Paraguay: ONGs ambientalistas denuncian violencia desencadenada por la expansión de soja

Asunción, 2 de junio de 2006
Comunicado de Prensa

SOBREVIVENCIA, Amigos de la tierra Paraguay
Coalición Mundial por los Bosques

Hoy, el 2 de junio, durante la sesión de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de la República del Paraguay (CONADERNA), SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay presento una carta abierta al Presidente de la CODERNA, Dr. Cándido Vera Bejarano, al Ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas y al Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, para expresar su grave preocupación por los casos de intoxicación, la falta de cumplimiento de las leyes y la ausencia de aplicación de sanciones a hechos que claramente afectan a la salud humana y ambiental y a los derechos humanos.

Las ONGs señalan que efectivamente, ahora que se está luchando fuertemente contra la impunidad, surgen amenazas a las propias víctimas de la intoxicación por agroquímicos, según denuncian los familiares de Silvino Talavera, niño fallecido por intoxicación y cuyo caso se volvió paradigmático. Este caso ha logrado sentar un precedente muy importante de castigo a los grandes cultivadores de soja que incumplen las leyes y ha logrado demostrar el riesgo común al que se somete a las comunidades, fumigándolas con agrotóxicos y obligando a sus habitantes a vender sus tierras si no quieren morir contaminados. Pero los familiares de Silvino fueron amenazados y existe fuerte sospecha de que las amenazas realizadas fueron efectivamente cumplidas.

SERAPIO VILLASBOA CABRERA (hermano de la madre de Silvino, Petrona Villasboa), desapareció el día 28 de abril de 2006, día en que fue visto por última vez con vida. El 8 de mayo, en el interior de un monte aproximadamente a 400 metros de su domicilio fue encontrado su cadáver. Según la autopsia realizada, Serapio Villasboa fue asesinado brutalmente el mismo día de su desaparición con 11 puñaladas, dejándosele clavado en el cuerpo el puñal con que lo mataron.

La familia Villasboa, apoyada por el Movimiento Campesino Paraguayo,
ha denunciado falta de interés por parte de las autoridades locales en investigar y encontrar a los culpables del asesinato de Serapio Villasboa. La fiscal, pocos días después del hallazgo del cuerpo de Serapio Villasboa, liberó rápidamente a los supuestos responsables.

“El pueblo de nuestro país está enfermo y todos estamos cansados de soportar tanta negligencia, tanta omisión, tanta impunidad.” dijo la abogada Beatriz Silvero, quien presento la carta de parte de SOBREVIVENCIA durante la sesion de CONADERNA.

“La implementación del modelo de desarrollo extractivista y agroexportador beneficia a unos pocos empresarios y genera pobreza, desempleo rural (debido al uso de tecnologías inapropiadas que sustituyen la mano de obra humana), exclusión social, deforestación masiva, contaminación de los suelos, el aire y el agua, destrucción de biodiversidad y, en consecuencia, la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades indígenas y campesinas”, agregó Miguel Lovera, coordinador de la Coalición Mundial por los Bosques, una red de organizaciones non-gubernamentales y indígenas internacional con un sede en Asunción.

En la carta de SOBREVIVENCIA, se propone la creación de un nuevo modelo de gestión del país, que promueva la sustentabilidad y que aproveche las oportunidades que las características del territorio nacional presentan para la producción de bienes realmente competitivos. Este modelo de gestión debe incluir el ordenamiento ambiental del territorio; debe incentivar y promocionar la agricultura sustentable, desalentando la producción insana desde todas las instancias del gobierno a través de políticas públicas adecuadas y delimitando territorios libres de tóxicos.

Además, las dos organizaciones demandan que se garantice la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales que están siendo violados, así como la seguridad de los luchadores por los derechos sociales y ambientales y el esclarecimiento de los casos de amenazas y muerte de estos luchadores.

