Posición de RAP-AL Uruguay frente a la Comisión Interministerial que prepara ley de bioseguridad
El país se encuentra en una encrucijada. A punto de plasmar un marco legal que regule las condiciones de bioseguridad nacionales, se convocó a la sociedad civil a realizar los aportes que considere pertinentes
En el marco de ese proceso, RAP-AL Uruguay, junto a APODU (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay) la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas del Uruguay y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, hizo entrega de documentos e investigaciones sobre los impactos de los cultivos transgénicos -en Uruguay y en el mundo-, a la comisión interministerial encargada de elaborar el ante-proyecto de la ley marco de bioseguridad.
La inclusión en una matriz productiva de sistemas basados en aplicaciones comerciales de técnicas biotecnológicas afecta la misma a todo nivel. De una acertada evaluación de todos esos efectos dependen las chances de concreción de cualquier política de Estado que apunte a mejorar y hacer sostenible la calidad de vida de los habitantes del territorio.
Abordar el tema desde una perspectiva del tipo “biotecnología si o no” sería caer en una discusión inconducente, además de irresponsable. Los riesgos que implica para el país la expansión del cultivo de variedades vegetales manipuladas genéticamente no devienen del “avance de la ciencia”, sino de las aplicaciones tecnológicas comerciales posibilitadas por ese avance.
La moratoria al ingreso de nuevas variedades vegetales genéticamente modificadas decretada por el Poder Ejecutivo como paso previo a la definición de un marco legal de bioseguridad le otorga al país una oportunidad sumamente valiosa. El mejor modo de aprovechar esa oportunidad pasa por realizar una evaluación exhaustiva de lo que le ha dejado al país la experiencia, desde fines de la década de los 90, del uso de este tipo de cultivos. ¿Cómo ha impactado el cultivo de soja y maíz transgénico en nuestra matriz productiva, en nuestro desarrollo social y en nuestros recursos naturales?
Al mismo tiempo, se deberían tomar en cuenta las consecuencias que las aplicaciones comerciales de estas tecnologías han tenido en el resto del mundo. ¿Han ayudado a resolver o más bien han profundizado problemas como la pérdida de soberanía alimentaria, la concentración de la riqueza, la dependencia económica o el hambre mundial?
El material entregado arroga luz sobre todos estos aspectos. En algunos casos, asumiendo tareas que deberían haber sido emprendidas por el propio Estado.
Esperamos que este aporte sea tenido en cuenta por las autoridades competentes. También esperamos que el aporte de la Sociedad Civil no se agote en este suministro de material. Apostamos a que se habilite la posibilidad de una participación real en la definición de un marco legal que pautará el tipo de desarrollo podrá tener nuestro país en los próximos años.