La dignidad mapuche nos interpela

Raúl Zibechi

“Si mi muerte sirve para la libertad de mis hermanos, yo no voy a desistir”, escribió Patricia Troncoso el 23 de diciembre cuando llevaba 74 días en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur chileno. Luego fue trasladada a Chillán y el martes 22 le fue suministrado, en contra de su voluntad, suero intravenoso para mantenerla con vida. Patricia llevaba más de cien días de ayuno y su estado de salud es muy delicado.

En esta ocasión la represión no consiguió aislar la lucha mapuche. En estos casi cuatro meses se han desarrollado movilizaciones en varias ciudades de Chile, incluso en la capital, Santiago. El 12 de noviembre una delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol y manifestó su preocupación por el estado de salud de los presos.

Amnistía Internacional envió una carta a la presidenta Bachelet, el 21 de enero, pidiendo por la vida de Patricia y recordando que en 2003 el Relator Especial de Naciones Unidas presentó un informe de su misión a Chile en el que recomendaba que “además del otorgamiento de títulos sobre terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos”.

Una misión de diez organizaciones de derechos humanos y la central de trabajadores (cut) realizaron una misión de observación, a comienzos de enero, luego del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, que los llevó a denunciar “la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo de Estado” que sufren la comunidades. Arturo Martínez, presidente de la cut, señaló que este conflicto no se resuelve con balas y represión y, algo inédito en la central sindical luego de la dictadura, dijo: “Los mapuche pueden contar con nosotros. Su derecho sagrado a la tierra merece ser respaldado”.

El 10 de enero fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile, en la que se denuncia “la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche” y “la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial”. Los historiadores, entre los que figura el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, apuntan contra la criminalización de la lucha mapuche y la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar así como el cerco mediático que sufren. Concluyen apuntando que el Estado chileno debe reconocer “la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al ‘derecho de Conquista’ y el pleno respeto de los derechos humanos de sus integrantes”.

En segundo lugar, la huelga de hambre —que forma parte de una nueva oleada de movilización mapuche— promovió una mayor coordinación y articulación entre las diversas organizaciones políticas, sociales y culturales del mundo mapuche. Ambos hechos, la solidaridad nacional e internacional y la creciente convergencia organizativa del universo mapuche, son los datos más esperanzadores de la ofrenda de Patricia Troncoso.

Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990) han sido procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista. Ésta fue la respuesta al ciclo de luchas abierto en 1997 a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El movimiento desplegó iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios y consiguió recuperar tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades debieron pasar de unos 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001.

En el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se comenzó a aplicar la Ley

Antiterrorista. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados en lo que, según múltiples observadores, es una verdadera “guerra sucia”. Patricia Troncoso fue procesada por haber participado, en diciembre de 2001, en el incendio de cien hectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco.

Cualquiera que haya visitado las comunidades mapuche del sur, puede comprobar que están siendo arrinconadas y exterminadas por un mar de cultivos forestales que arrasan sus tierras y les impiden seguir sembrando y produciendo su sobrevivencia. Peor aún: las comunidades son allanadas sin orden judicial por la policía con armamento de guerra, y existen comandos, como el “Hernán Trizano”, que realizan incursiones nocturnas con disparos mientras se instalan cámaras de vigilancia y aparatos que interfieren los celulares. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que carabineros se visten de civil para realizar incursiones y amedrentamientos. ¿Quién practica el terrorismo?

El gobierno de Bachelet tuvo todo este tiempo un comportamiento vergonzoso. Tiene razón Patricia cuando dice en su carta: “¿Qué podemos esperar de nuestros verdugos, si provienen de una generación que vivió todos estos flagelos y con el tiempo se han deshumanizado al punto de olvidar el exilio, las torturas, la persecución y la muerte de tantos seres humanos?”

Ahora que la decisión y el coraje de Patricia y de un puñado de mapuche se ha saldado con un resonante e histórico triunfo, puede ser la hora de las preguntas incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas veces tienen los del más abajo que ofrendar sus vidas —que en definitiva es lo único que tienen— para que los de abajo reaccionen, reaccionemos, y gritemos juntos un ¡Ya Basta! capaz de frenar la genocida ambición de poder de los de arriba?

Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha, de Montevideo, colaborador de La Jornada y Ojarasca

Fuente: Ojarasca 130 febrero 2008