Un reclamo a la COP9: biodiversidad con la gente y para la gente - Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques - Número 129 - Abril 2008

CONTENIDO

NUESTRA OPINIÓN
Un cuento sobre dos convenciones

FOCO EN BIODIVERSIDAD
Un reclamo a la COP9: biodiversidad con la gente y para la gente

COMUNIDADES Y BOSQUES
Ecuador: amnistía visibiliza la criminalización injusta a defensores de la naturaleza
Ghana: empresa noruega de agrocombustibles destruye bosque local para establecer una gran plantación de jatrofa
Indonesia: plantaciones de palma aceitera y de árboles para celulosa destruyen los bosques y aceleran el cambio climático
Perú: pretenden privatizar Amazonía para establecer monocultivos de árboles
Los agrocombustibles de segunda generación destruirán los ecosistemas y empeorarán la crisis alimentaria

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
El Brasil de Stora Enso: violencia contra mujeres y legislación a su medida
Colombia: huelga de trabajadores de plantaciones de palma en Wilches
Ecuador: impactos sociales y ambientales de la palma aceitera
Malasia: graves efectos de los plaguicidas sobre la salud de trabajador@s de las plantaciones de palma aceitera

COMERCIO DE CARBONO
(Des)Compensando la Democracia

NUESTRA OPINIÓN

- Un cuento sobre dos convenciones

Érase una vez ... un mundo que enfrentaba graves problemas ambientales y todos los gobiernos se reunieron para hacer algo al respecto. El histórico evento fue llamado Cumbre de la Tierra y tuvo lugar en 1992, en el escenario tropical de Río de Janeiro.

Todo el mundo estaba muy entusiasmado porque los gobiernos se habían comprometido con la idea de un nuevo tipo de desarrollo – que definieron como “sostenible” –, el cual evitaría los impactos negativos sobre el ambiente generados por el modelo de desarrollo que en ese entonces prevalecía.

La gente quedó más esperanzada aún respecto al futuro cuando se les dijo que los gobiernos asegurarían que toda la producción fuera socialmente equitativa y ambientalmente inocua.

Como prueba de la seriedad de los compromisos asumidos por los gobiernos, se acordó la creación de un Convenio para la protección de la diversidad biológica (CDB) y otro para la prevención del cambio climático (identificado como CCC).

Sin embargo, ambas convenciones fueron pronto secuestradas por el ogro presente en casi todos los cuentos. Peor aún, este cuento en particular tuvo una gran cantidad de ogros extremadamente malos que solo querían devorar los recursos de la Tierra. La única “sostenibilidad” que les interesaba era la del flujo de dinero hacia sus bolsillos.

Como todos y todas sabemos, desafortunadamente ésta es una historia verdadera sobre cómo las empresas transnacionales tomaron el control de ambas convenciones. Como resultado de ello, en lugar de proteger la diversidad biológica, el CDB ha generado espacios para el control empresarial de la riqueza biológica terrestre, incluida la manipulación genética de formas de vida. En lugar de trabajar para evitar el cambio climático, la CCC ha colaborado en la creación de un mercado de carbono, inútil en cuanto al clima pero extremadamente rentable para las mismas empresas que lo están destruyendo.

Y esas empresas han sido tan exitosas que, a 16 años de la aprobación de los convenios, la diversidad biológica continúa desapareciendo en bosques, praderas y pantanos, mientras que el cambio climático sigue aumentando. Peor aún, ambas convenciones se han transformado en herramientas útiles para generar ganancias empresariales en industrias como la biotecnología, la agroindustria, la hidroenergía, la energía nuclear y otras, al tiempo que permite que los peores criminales de la biodiversidad y el clima – encabezados por la industria petrolera – continúen con sus negocios como de costumbre.

Así pues, para lograr que ambas convenciones cumplan con su mandato original – conservar la diversidad biológica y prevenir el cambio climático – es necesario eliminar la influencia de quienes secuestraron ambos procesos y generar presión desde la sociedad civil organizada, exigiendo a los gobiernos un cambio de rumbo.

El cuento aún continúa. Ambas convenciones se reunirán este año: el CDB en mayo y la CCC en diciembre. Todavía es posible que haya un final feliz, pero el desenlace dependerá de la capacidad de la sociedad civil para contrarrestar la influencia de las empresas y para incluir las necesidades de los pueblos en las agendas de las convenciones.

FOCO EN BIODIVERSIDAD

- Un reclamo a la COP9: biodiversidad con la gente y para la gente

Hoy el mundo --el mundo de la gente-- asiste desvalido a una crisis mundial por la súbita alza de los precios de los alimentos, que, como todos los desastres, afecta más gravemente a los sectores más vulnerables, a las economías más dependientes, a los países más empobrecidos.

Se han señalado múltiples factores que coadyuvan a esta crisis: el aumento del precio de los fertilizantes, intensas sequías en regiones claves, aumento de la demanda de países con economías en expansión --como India y China. Y sobre todo, que las tierras agrícolas se destinan cada vez más a la producción de agrocombustibles. En efecto, de la producción mundial de granos, menos de la mitad se destina a consumo humano; la diferencia tiene como destino la alimentación animal y cada vez más la producción de combustible.

La economía global dominante va desmantelando los sistemas alimentarios nacionales y provoca que los cultivos para alimento dejen de estar al servicio de la gente, al igual que la naturaleza toda. En una patética parodia del rey Midas, el predominante modelo neoliberal y globalizante convierte todo lo que toca en mercancía, negocio, especulación y lucro. Para ello ha debido desviar el carácter diverso de la naturaleza, apadrinando todos los tipos de monocultivos posibles: los agrícolas, los forestales, los de la mente. Ha contado con algunas herramientas: el modelo agrícola industrial y exportador de la “Revolución Verde” iniciado en la década de 1960 y la liberalización del comercio vía las “recetas” y políticas impuestas por el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial de Comercio y últimamente los Tratados Bilaterales de Libre Comercio.

Las esferas tecnocráticas, donde suelen definirse los destinos de la gente, también reproducen el modelo y pierden total contacto con la realidad. Un ejemplo es la FAO, que con su definición de las plantaciones industriales de monocultivos de árboles como “bosques” –la cual es tomada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica-- ignora por completo el concepto de ecosistema. Las poblaciones locales que han sufrido los impactos de las plantaciones, en cambio, perciben claramente la diferencia que se refleja en las diversas definiciones que les dan en distintas partes del mundo, de acuerdo con la experiencia que han tenido con las mismas.

En un país como Tailandia, donde la agricultura es una actividad de vital importancia para la población campesina, definen al eucalipto como el “árbol egoísta”, porque no solo no permite que se desarrollen cultivos bajo los árboles, sino que además se apropia del agua necesaria para el cultivo de arroz.

En Chile, las grandes plantaciones de pinos fueron instaladas en territorio Mapuche durante la dictadura de Pinochet. No resulta por tanto extraño que se las defina como “milicos plantados”, porque son verdes, están en líneas y ¡avanzan!

En el Valle del Cauca en Colombia, la gente local llama a las plantaciones de pinos los “bosques del silencio”. Ello se debe a que las plantaciones están desprovistas de toda forma de vida más allá de los árboles. El silencio es por tanto total.

En Brasil, la gente denomina “desiertos verdes”a las plantaciones de eucaliptos y lo mismo ocurre en Sudáfrica, tanto con eucaliptos como con pinos. Sin embargo, en este segundo país esta definición ha sido cuestionada con el argumento de que en unos pocos metros cuadrados de desierto ¡hay más vida que en una plantación entera!

Por otro lado, también en Sudáfrica hay gente que prefiere definir a las plantaciones como “cáncer verde”, expresión que refleja el avance incontenible de las plantaciones, que van destruyendo el agua, el suelo, la flora, la fauna y los medios de vida de la gente, eventualmente matando todo ... tal como lo hace el cáncer.

En el estado de Sarawak en Malasia, la gente local sostiene que las plantaciones de eucaliptos y palma aceitera son mucho peores que el madereo industrial. El argumento es que las empresas madereras ingresan al bosque, cortan los mejores árboles y se van llevándose la madera. En cambio las empresas plantadoras cortan los mejores árboles, queman el resto, plantan sus árboles y ¡se quedan!

En Ecuador, hay comunidades que, no por casualidad, llaman “eucas” a los eucaliptos. La razón es muy sencilla: “eucaliptos” contiene el diminutivo simpático “ito”, que estos árboles no se merecen por ser tan malvados.

Un último ejemplo, que de alguna manera resume todas las definiciones anteriores, proviene del estado de Espirito Santo en Brasil, donde las plantaciones de eucaliptos fueron definidas como “bosques muertos, que matan todo”.

