La nueva amenaza de los OGM encubiertos

Dos sucesos recientes señalan que en Francia (y en el mundo) están cobrando fuerza cambios en el escenario de las semillas que muestran la existencia de agendas nuevas en curso. El primer suceso fue el debate sobre medio ambiente, conocido como el “Grenelle de l’environnement”[1], que organizara el presidente Nicolas Sarkozy en Francia y que finalizó en octubre de 2007. Culminó con la prohibición de plantar el último cultivo transgénico cuya siembra había sido autorizada, y la asignación de 45 millones de euros (66 millones de dólares) para investigación biotecnológica. El segundo suceso fue la reunión del Consejo de Administración del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA, por sus siglas en inglés), celebrado en Roma a fines de octubre. Tuvo lugar en momentos en que Europa se disponía a revisar sus leyes de semillas, como parte del proceso de simplificación por una “Mejor Reglamentación”, y cuando Francia planeaba sacar ventaja de su próxima presidencia de la Comunidad Europea para organizar una Cumbre Europea sobre Genética.

El resultado del "Grenelle de l'environnement" sobre transgénicos y la propiedad intelectual

En Europa se apartan de los transgénicos de primera generación

El presidente Sarkozy sorprendió al mundo al suspender, por lo menos temporalmente, la expansión de los cultivos Bt[2] en el país que es el mayor productor de maíz en Europa. Si bien resultó inesperada, su declaración confirmó una tendencia general a abandonar los transgénicos de primera generación y estuvo en sintonía con otros cambios recientes de posición. En especial los siguientes:

* La Comisión Europea, en su último rechazo a la moratoria del gobierno austriaco sobre la venta del maíz transgénico (mon 810 de Monsanto y el maíz transgénico t25 de Bayer) no impugna la moratoria a su cultivo.

* El Comisario Europeo del Ambiente, Stavros Dimas, propuso a la comisión que se opusiera al cultivo (pero no a la comercialización) del maíz transgénico Bt11 de Syngenta resistente a herbicida, y el maíz transgénico Bt 1507 de Dow Agro-Sciences resistente a herbicida, citando estudios científicos que ponen en duda la autorización de cultivos Bt o resistentes a herbicidas por sus impactos en el ambiente y sus inestables beneficios agronómicos.

* Italia, Austria y Alemania, con el apoyo del Ministro de Agricultura francés, exigen una moratoria europea hasta que se estudien plenamente los métodos de evaluación utilizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).[3]

* Alemania, con el disfraz de introducir un sistema de etiquetado “libre de transgénicos” que se aplicará por igual a todos los productos derivados de animales que no han consumido transgénicos, reabrió la puerta a la coexistencia al establecer el umbral “libre de transgénicos” en el mismo nivel que el fijado para el etiquetado (0.9%).

* El Instituto Nacional para la Investigación Agronómica en Francia (INRA, por sus siglas en francés), se ha retirado del trabajo de desarrollo de transgénicos de primera generación para enfocarse, en cambio —en lo que respecta a cultivos comestibles en Europa— a las técnicas de selección asistidas por marcadores que permitan el desarrollo industrial de cultivos mutantes, de la misma manera que ha hecho Vilmorin-Limagrain con el trigo y Bayer con legumbres y verduras.

* Kofi Annan, presidente de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés), ha abierto la puerta al maíz mutante de BASF al declarar que los transgénicos no son deseables en África.

* Pioneer, en la última reunión del Consejo de Administración del itpgrfa dio a entender que quiere distanciarse de la política “agresiva” de Monsanto, y que prefiere defender su posición comercial basada en la “calidad” de sus semillas más que en perseguir a los campesinos para que paguen las regalías sobre las semillas transgénicas que reproducen.

Por sobre todo eso hay otros dos procesos que merecen destacarse:

* Los últimos proyectos europeos de investigación biotecnológica se centran en los sistemas de bloqueo tecnológico (tales como la esterilidad transgénica reversible, los genes suicidas, las plantas kamikaze y otros por el estilo[4]) que, con el pretexto de proteger el medio ambiente de la contaminación transgénica, todos apuntan a reforzar el sistema de patentes.

* El 15 de octubre de 2007, el gobierno francés aprobó una ley que pone fin a la posibilidad de que los campesinos propaguen semillas guardadas por ellos para utilizarlas son fines comerciales, sin ser acusados de falsificación.

Resulta claro que las líneas de combate se están moviendo en las luchas de poder sobre los OGM y las semillas. Parecería que la Comisión Europea ha tomado nota del movimiento social contra los transgénicos, uno que se ha mantenido a flote por la implacable oposición de los consumidores, y poco a poco abandona la idea de imponer el cultivo de la “primera generación” de transgénicos plaguicidas.[5] Éstos no solamente generan grados muy altos de contaminación ambiental sino que 90 por ciento de sus patentes son propiedad de la empresa estadounidense Monsanto. La Comisión parece haber escogido, en cambio, la idea de crear un espacio para las compañías europeas de semillas que invierten en el desarrollo de OGM “encubiertos” y nuevos ogm con “sistemas de doble bloqueo” que se benefician doblemente de la protección legal de los derechos de los obtentores vegetales sobre la variedad específica, y de las patentes sobre los genes.

OGM encubiertos

Para las compañías de semillas, el gran beneficio de tener una patente sobre un gen es que le permite rastrear su propiedad intelectual a través de la cadena alimentaria hasta llegar a los campos de los agricultores, donde pueden insistir en el pago de regalías. No obstante, el punto débil es que este gen rastreable también termina en los platos de los consumidores europeos que no quieren comérselo. De esta forma, los transgénicos se tornan comercialmente contraproducentes en Europa en el momento mismo en que son etiquetados en los productos alimenticios vendidos a los consumidores. Pero todavía pueden ser utilizados en las raciones para animales (en la medida que no se le aclare al consumidor los productos animales que fueron utilizados) y en cultivos industriales (por ejemplo, cultivos utilizados para producir almidón o agrocombustibles), en la medida que no tengan el riesgo de contaminar cultivos no transgénicos. Es por eso que Europa intenta conciliar las diferencias con la Organización Mundial de Comercio (OMC) aceptando la importación de raciones transgénicas para animales y cultivos transgénicos de uso industrial que no contaminen a través del polen (plantas que dependen de la propagación vegetativa —como las papas—, o plantas manipuladas genéticamente para conferirles esterilidad) y procurando el desarrollo de una nueva generación de cultivos ogm con “sistema de bloqueo doble”; todo ello mientras autoriza a sus Estados miembros a prohibir la introducción de cultivos transgénicos de primera generación en sus territorios, si así lo desean.

La próxima reforma de la efsa brindaría la necesaria justificación científica para esta nueva división entre OGM aceptables e inaceptables. Pero también podría significar, gracias a Alemania, que en el futuro los gobiernos europeos ya no tengan la libertad que tienen ahora de adoptar posiciones políticas basados en una mayoría calificada que no está necesariamente de acuerdo con los expertos científicos. En efecto, las empresas europeas han aprendido por experiencia que los gobiernos son menos dóciles que los científicos. Además, al utilizar para su provecho los pesados procedimientos de evaluación de modo que únicamente las grandes empresas puedan mantenerse en la carrera, se garantiza el acceso exclusivo a todo el mercado europeo, sin posibilidad alguna de que los Estados miembros de la Unión entorpezcan su camino. Las empresas, libres de toda restricción política, obtendrán de esta forma el control total sobre la definición de los obstáculos no arancelarios (las preocupaciones de tipo ambiental y de seguridad) mediante las cuales pueden eliminar la competencia.

Las empresas no han cedido en sus esfuerzos por confiscar las semillas. Más allá de la nueva generación de OGM con “sistema de bloqueo doble”, ya han desarrollado formas de superar las barreras que ellas mismas crearon. En efecto, hace tiempo se dieron cuenta que los Derechos de los Obtentores Vegetales sumados a las nuevas biotecnologías patentadas podrían ser más efectivos para fortalecer su control sobre el mercado que una mera patente sobre un ogm. Desde las primeras directrices europeas sobre transgénicos (1990 y 2001), nuevas biotecnologías que no implican transgénesis —como la mutagénesis y la multiplicación y fusión celular— son clasificadas como “métodos tradicionales de fitomejoramiento” y sus productos no son clasificados como transgénicos. Por lo tanto están exentas de cualquier evaluación obligatoria, de la autorización específica para su comercialización o cultivo, y de su etiquetado. En cuanto a la nanotecnología, por el momento no tiene un marco jurídico, lo que hace posible que los productos derivados de la nanotecnología se comercialicen en total secreto. Los consumidores que desean evitar esos ogm encubiertos ya los están comprando sin saberlo simplemente porque esos productos manipulados no caen dentro de la definición estricta de organismo genéticamente modificado.

El control final: derechos de obtentor de variedades vegetales combinados con patentes

Las biotecnologías que modifican artificialmente los genomas de los cultivos solían dar resultados muy impredecibles. Actualmente han llegado a la escala industrial gracias a los avances en la “selección asistida por marcador”. Esto explica por qué las compañías de semillas están haciendo lo más que pueden para perfeccionar un marco jurídico que garantice su control sobre esas técnicas —uno que sea tan efectivo como las patentes, pero sin sus desventajas. Esencialmente esto implica combinar los derechos de obtención de variedades vegetales específicas, más patentes sobre los genes. Una patente requiere revelar al público la información sobre el método de fitomejoramiento utilizado. Los derechos de obtentor de variedades vegetales, por otro lado, no obligan al obtentor a suministrar información alguna sobre el método de fitomejoramiento o el origen de las variedades utilizadas, legalizando así la biopiratería y el engaño a los consumidores. En términos de reglamentación, los obtentores europeos lograron asegurar que las patentes se restrinjan al “gen y su función”, marcadores moleculares y métodos de fitomejoramiento, sin permitir que abarquen variedades vegetales, como lo hace el sistema estadounidense. Esto permite que los obtentores vegetales se protejan de competidores que quieran reproducir el gen manipulado, como cuando los campesinos plantan semillas guardadas por ellos. Pueden hacerlo sin obligación de informar al consumidor, quien no está comprando un gen y su función, un marcador molecular o un método de selección, sino una variedad manipulada, protegida por los derechos de obtentor de variedades vegetales.

Anteriormente, la protección de estos derechos era mucho menos efectiva que las patentes. Pero en 1991 la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV, por sus siglas en inglés) estableció que las “variedades derivadas esencialmente” [de la variedad protegida] y las semillas guardadas por los agricultores son “falsificaciones”. En la primavera de 2006, el grupo semillero de presión ganó en Francia la ratificación de su acuerdo de 1991, a pesar de la fuerte resistencia de una sociedad francesa que está culturalmente apegada a las semillas guardadas por los agricultores.

Sin embargo, todavía es muy difícil para una compañía semillera demostrar que se haya replantado alguna de sus variedades en el campo de un campesino del cual “debe recibir regalías pues de lo contrario pasaría a ser víctima de competencia desleal de patentes sobre organismos transgénicos”. En efecto, en el sistema de derechos de obtentor de variedades vegetales éstas se definen por sus rasgos fisiológicos y agronómicos. En la medida que cambian a través de cada ciclo de crecimiento, es difícil distinguir una variedad de otra de un competidor. Los obtentores vegetales ingleses, con su pragmatismo característico, resolvieron este problema mediante acuerdos privados con los limpiadores de semillas. Los limpiadores cobran regalías para las compañías de semillas al incluirlas en el precio que cobran a los agricultores por limpiar las semillas que guardaron (los propios agricultores). Pero es algo que no funciona si el agricultor decide no utilizar los servicios de una compañía limpiadora de semillas.

Leales a las tradiciones intervencionistas de su país, los obtentores vegetales franceses han utilizado un criterio diferente: lograr que el Estado imponga un acuerdo interprofesional para el cobro de esas regalías, denominado Contribución Voluntaria Obligatoria (CVO) por contradictorio que esto parezca. Dicha contribución es un gravamen que se aplica a todos los agricultores que entreguen trigo candeal a un almacén acreditado y que no puedan probar que compraron semillas certificadas. [Es voluntaria porque supuestamente es solicitada por los agricultores para poder entregar su producto, y es obligatoria porque nadie que no lo pague puede entregarlo.] Las compañías semilleras cobran, así, esas regalías colectivamente y luego se las reparten entre ellas en proporción a sus ventas. Esto les permite liberarse de tener que mostrar pruebas de que su compra es legal. La compañía semillera no tiene ya que demostrar que el campesino fue culpable o no de “falsificación”, algo imposible de probar sobre una base tan inestable como los rasgos fisiológicos o agronómicos de los cuales dependen los derechos de obtentor de variedades vegetales. Ahora le corresponde al agricultor probar que no produjo semillas “falsificadas”, mostrando un recibo.

En la primavera de 2007, las compañías de semillas lograron que en el Senado francés aprobara una ley destinada a permitir la extensión de estos “acuerdos interprofesionales” a todas las especies de cultivos, pero todavía no han tenido éxito en que lo apruebe el parlamento. Sin embargo, durante las discusiones en ocasión del “Grenelle de l'environnement”, lograron que se aprobara una ley que torna imposible excluir de las averiguaciones de falsificación las semillas guardadas por campesinos. Como resultado, es ahora factible que cualquier agricultor francés que guarde semillas pueda ser acusado de violar los derechos del obtentor de la variedad vegetal, salvo que haya pagado una Contribución Voluntaria Obligatoria. Los obtentores argumentan que esto hará que los propios agricultores apoyen la extensión de la cvo a todas las especies.

El sistema de Contribución Voluntaria Obligatoria contiene una serie de fallas. Si bien es técnicamente fácil de aplicar a cultivos como el trigo candeal, que los agricultores están obligados a llevar a una unidad acreditada de almacenamiento centralizado, no es el caso de los cultivos que no tienen un sistema de almacenamiento así. Es más, su viabilidad depende de acuerdos interprofesionales, cuyo principio mismo podría ser impugnado por la Comisión Europea sobre la base de que obstaculizan la competencia. Sin embargo, otro problema es que puede argumentarse que trasladarle a los agricultores la carga de tener que probar la legalidad de su cultivo (eximidos del pago de una cvo sólo si pueden presentar un recibo por la compra de semillas certificadas) infringe el derecho de los campesinos a replantar las semillas de su cosecha, sea que provenga de una variedad no protegida o de una variedad de dominio público listada en el catálogo o un recurso filogenético no registrado. La Contribución Voluntaria Obligatoria va entonces contra los acuerdos de la upov que garantizan el derecho de los obtentores a una “remuneración legítima” exclusivamente en el caso de una reutilización de una variedad protegida, y del irpgrfa, que reconoce los derechos de los agricultores a guardar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas por ellos.

Al mismo tiempo, y como para compensar las limitaciones de la cvo, las compañías obtentoras impulsan investigación que desarrolle métodos simples de identificación de variedades y demostrar la falsificación mediante marcadores moleculares. También desarrollan, junto con los distribuidores de semillas, sistemas integrados y cerrados de “preservación de la identidad” que anulan completamente las semillas guardadas por los campesinos y no brindan información alguna a los consumidores más allá de la que se publica en la propaganda comercial. Algunos de esos sistemas incluyen:

* Membresía obligatoria de un club para poder utilizar una variedad específica. Esto obliga a que los agricultores entreguen sus cosechas a distribuidores designados. Se está convirtiendo en criterio generalizado en los sectores de flores y frutos.

* Variedades reservadas o industriales, no incluidas en las listas del Catálogo Común Europeo, de las cuales las semillas y la cosecha pertenecen a la empresa. En este sistema, normalmente las transacciones comerciales reguladas (que implican la semilla o la cosecha) son reemplazadas por un acuerdo de servicio no regulado por el cual el agricultor entrega la cosecha a la compañía de semillas y factura el servicio de cultivar la planta. Esto se hace con el trigo candeal, el trigo duro (o poulard, o australiano), vegetales para la industria procesadora, etcétera

* Producción a contrato o subvenciones públicas que requieren la compra y uso de semillas certificadas. Cuando las cooperativas francesas de cereales decidieron promover los ogm en 2007, no fue por el dinero de las regalías sobre semillas transgénicas, que terminaría yendo a parar a Monsanto, sino por la amenaza de contaminación, que les permitiría obligar a los productores no transgénicos a comprarle a estas cooperativas semillas certificadas no transgénicas.

Esas tácticas se extienden a agricultores orgánicos también. La legislación europea sobre certificación orgánica les exige ahora que utilicen semillas certificadas, excluyendo así la utilización de variedades locales o campesinas que no estén registradas.

La Cumbre Europea sobre Genética y las leyes de semillas de la UEEn medio de las fulgurantes celebraciones de los medios de difusión, hubo dos medidas del “Grenelle de l’environnement” que pasaron desapercibidas. La primera recomienda sacar ventaja de la presidencia francesa de la Unión Europea, que comienza en julio de 2008, para defender el sistema francés de semillas a escala europea. En concreto, esto significa lograr que Europa adopte un sistema de Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales renovado: que busque proteger los derechos de los criadores u obtentores más una Contribución Voluntaria Obligatoria ampliada. También significa promover la adopción del sistema francés de evaluación y certificación que incluye la extensión de pruebas de Valor para Cultivo y Uso (basado, como los plaguicidas, en el resultado obtenido en cuatro o cinco grandes regiones europeas) o de identificación mediante marcadores moleculares —en un rango máximo de especies.

La segunda medida tiene que ver con los ogm. El gobierno francés desea organizar una Cumbre Europea sobre Genética con la finalidad de promover los renovados derechos de los obtentores de variedades vegetales con el argumento de que sería mucho más justo que patentar dichas variedades. Combinado con el patentamiento de genes y el Catálogo común, este renovado sistema de Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales es mucho peor que las patentes. Está destinado a prohibir todas las semillas guardadas por los agricultores, sea que provengan de variedades protegidas o no. También legaliza la biopiratería y deja a los consumidores sin información sobre los ogm encubiertos.

