México, en alto riesgo por escasez alimentaria: académico

Desde hace décadas, afirma el investigador, de acuerdo con un comunicado de la institución, el país se ha supeditado a los mercados externos, al importar alrededor del 35 por ciento de los comestibles básicos, es decir, más de un tercio.

De esa forma, añade, el descenso en la inversión pública, la reducción del crédito, el desmantelamiento de las instituciones que fomentaban la actividad agrícola en materia de almacenamiento y la disminución de obras de infraestructura, han provocado la caída de la producción y el “aumento de la dependencia alimentaria”.

“Mientras en 1995 México importaba nueve millones de toneladas de alimentos, en el 2007 compró 19 millones. En valor monetario, las compras crecieron de dos mil 755 millones de dólares entre 1980 y 1982, a 14 mil 309 millones de 2004 a 2006”.

Cabrera Adame agregó que esto se debe al incremento de las necesidades de países como China e India, y por el aumento excesivo en la demanda de granos en Estados Unidos, para producir biocombustibles. “Situación que ha provocado una insuficiencia internacional y que los precios de los productos agrícolas se acrecienten de forma significativa”.

El académico de la FE sostuvo que el año pasado el 35 por ciento de la oferta total de granos y oleaginosas en el país fue cubierta por las importaciones. Así en 1995 el 12.7 por ciento del consumo interno de maíz se satisfacía del exterior, ya para 2007 fue el 24 por ciento, pese a que México es autosuficiente en grano blanco, que se utiliza para elaborar tortillas.

Subrayó que la dependencia de nuestro país del mercado internacional no es nueva, pues ya tiene algunas décadas, por lo menos desde los años 80, aunque en realidad el descenso de la producción agrícola comenzó a mediados de los 60.

Detalló que la caída nacional del gasto en fomento agrícola en las últimas décadas ha sido dramática, al pasar del 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1980, al 0.6 por ciento en 2006.

Para que haya producción son necesarios apoyos crediticios, tecnológicos y de fertilizantes, que actualmente han desparecido. El crédito privado al sector se redujo de 40 mil 170 millones de pesos en 1995 a 20 mil 142 millones en 2006, disminuyendo casi 50 por ciento.

En materia de crédito público la situación es aún más dramática, ya que mientras en 1995 se otorgó financiamiento por 15 mil 338 millones de pesos, en 2006 fue de 830 millones, apenas el 5.4 por ciento de los que se concedían 11 años atrás, puntualizó.

RECHAZAN SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO

Por otra parte, ante la inminente aprobación del Régimen de Protección Especial al Maíz sin salvaguardas para preservar los centros de origen de este grano en México, más de 40 organizaciones, agrupaciones civiles, ambientalistas, académicas, de derechos humanos y estudiantes, rechazaron la semana pasada el avance del establecimiento de disposiciones jurídicas para autorizar la siembra de maíz transgénico en México.

Las organizaciones, señala un comunicado de prensa, entre las que destacan la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la Central Campesina Cardenista (CCC), llegaron a un acuerdo de 12 puntos al concluir el Foro: Bioseguridad Alimentaria frente a la siembra de maíz transgénico.

Entre los acuerdos signados destacan el de la moratoria a la liberación al ambiente del maíz transgénico en México en todas sus modalidades (experimental y/o comercial) y un llamado a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) para que dé seguimiento a sus recomendaciones formuladas en 2004, de moratoria a la siembra y a la importación de maíz transgénico en México.

Otro acuerdo es el respeto a los compromisos internacionales firmados por el Gobierno mexicano en materia de biodiversidad, bioseguridad y derechos humanos; así como la declaración de todo el territorio nacional como centro de origen y diversidad genética del maíz, entre otros, apunta el documento.

De la misma manera, señala que en el evento convocado por Fomento Cultural y Educativo, Greenpeace, el Grupo de Estudios Ambientales y Semillas de Vida, las organizaciones hicieron un llamado a todas las agrupaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria de México a sumar esfuerzos para impedir que los transgénicos acaben con los centros de origen de nuestro país.

Hay que destacar que estas acciones se dan luego de que, sorpresivamente después de dos años de retraso, el pasado 19 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), pese a que ya se ha dicho en múltiples foros y en los medios de comunicación que jurídicamente este Reglamento es inviable.

A pesar de los comentarios que diversas organizaciones realizaron a este documento, éstos no fueron tomados en cuenta y aún cuando se había solicitado la difusión de su contenido, de acuerdo a los órganos de consulta obligatoria establecidos en la Ley, el documento fue un misterio hasta su publicación, puntualizan.

ETIQUETAR LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Por su parte, la organización el Poder del Consumidor (EPC), informó que en la reunión anual del Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos (CCFL) en Ottawa, realizada hace dos semanas, la mayoría de las naciones del mundo expresaron la necesidad de etiquetar los alimentos transgénicos ante este órgano de Naciones Unidas.

Detalla que la empresa Monsanto y las naciones productoras de transgénicos sufrieron un “gran revés” en la reunión, cuando el Comité inició el proceso para recomendar el etiquetado de los alimentos transgénicos, pues aprobó una propuesta redactada por un Grupo de Trabajo en Ghana que apoya el derecho de los países a exigir el etiquetado obligatorio de este tipo de alimentos.

Ahora, la propuesta debe pasar a través de dos rondas de revisión antes de que sea una norma oficial del Codex.

Con esto, el gobierno de Estados Unidos sufrió un serio revés en sus esfuerzos para que otros países acepten los alimentos genéticamente modificados. “Pasando por sobre las objeciones de este país y Canadá, el organismo internacional que establece normas para los alimentos avanzó en plantear recomendaciones para el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados”, señala el comunicado.

Esta decisión, explica EPC, es una gran victoria para las y los consumidores del mundo que han presionado a sus gobiernos para apoyar una norma del Codex sobre el etiquetado de los transgénicos ya que tienen el derecho a saber qué es lo que están comiendo.

Es por ello que aguardamos con interés el día, en un futuro próximo, cuando el Codex apruebe esta recomendación, y los países pequeños no tengan que preocuparse de que Estados Unidos desafíe sus normas de etiquetado de los organismos genéticamente etiquetados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que cualquier norma o recomendación adoptada por el Codex se considera "legal" en la OMC. Un país que sigue las recomendaciones del Codex es por lo tanto, inmune a la OMC.

EPC destaca que no es la primera vez que los países se han negado a escuchar los llamados de Estados Unidos a dejar de trabajar sobre las recomendaciones para el etiquetado de alimentos transgénicos.

Según información de Naciones Unidas, la Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias.

Las materias principales de este Programa son: la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Fuente: CIMAC Noticias