Bolivia: construcción de corredor Bioceánico perjudica indígenas
Las Organizaciones Indígenas de Bolivia expresaron su preocupación ante la grave situación de los pueblos indígenas Chiquitanos y Ayoreo frente los proyectos IIRSA - Corredor Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez y de infraestructura vinculados con el Mutún
Las Organizaciones Indígenas de Bolivia: la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, Organización Indígena Chiquitana OICH, Centrales afiliadas a la OICH y representantes de Comunidades Indígenas Chiquitanas y Ayorea, en comunicado firmado durante la Magna Asamblea de las Organizaciones y Comunidades Indígenas Chiquitanas y Ayorea y divulgado en el último 5 de mayo, expresaron su preocupación ante la grave situación de los pueblos indígenas Chiquitanos y Ayoreo frente los proyectos IIRSA - Corredor Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez y de infraestructura vinculados con el Mutún.
Según el comunicado, la construcción del Corredor Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez provocó innumeres impactos sociales y ambientales negativos para el hábitat y desarrollo de los pueblos de la región, los cuales no han sido tomados en cuenta para la Evaluación de Impacto Ambiental. El estudio no fue capaz de prever los impactos ambientales que están siendo perjudicial a las comunidades indígenas del local, como: contaminación hídrica y sequía, disminución de la fauna silvestre, chaqueo ilegal, avasallamiento al territorio por parte de terceros (extranjeros), amparados por inescrupulosos mercaderes de la tierra, extracción ilegal de áridos y extracción ilegal de madera.
La construcción de la carretera Santa Cruz - Puerto Suárez dividió física y socialmente las comunidades históricas de la Chiquitanía. Los planes de protección ambiental acordados para el área no están siendo cumplidos y las autoridades, las cuales competen hacer la fiscalización y obligar o cumplimiento de los acuerdos no están haciéndolo. Para los indígenas, esos proyectos no están tomando en cuenta el desarrollo integral de los pueblos indígenas de la Chiquitanía, ni respectan la cultura, valores e identidades de ellos.
Los indígenas piden que el Gobierno Boliviano en coordinación con las autoridades departamentales, y locales, adopten una eficaz política de Estado para combatir esos problemas. Ellos exigen que el Gobierno "revise y modifique los convenios emergentes de los proyectos IIRSA, a los fines de contemplar de forma real y objetiva, los impactos socio-ambientales producidos en desmedro de las comunidades, además de establecer responsabilidades socio-económicas, se vigile l cumplimiento de las mismas y sean estas con verdadera justicia social".
El comunicado pide que el gobierno adopte mecanismos de garantías para el respeto irrestricto de los derechos sociales, económicos y culturales como pueblos indígenas. Los indígenas dijeron que están "en estado de emergencia, hasta lograr que nuestras voces de angustia y reclamo, por nuestras familias, por nuestra flora, por la fauna, por nuestros territorios, sean escuchadas y atendidas por las autoridades nacionales, departamentales y locales, en base a Tratados Internacionales, conforme a las Leyes Bolivianas y sobretodo, conforme a nuestros Derechos".