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“Mejor reglamentación”
A principios de 2007, la Comunidad Europea estableció un grupo de trabajo que tenía la tarea de revisar totalmente, simplificar y reducir los costos de las reglamentaciones sobre semillas y el Catálogo común (como se hizo recientemente para las reglamentaciones orgánicas). Luego de “amplias” consultas a principios de 2008, las primeras conclusiones del grupo se presentarán en julio de 2008 y las primeras propuestas de la Comisión se publicarán en octubre, durante la presidencia francesa. La Asociación Europea de Semillas (un grupo de presión de las compañías semilleros europeas en la cual la empresa francesa Florimond Desprez sa cumple un papel fundamental) planea otra ofensiva contra la práctica de los agricultores de guardar sus semillas y se propone reemplazar las cargas administrativas del sistema actual de certificación de semillas con un programa de “autocertificación” acreditado por las autoridades públicas que básicamente validaría los sistemas de control interno que únicamente utilizan las grandes empresas. Esos sistemas son imprácticos y están más allá del alcance de las pequeñas casas semilleras que, debido a que conocen personalmente a sus cultivadores, no necesitan verificarlas periódicamente por certificadores privados ni tienen los recursos financieros para hacerlo.
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Los retos del ITPGRFA

El ITPGRFA, que fue ratificado por 116 países (entre ellos todos los países de la Unión Europea, pero no por Estados Unidos) ha estado en vigencia desde 2004. Incorpora dos nuevos conceptos introducidos por el Convenio de Diversidad Biológica de 1991: la soberanía de los Estados sobre sus recursos genéticos y el reparto de los beneficios derivados de su utilización.

El Tratado tiene tres objetivos principales:

* Disponer un sistema multilateral de acceso a los recursos genéticos, administrado por los Estados signatarios, que se basa en el consentimiento libre y el reparto de los beneficios derivados de su utilización (¿o evade estas cuestiones?), y que contribuye al financiamiento de los otros dos objetivos.

* Asegurar que los países en desarrollo tengan la capacidad de asumir la soberanía sobre sus recursos genéticos financiando colecciones ex situ y elaborando inventarios de recursos conservados in situ.

* Apoyar la conservación y mejoramiento in situ, y permitir a los campesinos cumplir su parte en la conservación, en especial reconociendo sus derechos a guardar, utilizar, intercambiar y vender las semillas guardadas por ellos.

Todas las variedades comerciales se derivan de variedades recogidas en los campos de los agricultores —la única “materia prima” de la industria. A medida que la agricultura comercial fue reemplazando a la agricultura de subsistencia, las variedades campesinas fueron reemplazadas por variedades industriales y encerradas en colecciones ex situ. Los campesinos de los países del Sur que producen cultivos de subsistencia no son un canal viable de mercado para las compañías de semillas: no tienen acceso a las semillas comerciales o al paquete tecnológico que viene con ellas. Han conservado sus propias variedades, que son más aptas para sus sistemas agrícolas en los cuales no está interesada la industria semillera. Se supone que el reconocimiento de los derechos de los agricultores por parte del itpgrfa permite que esos campesinos mantengan una porción suficiente de biodiversidad para reemplazar la que se erosiona en las colecciones.

Desde su puesta en marcha, el Tratado ha garantizado a las compañías semilleras el acceso a más de 130 mil muestras gratuitas de recursos filogenéticos, a pesar de la oposición de países del Sur. Encabezados por Brasil, esos países se opusieron a la firma de un Acuerdo sobre Transferencia de Material (ATM) hasta que se aclare la cuestión del reparto de beneficios. En efecto, en el contexto actual de los derechos de propiedad intelectual, esta distribución no está ocurriendo y es una ilusión total. Los derechos de los obtentores de variedades vegetales —que pueden concederse sobre variedades que se han “descubierto”, y no solamente inventado— no conllevan la obligación de indicar qué líneas parentales se utilizaron. Y las patentes hacen posible esconder esta información entre cientos de páginas de descripciones técnicas ilegibles. Además, todavía no se ha aclarado la condición jurídica de los “agricultores” que supuestamente se benefician de este sistema, aparte de algunas pocas excepciones que han sido objeto de amplia cobertura mediática.

Es así que el Tratado vuelve a imponer el antiguo concepto de “patrimonio común de la humanidad” —un concepto que fue totalmente rechazado a fines de la década de los ochenta cuando se entendía que no hay nada “común” en este patrimonio cuando los recursos genéticos se mueven solamente en una dirección, del Sur al Norte, para luego ser patentados. La situación hoy sigue siendo la misma: el Tratado toma algo que las comunidades agrícolas conservan colectivamente, lo transforma en patrimonio común de la industria semillera e institucionaliza en todo el mundo la biopiratería dirigida por las compañías de semillas. Hace esto cuando le asegura a las empresas el acceso mientras que no hace nada por los campesinos.

