Ministerio de Medio Ambiente (tomó posesión ayer). La dimisión de Marina Silva, una reconocida ecologista natural de la Amazonia, todavía planea como sombrío nubarrón en la gestión de Lula.
Corren malos tiempos para la lírica ambiental brasileña. Las cosechas tocan techos históricos (142,6 millones de toneladas previstas para 2008). La deforestación amazónica de la era Lula ya suma 70.000 km2 (8,65 veces la Comunidad de Madrid) hasta enero de 2008. Y los barones del agronegocio se ríen en la cara del ambientalismo. Blairo Maggi, gobernador del estado de Mato Grosso y mayor productor de soja del mundo, dijo hace unos días con tono socarrón, que no se hace "agricultura sin deforestar". Al final, Lula y su política exportadora ganan. El medio ambiente pierde. Estos son los siete males que los verdes le echan en cara a Lula.
1. Pasión hidroeléctrica
Lula, frente al déficit energético de un país que crece espectacularmente, tiene una apuesta clara: la construcción de hidroeléctricas faraónicas. Exactamente, 70 antes de 2030. El más polémico de los proyectos es la presa de Belo Monte, en el río Xingu, sobre tierra indígena kayapó. La presa de Belo Monte, la tercera mayor del mundo, tendría 11.181 megavatios de capacidad instalada y podría producir el 6,3% de toda la electricidad del Brasil en 2014. Los kayapó se oponen hace años a un proyecto devastador para su pueblo. En el río Juruena, en Mato Grosso, la tribu enawene nawe intenta parar la construcción de varias presa.
Pero hay más: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) prevé la construcción de dos hidroeléctricas en el río Madeira (el afluente más importante del Amazonas), otra en aguas binacionales (Bolivia), además de una en territorio boliviano. El director de Survival, Stephen Corry, alerta de que "los grandes pantanos están desacreditados por sus efectos desastrosos sobre la población y el medio ambiente".
2. Sueños de asfalto
La mentalidad desarrollista de Lula (su idea es llevar el progreso urbano a los rincones más distantes del país) fue fundamental para la aprobación de los 31 proyectos del IIRSA que se habían planeado para antes del año 2010. En la mayoría de los casos, los proyectos arrancaron sin estudios previos de impacto ambiental. Uno de los más polémicos es el asfaltado de la Carretera Interoceánica Sur, que unirá los estados amazónicos de Acre y Rondonia con el Pacífico peruano.
Otra patata caliente en las manos del Gobierno de Lula da Silva es el asfaltado de los 883 kilómetros de la BR-319 que unen Porto Velho (capital de Rondonia) y Manaos (capital de Amazonas). El ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, se ha comprometido a asfaltarla antes de 2011.
El problema es que, en la Amazonia, el asfalto (o incluso una simple carretera) históricamente ha sido sinónimo de devastación. Ocurrió ya en el año 1971 con la construcción de la Transamazónica. Y lo mismo sucedió también en la última década con la polémica de la BR-163 que comunica Cuiabá (el epicentro de la industria de la soja) y Santarém, sobre el río Amazonas. Aunque sólo hay 90 kilómetros asfaltados en su tramo final, la BR 163 ya es conocida como la autopista de la soja y protagoniza la devastación más salvaje.
3. Avance de la frontera agrícola
Brasil está destinado a ser el granero del mundo en el siglo XXI. La previsión de la cosecha 2007-2008 es de 142,6 millones de toneladas, según el Instituto Brasileño de GeoEstadítica (IBGE). En 2007, la cifra fue de 131,75 millones de toneladas. El Ministerio da Agricultura, Pecuaria y Abastecimento calcula que en 2015 Brasil habrá sobrepasado a Estados Unidos como principal productor de grano del mundo.
Las críticas de los ecologistas denuncian que Brasil tiende al monocultivo (la soja, el trigo y la caña de azúcar representan el 57% del total) . Aunque Lula afirma que no roban tierra a la Amazonia, la realidad confirma lo contrario: la soja ya ocupa 21 millones de hectáreas (gran parte en el estado amazónico de Pará) y la caña de azúcar, siete millones. En este caso, la crítica es doble, porque tres millones de hectáreas de caña son usadas para la producción de etanol.
Los biocombustibles brasileños están siendo muy criticados por fomentar la escasez de tierras para cultivar alimentos. Por otro lado, los monocultivos de eucalipto para la producción de pasta de papel ha avanzado espectacularmente. No sólo en el sudeste, sino también en la Amazonia (proyecto Jari, en Amapa).
4. El trasvase de la discordia
El trasvase del río São Francisco (que pretende llevar 127 metros cúbicos por segundo al nordeste brasileño) es la obra más emblemática del tan criticado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Lula. El 70% de las aguas del trasvase serán destinadas a la fruticultura de regadío y apenas un 4% a la población rural, según el propio Ministerio de Integración Nacional.
Lula ignoró todos los estudios ambientales contra el trasvase e incluso, hizo oídos sordos a la huelga de hambre del obispo de Barra (Bahía), Luíz Flavio Cappio, y a la movilización de cientos de movimientos sociales. Lula prefirió enviar al Ejército a iniciar las obras del trasvase a aplicar las 530 obras sugeridas por la Agencia Nacional de Aguas (ANA) en el Atlas del Nordeste, suficientes para abastecer los 1.300 municipios de la región con un coste inferior al del trasvase: 1.945 millones de dólares frente a 3.567 millones de dólares.
5. Privatización de la Amazonia pública
La reciente MP-422 (medida provisional) legaliza, según el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y las ONG el pillaje de tierras en la Amazonia. Conla MP 422, toda persona que esté ocupando una tierra pública tiene muchas posibilidades de conseguir su título.
El Instituto Nacional de la Colonización y Reforma Agraria (Incra) calcula que el 90% de las tierras ilegales podrán ser regularizadas (36 millones de hectáreas de la Amazonia pública pasarán a manos privadas). Greenpeace criticó duramente la medida y la bautizó como el "Programa de Aceleración de la Grilagem" (apropiarse de tierra con títulos falsos).
6. Vocación nuclear
Alemania acaba de reafirmar una alianza nuclear con Brasil que nació en 1975, cuando el país germano se comprometió a construir ocho reactores. Aunque no será cumplido a rajatabla, la aproximación de Merkel y Lula garantiza la construcción de la tercera central nuclear de Brasil, Angra 3. Los ecologistas se oponen duramente. Incluso el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) todavía no ha emitido la licencia ambiental.
El sueño nuclear brasileño es un anhelo antiguo. No sólo hablando de producción de energía sino incluso de armamentos. Aunque Brasil firmó en 1998 el Tratado de No Proliferación Nuclear, enriquece uranio en la planta de Resende (Río de Janeiro) con el beneplácito de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).
7. Sabor transgénico
La Ley de Bioseguridad legaliza la plantación de semillas genéticamente modificadas (OGM) sin estudio ambiental o de salud. El MST criticó la introducción de maíz transgénico. Dicha especie, al tener fertilización abierta (el polen viaja a grandes distancias) representa, según el movimiento, un riesgo de contaminación para las semillas criollas de base genética ancestral. Greenpeace bautizó la ley de bioseguridad como Ley Monsanto pues, en su opinión, "sólo beneficia a las grandes empresas".
Por otro lado, el gobierno Lula no se ha esforzado mucho en la fiscalización para garantizar que los alimentos transgénicos sean rotulados en los mercados. Brasil ya es el tercer país en cultivos transgénicos (11,5 millones de hectáreas, según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA).