Ecuador: solidaridad con las comunidades de Bolívar ante atropellos de minera Curiming S.A.
"Demandamos del Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las operaciones de la empresa Curiming S.A de propiedad de la canadiense Salazar Resources Inc. Exigimos del Gobierno nacional como de la Asamblea Constituyente la declaratoria de un país Libre de minería a gran escala. Que el Gobierno Nacional, la Asamblea Constituyente y los poderes locales declaren prioridades nacionales, el derecho al agua, la soberanía alimentaria, el manejo sustentable y acceso, a los recursos naturales por parte de las comunidades y pueblos locales, frente a otras actividades de extracción"
Quito 23 de Octubre del 2007
SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES DE BOLIVAR
Una vez que hemos conocido sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la provincia de Bolívar en relación a la serie de atropellos cometidos por la minera Curiming S.A, cuyo verdadero nombre es Salazar Resources Inc. de capitales canadienses. La mencionada empresa constituye una amenaza inminente en tierras de campesinos e indígenas pues la explotación minera significará el acaparamiento, contaminación de las fuentes de agua y tierra, desplazamiento de comunidades así como de las actividades tradicionales como la agricultura.
La inacción de las autoridades correspondientes frente a las probadas ilegalidades y acciones inescrupulosas cometidas por la empresa minera canadiense, no dejo más camino que la propia acción de las comunidades, obligando a suspender las operaciones y la posterior salida de materiales de la empresa minera.
Una vez que las comunidades campesinas e indígenas depusieron la medida, se han dictado 30 órdenes de captura para miembros de las comunidades que protagonizaron las medidas de hecho, con lo cual se evidencia una vez más, que mientras las comunidades precautelan sus fuentes de sustento que son las de todo el país, las empresas mineras en ciertos casos directamente o a través de terceros continúan criminalizando la lucha por la defensa de la vida. Frente a esto:
CONSIDERAMOS
1- Que los pueblos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, al acceso y manejo de nuestros recursos naturales.
2- Que la actividad minera, particularmente la de gran escala, trae graves e irreversibles impacto ambientales, sociales y culturales, a las comunidades campesinas, pueblos indígenas y al país en general.
3- Que los distintos gobiernos de turno, han promovido la explotación minera a gran escala, respondiendo a intereses de las transnacionales que amenazan nuestro patrimonio y soberanía nacional.
4- Que la actividad minera ha violado preceptos legales y constitucionales, derechos humanos y colectivos en las diferentes provincias del país.
5- Que la expansión de las multinacionales mineras sobre nuestros territorio ecuatoriano atenta a la soberanía y libre determinación de nuestro país.
6- Que hay una constante y flagrante violación del convenio 169 de la OIT.
RECONOCEMOS
1- Que durante los últimos años se han realizado importantes luchas de comunidades afectadas por la minería en el Ecuador, que han sido luchas exitosas y valientes de nuestros hermanos como las de Intag en Imbabura, Pacto en el Noroccidente de Pichincha, Suscal en Cañar, Salinas en Bolívar Shumiral, Gima, San Bartolomé en Azuay, Warintzm, San Juan Bosco en Morona Santiago, Pangui en Zamora Chinchipe, entre otras, que han frenado el desarrollo de actividades mineras en defensa de la vida.
2- Reconocemos que la tenacidad y compromiso de las comunidades y organizaciones nacionales interesadas en defender nuestros recursos naturales, fuentes de vida y sustento frente a la actividad minera merecen no solo nuestro reconocimiento sino nuestro respaldo.
3- Que hemos logrado mantener formas de vida sustentable, hemos desarrollado y podemos realizar actividades sustentables y sostenibles que al momento están amenazadas por las empresas mineras.
4- Que la supuesta compatibilidad entre minería y desarrollo sustentable es una mentira más de las empresas mineras sobre todo transnacionales, debido a sus prácticas de destrucción ambiental, social y cultural que hemos constatado a nivel regional y mundial.
5- Que los minerales que se pretende extraer están destinados mayoritariamente a un mercado de opulencia, a la industria de la guerra, a la sobre producción de metales en los países industrializados del Norte, sin beneficio para nosotros ni para el planeta en general.
6- Que es conocido que las empresas mineras sobre todo transnacionales han propiciado en nuestro país y en otros de la región la persecución, encarcelamiento, enjuiciamientos y otros. Que en todos los casos acusan a quienes luchan por el medio ambiente de “terroristas ecológicos” “saboteadores” “delincuentes” “antidesarrollo” etc.
DEMANDAMOS
1- QUE EL SEÑOR FISCAL DE BOLIVAR CON SEDE EN ECHANDIA REVOQUE LAS 30 ORDENES DE CAPTURA DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR COMO MUESTRA DE QUE SE QUIERE EVITAR MAYOR CONVULSION SOCIAL EN LA ZONA.
2- Demandamos del Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las operaciones de la empresa Curimin S.A de propiedad de la canadiense Salazar Resources Inc.
3- Exigimos del Gobierno nacional como de la Asamblea Constituyente la declaratoria de un país Libre de minería a gran escala.
4- Que el Gobierno Nacional, la Asamblea Constituyente y los poderes locales declaren prioridades nacionales, el derecho al agua, la soberanía alimentaria, el manejo sustentable y acceso, a los recursos naturales por parte de las comunidades y pueblos locales, frente a otras actividades de extracción.
5- Que se respete el derecho de las comunidades a rechazar o a decir NO a los proyectos mineros.
6- Que el Gobierno Nacional defienda la sustentabilidad de nuestros pueblos y no continué otorgando concesiones mineras, a empresas nacionales y transnacionales.
Gloria Chicaiza
171086486-7
- ACCION ECOLÓGICA
- INSTITUTO DE ESTUDIOS ECOLOGISTAS DEL TERCER MUNDO
- OILWATCH – ECUADOR
- FUNDACION CENTRO LIANAS
Fuente: gro.acigolocenoicca@ofni