Toda esas definiciones son reflejo de que bien saben las comunidades rurales lo que significa la biodiversidad, porque ella ha sido sustento de sus formas de vida: desde la diversidad agrícola, atesorada y transmitida milenariamente, hasta los bosques, que han sido otro espacio de soberanía alimentaria para quienes los habitan y dependen de ellos.

Los monocultivos arrasan no solamente con la diversidad de las semillas locales sino también con el conocimiento que las acompaña, la identidad cultural que procreó, la soberanía alimentaria que les aseguró. Los dueños de los monocultivos –crecientemente las grandes trasnacionales del agronegocio-- se adueñan de la tierra, las semillas y el destino de los alimentos y la gente.

Pero no les alcanza, quieren profundizar aún más su poder con la manipulación transgénica, para hacer plantaciones de árboles a la medida de sus negocios. Los árboles transgénicos asoman amenazadoramente sus copas verdes desde los tubos de ensayo de poderosos laboratorios emparentados con Universidades famosas y no tanto, y liados a grupos empresariales interesados en las distintas puntas del negocio: biotecnología, industria automotriz, industria de celulosa y papel, industria energética, industria química, por citar algunas. Pretenden hacer monocultivos de árboles transgénicos, ¡y aún así seguir llamándolos bosques!

En este marco, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene una gran responsabilidad entre manos: definir si la biodiversidad estará al servicio de las empresas o al servicio de la gente.

La próxima COP 9 deberá resolver varios temas pendientes, entre ellos agrocombustibles, árboles transgénicos y diversidad forestal, en torno a los cuales no ha habido consensos, por lo cual los textos propuestos están llenos de corchetes (*). Parafraseando a Helena Paul, de Econexus ....la biodiversidad misma está entre corchetes.

En árboles transgénicos el CDB tendrá que definir entre moratoria, principio de precaución o ninguna restricción. La propuesta de moratoria fue presentada por algunos delegados ante el CDB en 2006, impulsada por diversas organizaciones sociales. En esa oportunidad se decidió que el CDB produciría un informe sobre “los posibles impactos ambientales, culturales y socioeconómicos de los árboles genéticamente modificados”, el cual presentó en febrero en la 13ª reunión del SBSTTA. En el mismo se señalaba que muchos científicos ponen “énfasis en que debe aplicarse el principio de precaución al considerar el uso de árboles genéticamente modificados”. Pero algunos países tratan de debilitar esa salvaguardia, impulsando otra redacción que la deja entre corchetes.

En agrocombustibles, a pesar de las reconocidas y contundentes evidencias de los impactos ambientales y sociales negativos de su producción en gran escala, el CDB se maneja entre dos aguas, reconociendo los impactos negativos pero hablando de los positivos, y no es categórica en cuanto a oponerse a su expansión a gran escala.

En términos generales, resulta alarmante que el CDB abra sus puertas a las empresas, responsables de modelos productivos, de comercialización y consumo causantes de tanta destrucción y que hoy pueden, impunemente, formar parte de delegaciones nacionales.

Para proteger la biodiversidad, el CDB debería, en cambio, apoyar decididamente a los sistemas de manejo comunitario del bosque y a los sistemas agrícolas tradicionales, que exitosamente la aprovecharon y conservaron.

Tal como se reclama en la carta abierta ala CDB a la que están adhiriendo numerosas organizaciones sociales ( http://www.wrm.org.uy/actores/CBD/Carta_abierta_CBD.html), esto excluye la expansión de los monocultivos a gran escala y exige que:

- los monocultivos de árboles sean excluidos de la definición de bosques

- se suprima todo tipo de apoyo político, técnico y financiero a los monocultivos para agrocombustibles debido a su impacto directo en la biodiversidad y la soberanía alimentaria

- se prohíba la liberación de árboles transgénicos y el uso de la tecnología “terminator”

Sólo así se podrá pensar en una biodiversidad para y con la gente.

(*) Los textos sobre los que no hay consenso permanecen entre corchetes para su próxima discusión.

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Ecuador: amnistía visibiliza la criminalización injusta a defensores de la naturaleza

La Asamblea Constituyente instalada actualmente, encargada de discutir y elaborar la nueva Constitución, concedió el 14 de marzo 2008 el recurso de amnistía a 357 ciudadanos defensores de los derechos humanos, “criminalizados por sus acciones de protesta y resistencia en defensa de sus comunidades y de la naturaleza", según un comunicado de prensa oficial. Beneficia a 357 ciudadanos, en su mayoría líderes comunitarios y campesinos, algunos de ellos indígenas, de varias comunidades a lo largo y ancho del país, vinculados a procesos comunitarios en contra de la minería, petróleo, hidroeléctricas, explotación maderera, por defender el agua y la calidad ambiental, por defender tierras comunales y derechos colectivos. Su crimen: defender la vida, los derechos humanos, la naturaleza.

Las organizaciones locales de derechos humanos como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), se han afanado en recolectar datos acerca de los innumerables casos de criminalización en el Ecuador. Laboriosamente, han conseguido elaborar un registro de más de 100 casos, que afectan a un número mucho mayor de personas, pues muchas denuncias son colectivas y afectan a grupos, familias o a comunidades enteras. Pero las dimensiones del problema son mucho mayores, ya que muchos de los casos permanecen anónimos, desconocidos y pasan desapercibidos como casos de delincuencia común. "Celebramos este hecho como un triunfo de las causas colectivas sobre la pretensión de individualizar la lucha socio-ambiental, a través del enjuiciamiento a líderes y pobladores”, dice el comunicado conjunto de las organizaciones de derechos humanos emitido justo después de conocerse la Amnistía.

Entre los amnistiados hay muchos habitantes de Intag, un valle con una riqueza única gracias al bosque subtropical que lo cubre, perteneciente a la bioregión Chocó, una de las más importantes en biodiversidad en todo el mundo. Esta selva única continúa bajo la protección incondicional de las comunidades, que se ven constantemente amenazadas de exterminio por un megaproyecto minero transnacional. En este contexto, muchos líderes fueron denunciados, viéndose implicados en los procesos cerca de 100 campesinos de la zona. En los procesos, que ya fueron celebrados ante los tribunales locales, resultaron absueltos todos los acusados. En el transcurso de los mismos se evidenciaron estrategias inventadas por las empresas, falsos testimonios de los testigos y procedimientos irregulares.

Con la Amnistía se consigue ahora ir más allá. Para las comunidades tiene una gran trascendencia. Lo que logra es desculpabilizar a líderes comunitarios y campesinos por su participación en actos de resistencia comunitaria legítimos. En forma abierta y relevante, un organismo oficial está asumiendo la existencia de la criminalización injusta a defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, un hecho que en general se encuentra enormemente invisibilizado ante la opinión pública.

Con el hecho de la Amnistía se desenmascara buena parte de las sucias estrategias para silenciar a las comunidades en resistencia, aplicadas por algunas empresas con poderosos intereses económicos en los recursos naturales y las materias primas. Aunque suene increíble, parte de estas estrategias consisten en enjuiciar penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal a personas que se interponen al proyecto empresarial extractivo de turno. Estos procesos son “amañados” comprando testigos, y a veces corrompiendo funcionarios. No es raro que los acusados injustamente acaben entre rejas. Los delitos de los que más frecuentemente se ha acusado a los afectados incluyen sabotaje y terrorismo, rebelión y atentado a funcionarios públicos, apología del delito, asociación ilícita, delitos contra la propiedad --como el robo-- o contra las personas --como el secuestro--, etc. “No es posible que se quebranten derechos de las comunidades, que se lesione su patrimonio natural, que se les expulse de sus tierras, con el pretexto de obtener ingresos para el desarrollo social, del cual, de entrada, ya se les excluye”, nos explican desde la CEDHU.

Es por estas razones que esta gran victoria se convierte en un referente y un antecedente de éxito para otras comunidades en situación similar. Estos casos no son aislados en Latinoamérica.

Con esta Amnistía, este acoso sistemático a quienes se oponen a proyectos extractivos destructivos de los recursos naturales, a la destrucción de las selvas tropicales, al acoso y violación de los derechos humanos, se convierte en un hecho más visible y conocido ante la sociedad y la opinión pública nacional e internacional. La sociedad civil debe tomar cartas en el asunto, y exigir a otros gobiernos que tomen medidas similares con los criminalizados en sus países.

El significado de esta Amnistía trasciende las fronteras del Ecuador, sentando un importante precedente para las luchas campesinas criminalizadas del mismo modo en otros países. Muchas comunidades latinoamericanas y miembros de organizaciones sociales o de derechos humanos han sido en el pasado, o son criminalizados en la actualidad por sus procesos de lucha y resistencia legítimos, en defensa de la vida y la naturaleza (por una perspectiva de la situación en el mes de diciembre de 2007 ver Boletín Nº 125 del WRM, http://www.wrm.org.uy/boletin/125/opinion.html#Criminalizados). Este hecho, relativamente desconocido y sistemáticamente silenciado, cobra relevancia y sale a la luz pública tras esta Amnistía concedida por la Asamblea Constituyente ecuatoriana.

En las comunidades campesinas de Ecuador ya se está celebrando esta noticia esperanzadora. La Amnistía ha sido resultado de una decidida iniciativa de las comunidades afectadas y de las organizaciones de derechos humanos y ecologistas, que siguen vigilantes para que prevalezca la verdad y la justicia. Felicidades a todos ellos por esta nueva victoria. La Amnistía es una señal de que luchando por ello, la transformación es posible.

Para información específica, visite la página web de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, y los comentarios de su presidente, Alberto Acosta: http://asambleaconstituyente.gov.ec/, http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/

Por Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, c.e.: gro.dlawneger@epuladaug, www.salvalaselva.org

- Ghana: empresa noruega de agrocombustibles destruye bosque local para establecer una gran plantación de jatrofa

La agricultura en Ghana Septentrional genera más del 90% del ingreso de los hogares y emplea a más del 70% de la población de la región. La mayor parte de la producción agrícola es generada por pequeños productores para su subsistencia y depende de las lluvias estacionales, impredecibles y esporádicas. Durante la estación seca, gran parte de la población no tiene trabajo y se ve forzada a emigrar hacia las regiones más prósperas del sur del país, donde consigue trabajos menores.

Las comunidades rurales, desesperadas por percibir un ingreso, son seducidas con promesas de un “futuro mejor”; con la excusa de que esas “tierras improductivas” solo les permiten sobrevivir y les ofrecen la posibilidad de percibir un ingreso regular si ceden sus tierras para proyectos de “desarrollo”. Este argumento no toma en consideración el significado que tiene la tierra para las comunidades africanas. Si bien la tentación inicial de entregar la tierra para ganar un salario es enorme, presagia un futuro ominoso, donde el sentido de pertenencia a la comunidad, su soberanía y su identidad desaparecerán como consecuencia de la fragmentación que sufrirá la comunidad.

La estrategia para quedarse con la tierra suele ser la siguiente: se trata de capturar la fantasía de algunos líderes influyentes hablándoles de los beneficios que el proyecto aportaría a la comunidad, y se los cautiva con promesas de cargos en la compañía o con incentivos económicos. La idea es que estas personas allanen el camino en las aldeas, corriendo la voz sobre las oportunidades de trabajo. Entonces se elabora un documento, básicamente un contrato, para arrendar la tierra a la compañía. En caso de que surjan problemas, el promotor puede presionar haciendo valer dicho “contrato” o acuerdo. Cuando no se examina atentamente la legalidad del proceso, los promotores tienen el camino libre, pero si se le somete a un examen apropiado surge que estos contratos no son legalmente vinculantes ya que no han pasado por los canales legales correctos. Esto es lo que sucedió en el área de Alipe.

En noviembre de 2007, un grupo de RAINS (Regional Advisory and Information Network Systems) descubrió una zona cuya cubierta vegetal había sufrido una destrucción masiva. Se trata de una gran franja de tierra cercana a una aldea llamada Alipe, dentro de la cuenca del río White Volta, a unos 30 kilómetros de Tamale, la capital de la región Septentrional de Ghana. Unos metros al sur de la ciudad el grupo pudo ver cómo maquinaria agrícola pesada derribaba sistemáticamente los árboles y diezmaba la zona. Más tarde, una investigación reveló que se trataba de una empresa noruega de agrocombustible llamada BioFuel Africa (una subsidiaria de BioFuel Noruega), la cual estaba preparando el terreno para establecer una enorme plantación de jatrofa.

Amparándose en reglamentaciones nacionales, RAINS logró que los obligaran a detener la destrucción, pero no antes de que más de 2.600 hectáreas de tierra fueran despojadas de su cubierta vegetal natural. Para ese entonces no se conocía la identidad de la empresa responsable del emprendimiento; tan solo se hablaba de “unos hombres blancos”. En esta comunidad, como en muchas partes de Ghana, más del 80% de la tierra es de propiedad comunitaria, y más del 70% de esta tierra es manejada por jefes tradicionales, en representación de los miembros de sus territorios tradicionales. El jefe fue muy categórico en cuanto a que él no había hecho tal concesión y que también había luchado contra esa “gente blanca” para detenerla, sin mucho éxito. Confirmó que había “firmado con el pulgar” un documento, en compañía del asambleísta de la zona que había sido traído a su palacio por los “blancos”, pero no confirmó su contenido. Inicialmente, el jefe no había querido ir contra la voluntad de su gente, ya que sus esfuerzos por detener a los promotores habían sido interpretados por la comunidad como una forma de “dejar pasar la oportunidad de ganar ingresos durante la estación seca actual”.

Luego que RAINS presentara el caso a la comunidad y que el mismo fuera discutido, los pobladores se dieron cuenta de que las promesas de BioFuel Africa eran realmente un engaño. La comunidad comprendió el impacto que semejante proyecto tendría sobre sus vidas en particular y sobre la comunidad en general, y entendió que la promesa de trabajo, prosperidad compartida y mejores ingresos (el principal beneficio para la comunidad), no eran realmente compromisos sino meros ardides propagandísticos de la compañía. ¿Pero cuánto tiempo lo recordarán, mientras esperan ociosos que lleguen las próximas lluvias de abril?

De hecho, quienes más se hicieron oír en la sesión fueron, en su mayoría, mujeres. Una de ellas, mirando a los ojos al representante de BioFuel, dijo: “Mire todos los karités que ya cortó. Las nueces que yo recojo en un año me permiten comprar la ropa para todo el año y también me dejan un pequeño capital, puedo invertir mi pequeño ingreso en un carnero y a veces, en un buen año, puedo comprar una vaca. Ahora usted ha destruido estos árboles y está prometiéndome algo con lo usted mismo no quiere comprometerse. Entonces, ¿adónde quiere que vaya? ¿Qué quiere que haga?”

Esta es la historia de cómo una empresa noruega de agrocombustibles se aprovechó del sistema tradicional africano de propiedad comunal de la tierra y de la presión de su situación económica y climática actual, para reclamar y deforestar grandes extensiones en Kusawgu, en el Norte de Ghana, con la intención de crear “la plantación de jatrofa más grande del mundo”.

Extraído y adaptado de “Biofuel land grabbing in Northern Ghana”, Bakari Nyari, Vice Presidente de RAINS (Regional Advisory and Information Network Systems) Ghana, miembro del Comité directivo de la African Biodiversity Network, http://www.wrm.org.uy/

(1) Jatropha curcas es una especie nativa de América Central. Sus semillas oleaginosas pueden ser utilizadas para producir biodiesel.

- Indonesia: plantaciones de palma aceitera y de árboles para celulosa destruyen los bosques y aceleran el cambio climático

Un estudio reciente publicado por el WWF (1) analiza la deforestación y la degradación forestal de la provincia de Riau entre 1982 y 2007 e identifica sus principales causas: las plantaciones industriales de palma aceitera y árboles para celulosa.

El estudio muestra que la tasa de deforestación de mayor crecimiento en Indonesia se está dando en la provincia de Riau, en Sumatra, que solía tener el 78% de sus tierras cubiertas por bosques. En el correr de los últimos 25 años se han destruido 4,2 millones de hectáreas (65%) de bosques tropicales y turberas para el establecimiento de plantaciones industriales.

Se ha talado alrededor de un 30% del bosque de Riau para dar lugar a plantaciones de palma aceitera. El reciente aumento de la demanda de aceite de palma para alimentar el creciente mercado mundial de agrocombustibles es un gran estímulo para dicha actividad.

Las plantaciones industriales de árboles para celulosa también han entrado en escena. Según el estudio: “En los años 80 comenzó el auge de la conversión forestal que cubrió a Riau con más concesiones de palma aceitera que cualquier otra provincia de Indonesia. Durante la última década, la industria del aceite de palma vio surgir un nuevo competidor en Riau: la industria del papel y la celulosa”. La presión sobre los bosques de Riau y de toda Indonesia aumentará a medida que se aceleren los planes para establecer plantaciones de árboles.

Como señala el informe, “la rapidez y el carácter irreversible” de la conversión forestal para alimentar a las industrias papelera y aceitera en constante expansión no se ven igualadas “por ningún otro tipo de deforestación”.

Sin embargo, la pérdida de diversidad biológica no es el único problema que plantea la deforestación en Riau. Las emisiones de gas de efecto invernadero, causadas por la deforestación, la degradación de los bosques y la quema y descomposición de las turberas de Indonesia, están siendo objeto de gran atención.

Tanto los bosques como las turberas son muy importantes para la Tierra, como depósitos de carbono a largo plazo, o incluso permanentes. De acuerdo con el estudio, “Riau cuenta con vastas turberas que, según se estima, contienen los mayores depósitos de carbono del sudeste asiático y algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad”. La pérdida de suelos causada por la deforestación ha generado emisiones de CO2 mundialmente significativas y las tan mencionadas neblinas transfronterizas que atraviesan el Estrecho de Malaca.

“A partir del año 2000, la conversión forestal comenzó a enfocarse en las turberas de Riau. Canales largos y profundos, a veces de más de un metro de profundidad, disecan las turberas de Riau y drenan el suelo hasta que los leñadores, tanto legales como ilegales, pueden entrar para cortar los árboles y sacar los troncos flotando. La turba se asienta y los suelos secos se transforman en la principal fuente de incendios en Riau. Hay años en que el fuego cubre con una nube los territorios de Sumatra central, Singapur y Malasia durante semanas, y acelera la liberación de incontables toneladas de CO2.”

Los incendios de las turberas, así como la destrucción de los bosques, privan a los pueblos de su sustento y generan una pobreza creciente, que hoy en día es hasta cuatro veces mayor en la zona de turberas que en el resto de las áreas bajas del país. Los incendios han provocado también un aumento de las enfermedades, y “aproximadamente un 30% de los niños pequeños de las áreas de turberas padece enfermedades respiratorias y problemas de crecimiento como consecuencia del humo de turba”.

Estas conclusiones se suman a tantas otras que exigen un cambio drástico en las políticas públicas, para detener el modelo actual de producción, comercialización y consumo, que destruye despreocupadamente los bosques y otras fuentes de vida, cambia nuestro clima de modo irresponsable y, con actitud criminal, nos está llevando a la extinción.

(1) “Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2” Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia”, 2008, WWF, Remote Sensing Solutions y Universidad de Hokkaido, http://assets.panda.org/

- Perú: pretenden privatizar Amazonía para establecer monocultivos de árboles

El gobierno de Alan García está impulsando el proyecto de ley 840, conocido también como “Ley de la Selva”. Se trata de una ley referida a la promoción de la inversión privada en reforestación y agroforesteria, por la cual las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana --denominadas erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen ya no de concesión sino de propiedad privada. Esto abriría la puerta a los grandes capitales para establecer plantaciones de árboles en gran escala, que es a lo que suele dar lugar el término "acciones de reforestación".

El argumento es que para incentivar la reforestación es necesario atraer la inversión privada y dar seguridad a los inversionistas. Para ello no alcanza con darles una concesión de 40 años renovables, como lo establece la Ley Forestal vigente, sino que hay que darles las tierras “en propiedad”, es decir para siempre. Por otro lado, cuando el Estado entrega las tierras en propiedad, ya no podrá controlar o exigir de la misma forma que con la concesión.

Existe una fuerte resistencia al proyecto, entre otras cosas, porque va contra del art. 66 de la Constitución, que establece el carácter público de los recursos naturales renovables y no renovables. También se denuncia que no existe un catastro preliminar que delimite cuántas son las áreas deforestadas en las que se puede invertir y dónde están, con lo cual la ley se convertiría en un incentivo perverso para alentar la deforestación y arrasar la Amazonía.

Por otra parte, en Loreto (como en Ucayali o en Madre de Dios) no existen grandes áreas deforestadas libres o eriazas, según se denuncia en un artículo publicado por Servindi (1). Se aclara que “el modelo agrícola tradicional de tala y quema, empleado por los campesinos e indígenas, implica dejar en descanso por 10 ó 20 años el terreno cansado para que se empurme y se recuperen los nutrientes del suelo. La mayoría de las purmas [bosques secundarios en proceso de regeneración] en Loreto tienen dueño, aunque carezcan de título”. Si bien también ocurre que “de las cerca de 2.500 comunidades indígenas y campesinas que hay en Loreto, menos de 500 están tituladas, y el resto carece de ningún documento que certifique sus derechos de posesión sobre chacras, purmas y bosques que usan y han usado por cientos de años para su subsistencia”.

El 17 de febrero se realizó la Primera Cumbre Amazónica, en Pichanaki, Junín, en la que, entre otras cosas, se proclamó el derecho de las comunidades nativas a las tierras de la Selva Central y la Amazonía y se rechazó “la pretendida intención del Gobierno de Alan García, de poner en subasta nuestra Amazonía a favor de grandes capitales extranjeros” (2).

La Segunda Cumbre Amazónica se llevó a cabo el 12 y 13 de este mes en Pucallpa, región Ucayali. En la oportunidad se relanzó la “Plataforma de los pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y la comunidad internacional frente al mundo unipolar” (3). En su plan de acción figura exigir “el archivamiento definitivo del paquete legislativo que contiene el Proyecto de Ley de la Selva”, porque “con esta propuesta de Ley se tiene la intención de despojarnos de nuestros territorios y de los recursos naturales de la Amazonía; por lo cual pedimos que se tome en cuenta nuestra propia iniciativa de desarrollo comunitario como pueblo, y no ser discriminados para favorecer al gran capital”.

Se produjeron numerosas manifestaciones y huelgas en la zona de la selva central en rechazo a la ley 840. En marzo de este año, en la página web de “Con nuestro Perú” se informa que “Varios miles de indígenas de los pueblos Shipibo, Konibo, Ashaninka, Yine y Cocama recorrieron ayer las principales calles de la ciudad de Pucallpa para pedir al Estado peruano archivar los proyectos de Ley 840 y 2133 o Ley de la Selva. A la marcha pacífica, considerada una de las más grandes manifestaciones indígenas realizadas en la región, se sumaron estudiantes, profesionales y alcaldes indígenas”(4).

Según informes de Servindi (5), el Grupo Romero está detrás de la iniciativa gubernamental y cuenta con diez millones de dólares para comprar dos millones de hectáreas de tierra en la Amazonía apenas se apruebe el proyecto. Una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían a la siembra de plantaciones forestales para captura de carbono, que, gracias al mecanismo habilitado por el Protocolo de Kyoto, pretende comercializar en la Bolsa de Nueva York. También se beneficiarían las administradoras de fondos de pensiones, algunos grupos de poder y altos funcionarios del actual gobierno.

Tal como se pronunció la Primera Cumbre Amazónica, “Declaramos en emergencia la Amazonía, por el peligro que se cierne sobre nuestros pueblos y llamamos a cada una de las Regiones de la Amazonía para prevenir la consumación de la violación de nuestros derechos humanos y constitucionales, del derecho a la vida y medio ambiente, a la biodiversidad de nuestros recursos hídricos y energéticos”.

Artículo basado en información proporcionada por Alain A. Salas Dávila, ONG Incodes, c.e. moc.oklam@sedocnigno, www.malko.com/ongincodes y Carlos Felipe Dávila Obregón, c.e.: se.oohay@boadepilefsolrac

(1) “Ley de la Selva y Desarrollo Regional”, José Álvarez Alonso, Servindi, http://www.servindi.org/archivo/2008/3346

(2) Primera Cumbre Amazónica, 16 y 17 de Febrero de 2008, http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Cumbre.pdf

(3) Plataforma de los pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y la comunidad internacional frente al mundo unipolar, http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Pueblos_Originarios_Amazonia.pdf

(4) Indígenas de Ucayali marchan contra Ley de la Selva, 20 de marzo de 2008, http://www.connuestroperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=32

(5) Perú: ¿Por qué es criticado el Proyecto 840, “Ley de la Selva”?, enero de 2008, Servindi, http://www.servindi.org/archivo/2008/3332

- Los agrocombustibles de segunda generación destruirán los ecosistemas y empeorarán la crisis alimentaria

El mundo está atravesando una aguda crisis alimentaria, donde los precios de los alimentos básicos se disparan haciendo estallar, en muchos países del Tercer Mundo, motines desesperados que amenazan su estabilidad política. Hacia fines de marzo, los precios del arroz y el trigo se habían duplicado respecto al año anterior, y el maíz había aumentado más de un 33% en el mismo período. Según la FAO, el monto de las importaciones de cereales de los países más pobres aumentará en un 56% en 2007/2008, tras un incremento del 37% en 2006/2007.

La crisis de los precios de los alimentos es el resultado de una combinación de factores, entre los cuales se encuentra la disminución de las reservas debido a que los granjeros han pasado del cultivo de alimentos al cultivo para agrocombustible. Los países ricos han promovido la producción de agrocombustibles a pesar de los fuertes argumentos que advierten sobre el desastre social y ecológico que esto implicaría para la seguridad alimentaria del mundo y para el sustento de las poblaciones locales y su ambiente.

Sin embargo, haciendo oídos sordos al sentido común y para no dejar pasar una nueva oportunidad comercial, se anuncia ahora la segunda generación de agrocombustibles, basada mayormente en biomasa de madera. Según Glen Barry (1) “Es un mito que existan desechos agrícolas y forestales, así como un excedente de tierra para cultivar diversas plantas herbáceas y leñosas, en cantidad suficiente como para contar con una fuente de energía industrial. Lo mismo sucederá con la producción de etanol de los árboles. El etanol celulósico será el factor de deforestación definitivo, algo así como desmantelar y quemar la propia casa para mantenerse caliente.”

El Dr. Barry explica que “Al igual que con los agrocombustibles, una industria del etanol celulósico destruiría los bosques indirectamente y provocaría un aumento del costo de los alimentos porque, al competir por la tierra, incrementaría la presión sobre los bosques y los cultivos agrícolas. La resultante sería más plantaciones enormes, sin vida, tóxicas y dependientes del agua, de monocultivos de árboles monstruosos, genéticamente modificados, en tierras robadas y deforestadas, con pérdida neta de carbono. Y los agrocombustibles se venderán luego como un producto ‘ecológico’, tal vez certificado como ‘bien manejado’ por el WWF, el FSC y otros entreguistas de los bosques”.

La promoción del etanol celulósico llevará entonces a una creciente destrucción de los ecosistemas terrestres: “Como si los bosques, la tierra, los ecosistemas y los hábitats del mundo no estuvieran ya lo bastante exigidos, tratemos ahora de usarlos para proveer de energía a siete mil millones de consumidores que quieren tenerlo todo. ¿Les parece éste un juicio innecesariamente severo? Mencionen una oportunidad en que el sistema económico mundial haya demostrado autocontrol para adaptar el crecimiento a los recursos disponibles.” Barry advierte que “El sistema de la Tierra está peligrosamente cerca del colapso; ya no puede resistir soluciones ambientales basadas en el uso de más y más recursos para la actual población humana y su nivel de consumo ni, mucho menos, para una población y un consumo aún mayores. Hay una cantidad limitada de energía que puede ser tomada de la biosfera global, y otra cantidad limitada de desperdicios que pueden ser volcados a la misma antes de que se vuelva inhabitable. Y estamos alcanzando ese punto, si es que no lo hemos pasado ya.”

“Es imperativo que adoptemos una agenda ambiental basada en lo que realmente necesitamos, para mantener y restaurar los sistemas ecológicos de los que dependen todas las formas de vida. Es muy tarde para poner nuestros esfuerzos en otra cosa que no sea el paquete completo de cambios a nivel personal y de la sociedad toda, indispensable para preservar la biosfera. A esta altura no existen soluciones que valga la pena intentar, salvo las que sirvan desde el punto de vista ecológico. Cualquier otra solución intermedia equivale a agravar una enfermedad inexorablemente destructiva”, concluye Glenn Barry.

(1) “Burning Forests to Feed Cars. The Ecological Madness of Biofuels, Take Two”, Glenn Barry, 15 de marzo de 2008, Ecological Internet, Earth Meanders, gro.tenretnIlacigolocE@yrraBnelG, http://earthmeanders.blogspot.com/; publicado por Rachel Smolker, ude.mvu@reklomsr.

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- El Brasil de Stora Enso: violencia contra mujeres y legislación a su medida

En Brasil hay dos modelos en pugna: el de los grandes monocultivos (desde eucaliptos hasta caña de azúcar, pasando por soja y arroz) en tierras concentradas en unas pocas grandes empresas, y el de las comunidades de campesinos, indígenas y sin tierra, que construyen espacios productivos colectivos y diversos y reclaman la históricamente prometida reforma agraria.

En el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer y como forma de fortalecer el 8 de marzo como día de lucha de las mujeres campesinas contra el agronegocio y por la soberanía alimentaria del pueblo brasileño, 900 mujeres integrantes de la Vía Campesina de Rio Grande do Sul - Brasil ocuparon 2100 hectáreas ocupadas por monocultivos de eucaliptos de la transnacional sueco-finlandesa Stora Enso -- la estancia Tarumã, situada en el municipio de Rosário do Sul (estado de Rio Grande do Sul), dentro de la zona de frontera con Uruguay. El hecho de que Stora Enso sea propietaria de esas tierras supone una violación de las disposiciones legales que prohíben la adquisición de tierras por extranjeros en zonas de frontera ubicadas en una faja de 150 kms del país limítrofe. Stora Enso ha tratado de eludir la reglamentación comprando las tierras a través de una empresa “ficticia”, la agropecuaria Azenglever, cuyos dueños son dos importantes funcionarios de la empresa.(1)

La ocupación de dicha estancia por parte de las mujeres de Vía Campesina tenía varios objetivos:

- reivindicar la expropiación de esas tierras, adquiridas ilegalmente por Stora Enso, para la reforma agraria,

- reivindicar que se retiren del Senado y la Cámara Federal los proyectos que proponen una reducción de la faja de frontera, pues eso sólo provocaría una mayor concentración de tierra para beneficio de las empresas extranjeras, mientras que supondría una amenaza para los ecosistemas y la soberanía de Brasil, mayor destrucción ambiental y más pobreza para el pueblo,

- denunciar los impactos de los monocultivos de eucalipto –agotamiento de fuentes de agua, eliminación de flora y fauna por agrotóxicos aplicados a las plantaciones-- , que terminan afectando a la agricultura campesina, como bien puede dar testimonio de ello la población rural del municipio de Encruzilhada do Sul, donde Aracruz Celulose tiene un inmenso desierto verde.(2)

La acción contra Stora Enso tuvo una rápida respuesta represiva. La Brigada Militar de Rio Grande do Sul hizo uso de una extrema violencia contra las 900 mujeres y los 250 niños y niñas que ocuparon las plantaciones de Stora Enso, quienes posteriormente mostraron en sus cuerpos restos de balas de caucho, fragmentos de bombas, pisadas de caballos, entre otras atrocidades.

La rapidez de la reacción del gobierno de Rio Grande en apoyo a Stora Enso podría explicarse por el hecho de que la campaña electoral de la actual gobernadora fue en parte financiada (según datos oficiales del Tribunal Superior Electoral), por las empresas de celulosa Aracruz, Votorantim y ... Stora Enso.

En medio de tanta violencia, sin embargo, predominó la solidaridad: la población de la ciudad fronteriza de Santana do Livramento se movilizó para garantizar alimentos y asistencia médica, los abogados contribuyeron voluntariamente para evitar mayores desmanes, algunos pocos parlamentarios presionaron a los gobiernos federal y estadual reclamando la adopción de medidas contra Stora Enso y el castigo a los responsables de los actos de violencia contra las mujeres y varias personas de distintas partes del mundo enviaron manifestaciones de solidaridad con la lucha de las mujeres, indignadas por la violencia.

Como respuesta a la violencia, las mujeres redoblaron su compromiso, sintiendo que por cada mujer que sufre violencia, diez más aparecen dispuestas a resistir los planes de muerte que llevan adelante empresas como Aracruz, Stora Enso (por medio de su empresa Derflin) y Votorantim, además de la plantadora Granflor, las cuales planean plantar 400.000 hectáreas de monocultivos de árboles en los próximos 10 años en Río Grande do Sul.

A diferencia de lo que aconteció con las mujeres campesinas, las empresas no debieron enfrentar represión alguna para lograr sus objetivos. Sus presiones tuvieron como resultado que el 9 de abril, 19 de un total de 29 integrantes del Consejo Estatal de Medio Ambiente (Consema), de Río Grande do Sul, votaron y aprobaron el cuestionado Ordenamiento Ambiental de Silvicultura, en elaboración desde hace casi tres años. El plan original establecía límites en el Estado para la plantación de árboles exóticos –como eucaliptos, pinos y acacias. A lo largo de 2006 dejaron de concederse licencias y se otorgaron tan solo autorizaciones temporarias. En 2007, las industrias de la celulosa comenzaron a presionar por considerar que la situación lesionaba sus negocios, argumentando que el gobierno incentivaba los proyectos pero dificultaba el avance de las inversiones al no autorizar la plantación de árboles. ¿El resultado? Se retiraron los porcentajes máximos de superficie de plantación autorizados.(3) La decisión “comprometerá de 500 mil a un millón de hectáreas de nuestros campos nativos en una generación. Cuando eso ocurra, los actuales gestores de la cosa pública ya estarán muertos y no podrán ser cuestionados ni responsabilizados”, expresó Celso Marques, miembro del Consejo Superior de la Asociación Gaúcha de Protección al Ambiente Natural (Agapan).

