Costa Rica: “conservacionismo” interesado. Hay que recuperar la autoridad erosionada, la soberanía y la dignidad
En momentos en que el Estado costarricense acusa un déficit inmanejable para la atención de las necesidades sociales y económicas de los habitantes y la urgencia por una mejor infraestructura ejerce fuerte presión sobre la hacienda pública, somos testigos de extrañas propuestas nacidas del seno de organismos foráneos hasta ahora acostumbrados a imponer criterios pseudoconservacionistas, muchas veces sin sentido
Por varios años, nuestras autoridades ambientales han dejado en manos de entes proveedores de recursos financieros la toma de decisiones fundamentales para la conservación de la riqueza natural existente, principalmente en las áreas protegidas. Así, la autoridad gubernamental se ha ido trasladando a personas físicas y jurídicas regidas por la legislación privada, al punto que la Contraloría General de la República ha debido intervenir anulando la ejecución de múltiples convenios que permitían, sin controles adecuados, el uso y provecho de bienes del Estado de parte de entes privados.
Esto, más allá de la ilegalidad señalada, conlleva precisamente una evidente erosión de la autoridad nacional y presumible perjuicio para un adecuado manejo de los parques nacionales y demás áreas protegidas.
Compromisos condicionantes. Aunque algunas veces tales prácticas neocolonialistas traen como carta de presentación aportes financieros con los cuales atender obligaciones no presupuestadas por el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), también es cierto que muchos de esos recursos condicionan compromisos que no necesariamente surgen del interés nacional expresado en políticas independientes. La frustrada propuesta de creación del “Servicio de Parques Nacionales Sociedad Anónima”, mediante la cual se esperaba trasladar la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a un organismo regido por el código privado, y el proyecto de ley que ingresara a la corriente legislativa con la firma de 29 diputados que, de aprobarse, hubiera trasladado la administración del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste a un ente extraño al Minae, son dos de los más recientes ejemplos de esta situación anómala.
Cuando a inicios de la década de 1970 nos reuníamos en la oficina del recordado profesor ingeniero Luis Fournier Origgi, con un grupo de muy estimables compañeros preocupados por el futuro ambiental de Costa Rica, para fundar eventualmente a la recordada Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Ascona), jamás imaginábamos lo que sucedería años después. De una época exitosa a partir del trabajo voluntario y desinteresado, aunque escaso en recursos financieros, se derivó a la situación actual donde son las monedas las que incentivan el “conservacionismo” y donde el interés nacional cede paso al interés extranjero.
Imposible cantidad. Por ello, como se le expresara personalmente al presidente Óscar Arias, bajo este discutible esquema no es lógico que, porque así lo manda The Leatherback Trust, el ministro de Hacienda tenga que destinar la imposible cantidad de $700 millones para la compra de unas 40 hectáreas vecinas a un parque nacional cuando, como dijera don Óscar, está claro que no hay necesidad de expropiar para proteger a las tortugas baulas. Y mucho menos si a partir de una propuesta costarricense se pueden alcanzar los objetivos conservacionistas que se han delineado.
Y es que no estamos ante hechos aislados; más bien se trata de un proceso que se ha enraizado en el Estado costarricense y que gracias a la acción de la Contraloría está corrigiéndose, como parte de una obligación de recuperar la autoridad erosionada para que se fortalezca la soberanía nacional y se recupere la dignidad.
Freddy Pacheco, Catedrático UNA