Destructivos tratados de libre comercio esclavizan a países pobres

EEUU y la UE están exigiendo rápidas y profundas reducciones de tarifas arancelarias sin precedentes, a veces con “arancel cero”, para sus mercancías agrícolas subvencionadas que venden a los países subdesarrollados a precios de “dumping” (véase la historia # 21), sumergiendo a los granjeros locales en la pobreza más desesperada. Mientras tanto, EEUU y la UE se aseguran tarifas altas y rigurosos cupos de importación desde los países subdesarrollados para proteger a sus propios productores. Como resultado de las políticas económicas forzadas por los gobiernos de los países desarrollados, bajo el control de incontables compañías multinacionales, se están produciendo pérdidas sin precedentes del sustento, desplazamientos de trabajadores y trabajo esclavo, en una espiral de degradación de los derechos humanos y del medio ambiente.

Durante 2006, más de cien países en vías de desarrollo fueron involucrados en tratados de libre comercio o negociaciones para tratados bilaterales de inversión (BITs, sigla en inglés). 'Se firmó cada semana un promedio de dos tratados', reveló el informe de Oxfam difundido por IPS. 'Virtualmente, ningún país, al menos pobre, ha quedado fuera'. Muchos de los recientes debates y controversias en las negociaciones de comercio han girado en torno al incremento de la devastación del intercambio por prácticas distorsionadoras de los países ricos en contra de los países en desarrollo que necesitan promover su seguridad alimentaria y el desarrollo industrial.

Sin embargo, la nueva generación de TLCs lleva mucho más lejos esta tradicional imposición de políticas que devienen en reglas dañinas y obligatorias sobre propiedad intelectual, servicios e inversiones, con consecuencias mucho más profundas para el desarrollo y de gran impacto entre los pobres. Recientemente apareció el doble estándar en las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual que contienen la mayoría de los acuerdos comerciales, pues los nuevos acuerdos limitan el acceso de los países en vías de desarrollo a la tecnología patentada y a las medicinas -mientras tampoco pueden proteger el conocimiento tradicional- con un creciente perjuicio para la salud pública. Se espera que el TLC EEUU/Colombia reduzca el acceso a las medicinas en 40%, en tanto el TLC EEUU/Perú dejará de 700.000 a unos 900.000 peruanos pobres sin acceso a medicinas comprables.

Los TLCs con EEUU y la UE también imponen “derechos de semillas' que impiden a los granjeros locales ejercer su capacidad ancestral de utilizar sus propias semillas. Así se hace aún más vulnerable el sustento de los cultivadores de la tierra más pobres del mundo, mientras continúan subiendo los márgenes de beneficio de los negocios agrícolas más grandes del planeta. Los TLCs de EEUU ahora están comenzando a patentar las plantas, algo que no sólo limitará los derechos de los granjeros a intercambiar o vender semillas, sino también les prohíbe guardar y reutilizar semillas que han cultivado por generaciones. Bajo los TLCs con EEUU, incluyendo los de Perú, Colombia y República Dominicana-Centro América (DR-CAFTA, sigla en inglés), los gobiernos de los países subdesarrollados no podrán rechazar el uso de patentes porque ninguna empresa podría indicar el origen de una planta o demostrar con pruebas el consentimiento para su uso en una comunidad local. Como resultado, las comunidades podrían verse obligadas a pagar por las variedades de planta patentadas basadas en recursos genéticos de su propio suelo.

Las nuevas reglas también plantean amenazas a los servicios esenciales mientras los TLCs permitan que los inversionistas extranjeros se hagan propietarios de los cuidados de salud, de la educación, del agua y de los servicios de utilidad pública. Las cláusulas de inversión de los TLCs y de los tratados bilaterales de inversión (BITs, en inglés) permiten que los inversionistas extranjeros demanden por las ganancias perdidas, incluyendo beneficios futuros anticipados, si los gobiernos cambian regulaciones, incluso aunque tales reformas sean de interés público. Estas reglas disminuyen la soberanía de las naciones en desarrollo, transfiriendo poder de los gobiernos a un sinnúmero de empresas multinacionales.

Un número creciente de tratados y acuerdos de inversión alteran severamente los parámetros de la justicia, para evitar que los gobiernos investiguen o regulen la inversión extranjera, prohibiendo el uso de todos los “requisitos de funcionamiento” instituidos para todos los sectores, incluyendo minería, manufacturas y servicios. Más de 170 países han firmado acuerdos internacionales que -ante cualquier conflicto-otorgan a los inversionistas extranjeros el derecho de recurrir inmediatamente al arbitraje internacional, sin intentar resolver primero la disputa en las cortes nacionales. Tal arbitraje no puede considerar el interés público. Sus decisiones se basan exclusivamente en el derecho mercantil.

No sólo se carga contra el interés público la base jurídica para el arbitraje de la inversión, sino también el procedimiento. A pesar del hecho de que muchos paneles de arbitraje estén amparados por el Banco Mundial y Naciones Unidas, el sistema de arbitraje de la inversión está blindado por el secretismo. Es virtualmente imposible descubrir qué casos se están ventilando. Solamente se puede acceder al resultado o al análisis razonado de las decisiones. En consecuencia, no existe un cuerpo con las decisiones de los casos que permita informarse a los gobiernos de los países en vías de desarrollo que se encuentran considerando estos acuerdos de inversión. La organización Oxfam observó que el único sector con acceso a esta información es un selecto grupo de abogados comerciales cuyo poder aumenta constantemente y cuyos honorarios a menudo están fuera del alcance de los gobiernos de los países [pobres] “en vías de desarrollo”.

Estos abogados, según el informe de Oxfam, aconsejan impacientemente a los inversionistas extranjeros cada vez que descubren oportunidades de reclamar compensaciones a los países en vías de desarrollo según los términos de los acuerdos internacionales para la inversión. La oposición más fuerte está originándose en la asimetría política inherente a estos acuerdos bilaterales de comercio e inversión (véase las historias # 8, # 19 y # 21). Como hace ver Oxfam, 'nadie tiene interés a largo plazo en tener una economía global que perpetúe la injusticia social, económica y ambiental'.

Actualización de Laura Rusu (Oxfam International)

Mientras la Ronda de Doha de la OMC siguió siendo absolutamente evasiva en cuanto a un progreso real para alcanzar un resultado de desarrollo amistoso, la negociación bilateral para acuerdos de libre comercio regionales que minarían cualquier desarrollo continuaron a pasos acelerados.

El nuevo liderazgo demócrata en el Congreso de EEUU negoció recientemente cambios en las áreas del trabajo, del ambiente y de la propiedad intelectual, en resguardo del acceso a las medicinas, que deben ser incorporados en los TLCs listos que sólo aguardan la ratificación del Congreso. Si llegaran a ponerse en ejecución, según lo convenido, estos cambios significarían un importante progreso en hacer cumplir los estándares básicos de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos ambientales multilaterales, y en promover la salud pública por sobre los beneficios privados para reducir las protecciones onerosas a favor de los monopolios farmacéuticos. No obstante, aún debe hacerse más en estas áreas y siguen existiendo disposiciones dañinas en varias otras áreas que afectan adversamente a los países en vías de desarrollo, particularmente a los pobres.

Sin otros cambios, los TLCs crean una situación profundamente injusta, donde EEUU provee apoyos y subsidios masivos a su agricultura doméstica que permiten la exportación de sus productos a precios inferiores a los costos de producción, mientras sus socios comerciales -los países en desarrollo-quedan sin medios de protección. Con grandes porciones de sus poblaciones que dependen de la agricultura para su sustento, los TLCs no proporcionan ninguna salvaguarda eficaz para proteger a los granjeros pobres contra la competencia desigual. Además, las reglas de los TLCs obstaculizarán que los gobiernos locales y nacionales direccionen a la inversión extranjera de una manera que contribuya al desarrollo sustentable. Las cláusulas de los acuerdos darán a las compañías extranjeras la capacidad de desafiar las regulaciones de la inversión, tales como las leyes que protegen el ambiente y la salud pública. Estas y otras provisiones negarían el espacio político que necesitan los países “en vías de desarrollo” para fomentar su propio desarrollo.

El gobierno de EEUU se propone conseguir este año la aprobación de los TLCs con Perú, Panamá, Colombia y Corea, aunque sigue siendo dudoso si tendrá suficiente apoyo del Congreso para votar los últimos dos. El liderazgo del Congreso está insistiendo en que Colombia también debe abordar sus serios problemas de violencia e impunidad, particularmente los sufridos por los sindicatos, y exhibe reservas para abrir el mercado a Corea del Sur.

En una vena similar, la Unión Europea ha procedido con negociaciones de TLCs con países de Africa, del Caribe y del Pacífico, empujando adelante en la negociación textos que minarán la capacidad de los países pobres de gobernar sus economías con eficacia, proteger a su gente más pobre, mejorar la calidad de vida y crear nuevos trabajos. Yendo más allá de las provisiones negociadas en un nivel multilateral, la UE está haciendo requerimientos que impondrían reglas de gran envergadura, duras e irreversibles, en las áreas de acceso al mercado, agricultura, servicios y propiedad intelectual.

Simultáneamente, la UE está procediendo a abrir negociaciones formales con los países de América Central para un TLC que impondría reglas similares que minan el desarrollo. Se espera que siga adelante un acuerdo similar con los países andinos y se han anunciado planes para abrir negociaciones con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, sigla en inglés), la India y Corea del Sur. En todas estas negociaciones, la UE, al igual que EEUU, está fallando en darle prioridad al desarrollo.

Fuentes:
Oxfam International, March 2007
Título: “Singing Away The Future”

IPS, cobertura del Oxfam Report, March 20, 2007
Título: “Free Trade Enslaving Poor Countries”
Autor: Sanjay Suri

Student Researcher: Ann Marie O’Toole
Faculty Evaluator: Peter Phillips, Ph.D.

*) Oxfam Internacional reúne a 13 organizaciones que trabajan con 3000 agrupaciones locales de más de 100 países para buscar soluciones a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia. Para más información, ver Oxfam America y Oxfam International.

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Laura Rusu, Oxfam Report y Sanjay Suri

Interpress Service Rebelión, Internet, 19-09-07