Perú: decreto facilita venta de tierras indígenas para explotación comercial
Las tierras indígenas de las sierras y selvas peruanas están amenazadas. Desde el último martes (20), el gobierno del presidente Alan García Pérez, publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo 1015, que cambia las reglas para la venta de esas tierras. "Fue un ataque frontal contra las comunidades indígenas, y va a destruir las formas tradicionales de trabajo, economía y organización", dijo la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
Para combatir el Decreto, las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas del país están organizando una paralización nacional de 48 horas, en defensa de sus legítimos derechos al territorio, al agua y a decidir su propio modelo de desarrollo. Las movilizaciones por la inconstitucionalidad del Decreto van a comenzar entre los días 20 y 24 de junio, y tendrán su punto álgido los días 8 y 9 julio durante la paralización nacional.
Con el Decreto, empresas de explotación ambiental, como compañías mineras, no necesitarán más de la aprobación de los tres cuartos de los miembros de las comunidades para comprar tierras, solamente con el 50% más uno de los participantes de una Asamblea de la Comunidad será suficiente. Esa modificación de la Ley 26505 es parte del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que busca promover y facilitar la inversión privada en tierras comunitarias.
Además de desconocer el requisito del quorum reglamentario -exigido en todas las normas legales-, el Decreto permite también que quien no sea miembro de la Comunidad podrá pedir la titulación de tierras con el mismo quorum. Para la CAOI, éste es "un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden el territorio comunitario pueden apropiarse ‘legalmente’ de las tierras manipulando ‘asambleas’ ".
Ahora, basta que una empresa minera o petrolera, interesada en los recursos naturales existentes dentro de una comunidad, presione sobre algunos miembros de las comunidades, ofrecerles beneficios, como dinero o trabajo, con lo que podrá tener el derecho a la tierra.
Para el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), "la nueva norma atenta contra la seguridad jurídica en las zonas rurales y generará una fuerte inestabilidad social: al posibilitar divisiones internas entre los campesinos y todo tipo de conflictos. Mientras tanto, para el gobierno, las comunidades, son como "perros del hortelano" (no comen, ni dejan comer), y los responsables de su propia miseria y del atraso del país".
Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab