México: habrá protestas en rechazo a la política agropecuaria: UNORCA
No pretendemos desestabilizar el país con movilizaciones y protestas, pero en el campesinado ya no hay confianza debido a la política selectiva de entrega de recursos de los programas, que ha dejado fuera de los beneficios a 20 mil familias de integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), asentó la Coordinación Nacional Ejecutiva de la agrupación
Olegario Carrillo, Servando Olivarría, Rogelio Alquiciras y Carlos Ríos, de dicha comisión, sostuvieron que la Jornada por la dignidad campesina e indígena "no es una ocurrencia", sino una protesta ante la exclusión y reclamo por los recursos destinados al campo. Informaron que a partir del 9 de agosto los productores instalarán un campamento en el Monumento a la Revolución, pero antes -los días primero y 2 de ese mes- realizarán un encuentro internacional, al que asistirán delegados de Vía Campesina de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y África.
Esta ya no puede ser una lucha aislada, menos cuando "las propuestas y demandas campesinas no son escuchadas ni atendidas por los responsables de la política agropecuaria y social del país". Hay que sostener alianzas con diversas organizaciones sociales nacionales y buscar la solidaridad internacional, sostuvo Olegario Carrillo en conferencia de prensa.
"Desde enero -dijo mostrando los oficios con sello de recibido- se solicitó audiencia a los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas; Desarrollo Social, Beatriz Zavala, y Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada, y a la fecha no hay respuesta. Esperamos que el silencio no sea porque estemos en una lista negra ni castigo por la solidaridad de la UNORCA con diversas protestas nacionales, ni porque Flavio Sosa y César Mateos -de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca- sean integrantes de la organización."
Tampoco, dijo Carrillo, debe ser condición que el diálogo sea únicamente en el contexto del Consejo Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable, como ha apuntado el titular de la Sagarpa. "Eso es un error. No hay razón para que las organizaciones campesinas sean sometidas a un tipo de instancia. La demanda es diálogo, respeto a nuestra pluralidad y autonomía. Tenemos principios irrenunciables, como la defensa de la propiedad social, y no los cambiaremos por dádivas, pero también tenemos derecho a acceder a los recursos de los programas y que se atiendan las demandas, como la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)".
El hambre tiene límite, y por eso el justo reclamo al acceso, sin privilegios por cercanía política ideológica con el PAN, a los recursos para el campo, abundó Servando Olivarría, ejidatario de Sinaloa. Agregó que en esa entidad las ventanillas para la entrega de solicitudes de acceso a los programas de Alianza para el Campo cerraron el pasado 29 de junio, y de las nueve mil, dijo, sólo cuatro mil serán aceptadas. "Eso es sólo una muestra de lo que pasa en el país y de la cerrazón gubernamental", resaltó.
La preocupación campesina no se debe únicamente a los efectos del TLCAN, sino también a la reforma fiscal, que de aprobarse como la propuso el Ejecutivo será la puntilla para los pequeños productores y sus empresas. "Es el gobierno el que no deja otra opción más que la movilización de protesta para que los funcionarios reflexionen y no se equivoquen. Nosotros no pretendemos crear situaciones de inconformidad social como la de Oaxaca, o la que se dio en Chiapas en 1994, pero es obligación constitucional de quienes gobiernan dar certidumbre a la sociedad y respetar lo establecido en la ley para el desarrollo rural sustentable.