Para mas información:

Beatriz Silvero de Céspedes, Coordinadora del Area Jurídica, SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay. Tel.(+595) -021-480182 o (+595)- 0981-921850

Pablo Valenzuela, Jefe del Area de Comunicación, SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay. Tel.(+595) -021-480182

Miguel Lovera, coordinador, Coalición Mundial por los Bosques. Tel.: (+595)-021-663654 o
(+595) – 0971-201957

Carta a Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), Ministro del Ambiente y Fiscal General del Estado

Asunción, 2 de junio de 2006

Señores

Dr. Cándido Vera Bejarano
Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA)

Ing. Alfredo Molinas
Ministro del Ambiente

Rubén Candia Amarilla
Fiscal General del Estado

SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra, Paraguay, se dirige a Ustedes a los efectos de formular las siguientes manifestaciones y peticiones:

En el Paraguay la campaña de lucha contra los agrotóxicos, contra la conversión de los bosques y otros ecosistemas para monocultivos de gran escala y por un Paraguay Libre de Transgénicos lleva años. Reiteradamente hemos manifestado nuestra preocupación por los efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población rural, los riesgos para la seguridad alimentaria, la salud humana y los daños a la biodiversidad que presenta el cultivo de soja y otros productos a gran escala, en especial la soja genéticamente modificada. Ante la posibilidad manifiesta del Gobierno Nacional de liberar su cultivo para fines comerciales en nuestro país, diversas organizaciones hemos planteado nuestra oposición a la liberación de la soja genéticamente modificada. Ello aumentaría los impactos y riesgos, y violaría el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, compromiso asumido por más de 164 países, el nuestro entre ellos, al suscribir la Agenda 21 y el Convenio de Diversidad Biológica.

Ya hemos reiterado en varias ocasiones los serios problemas sociales y ambientales generados por la elevada utilización de biocidas químicos (conocidos como plaguicidas, agrotóxicos, agroquímicos o defensivos agrícolas) en zonas muy cercanas a comunidades, colonias y otros asentamientos campesinos. Los mismos afectan la salud y la vida de comunidades enteras: hogares, escuelas, zonas de esparcimiento en general, chacras familiares y comunitarias.

Según la organización Alter Vida, un total de 24.600.000 litros de agrotóxicos al año son empleados en cultivos en Paraguay, lo cual es preocupante considerando que esta cantidad es solo la que corresponde a los registros de agrotóxicos introducidos legalmente. Los agrotóxicos contaminan el agua, el aire y el suelo, atentando contra la biodiversidad existente.

El Ministro del Ambiente del Estado de Paraná, Brasil, decía en Curitiba durante los eventos paralelos a la reunión de partes del Convenio de Diversidad Biológica, que son campeones en la producción de granos y eso les ha valido también ser campeones de casos de cáncer de hígado y páncreas.Manifestaba asimismo que un estudio realizado en el mismo Estado demostró que de cada 100 madres lactantes, 92 tenía agrotóxicos en la leche materna. ¿Es esto lo que queremos, o peor aun, lo que ya tenemos con la diferencia de no saberlo?

Muchos casos de intoxicaciones provenientes de las zonas de producción extensiva de soja, que incluyeron muertes de varias personas, han sido difundidos por los medios masivos de comunicación. Los casos de intoxicación masiva, como los ocurridos en Gral. Resquín-San Pedro, Pireca-Guairá, 3 de febrero-Caaguazú, San Pedro del Paraná-Itapúa y otros, son claros indicios de que el problema se viene agravando, y siguen sin tomarse las medidas precautelares necesarias y exigidas por la ley para salvaguardar la salud de niños, mujeres y hombres campesinos e indígenas y la calidad ambiental de nuestro territorio.

Los casos de intoxicación, la falta de cumplimiento de las leyes y la ausencia de aplicación de sanciones a hechos que claramente afectan a la salud humana y ambiental indignan a compatriotas, pues no se generan garantías claras de que las leyes se apliquen efectivamente en la defensa y protección de todos los habitantes del país.

Hacemos un llamado una vez más al Ministerio Público para el seguimiento de los casos denunciados y la sanción ejemplar a los autores.

Organizaciones de la sociedad civil han resuelto solidarizarse con los casos denunciados y exigir el seguimiento hasta el castigo de los autores o la destitución de los que omiten el cumplimiento de sus funciones, independientemente de las penas que pudieren corresponderles por el código penal vigente.

Hemos llegado con anterioridad a la Secretaría del Ambiente, a la Defensoría del Pueblo, al Congreso, a la Fiscalía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Salud y es muy preocupante la escasa y débil acción de las autoridades de aplicación (Secretaría del Ambiente, Fiscalía del Ambiente, Dirección de Defensa Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy SENAVE, Dirección de Toxicología del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), ante la gravedad de los hechos citados.

Los mecanismos de que se refieren al uso de agrotóxicos, se encuentran dispersos a través de resoluciones cuya existencia casi nadie conoce. Muy poca o nula es la difusión de los mismos. Además, los agroexportadores no se preocupan en cumplir las reglamentaciones existentes sobre uso de agrotóxicos, lo que aumenta la generación de incontables problemas en la salud humana. Por otro lado, muy pobre y escasa es la normativa existente para la promoción de la producción orgánica, que previene la contaminación.

No solo se ha criminalizado la lucha social, se ha criminalizado la pobreza. La muerte de tantos campesinos hace pensar en que se crearon escuadrones de la muerte que no solo atacan a los denunciantes y defensores de derechos humanos, sino que defienden este modelo extractivista, agroexportador, tan dañino.

Efectivamente, ahora que se está luchando fuertemente contra la impunidad, surgen amenazas a las propias víctimas de la intoxicación por agroquímicos, según denuncian los familiares de Silvino Talavera, niño fallecido por intoxicación y cuyo caso se volvió paradigmático. Este caso ha logrado sentar un precedente muy importante de castigo a los grandes cultivadores de soja que incumplen las leyes y ha logrado demostrar el riesgo común al que se somete a las comunidades, fumigándolas con agrotóxicos y obligando a sus habitantes a vender sus tierras si no quieren morir contaminados.

¿Cuales son las derivaciones que surgen de las denuncias presentadas? Persecuciones, amenazas de muerte, pérdida de servidumbres de paso, amedrentamiento. Los familiares de Silvino fueron amenazados y existe fuerte sospecha de que las amenazas realizadas fueron efectivamente cumplidas.

SERAPIO VILLASBOA CABRERA (hermano de la madre de Silvino, Petrona Villasboa), desapareció el día 28 de abril, día en que fue visto por última vez con vida. El 8 de mayo, en el interior de un monte aproximadamente a 400 metros de su domicilio fue encontrado su cadáver. Según la autopsia realizada, Serapio Villasboa fue asesinado brutalmente el mismo día de su desaparición con 11 puñaladas, dejándosele clavado en el cuerpo el puñal con que lo mataron.

La familia Villasboa, apoyada por el Movimiento Campesino Paraguayo,
ha denunciado falta de interés por parte de las autoridades locales en investigar y encontrar a los culpables del asesinato de Serapio Villasboa. La fiscal, pocos días después del hallazgo del cuerpo de Serapio Villasboa, liberó rápidamente a los supuestos responsables.

Los campesinos están denunciando las prácticas ilegales de las Guardias Ciudadanas que incluyen allanamientos, torturas y detenciones a las que se somete a quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia.

El pueblo de nuestro país está enfermo y todos estamos cansados de soportar tanta negligencia, tanta omisión, tanta impunidad.

Hasta este momento, ni el Ministerio de Salud, ni las gobernaciones, ni las municipalidades han diseñado las políticas adecuadas en sistemas preventivos de salud, ni se han ejecutado las inversiones requeridas para equipar los laboratorios que sean necesarios para realizar los estudios avanzados necesarios para detectar los residuos de tóxicos en el agua, aire, suelo o cuerpo humano.

En el marco de nuestra campaña por un Paraguay Libre de Tóxicos y Transgénicos hemos detectado muchos problemas relacionados con el avance de la frontera de la soja y el uso indiscriminado de agrotóxicos:

1- Las leyes ambientales vigentes no se cumplen. Faltan mecanismos de control eficientes. Hay por un lado flagrante impunidad de las transgresiones y por el otro, vacíos legales que deben ser remediados.

