España sigue siendo el principal productos de maíz transformado genéticamente
Facua-Consumidores en Acción se unió recientemente a más de 300 organizaciones y personalidades de la sociedad civil en la firma de una declaración en contra de los transgénicos
Democracia, precaución y medio ambiente es el título de la declaración sobre las aplicaciones de la biotecnología en la modificación genética de plantas, ante la amenaza que representan para la agricultura y la sostenibilidad, que ha sido presentada por Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace, con la colaboración de Científicos por el Medio Ambiente (CIMA) e investigadores.
Los organismos modificados genéticamente (OMG) se obtienen mediante la ingeniería genética, que permite crear plantas, animales y microorganismos manipulando sus genes. En los últimos años, esta técnica se ha utilizado para intentar introducir nuevas características en cultivos y, desde hace poco más de una década, se siembran en algunos países variedades modificadas genéticamente (MG) principalmente de soja, maíz, algodón y colza.
A pesar de la ingente propaganda sobre multitud de funcionalidades, las variedades comerciales incorporan tan sólo dos características: la resistencia a insectos plaga y/o la tolerancia a un herbicida determinado. Un 81% de la superficie de OMG cultivada en el mundo son plantas resistentes a herbicidas.
El documento cuenta con el apoyo de una gran representación de la sociedad, que incluye investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas entre otras.
Frente a las promesas de la industria de los transgénicos, esta Declaración denuncia los peligros e impactos de su introducción en el medio ambiente y en nuestros platos. El amplio apoyo social evidencia que los transgénicos son una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. La clase científica es una parte importante del debate y la sociedad en su conjunto es además quien debe tomar las decisiones que afectan a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad.
Éste es un momento clave en el debate sobre los transgénicos. Mientras Francia se suma a los países de la UE que prohíben el cultivo de maíz transgénico, basándose en una serie de informes científicos que alertan sobre los impactos ambientales sobre la flora y la fauna y las incertidumbres sanitarias, España sigue siendo el principal productor de maíz transgénico, con más de 75.000 hectáreas cultivadas en 2007.
Los elementos científicos que han originado la decisión del Gobierno galo muestran una serie de consecuencias de los maíces tipo Bt (entre ellos el que se cultiva en España, el MON 810) sobre el medio ambiente y la salud, como la imposibilidad de evitar la contaminación a otros agricultores, la generación de resistencias en plagas y los efectos tóxicos sobre varios tipos de organismos presentes en los ecosistemas, el cambio en la caracterización molecular (el gen que se comercializa no es el que se aprobó en 1998, ha variado, y por lo tanto muchos efectos sobre el medio ambiente se desconocen), los impactos sobre los polinizadores, la toxicidad a largo plazo sobre seres humanos, la persistencia de las toxinas producidas, etc.
Recientemente en Bruselas, el Comisario Europeo de Medio Ambiente Stavros Dimas ha propuesto la prohibición de dos maíces transgénicos por los riesgos que suponen para el medio ambiente, basándose en las evidencias de los potenciales daños ambientales. Ya durante la disputa comercial con Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre productos transgénicos, la propia UE argumentó que los cultivos Bt no deberían ser hoy por hoy cultivados por la falta de conocimientos sobre sus impactos ambientales en el largo plazo.
Las organizaciones promotoras de esta Declaración esperan que sirva para impulsar un debate fundamental como es el de la introducción de los transgénicos, que el Gobierno tome nota de la abrumadora oposición social frente a su imposición en la agricultura y la alimentación y que el Ministerio de Agricultura reconsidere su apuesta transgénica y oriente la agricultura española hacia soluciones ambiental y socialmente sostenibles.