Conforme abandonan las colecciones nacionales y regionales de semillas, el Banco Mundial y una serie de grandes donantes privados (entre ellos compañías multinacionales de semillas, Bill Gates y otros) también crean un fondo destinado a asegurar la conservación ex situ de recursos biopirateados, especialmente a través de una gigantesca bóveda helada ubicada en Svalbard, Noruega, y a través del desarrollo de tecnología de la información (es decir, bancos genéticos digitales, una herramienta invaluable para industrializar plantas mutantes y biología sintética).

Grandes países semilleros —Francia, Alemania y Estados Unidos— intentan bloquear el Tratado

La segunda reunión del Consejo de Administración del ITPGRFA, celebrada en Roma del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007, tenía en su programa, entre otras cosas, financiar el fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo y, a pedido de Noruega, los derechos de los agricultores. Desde el principio de la reunión, los principales países productores de semillas encabezados por Francia, Alemania y Australia (que representan los intereses de Estados Unidos, el cual no es parte del Tratado) intentaron neutralizar el funcionamiento del Tratado bloqueando posibles contribuciones financieras de los países desarrollados, que son mínimas pero necesarias para el funcionamiento de la secretaría.

Esta actitud revela la estrategia adoptada por el gobierno de Francia durante la ratificación del Tratado por el parlamento francés a fines de 2006: impedir que el Tratado avance en el reconocimiento de los derechos de los agricultores y en el fortalecimiento de las capacidades de los países del Sur, ahora que se reafirmó el acceso de la industria semillera a recursos protegidos. Esto concuerda con la política nacional francesa sobre la conservación de los recursos filogenéticos, enfocada enteramente en las colecciones ex situ en bancos de genes centralizados. La conservación in situ, en la granja, como la recomienda el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Filogenéticos de la fao, queda restringida, por el criterio del gobierno francés, a las directivas de la Unión Europea sobre “variedades de conservación”, para permitir que unos pocos cultivares antiguos, uniformes y estables se registren y crezcan estrictamente dentro de sus regiones de origen.

Esos tres países, no obstante, se aislaron rápidamente dentro de la comunidad internacional. Los demás países protestaron contra esta estrategia de bloqueo utilizando dos argumentos:

* Los nuevos países industrializados, en particular Brasil e India, exigieron en primer lugar el establecimiento de un mecanismo para distribuir los beneficios derivados de las patentes o de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Aparte de ser una ilusión en el contexto internacional actual de la ley de propiedad intelectual, esta posición lamentablemente alienta la transformación de los derechos de los agricultores en un derecho de propiedad intelectual privado que trae consigo una negación de los derechos colectivos de los agricultores con respecto a las semillas.

* El otro, presentado por las organizaciones campesinas y ong presentes en la reunión en Roma (Vía Campesina e IPC) y apoyado por numerosos países del Sur, reclamó el reconocimiento de los derechos colectivos de los campesinos y el apoyo financiero para su contribución a la conservación in situ y el fitomejoramiento participativo, tanto en el Norte como en el Sur.

Su aislamiento dentro de Europa también fue evidente. Fueron Italia y España quienes desbloquearon la situación poniendo sobre la mesa los 4.5 millones de dólares necesarios para el funcionamiento de la secretaría del Tratado. Y fue Noruega quien accedió a contribuir al financiamiento de un grupo de trabajo sobre los derechos de los agricultores.

Los derechos de los agricultores en el corazón del debate sobre las semillas

La iniciativa de Noruega de instalar un grupo de trabajo sobre los derechos de los agricultores promovió que se incluyera una evaluación de la situación actual con respecto a los derechos de los agricultores en los diversos países signatarios, tomando en cuenta no solamente sus contribuciones sino también las de las ong y organizaciones campesinas, sobre la lista de tareas que se dio a la secretaría del Tratado. Esta evaluación debería alimentar las decisiones a adoptar en la próxima reunión del Consejo de Administración que se realizará en Túnez a principios de 2009. El Consejo de Administración también asumió involucrar a las organizaciones campesinas en su trabajo futuro. Lamentablemente, la oposición de Canadá impidió el financiamiento de un grupo de trabajo ad hoc, que obliga a las organizaciones campesinas y ong a contribuir utilizando sus propios fondos.

