Costa Rica: Gobierno da nuevo permiso para explotación de oro a cielo abierto
La contaminación del agua y de las tierras costarricenses y también la destrucción de la floresta del país tienen nuevo permiso gubernamental para ser realizada. Después de estar seis años prohibida por el Estado -en una resolución del ex-presidente Abel Pacheco-, la explotación de oro a cielo abierto fue restituida, la semana pasada, por el actual presidente Oscar Arias
Esto, a pesar de que Arias no consiguió resolver todavía ni siquiera los problemas que trajeron las empresas mineras antiguas que, incluso sin funcionar, continúan contaminando el entorno de las empresas. Actualmente, existen dos proyectos de explotación minera en el país: el Bellavista, en Montes de Oro (Puntarenas) y otro en Crucitas (San Carlos).
Este segundo, está sin funcionar porque hay una discusión legal sobre los requisitos para actuar. El primero, pasó dos años explotando oro en el país, cuando en 2007 un deslizamiento provocó daños en los lugares de operación y rompió la protección entre la actividad y el suelo. Así, las substancias tóxicas, como el cianuro, penetraron el subsuelo.
La lista de fracasos sociales y ambientales provocados por la minería comienza en la década de los ochenta con: Macacona de Esparza, Beta Vargas de Chomes y Río Chiquito de Tilarán. Concientes de esta realidad, los movimientos sociales del país elaboraron una Carta Pública dirigida al presidente Arias.
En ella, dijeron no estar de acuerdo en que el gobierno "continúe promoviendo la minería de oro a cielo abierto, sin haber atendido adecuadamente la catástrofe ambiental, crisis social y pérdidas económicas producidas por el colapso de Bellavista".
Está comenzando el período de lluvias en el país, que agravará la contaminación provocada por el Bellavista, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) dio un plazo de tres meses para que las empresas de minería presenten nombres de empresas internacionales para realizar una auditoria externa.
Esta realidad señala que el Estado costarricense no tiene la capacidad para controlar y fiscalizar una actividad sujeta a constantes riesgos ambientales y sociales como la explotación minera. Además de la incapacidad, ya que la minería actúa 24 horas, durante los 365 días del año, mientras que los fiscales trabajan de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y con falta de recursos.
A pesar de esto el gobierno dijo, en el nuevo decreto, que va a vigilar el proceso de explotación de los proyectos hasta su cierre. Sin embargo, según el Comité Ambiental Miramar y la Red del Pacífico para la Defensa del Agua, los planes de cierre ni siquiera están definidos en el Código de Minería vigente.
Las nuevas concesiones se permitirán, sin que el Estado, que apoyó el establecimiento del Bellavista, explique también el desastre ocurrido en Montes de Oro.
Traducción: Daniel Barrantes moc.liamg@leinad.setnarrab