Y añadió: "Los medios de los que el gobierno del estado viene valiéndose para imponer los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras del ramo madera-celulosa-papel forman un rosario de irregularidades legales y administrativas. Éstas van desde una verdadera intervención gubernamental en el órgano ambiental del estado, Fepam, cambiando sucesivamente su dirección, imponiendo un régimen de terror con amenazas a los funcionarios y persecuciones efectivas a los técnicos que, en bien del servicio público, no estuvieron de acuerdo con las imposiciones políticas del gobierno en la normatización del sector, hasta la culminación de las irregularidades y atropellos a la legislación y a la ética como lo fue la tramitación de la aprobación de la Zonificación Ambiental de la Silvicultura en el Consejo de Medio Ambiente del Estado". (4)

Dos modelos se enfrentan y excluyen: por un lado el Brasil del lucro, las transnacionales, la concentración, que arremete con los monocultivos del agronegocio y cuenta para ello con el apoyo del poder y la violencia. Por el otro el Brasil de las mujeres, los campesinos, los indígenas, que se defiende con la solidaridad, la convicción y el coraje. A este último rendimos nuestro tributo.

(1) Manifiesto de las Mujeres de Via Campesina, marzo de 2008, http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Manifesto_Mulheres_Via_Campesina.html

(2) Carta de Mujeres de Via Campesina de RS, http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Mulheres_Via_Campesina_Março.html

(3) “Zoneamento para plantio de florestas é aprovado”, 9 de abril de 2008, Zero Hora, http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1§ion=Economia&newsID=a1823196.xml

(4) “Perda total do Estado de Direito”, 13 de abril de 2008, RS Urgente!, http://www.rsurgente.net/2008/04/perda-total-do-estado-de-direito.html

- Colombia: huelga de trabajadores de plantaciones de palma en Wilches

En el municipio de Puerto Wilches, dentro de la Zona Central definida por el “Plan Agrícola para la Implementación del Programa de Biodiesel”, se desarrolla una gran parte de la agricultura de Santander, donde, según el documento del referido Plan, la palma africana abarca unas 21 mil hectáreas sembradas, que corresponden a un 91,7% de la producción del departamento.

En este municipio las plantaciones de palma irrumpieron destruyendo humedales y bosques húmedos tropicales, luego de que grandes hacendados lograron adquirir la propiedad de las tierras. La destrucción de esos ecosistemas, según lo reconoce el propio Plan Agrícola, “ha tenido directa influencia en la desaparición de variedades de flora y fauna, en la disminución del recurso hídrico que modifica la estructura y composición de los suelos”.

El aumento de la superficie sembrada con palma aceitera, a tan alto costo, no ha traído beneficio alguno a la población del lugar, como lo indican los resultados del Censo de 2005, según el cual la zona rural del Norte de Santander registra niveles de desarrollo socioeconómicos bajos, reflejados en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 45,4% --que al incluir la zona urbana baja a 21,9% para todo el departamento (1).

En diciembre de 2002 denunciábamos, por boca del delegado de la organización de trabajadores del sector palmero del departamento de Santander, las malas condiciones de trabajo de las plantaciones de palma aceitera de la zona (ver Boletín Nº 65 del WRM).

Aproximadamente son cinco mil los asalariados de la palma que trabajan en la región, de los cuales solo 610 son trabajadores directos. El resto pertenece a cooperativas de trabajo asociado, que pagan en promedio un salario mensual inferior a 120 dólares, cifra muy por debajo del mínimo legal. Los trabajadores cooperados tienen jornadas de hasta dieciséis horas diarias, deben aportar por su cuenta herramientas de trabajo y demás equipamiento y pagar gruesas multas por la recolección de frutos verdes o muy maduros. No se les reconocen derechos tan primarios como el de pensión, asistencia a la salud y subsidio familiar. La dramática situación revive la que padecieron los obreros colombianos al momento de arrancar el capitalismo en el país durante las primeras décadas del siglo XX. (2)

El 30 de enero, 350 trabajadores de la plantación de palma Monterrey, en Puerto Wilches, iniciaron un paro que rápidamente se extendió al resto de plantaciones, hasta ser más de 2.500 los trabajadores en huelga contra las empresasMonterrey, Bucarelia, Brisas, Agropalma y Agrícola del Norte, reclamando contrato individual de trabajo, aumento salarial, pago del transporte, alimentación, dotaciones de ropa y herramientas y la eliminación de las sanciones económicas por la calidad del fruto recolectado.

L@s trabajador@s de la industria de la palma y los poblador@s de Puerto Wilches reclaman al Estado colombiano que asuma su responsabilidad en cuanto a protección laboral y mejoras salariales de los trabajador@s que, como bien lo dicen “son en última instancia quienes le generan su riqueza”.

En respaldo a los trabajadores, los habitantes de Puerto Wilches, reunidos en asamblea obrero popular, decidieron la realización de un Paro Cívico que se efectivizó los días 14 y 15 de febrero, y una posterior concentración el 18, acciones que fueronviolentamente reprimidas por la fuerza pública, según denuncia la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (3).

“Las organizaciones sociales y sindicales de la región han señalado que la palmificación pone en riesgo la seguridad alimentaria, pues cultivada en grandes áreas empobrece los suelos y es incompatible con otro tipo de vegetación. Un costo alto pagan los pobladores con estos cultivos que dejan muy poca riqueza para su municipio.

El levantamiento surge cuando la calidad vida de los trabajadores es paupérrima por cuenta de la escasa seguridad industrial. En el año 2007 un trabajador murió, al parecer por químicos de uso agrícola que son manipulados sin una protección adecuada. Las condiciones laborales se establecen con cooperativas de trabajo asociado que subcontratan y sirven de intermediarias ante los grandes empresarios. La figura de la "tercerización" es el instrumento creado por el Estado para favorecer a los empleadores pues les permite eludir sus responsabilidades negando la seguridad social y prestacional de los trabajadores”, se dice en el Espacio de trabajadores y trabajadoras ( http://colombia.indymedia.org/news/2008/02/80323.php).

La CUT acusa al gobierno de promover la tercerización laboral e impulsar la legalización de las cooperativas de trabajo asociado, las agencias de empleo temporal y toda forma deslaborizada que conduzca a abaratar la mano de obra y desconocer los más elementales derechos de los trabajadores. Este modelo de contratación, como proclama un Comunicado de la CUT del 21 de febrero (4), “se extiende a lo ancho y largo de nuestro territorio sembrando miseria y contribuyendo a ahondar más las difíciles condiciones sociales y económicas de la población”.

Enfrentando el amedrentamiento a líderes sindicales y la represión de las manifestaciones con gases lacrimógenos que afectaron incluso a niños y mujeres embarazadas, el levantamiento de Puerto Wilches es un mojón en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la palma.

Artículo basado en información obtenida de: mensajes diseminados por Carlos Vicente, GRAIN, c.e. gro.niarg@solrac, www.grain.org y Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, www.salvalaselva.org; (1) Censo General 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas, Departamento Administrativo Nacional de Estadística , http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf ; (2) Envío de la Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, divulgado por Carlos A. Vicente, Responsable de información para América Latina, GRAIN, correo electrónico: gro.niarg@solrac ; (3) Huelga de trabajadores de CTA en Puerto Wilches, CUT, http://www.cut.org.co//index.php?option=com_content&task=view&id=955&Itemid=456 ; (4) Comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-, 21 de febrero de 2008, http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/comunicados/359.html

- Ecuador: impactos sociales y ambientales de la palma aceitera

La empresa Palmeras del Ecuador se estableció en la Amazonía ecuatoriana, en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, a finales de la década de los 70.

El entonces Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concesionó a la empresa una extensión territorial de 10.000 hectáreas consideradas “tierras baldías”, ignorando deliberadamente que eran tierras ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas Siona y Secoya, provocando su casi exterminio por la ocupación de sus territorios.

El método utilizado por la empresa para instalar sus plantaciones de palma fue el desmonte total de la selva virgen, la construcción de drenajes para secar los pantanos, y la utilización de herbicidas para matar las malezas. Como resultado, el bosque tropical de la zona fue destruido en su totalidad. De acuerdo con testimonios locales “los señores de la palmera cogieron las mejores tierras y los campesinos cogieron las tierras que sobraron”.

En las plantaciones de la empresa trabajan tanto gente de la comunidad como hombres que vienen de fuera. Entre l@s trabajador@s se dan dos situaciones: quienes trabajan con contrato firmado y quienes lo hacen sin contrato. En el primer caso, tienen seguro de salud, seguro social, y garantías de ley, pero no ocurre así con quienes trabajan sin contrato, que no están protegidos por la ley.

Las mujeres que trabajan en las plantaciones tienen que hacer el mismo trabajo que los hombres. Cada persona –hombre o mujer- tiene a su cargo un determinado número de parcelas y el trabajo realizado se mide por: 1) número de árboles podados, 2) cantidad de racimos que corta y carga, 3) recogimiento y limpieza de las semillas que están en el suelo, 4) la chapia, que consiste en cortar el monte en toda la parcela y dejar el suelo limpio.

Una mujer local cuenta: “no tenemos protección ... en casos de embarazos, las mujeres no tenemos ningún beneficio de ley; las trabajadoras de oficina sí tienen ese derecho, pero las mujeres que trabajamos en el campo no lo tenemos”.

La fumigación es una actividad que realizan tanto hombres como mujeres, con mochilas de 12 litros de capacidad cargadas a la espalda. Frecuentemente quienes han fumigado vuelven a la casa con mareos, con dolor del cuerpo y con nauseas, s a causa de los químicos que se usan en la fumigaciones. Una mujer cuenta que su hijo “andaba fumigando y se le empezó a hacer parches en todo el cuerpo, la piel moreteada, también una granazón, quedó feo el cuerpo, no quería ni levantarse y allí se lo llevaron los de la empresa, le pusieron suero, lo tuvieron todo el día y vino mejorcito. Después de eso él cogió miedo y ya se fue a Santo Domingo”.

Más allá de sufrir los mismos problemas que los hombres cuando ellas mismas trabajan, también son impactadas cuando no lo hacen. Una mujer explica esta situación diciendo: “Para nosotras las mujeres, la atención a la familia, a los hijos y maridos que trabajan en la empresa es una preocupación. Cuando vienen enfermos tenemos que gastar mucho dinero en medicina para curarlos. Ellos los días que están enfermos no van a trabajar y por lo tanto no ganan. Nosotras tenemos que dejar de hacer nuestras labores cotidianas y por lo tanto también dejamos de ganar nuestro sustento. Es una gastadera”.

Un problema especial es el de la contaminación hídrica. Si bien el centro poblado tiene el agua entubada que proviene del pozo, para lavar la ropa y para actividades de recreación como el baño y los juegos de los niños, la gente usaba el río Raya, que hoy se llama “río sucio”, que está en el medio de la plantación de palma y absolutamente contaminado. Cuando la gente se baña en ese río sale con comezones en todo el cuerpo. Lo que se ha podido observar es que en la plantación se hacen muchos drenajes, cuya agua termina finalmente en el río. Tanto los productos fumigados como el lavado de las bombas terminan en los esteros, cuya agua llega eventualmente al río. A quienes no saben eso y beben agua de los esteros o del drenaje les da diarrea y vómitos.

Un problema particular, que afecta tanto la salud como la economía de los pobladores locales es la llamada Mosca del Establo. Esta plaga se origina en la práctica de la empresa Palmeras del Ecuador de fertilizar sus suelos colocando alrededor de cada planta de palma los desechos de los racimos de palma, llamados “la tusa”. La comunidad denuncia que la mosca se reproduce en los sitios donde está colocada “la tusa”. Dicen que “es una mosca brava que pica a todos los animales, a las vacas, a los caballos, incluso a los cerdos; a las personas también pican y son fuertes las picaduras de estas moscas”.

El problema es grave: “La cantidad de moscas es tal, que las cabezas de los animales quedan negras de tantas moscas. Cuando las moscas pican a los animales ellos intentan huir y se van al monte; entonces nos toca buscar en todo el monte hasta encontrarlos. Con el ataque de las moscas el ganado no puede comer tranquilo. Durante el día el ganado no come y sale a alimentarse en la noche para no ser molestado por las moscas”.

Al aplicar la tusa alrededor de las palmas y provocar la proliferación de la mosca la economía campesina se ve gravemente afectada, porque el ganado, -fuente importante de sustento de los campesinos- al ser atacado por las moscas no se alimenta bien, enflaquece, ya no produce leche y en algunos casos muere. Por otra parte, los animales escapan de las áreas con mayor concentración de la mosca y se alejan de las fincas de los campesinos, de manera que estos deben dedicar mucho tiempo en recuperar sus animales, descuidando otras labores en la finca.

Lo que la empresa llama “mosca del establo” y mucha gente local denomina “mosca brava” resulta también en problemas para la salud y los más afectados son los niños, a los que causa fiebres, dolor de cabeza, irritación en la piel.

A pesar de las presiones, la empresa continúa con la práctica de fertilizar con “tusa” y, dado que esto coincide con la presión que la empresa está ejerciendo a los campesinos para que le vendan sus fincas, hace suponer que la aplicación de la tusa es también una medida para forzar las ventas. Resulta interesante señalar un testimonio que dice que “aquí en el centro poblado la mosca no ha atacado con mayor fuerza, porque la empresa no pone los desechos en las cercanías”. Sin embargo, donde sí pone las tusas es donde “están las fincas donde está el ganado y ahí es donde molesta”.

Por Ivonne Ramos, Acción Ecológica, gro.acigolocenoicca@seuqsobc

- Malasia: graves efectos de los plaguicidas sobre la salud de trabajador@s de las plantaciones de palma aceitera

Los plaguicidas perjudican la salud y las vidas de millones de usuarios de plaguicidas de uso agrícola, de sus comunidades y de los consumidores del mundo entero; también causan un gran daño a la diversidad biológica y el ambiente. Los plaguicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera tienen efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas de las plantaciones de palma aceitera están muy expuestos a los plaguicidas y sufren una serie de trastornos de salud peligrosos, tanto agudos como crónicos, a pesar de que en su gran mayoría ignoran trágicamente sus causas.

Durante los últimos años, Tenaganita y PAN AP han llevado a cabo numerosos estudios en las plantaciones de palma aceitera en Malasia, los cuales han revelado que las condiciones laborales son terribles: las trabajadoras y trabajadores pulverizan los plaguicidas sin tener ningún conocimiento de los peligros que implican; no cuentan con un atuendo adecuado para su protección; sucede incluso que se llegan a sacar las etiquetas de las botellas de plaguicida antes de entregárselas a los trabajadores para que éstos no puedan identificar el producto que están usando.

L@s trabajador@s que se quejan por envenenamiento con plaguicida son tratados con dureza por el personal médico, que a menudo les receta paracetamol para el dolor y cremas para la irritación de la piel. L@s trabajador@s de las plantaciones de palma aceitera no quieren denunciar los casos de envenenamiento con plaguicida por miedo a perder su trabajo o a posibles represalias, porque no pueden permitirse el lujo de no trabajar ni tampoco enfrentar los costos de la atención médica. Los impactos de los pesticidas comprometen la capacidad de las personas para trabajar, ganarse la vida y cumplir funciones dentro de la comunidad.

Los impactos crónicos, que incluyen enfermedades y daños sistémicos, cáncer, problemas reproductivos y desórdenes hormonales, amenazan seriamente la supervivencia de las comunidades rurales a largo plazo. Los desórdenes endocrinos pueden afectar particularmente al feto, perturbando su crecimiento y formación, provocando tanto deficiencias sistémicas y funcionales como niveles de coeficiente intelectual bajos, vulnerabilidad a las enfermedades, problemas de comportamiento y efectos sobre la fertilidad futura. Estos impactos sobre los niños amenazan gravemente el futuro de comunidades enteras, que podrían caer en la desintegración social y económica y en mayor pobreza y sufrimiento.

Las mujeres son particularmente vulnerables, debido a sus características fisiológicas y a las circunstancias socio-culturales y económicas, ya que a menudo son las más pobres entre los pobres. Los impactos sobre la salud de las mujeres (y los niños) son graves, dado que los plaguicidas que las trabajadoras aplican son potencialmente tóxicos para el feto. Las mujeres pueden estar expuestas incluso si no aplican directamente los plaguicidas y, sin embargo, son las que tienen menos posibilidades de recibir entrenamiento para reducir los riesgos. Tal es el caso del glufosinato de amonio, un contaminante de las aguas subterráneas muy peligroso para los humanos, ya que tiene efectos cancerígenos, toxicidad reproductiva, del desarrollo y del sistema nervioso, y toxicidad aguda.

Algunos de los plaguicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera pueden producir enfermedades crónicas y hasta la muerte en los humanos, como el endosulfán, un insecticida químico perturbador del sistema endocrino, que actúa en principio sobre el sistema nervioso y es conocido por interferir con los mecanismos hormonales a muy bajas concentraciones; el 2,4-D dimetilamina y el Diuron, potenciales cancerígenos; el glifosato, la cipermetrina y el maneb, pesticidas potencialmente capaces de afectar el sistema endocrino.

El paraquat es un plaguicida muy peligroso, del que se sabe que es el mayor causante de envenenamientos entre los trabajadores rurales de las plantaciones de palma aceitera en Malasia. El gobierno malayo anunció la decisión de prohibirlo, pero ésta aún no ha sido implementada debido a las presiones de la industria. Los síntomas del envenenamiento con paraquat son hemorragia nasal, irritación de los ojos, dermatitis de contacto, irritación de la piel, decoloración y caída de las uñas y úlceras abdominales. El daño a los pulmones, por ejemplo, puede no ser evidente hasta varios días después de la absorción. No hay antídoto contra el envenenamiento con paraquat. El desenlace puede ser fatal y en estos casos, la muerte llega por falla respiratoria. En 1994, el gobierno danés impuso prohibiciones y restricciones severas sobre 7 plaguicidas que consideraba una amenaza para la salud, el ambiente o ambos, entre los cuales se incluía el paraquat. La decisión danesa de prohibir el paraquat, que fue promulgada en 1995, se basó en su persistencia y en su toxicidad para organismos que no son el objetivo de su aplicación.

Sin embargo, como ya expresó la oficina regional de Pesticide Action Network for Asia and the Pacific (PAN AP), “en Malasia, las ganancias de las industrias tienen más importancia que la consideración por la salud de las personas.”

Por Sarojeni V. Rengam, PAN Asia and the Pacific, c.e.: ten.panap@magner.inejoras y ten.panap@panap, www.panap.net

COMERCIO DE CARBONO

- (Des)Compensando la Democracia

El comercio y las compensaciones de carbono distraen la atención de los grandes cambios sistémicos y de las acciones políticas colectivas que es necesario realizar para transitar hacia una economía baja en carbono. Promover enfoques más efectivos y eficaces en materia de cambio climático implica dejar de lado la estrechez reductora del dogma del mercado libre, la falsa economía de las supuestas soluciones rápidas y el propio interés a corto plazo de las grandes empresas.

El concepto que apuntala todo el sistema del comercio y las compensaciones de carbono es que una tonelada de carbono aquí es lo mismo que una tonelada de carbono allá. Esto significa que, si reducir las emisiones de carbono en la India es más barato que hacerlo en el Reino Unido, entonces se puede lograr el mismo beneficio para el clima, y de una forma más eficiente desde el punto de vista económico, haciendo las reducciones en la India.

Sin embargo, la simplicidad seductora de este concepto se basa en anular una serie de consideraciones importantes, como los derechos a la tierra, las inequidades Norte-Sur, las luchas locales, el poder empresarial y la historia colonial, para enfocarse en la eficacia en materia de costos. Los mecanismos de comercialización y compensación de carbono representan una reducción del problema del cambio climático que niega la existencia de variables complejas en aras de la rentabilidad.

Así pues, cuando la Fundación FACE de los Países Bajos planta árboles en el parque nacional de Kibale, en Uganda, para compensar los vuelos de los consumidores, ignora el hecho de que, en un pasado reciente, esa tierra fue escenario de violentos desalojos y que aún es enérgicamente reclamada por personas que una vez vivieron allí. Cuando las empresas compran créditos de carbono en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, lo único que importa es cuán baratas son las supuestas reducciones de emisiones. Pero cualquier compensación en los países del Sur para justificar las emisiones de los países del Norte, se hace con total prescindencia de la extrema disparidad en los niveles de consumo de carbono per cápita y asumiendo que las reducciones de emisiones en el Sur pueden ser tratadas como otra mercancía colonial que puede extraerse y comercializarse.

Incluso dentro de la lógica del mercado obsesionada por los costos, el uso del comercio y las compensaciones de carbono va contra el sentido común. El meollo del sistema es dar oportunidades a las empresas del Norte para que puedan demorar la costosa transición hacia tecnologías bajas en carbono. Esto es, de hecho, “efectivo en materia de costos” en el corto plazo, ya que es más simple y más barato comprar créditos de carbono que emprender el complicado camino de realizar dichos cambios. Sin embargo, los estudios han mostrado una y otra vez que cuanto más demoremos en hacer esos cambios, más caro y difícil será lograrlos, ya que la sociedad estará cada vez más atrapada en la dependencia de los combustibles fósiles y la adaptación a los impactos exacerbados del cambio climático será aún más costosa.

Ya existen documentos que explican de qué manera los países pueden utilizar las compensaciones de carbono para evitar asumir la responsabilidad de cumplir con los objetivos emanados del Protocolo de Kyoto, y cómo empresas básicamente insustentables como Land Rover, BP y BA pueden utilizar las compensaciones para tratar de conseguir una legitimidad ambiental que no merecen. Pero lo que resulta aún más inquietante son las nuevas modalidades creativas con las que el sector empresarial está aplicando las compensaciones para lograr sus objetivos.

La influencia corrosiva de ese ilógico método ni siquiera se restringe ahora a la esfera del cambio climático y las emisiones de carbono. En reiteradas oportunidades, Coca-Cola ha sido objeto de campañas organizadas por grupos de justicia social de todo el mundo, pero sus prácticas comerciales en la India han recibido particular atención. En 2003, el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente, con sede en Delhi, publicó un informe basado en pruebas de laboratorio que mostraron que los niveles de plaguicidas e insecticidas de varios refrescos comercializados por Coca-Cola en la India eran entre once y setenta veces más altos que los máximos establecidos por la Unión Europea para el agua potable. El India Resource Centre, con sede en Estados Unidos, ha realizado varios alegatos contra la empresa, sosteniendo que provoca una grave escasez de agua para las comunidades y que sus plantas embotelladoras contaminan el suelo circundante y las aguas subterráneas. En marzo de 2004, los funcionarios públicos de Kerala, un Estado al sur de la India, cerraron una de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en base a las quejas de las comunidades locales y los activistas, porque había drenado y contaminado las existencias de agua de la zona.

En agosto de 2007, mientras tomaba una Coca Light frente al logo distintivo del panda del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Director General de Coca-Cola, Neville Isdell, anunció un acuerdo con el WWF por el que se destinarían US$ 20 millones a “reponer cada gota de agua que usamos en nuestras bebidas y su producción.” Aparte de los planes para reducir y reciclar el agua que utilizan, el tercer componente del paquete era la reposición. Esta no se haría en los sitios de donde se sacó el agua sino a través de una serie de proyectos que tendrían lugar en otras partes del mundo – en los hechos, se trataría de compensaciones de agua.

Esos 20 millones de dólares (menos del 1% del enorme presupuesto anual para publicidad de Coca-Cola, que asciende a 2.400 millones de dólares) sirven para contrarrestar la gran cantidad de publicidad negativa que la empresa ha recibido a causa de la contaminación y el agotamiento del agua que ha provocado en países como la India. La compañía ha realizado una fuerte campaña para negar toda responsabilidad por cualquiera de los impactos devastadores que han sufrido las comunidades de esos lugares. Las compensaciones de agua le permiten ser el bueno de la película en algunos lugares del mundo, sin tener siquiera que reconocer el daño que ha provocado en otros.

El potencial de las compensaciones de agua no se limita a la posibilidad de dar a alguna empresa una fachada ecológica. Algunos comentaristas como John Regan, proveedor de créditos de carbono del Chicago Climate Exchange, ve el sistema de compensación de agua de Coca-Cola como “una señal alentadora de la naciente necesidad de un sistema de comercio de créditos de agua”. La idea es que si una compañía no controló lo suficiente su nivel de contaminación del agua, tendrá que comprar créditos a otra compañía que lo haya hecho por encima de sus objetivos.

Al igual que el comercio de carbono, tal sistema sería una gran oportunidad para emprender procedimientos contables oscuros y una oleada de actividad en el mercado, con el fin de dar una impresión de movimiento y enmascarar el hecho de que, en realidad, no se está haciendo casi nada para encarar los temas fundamentales de la degradación ambiental y la injusticia social.

Se han propuesto o están en ciernes muchos otros sistemas para mercantilizar y comercializar los problemas ambientales, incluido el comercio de vertederos, el de especies en extinción y el de humedales. La ironía es que la eterna expansión de las economías de mercado es lo que ha creado tal presión sobre los recursos naturales y ha amenazado todo tipo de ecosistema con crecientes niveles de contaminación industrial. Ahora, esas mismas fuerzas del mercado son presentadas como la panacea para nuestros múltiples males ambientales. Este programa de mercantilización tiene poco que ver con el interés público, y mucho con la posibilidad de que las empresas ganen dinero con las transacciones de esos nuevos mercados. Lo que se anuncia como una solución barata para que la industria cumpla con los estándares ambientales, transforma un problema social y político en un asunto de mercado, haciendo a un lado la democracia.

Si queremos resolver el problema del cambio climático adecuadamente, debemos crear y aplicar un análisis sistémico que vaya más allá de la obsesión del costo o incluso del dióxido de carbono, y que promueva sinergias con las luchas por resolver otros problemas importantes, en las áreas de comercio, finanzas, derechos humanos, diversidad biológica, justicia ambiental y democracia.

Por Kevin Smith, Carbon Trade Watch/Transnational Institute (publicado anteriormente por Resurgence Magazine en marzo/abril de 2008), c.e.: gro.hctawedartnobrac@nivek, enviado por el autor.

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués
Editor: Ricardo Carrere
Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
yu.gro.mrw@mrw - http://www.wrm.org.uy