Esos eventos obligaron a las organizaciones campesinas a reconocer dos cosas:

1. Los derechos colectivos de los campesinos están en el centro de los actuales procesos internacionales. Estos derechos colectivos de conservar y renovar la biodiversidad cultivada en el campo produciendo para el mercado, y por lo tanto proteger, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas, son importantes no solamente para las luchas internacionales en torno a los recursos filogenéticos sino también en la lucha librada en Europa por rechazar la aplicación de la Contribución Voluntaria Obligatoria o los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. También chocan de frente con la pretensión de reducir el derecho de cultivar recursos genéticos a unas pocas variedades locales estables y uniformes, registradas en un catálogo de conservación, como hubiera querido la posición francesa. Esta posición es totalmente contraria al itpgrfa —que Francia, no obstante, ha ratificado. En lugar de aplicar reglamentaciones para respetar los derechos de los agricultores, como se estableció en el Tratado, Francia se aferra a reglamentaciones que los niegan por completo.

2. El año 2008 será decisivo, tanto a nivel internacional en la preparación de la próxima reunión del itpgrfa, como en Europa, donde la reforma de las leyes de semillas de la Unión Europea y una posible “Cumbre sobre Genética” están en la agenda.

Por Guy Kastler

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Mientras Europa rechaza los ogm, su industria de semillas los lleva a otro lugar
Tal vez la opinión pública europea y sus autoridades resistan los cultivos transgénicos, pero las empresas semilleras europeas son una historia totalmente diferente. De las primeras seis empresas de semillas del mundo, cuatro son europeas.[6] Syngenta, con sede en Suiza, y Bayer CropSciences, con sede en Alemania, ambas grandes empresas agroquímicas, han incursionado en cultivos transgénicos hace casi tanto tiempo como Monsanto y DuPont —las empresas agroquímicas con sede en Estados Unidos que dominan los mercados de semillas transgénicas. Esas empresas europeas son las principales competidoras (y aliadas) de Estados Unidos en los países que cultivan transgénicos a gran escala (Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos) y, juntas, encabezan el grupo de presión mundial que busca la apertura de los mercados a los cultivos y productos GM.

Vilmorin, de Francia, y KWS, de Alemania, las otras empresas de semillas europeas entre las primeras seis, mantienen un perfil más bajo en el escenario de transgénicos, pero también venden semillas transgénicas en los principales mercados a través de su empresa conjunta AG Reliant. La diferencia es que esas dos firmas todavía no comercializan los rasgos transgénicos de su propiedad, y en cambio prefieren obtener la licencia de los transgenes patentados de las compañías agroquímicas más grandes para incorporarlos a sus líneas. Sin embargo, ambas empresas tienen estrategias a largo plazo para asegurar un lugar más firme dentro del mercado de ogm, que, por ahora, se centra en crear una base de producción mundial y una próxima generación de ogm y “seudo transgénicos” para conquistar nuevos mercados de semillas ogm y, por último, entrar a la Unión Europea con sus “artefactos” transgénicos. La vacilación de Europa en la aprobación de los ogm en realidad les brinda a esas empresas la oportunidad de ponerse al día con las gigantes agroquímicas que controlan la primera generación de cultivos transgénicos —y esto es precisamente lo que intentan hacer.

Vilmorin, que está controlada por el Grupo Limagrain, hizo grandes inversiones en diversos programas europeos de biotecnología en la década de los noventa y principios del siglo xxi, tales como Biogemma y Génoplante. Pero, frustrada por lo que considera un contexto inhóspito para los cultivos transgénicos, está trasladando cada vez más su investigación en ogm a otros lugares fuera de Europa, donde los costos son menores y hay menos reglamentaciones.[7] La mayoría de sus ensayos de campo para variedades ogm de cereales se realiza en América del Norte, mientras que en Israel desarrolla variedades de frutas y legumbres ogm a través de su subsidiaria, Hazera Genetics, con el apoyo del Ministro de Industria de Israel. Rami Dar, Director Ejecutivo de Hazera, dice que si bien “los OGM no entrarán a la industria de legumbres de aquí a largo tiempo”, “es tan solo una cuestión de tiempo” que aparezcan frutas y legumbres transgénicos.[8]

Es por eso que gran parte de la planificación a largo plazo de Vilmorin está en Asia, donde la compañía considera que hay más potencial comercial y de investigación para los cultivos OGM. Según Daniel Chéron, director general de Vilmorin, “Europa pierde terreno y nos estamos volviendo dependientes de los estadounidenses. En China y en India están tratando de impedir que eso ocurra”.[9]

La primera gran maniobra de Vilmorin en Asia fue en 2006, cuando, junto con la empresa francesa de alimentación Danone, firmó un acuerdo con la empresa biotecnológica india Avesthagen, que dio a Vilmorin 4.3 por ciento de las acciones de la compañía y estableció dos compañías en India para realizar adquisiciones. Poco después, la empresa conjunta Avesthagen compró dos compañías de semillas indias: Swagasth, que se dedica a cereales, y Ceekay, una compañía de semillas de legumbres. Y luego, en noviembre de 2007, las compañías anunciaron que estaban en las etapas finales de las negociaciones para comprar una de las principales compañías privadas de semillas de la India, por una cifra entre 4 y 5 millones de dólares. El Director Ejecutivo de Avesthagen, Villoo Morawala Patell, intentó minimizar el interés de la empresa en los cultivos ogm. “No les llamo cultivos modificados genéticamente; se trata de cultivos ‘ajustados al ambiente’ ”, expresó.[10] Durante ese tiempo, Vilmorin fue igualmente activa en China. En junio de 2007 firmó un acuerdo para tener un 46.5 por ciento de acciones en Yuan Longping High-tech Agriculture, una importante compañía china de arroz híbrido y semillas de legumbres. A eso le siguió otro acuerdo de KeyGene, la empresa conjunta holandesa de Vilmorin, con los Institutos de Ciencias Biológicas de Shanghai, para instalar un laboratorio conjunto para fitomejoramiento a nivel molecular. Después ocurrieron varios acuerdos con otras compañías europeas de semillas en China, entre ellas dos empresas, propiedad de Bayer, de semillas de arroz híbrido y la compra que hizo Syngenta de una participación accionaria de 49 por ciento en Sanbei, que se dice es la 12ª mayor compañía de semillas de China. También se firmó el acuerdo de una investigación de cinco años junto con el Institute of Genetics and developmental Biology, en Pekín.[11] Otra importante empresa de semillas y plaguicidas, BASF, no escatimó palabras en explicar el fundamento de su acuerdo 2008 con el Instituto Nacional de Ciencias Biológicas de China: “Asia surge como un actor clave en la biotecnología de cultivos, tanto en la investigación como en el cultivo, y estamos esforzándonos por intensificar sociedades en esta dinámica región. Europa, por el contrario, pierde competitividad debido a decisiones políticas lentas y contradictorias”, declaró Hans Kast, Presidente de BASF Plant Science.[12] GRAIN
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Para profundizar

Una alocución en francés de Guy Kastler, de Vía Campesina, en una reunión de la fao en noviembre de 2007 está disponible aquí

Réseau Semences Paysannes

Industry’s wish list for the next revision of upov : The end of farm-saved seed? Documento informativo de grain, noviembre de 2007, ver aquí

Notas

* Un pequeño agricultor orgánico del sur de Francia, coordinador de Réseau Semences Paysannes (Red de semillas campesinas), miembro de la Confédération Paysanne (Confederación Campesina) y representante europeo de Vía Campesina en el Comité de Biodiversidad.

[1] Por el nombre de las negociaciones que pusieron fin a la gran crisis cultural de 1968: el “Acuerdo Grenelle”, que se firmó en París en la Rue (calle) de Grenelle.

[2] Cultivos que han sido modificados genéticamente para resistir plagas mediante el empalme de un gen del Bacillus thurengiensis (Bt), un microbio presente naturalmente en el suelo.

[3] La efsa es responsable de la evaluación científica oficial de los transgénicos.

[4] La esterilidad reversible obliga a los agricultores a comprar y utilizar un producto químico patentado si desean que las semillas que plantaron puedan germinar. Un gen suicida es un transgen que se mata a sí mismo antes de que la planta alcance la madurez; como resultado, la planta puede venderse como no transgénica y no transmitirá el transgen en caso de que vuelva a plantarse. Las plantas kamikaze contienen un gen que las mata a menos que sean tratadas con un producto químico patentado, un proceso destinado a garantizar seguridad a las patentes. Ver Grupo etc, «Terminator : La secuela», Comunicado 95, mayo/junio 2007, aquí

[5] Transgénicos que producen un insecticida o son resistentes a herbicidas.

[6] Aquí

[7] Anne Pezet, “Les ogm aiguisent l'appétit des semenciers”, Usine Nouvelle, 16 de mayo de 2006.

[8] Corporate Profiles, 1 de julio de 2006, Genetic Engineering and Biotechnology News: aquí

[9] Laetitia Clavreul, “Pour le semencier Vilmorin, l’Inde est devenue un marché prioritaire”, Le Monde, 13 de abril de 2007

[10] Seema Singh, «Avesthagen to buy Delhi seed firm for $5 MN,» Livemint.com, 6 de noviembre de 2007: aquí

[11] Grain, “China: Vilmorin lays claim to top hybrid rice seed company”, 20 de julio de 2007: aquí

[12] “BASF expands gm activities in competitive Asia Pacific”, Food Navigator, 24 de enero de 2008: aquí

Traducción: Raquel Nuñez