2- No se cumple el Plan Nacional de Seguridad Química, cuyas partes son el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales, el sector productivo, las ONGs y las comunidades y que posee una Secretaría Técnica Permanente, ejercida por el Ministerio de Salud.

3- Falta información toxicológica dirigida a las instituciones involucradas en el tratamiento de los tóxicos a través de la capacitación y adiestramiento de personal

4- La infraestructura de los laboratorios pertinentes es muy deficiente y los mismos actualmente no están dotados de los elementos indispensables para la realización de estudios en caso de intoxicaciones o accidentes con productos químicos.

5- No existe un control integral de las sustancias químicas durante el proceso de su adquisición, almacenamiento, utilización y descarte, ni seguimiento a todo el ciclo de su uso. Faltan especificaciones de uso claras; no se cumplen con las reglamentaciones sobre el etiquetado. No se implementan las franjas de seguridad establecidas por la Resolución Nº 485 del 11 de diciembre del 2002, y el Decreto Nº 18831/86; o las mismas son insuficientes. Además, el uso de agrotóxicos está muy incentivado por los extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería

6- Faltan mecanismos fiscales y presupuestarios para asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de monitoreo y control de tóxicos, incluidos los laboratorios, por ejemplo creando impuestos a la venta de agrotóxicos y otros productos que deban ser desincentivados

7- Hay manifiesta impunidad de los delitos cometidos y falta responsabilidad ante la producción de daños (pobreza, degradación, enfermedades y muerte) causados a comunidades y ecosistemas, a cargo de los autores de estos daños, según requiere la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Mientras se viola el derecho a la calidad de vida y a la vida misma, el derecho al trabajo, a un ambiente sano, a modos de producción y vida rural sustentables, hay persecución a los denunciantes, criminalización de la lucha social, criminalización de la pobreza.

8- Falta intervención responsable de la Fiscalía para el castigo ejemplar de los delitos ecológicos, especialmente la comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas; la comisión de envenenamientos por productos de uso común; el ingreso al territorio nacional de sustancias nocivas; el uso abusivo de los suelos, delitos estos tipificados y castigados por el Código Penal y la ley 716.

9- La implementación del modelo de desarrollo extractivista y agroexportador beneficia a unos pocos empresarios y genera pobreza, debido al uso de tecnologías inapropiadas que sustituyen la mano de obra humana. Este modelo de desarrollo propicia exclusión social, agotamiento de los bienes naturales y degradación social y ambiental y, en consecuencia, violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades indígenas y campesinas, además de las urbanas, que son las principales consumidoras de los productos y agua contaminados. Un resultado palpable de la implementación de este modelo de desarrollo, es que en nuestro país, la concentración del poder sobre la tierra y la producción es una de las peores de todo el continente Americano

10- La expansión de la frontera de la soja y los monocultivos extensivos, no responde a intereses ciudadanos y rompe con todos los modelos de ordenamiento territorial existentes.

En respuesta a estos problemas, proponemos la creación de un nuevo modelo de gestión del país, que promueva la sustentabilidad y que aproveche las oportunidades que las características del territorio nacional presentan para la producción de bienes realmente competitivos. Este modelo de gestión debe incluir el ordenamiento ambiental del territorio; debe incentivar y promocionar la agricultura sustentable, desalentando la producción insana desde todas las instancias del gobierno a través de políticas públicas adecuadas y delimitando TERRITORIOS LIBRES DE TOXICOS que posibiliten la producción sustentable de alimentos orgánicos para el consumo nacional y para los mercados de exportación.

Como medida inmediata, solicitamos la implementación de las propuestas de acción con respecto a los tóxicos agrícolas y a los organismos genéticamente modificados que adjuntamos y que ya fueran presentadas con anterioridad ante la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), la Defensoría del Pueblo y otras instancias gubernamentales, así como en diversos ámbitos no gubernamentales.

Solicitamos finalmente, se garantice la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales que están siendo violados por los hechos que arriba denunciamos, así como la seguridad de los luchadores por los derechos sociales y ambientales y el esclarecimiento de los casos de amenazas y muerte de estos luchadores.

Beatriz Silvero de Céspedes
Coordinadora del Area Jurídica
SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay