Colombia: amazonía: petróleo y drogas en el Putumayo: nuevas amenazas para el pueblo Secoya

Este escrito es parte de una ponencia presentada en un taller sobre interculturalidad, realizado por el Instituto Nacional de Cultura de Puerto Maldonado, a inicios de octubre de 2007.

Petróleo y drogas en el Putumayo: Nuevas amenazas para el pueblo Secoya

Por Alberto Chirif (*)

El Putumayo se ubica donde termina el Perú por el norte y comienza Colombia, y marca la línea fronteriza entre las dos repúblicas a lo largo de unos 1600 kilómetros que corren entre Güeppí, en la parte alta, y la boca del río Yaguas, en la baja.

Su ubicación marginal es proporcional al papel que ha jugado dentro del Estado peruano. En alusión a esto, Richard Collier publicó, en 1968, su novela “El río que Dios olvidó”, en la que narra las atrocidades cometidas por los caucheros contra la población indígena, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Personalmente tengo la duda de que la responsabilidad de esta situación deba ser atribuida a la negligencia divina, no por nada en particular, sino simplemente por el hecho de que siempre he pensado que Dios no tiene por qué ocuparse de cuestiones que, a fin de cuentas, son obligaciones de los seres humanos. No obstante, vale la idea del olvido, aunque sobre este punto tengo discrepancias entre lo que el Estado considera como amnesia y, sobre todo, con las formas concretas que toman sus medidas cuando recupera la memoria por algún apartado lugar del país. En ese momento su recuerdo suele tener consecuencias peligrosas y, literalmente, dañinas para la salud.

Tal vez retrate mejor la situación de la cuenca el nombre que Walter Hardenburg, ingeniero de ferrocarriles estadounidense, difusor de las primeras noticias en lengua inglesa sobre las crueldades de los caucheros en el Putumayo, le puso a su libro de viajes por esa cuenca, publicado en 1912. A modo de glosa, él alude al río como “El paraíso del diablo”. En efecto, el maligno, ubicuo, movedizo, dedicado a tiempo completo a su labor destructora y, sobre todo, con gran facilidad de encarnarse en personajes de todas las épocas, parece haber reinado a sus anchas, antes y ahora, en estas dilatadas comarcas.

El Putumayo en la actualidad

Han pasado 100 años y el paraíso del diablo sigue recibiendo las visitas esporádicas de su maligno patrono y padeciendo las consecuencias de sus acciones. Gran parte de los pobladores se concentra en El Estrecho, la capital del distrito del Putumayo que se extiende de extremo a extremo a lo largo del río. Se trata de un centro poblado que expresa en pequeña escala pero de manera concentrada todos actos fallidos de un Estado sin ninguna idea consistente respecto a la situación de la cuenca y su desarrollo. Periódicamente allí se escuchan fervorosos discursos patrióticos referidos a ese apartado rincón donde termina, o empieza, el país, que sirven de inútiles adornos para la actuación de funcionarios y contratistas que festinan fondos públicos en obras que dejan inclusas o mal acabadas, o en emprendimientos de mayor cuantía. Los signos de mayor desarrollo, además de inservibles edificios nuevos y alguna cementosa plaza central a la que la primera lluvia levantó el pavimento, son los bares con incansables equipos de música, que prolongan su trabajo más allá del horario de servicio público de electricidad porque cuentan con generadores propios.

Por la parte baja de la cuenca, en el río Yaguas, habitan indígenas de este pueblo que, hasta hace muy poco, estuvieron bajo la férula de un duro patrón que los tuvo como esclavos dedicados a extraer madera que vendía a los colombianos. Su poder era tal que en 1991 repelió a una comisión del Ministerio de Agricultura que en convenio con la regional de la confederación indígena AIDESEP realizaba un extenso trabajo para demarcar y titular comunidades. No obstante, su muerte hace unos años ha aliviado en algo la situación de los indígenas quienes finalmente han podido obtener garantías legales sobre sus tierras comunales.

La parte central del río está ocupada principalmente por quechuas amazónicos, familiares de los que están en el Napo ecuatoriano y peruano; y asentamientos de los pueblos Boóraá, Huitoto y Ocaina, gente sobreviviente de la campaña “civilizadora” ejecutada por Arana y sus huestes, en las décadas a caballo del cambio de siglo XIX. Después de la caída del auge gomero, la mayor parte de la gente de estos tres pueblos fue trasladada por los caucheros más hacia el interior del Perú, a la cuenca del Ampiyacu, e incluso a la del Nanay, que desemboca aledaña a Iquitos, para trabajar como peones en sus fundos ganaderos. En todos los casos, años más tarde, ellos lograron independizar sus asentamientos de los patrones y se constituyeron como comunidades con derechos sobre sus tierras.

Por último, en la parte alta de la cuenca del Putumayo, colindando con Ecuador, están los Secoya o Airo-Pai (o Bai, según la variedad dialectal de la lengua), que significa Gente del Monte. Este pueblo ha ocupado durante siglos el territorio en que hoy se encuentran, según lo atestiguan noticias de los frailes franciscanos Pedro Pescador y Juan Palacios, a raíz de un viaje efectuado en 1635. Ellos estimaron en 8.000 personas la población de los Encabellados, como entonces se les llamaba a los Secoya. Más tarde, el trabajo evangelizador realizado por los jesuitas, que se prolongó hasta su expulsión en 1766, confirmó su presencia en esa zona. Al parecer, estas misiones nunca alcanzaron estabilidad debido al rechazo de la gente a vivir en conglomerados ajenos a su tradición, lo que en realidad fue una característica de todas las reducciones misionales; y a las epidemias que las asolaron y diezmaron a sus moradores.

La población secoya actual en el Perú ha quedado reducida a unas 700 personas por eventos históricos, como las epidemias, y se encuentra en la parte alta de las cuencas del Putumayo y el Napo, siendo más numerosa en la primera. Aunque el auge del caucho los afectó, los Airo-Pai no sufrieron abusos de la magnitud de los que se cometieron contra pueblos vecinos, como los Huitoto, Boóraá y Ocaina. En la década de 1930, los atropellos causados por otros patrones llevaron a un grupo de secoyas a internarse en territorio ecuatoriano, desde donde no pudieron regresar porque los sorprendió la militarización de la zona a raíz del conflicto entre Ecuador y Perú. Éste es el origen de varias comunidades secoyas en Ecuador. En los primeros años de la década de 1970, otro grupo emigró hacia territorio ecuatoriano, esta vez animado por misioneros evangélicos que dijeron que allí encontrarían abundancia de bienes y recursos. Hoy día en Ecuador radican unos 300 secoyas, de los cuales todos los mayores de 35 años son nacidos en el Perú.

El Putumayo actualmente está bajo el dominio de Colombia. La moneda que rige es el peso, o en todo caso el dólar, pero el sol no es aceptado más que en El Estrecho. El transporte fluvial regular (los llamados “rápidos”) y el comercio están totalmente en manos colombianas, incluyendo el de pequeña escala conducido por regatones o “cacharreros”, como llaman en Colombia a los dueños de botes que funcionan como tiendas fluviales que recorren el río “cambalacheando” bienes industriales por pescado, gallinas, madera o algún otro producto. Aun cuando se trata de un río binacional, la Marina de Guerra de Colombia controla el tráfico fluvial. Todas las embarcaciones deben acoderar y someterse a revisión en su puesto de El Encanto. La revisión incluye las pertenencias personales de los pasajeros, sin importar que se trate de oficiales peruanos de algunas de las hoy numerosas guarniciones militares de la cuenca. No obstante no existir ningún convenio entre las dos naciones para que el control lo ejerza Colombia, este hecho no constituye preocupación alguna para las autoridades peruanas.

Una aproximación intercultural a la pobreza

Todos los que han visitado comunidades secoyas, entre los cuales me incluyo, quedan sorprendidos por la buena calidad de la vida de la gente, dentro de la que destaca su alimentación. La dieta cotidiana es carne de monte o pescado, además de cazabe, especies de panes redondos hechos de yuca. La gente responde que sí, que es un hecho normal para ella el que nunca falte carne o pescado.

El “mapa del desarrollo”, que es una versión remozada de lo que hasta hace poco se llamaba “mapa de la pobreza”, en el cual los indicadores que hoy miden presencias (alfabetismo, agua potable, energía eléctrica, mayor esperanza de vida y algunos otros) antes medían ausencias (analfabetismo, etc.), considera que una población como la secoya tiene un bajo índice de desarrollo y que se encuentra en situación de pobreza o, incluso, de extrema pobreza. Claramente, estos indicadores no reparan en el tema de la calidad o, en todo caso, la definición de ésta está fuertemente marcada por el etnocentrismo: si los otros no tienen lo que nosotros tenemos, entonces son pobres. Pero la cosa es aun peor, porque tampoco toman en cuenta si la gente no lee a pesar de saber hacerlo, es decir, si las personas son lo que se llama analfabetos funcionales; si el agua es realmente potable o sólo se trata de agua conducida por un tubo; si la electricidad sirve para otra cosa más que disturbar la tranquilidad de la vida mediante el funcionamiento de aparatos que emiten ruido, y cosas así. Esos indicadores tampoco miden la calidad de los alimentos que los indígenas consumen frescos, del buen aire que respiran, del agua limpia que beben de la quebrada, de la alegría de los niños que juegan en los ríos o del control de la gente sobre su propia vida, a pesar de los problemas.

Este dato debe obligar a una revisión de uno de los lugares comunes de la literatura del desarrollo, según el cual los indígenas, todos, sin excepción, es un axioma, están en situación de extrema pobreza, lo cual se debe a que ellos son definidos a partir de lo que la sociedad dominante considera carencias. En función de esto los gobiernos, con apoyo de organismos internacionales, financian programas que, éstos sí, terminan empobreciendo a la población indígena y, sobre todo, induciendo en ella una falsa conciencia de pobreza, que se define en función de la carencia de bienes de la sociedad industrial y de indicadores que se imponen como señales ciertas del progreso y el desarrollo. El bienestar que puedan haber alcanzado los indígenas por medios y méritos propios, sin pasar por un mercado que los somete y castra su creatividad y capacidad autónoma de respuesta, no interesa para nada ni al Estado ni a esos organismos. Para ellos aceptar que el buen vivir puede lograrse por otros medios que los que proponen, sería admitir la relatividad de su concepción hegemónica y abrirse hacia la comprensión intercultural. Al mismo tiempo, implicaría reconocer que ese modelo requiere mantener sano el medio ambiente, lo que a su vez significaría, por un lado, poner fin a los métodos devastadores empleados por muchas industrias para explotar los recursos y, por otro, fijar condiciones muy estrictas para evitar la contaminación extensiva. Al menos en el Perú, el Estado está muy lejos de esto, o lo que es peor, cada vez está más lejos. En suma, se requiere un mayor análisis para evaluar el tema de la pobreza y, sobre todo, para desarrollar indicadores que no estén, como en este caso, dominados por las concepciones hegemónicas sobre riqueza y desarrollo.

En la actualidad asistimos a un fuerte debate que confronta no sólo a pueblos indígenas sino también a medianos productores insertos en circuitos de mercado de exportación de productos agrícolas con empresas transnacionales mineras y de hidrocarburos y el Estado, que parece haber entendido que la Constitución lo obliga a defender los derechos de éstas antes que las de sus ciudadanos. Escuchamos y leemos que dichas empresas y sus defensores destacan que sólo con la gran inversión saldremos de la pobreza y el subdesarrollo. Lamentablemente la realidad indica lo contrario: que el deterioro de la vida de la gente es mayor en zonas donde su medio ambiente ha sido empobrecido por efecto de la minería y la explotación de hidrocarburos; e indica también que el país sólo recibe migajas de dichas actividades y se queda con un fuerte pasivo a causa de la contaminación ambiental y del organismo de su población.

La buena calidad de la vida y de la alimentación desde la perspectiva de los propios pueblos indígenas deben constituir indicadores económicos, no digamos que para medir la riqueza, pero sí el bienestar de la gente, el vivir bien que la antropóloga Elvira Belaunde (Viviendo Bien. CAAAP-BCR, Lima 2001) desarrolla en su libro sobre los Airo Pai. Pero hay otros indicadores que, aunque sonarán a herejía para economistas y políticos, nosotros consideramos importantes, como la capacidad de vivir en paz y, en todo caso, de manejar sus propios conflictos, compartir con los demás, reír y disfrutar de un ambiente sano.

Elvira Belaunde percibió también esta misma realidad: “Así como a muchos visitantes, el clima armonioso y amical me impresionó. Rara vez escuché a un niño llorar y mucho menos a personas discutir o levantarse la voz. Más bien, desde el alba, escuchaba a las personas alegrarse juntas, riéndose, contándose cosas, acompañándose en el trabajo y repartiéndose bebida y comida los unos a otros” (Belaunde 2001: 28). Y no estamos relatando mundos felices, porque los secoyas, como cualquier conglomerado humano, enfrentan conflictos, sino de la realidad de personas que controlan su existencia y aún saben para qué viven y por qué mueren.

Al respecto, es importante señalar que ellos solucionan sus problemas internamente, sin pasar por instancias que en vez de remediarlos los complican, como la policía o los juzgados. Sin saberlo, por práctica ancestral, los secoyas en el Perú ejercitan la autonomía y las funciones jurisdiccionales que tanto la Constitución Política del Estado (Arts. 89º y 149º) como el Convenio 169 de la OIT (Art. 8º) les garantizan.

Autoritarismo y choque de intereses

Gran parte del territorio ancestral del pueblo Airo Pai ha quedado encerrado dentro de la zona reservada de Güeppí, de 625.971 hectáreas, creada en 1997. Geográficamente, esta área se ubica, en su límite norte, en la parte alta del Putumayo, entre la boca del Angusilla y la frontera con Ecuador; mientras que su límite sur está definido por el curso del Angusilla y una línea recta trazada desde un punto de la zona alta de éste, hasta el encuentro del río Lagartococha con el Aguarico.

La declaración de esta área se hizo sin consultar a los pobladores de las comunidades de la zona, razón por la cual se generaron conflictos entre ellas y el INRENA. Después de un proceso largo y tenso que no es el caso recordar, en 2006 las partes llegaron a conciliar sus posiciones y firmaron un acta de acuerdo para categorizar el área. El pacto estableció que se crearían dos reservas comunales (una en la cuenca del Putumayo y la otra en la del Napo) y un parque nacional en la parte central de la zona protegida. No obstante, noticias recientes señalan que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se opone a la creación de áreas naturales protegidas de conducción directa por parte de los indígenas en zona fronteriza, manejando absurdos argumentos sobre seguridad nacional. Extraña forma la del Estado de abordar un tema que, como he demostrado a lo largo de este trabajo, no le interesa cuando extractores colombianos invaden territorio peruano para saquear los bosques o la Marina de Guerra de ese país impone unilateralmente sistemas de control sobre el tráficos fluvial. De insistir el Estado en su autoritaria posición de negar el acuerdo de categorización logrado, estaría violando el Convenio 169 de la OIT y echaría por la borda un largo proceso de negociaciones entre INRENA y las comunidades secoyas, que fue financiado por el Banco Mundial.

Algunos problemas antiguos

Durante los últimos años del gobierno del presidente Fujimori, la cuenca del Putumayo, especialmente la parte alta, fue militarizada luego de un viaje realizado por su asesor Vladimiro Montesinos y algunos altos jefes de las Fuerzas Armadas. Otra vez el diablo visitaba su paraíso. El argumento para esta medida fue las supuestas incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio peruano, aunque éstas nunca pudieron ser demostradas. Por el contrario, pocos meses después se descubrió una red de tráfico de armas a favor de las FARC, cuyo gestor fue precisamente dicho asesor, hecho que a nuestro juicio constituyó la verdadera razón de la caída del régimen de Fujimori, por presiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y no los videos que ilustraban numerosos casos de sobornos a funcionarios, empresarios y congresistas. Como todos recordaremos, las evidencias expuestas por los videos ya habían comenzado a ser manipuladas por voceros del gobierno con el argumento de que los congresistas que recibieron dinero eran, hasta ese momento, sólo electos pero no estaban en funciones, por lo que los delitos únicamente los comprometían a ellos como personas y no a sus agrupaciones políticas. Por lo demás, agregaban, el hecho de haber cometido ilícitos antes de asumir sus cargos no ameritaba que se les levantase la inmunidad cuando se desempeñasen como legisladores.

La presencia de las bases no ha servido para frenar el permanente saqueo de recursos forestales realizado por extractores colombianos, fenómeno muy antiguo y del cual tenemos noticias desde hace 25 años, a través de denuncias concretas de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (FECONAFROPU) y los misioneros de El Estrecho. A fines de la década de 1980, cuando el control de los puestos fronterizos estaba a cargo de la Guardia Republicana, hoy absorbida dentro de la Policía Nacional, los secoyas del Yubineto (Bellavista, Santa Rita y Belén) fueron protagonistas de un acto que aún recuerdan con orgullo. Extractores colombianos incursionaban, en acuerdo con la GR, por ese río y talaban madera sin control. Un buen día los secoyas detuvieron una balsa de unos 30.000 cuartones de madera. Los colombianos regresaron a las 2 de la mañana y sostuvieron un tiroteo con los secoyas quienes, al final, en inferioridad de armamento, tuvieron que dejar que los extractores se llevaran la madera. No obstante, a partir de entonces los saqueadores de madera no han vuelto a entrar por el Yubineto. “Desde allí respetan a los secoyas. Cuando no queremos, no queremos”, afirma con contundencia Anselmo Sandoval, presidente de la Organización Secoya del Perú (OISPE).

La misma negligencia del Estado respecto al saqueo de recursos forestales se nota en la casi nula prestación de servicios a la población secoya, a pesar que El Estrecho es sede de organismos que manejan recursos importantes, como la Subregión del Gobierno Regional de Loreto o un proyecto de Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) que, luego de casi 20 años de presencia en la cuenca, apenas ha instalado paneles solares en sus comunidades, a finales de 2006.

A fines de octubre del 2006, el ex presidente de la región Loreto relanzó el tema de la presencia de las FARC en el Putumayo peruano, en un afán de lograr figuración en la contienda electoral en la que participaba como uno de los actores. A raíz de eso, se reunieron en Iquitos el ministro de Defensa de Colombia con los ministros de Defensa e Interior del Perú, y algunas otras autoridades peruanas. En declaraciones a la prensa, ambos ministros de Defensa coincidieron en que no hay presencia de las FARC en territorio peruano. (Ver “Remezón en el Putumayo”, en Carta Abierta, revista de la Amazonía. Noviembre – diciembre 2006, pp. 8-10.) No obstante, desde entonces se habla de la puesta en marcha de un “Plan Putumayo”, que nadie sabe bien en qué consiste.

Nuevos problemas: explotación de hidrocarburos

Sin duda, el problema principal que enfrentarán las comunidades secoyas en el futuro inmediato es la operación de PETROBRAS en el lote 117, empresa con la cual el Estado firmó un contrato el 2006. Como en otros casos, en éste tampoco el gobierno ha aplicado las normas sobre consulta previa e informada cuando se planifican medidas legislativas o administrativas que afecten a un pueblo indígena determinado, de acuerdo a lo previsto en el Convenio 169 (Art. 6º). OISPE ha realizado consultas entre sus bases, y todas han rechazado la explotación de petróleo porque saben que esto contaminará el medio ambiente y a las personas y afectará las relaciones humanas. Los casos de otras zonas de asentamientos indígenas impactadas por actividades petroleras son bastante conocidos por ellos.

La concesión otorgada a PETROBRAS es un hecho, a pesar de que el Art. 71º de la Constitución prohíbe a los extranjeros, dentro de los 50 km de la frontera, a: “adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individual ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido”. Es verdad que ese mismo artículo señala que se “exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarado por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”. Esto no ha sucedido, y lo que ha hecho el Congreso es dar una ley que de un solo sopapo ha declarado que todas las exploraciones y explotaciones en zona de frontera son, per se, “casos de necesidad nacional y pública” (Art. 13º, ley 26221).

Siendo muy graves los problemas de contaminación derivados de la actividad petrolera, hay otros que ponen a la zona frente a una realidad aun mucho más preocupante.

Si se observa la principal zona de producción y refinación de hidrocarburos del Ecuador, ubicada en la parte norte de la provincia de Sucumbíos, que se extiende hasta la margen derecha del Putumayo, se puede ver que ésta limita con la principal zona de producción de coca de Colombia, que se encuentra justo al frente, sobre la margen izquierda de dicho río (ver imagen de satélite anexa). Esto no es producto del azar sino de la interrelación entre una actividad y la otra, en la medida que la explotación de hidrocarburos produce o requiere de una serie de insumos que son necesarios para la producción de drogas a partir de la hoja de coca: ácido sulfúrico, acetona, éter, benceno, kerosén, metil etil cetona, perganmanato de potasio y otros.

Al respecto, un diario ecuatoriano informó hace unos meses sobre el problema del robo de éter, que es extraído por los narcotraficantes del oleoducto. Señala que, según la Cuarta División del Ejército de ese país, en 2006 se decomisó un total de 204.175 galones de éter y que al inicio de este año se incautaron 8.000 galones robados del oleoducto (El Comercio, Quito, 22 de abril de 2007, p. 10).

El ácido sulfhídrico ocurre naturalmente en el petróleo crudo, gas natural, gases volcánicos y manantiales de aguas termales, aunque también puede ocurrir como resultado de la degradación bacteriana de materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Se genera en refinerías de petróleo. Los ácidos sulfúrico y clorhídrico se usan para reacondicionar los pozos que se van obstruyendo por depósitos calcáreos. Por su parte, el kerosén es producido a partir de la destilación directa del petróleo. Su función básica es servir como combustible para las lamparillas que se utilizan en varias regiones del mundo, pero también se lo utiliza, a menor escala, como solvente. Por último, el permanganato de potasio es un oxidante que se usa para fracturar las aguas contaminadas por el petróleo.

Como se sabe, el éter es un solvente utilizado para la conversión de la heroína y cocaína básica en clorhidrato de heroína y de cocaína, respectivamente. El ácido sulfúrico se usa en la extracción de la cocaína de las hojas de la coca y en la conversión de la pasta bruta en la pasta básica de cocaína. El kerosén se emplea para la extracción de la cocaína en su fase inicial. El permanganato de potasio es una sustancia utilizada como oxidante para extraer impurezas de la pasta de coca y también se la utiliza para oxidar la efedrina en efedrona.

Esta simbiosis entre actividad petrolera y cultivos de coca está presente también al interior de la propia Colombia y en la frontera de este país con Venezuela. De hecho, la zona vecina de Colombia con el lago de Maracaibo, zona de gran actividad petrolera, está identificada en las imágenes de satélite como una de las principales productoras de coca y de otros cultivos ilícitos.

En cambio, si se observa la imagen de satélite adjunta, se verá que en la margen izquierda del Putumayo ubicada frente a territorio peruano y, en especial, en la parte situada frente a la zona reservada de Güeppí, no existen ahora cultivos de coca.

El futuro es complicado. Un Estado peruano siempre ausente, incluso para defender el territorio frente a la invasión de extractores madereros extranjeros, ahora se recupera de la amnesia con una medida dañina para la salud de los secoyas, como es la suscripción de un contrato de explotación de hidrocarburos en la zona habitada por este pueblo indígena. Una vez más, contrariamente a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, tampoco consultó esta medida con los Secoya, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, y de “buena fe”, “para que [ellos] puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (Art. 6º).

Si PETROBRAS se instala es previsible entonces que sucedan procesos similares a los antes señalados y que agricultores colombianos expandan hacia el este cultivos ilícitos para fabricación de drogas, frente a la frontera con Perú y al área de explotación de hidrocarburos de esa empresa en territorio secoya. En ese contexto, narcotraficantes y FARC sí encontrarán un escenario apropiado para actuar. Esto supondrá también que se desaten niveles de violencia como los que ahora se denuncian en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, donde los asesinatos y los actos delictivos en general han registrado un fuerte incremento en los últimos años.

En efecto, un informe sobre el primer trimestre de 2006 de la Policía Judicial de Shushufindi presenta las siguientes estadísticas: 64 robos a empresas petroleras, 11 robos en general, 4 amenazas de muerte, 7 asesinatos, 4 hurtos y 1 rapto (El Comercio, Quito, 22 de abril de 2007, p. 10). Otro medio ecuatoriano añade información sobre la violencia y sus causas. Indica que en seis años, que van entre el 2000 y 2006, se han registrado 715 asesinatos en la zona fronteriza con Colombia de la provincia de Sucumbíos. Indica también que si bien una de las principales actividades económicas de la provincia es el petróleo, el 84.2% de su población se encuentra en situación de pobreza y el 96.6% de hogares presentan déficit de servicios residenciales básicos (Vanguardia, 10-16 de abril de 2007, p. 24). Situación similar se presenta en el Perú, donde los distritos de los cuales se extraen mayores volúmenes de petróleo (Pastaza, Trompeteros y Tigre) se ubican entre los más pobres del país).

Si el Estado no ha podido controlar a los extractores madereros que operan en el Putumayo desde hace décadas, es iluso pensar que podrá con las fuerzas negativas que desatará la expansión de cultivos ilícitos en la cuenca.

(*) Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y numerosos artículos de investigación

Fuente: Servindi