Colombia: en Cúcuta se realizó taller sobre exigibilidad de los derechos patrimoniales de la población desplazada

Freddy Ordóñez, Nancy Londoño / Sábado 25 de agosto de 2007

Los pasados 17 y 18 de agosto, en la ciudad de Cúcuta se efectuó el taller “Sensibilización sobre caminos de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la población desplazada de Norte de Santander”, jornada convocada por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA, que contó con la participación de veinte personas que arribaron de las áreas rurales y cabeceras municipales de Convención, Teorema, El Tarra, Tibú y de la capital departamental, Cúcuta. Los asistentes fueron delegados de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y de la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander.

El taller, según sus organizadores, logró ser un espacio de sensibilización para aproximar a grupos de población campesina desplazada o que fue objeto de desplazamiento en Norte de Santander, a los conceptos de reparación integral y a las rutas jurídicas existentes para la exigibilidad del derecho a la reparación. Las temáticas abordadas fueron: patrimonio y derechos patrimoniales, calidades y derechos, rutas de protección, y reparación integral.

Echando pa’lante

Esta estrategia de fortalecimiento a la población desplazada se apoyó en la cartilla Echando pa’lante [ 1], en la cual su autora, Thania López, aborda el desplazamiento forzado en Colombia como una estrategia para la apropiación ilegítima de tierras; el conflicto por la tierra como elemento del conflicto armado; y la contrarreforma agraria como estrategia que favorece el establecimiento de un modelo de desarrollo excluyente.

Ante esto, propone: entender el patrimonio como una integralidad que tiene que ver con todos los aspectos de la vida y está muy ligado al territorio; no claudicar en la exigencia de derechos y en el trabajo colectivo en pro de normas, procedimientos y políticas que contribuyan de manera efectiva a la superación del “estado de cosas inconstitucional” en relación con el desplazamiento forzado; mantener el criterio de la responsabilidad del Estado, planteando que se deben exigir los derechos, las acciones de prevención y, como última instancia, la reparación, como mecanismos de protección efectivos para los desplazados y para la mayor parte de los bienes patrimoniales, sugiriendo rutas para la acción colectiva en la exigencia de derechos.

El desplazamiento forzado y el derecho a la tierra en Norte de Santander

Según Codhes, en Norte de Santander, desde 1999 hasta el 2005, han sido expulsadas 106.008 personas a causa del conflicto interno (especialmente debido a la llegada de los grupos paramilitares al departamento), y de acuerdo con la información manejada por la Mesa de Fortalecimiento Organizativo de Población Desplazada de Norte de Santander, las AUC despojaron al campesinado de más de un millón de hectáreas, razón por la cual los asistentes vieron muy oportuno la realización de este taller y la capacitación realizada, más ahora cuando se proyecta en la región la realización de grandes proyectos mineros, energéticos y agroindustriales que implicarían una férrea defensa, en diferentes escenarios, de la tierra y el territorio. Tales proyectos tienen relación con la explotación de carbón a cielo abierto, explotación que impactaría una zona superior a 25.000 hectáreas; la realización de estudios sísmicos en 260.000 has, para emprender exploraciones petroleras; y la extensión de los monocultivos agroindustriales de palma aceitera hasta alcanzar las 20.000 has.

Uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo manifiestan su preocupación por el panorama que se proyecta sobre la región, pero igualmente manifiestan su convicción en la defensa y permanencia en sus tierras: “ Vemos que sobre el Catatumbo se proyectan grandes inversiones, para lo cual lo más probable, como ha pasado en otras partes del país, es que se busque el desplazamiento forzado y el abandono de las tierras del campesinado y de los indígenas Barí, pero la Asociación desde su creación, se proyectó la lucha contra el desplazamiento forzado, y la necesidad del afianzamiento y permanencia en el territorio, impulsando una verdadera reforma agraria integral y democrática que resuelva las necesidades de la tierra y su repartición igualitaria”.

El dirigiente campesino agregó que “ en estos dos años que llevamos de constituidos como Asociación, en las Escuelas de Formación realizadas, hemos aprendido a considerar la tierra como un derecho humano social y económico transversal, ligada al derecho al trabajo y a la alimentación, por ejemplo, pero esa calidad de derecho transversal no la subordina a los otros derechos sino la hace exigible por sí misma, así en las leyes vigentes no esté explícitamente consagrada”.

[ 1] LÓPEZ, Thania, Echando pa`lante. Caminos de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la población desplazada, ILSA, Bogotá, 2007.

Fuente: Prensa Rural