Ecologistas en Acción apoya la nacionalización del petróleo y gas en Bolivia
Ecologistas en Acción considera que los recursos naturales, ya sea el petróleo, el gas, el agua, o la biodiversidad, deben ser gestionados de forma pública por las personas que habitan los territorios donde se encuentran. La asociación ecologista considera que una gestión privada dentro de las leyes del mercado conlleva, inevitablemente, el expolio y la sobreexplotación de dichos recursos, ya que la única premisa en la explotación es el máximo beneficio
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN APOYA LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS EN BOLIVIA CON VISTAS A UNA GESTIÓN MÁS ECOLÓGICA DE LOS MISMOS.
Sin embargo, una gestión pública no es sinónimo necesariamente de buena gestión. Y con buena gestión queremos señalar básicamente dos aspectos: que busque el beneficio de toda la sociedad y que respete el equilibrio con el entorno. La medida adoptada por el Presidente boliviano consideramos que va en la vía de buscar el beneficio de toda la sociedad, pero no tenemos tan claro que vaya a conllevar un mayor respeto ambiental en la gestión del gas y el petróleo. En ese sentido esperamos que las declaraciones del Ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz Rada, en la que acusaba a Petrobras y BP de daños ambientales en sus prácticas extractivas en Bolivia, hagan cambiar radicalmente la política de hidrocarburos de ese país. Daños ambientales de los que tampoco está exenta Repsol-YPF, como lo atestiguan sus campos presentes en los Parques Nacionales Carrasco e Isidoro Securé, y el Área de Protección de la Cuenca Eva Eva - Mosetenes, entre otros lugares de alto valor ambiental y con presencia de pueblos indígenas.
Por otra parte, Ecologistas en Acción deplora la actuación del Gobierno español a raíz de la declaración de nacionalización de las reservas. Una actuación que ha ido, en todo momento, encaminada a preservar los intereses de Repsol-YPF en Bolivia. En primer lugar no debemos olvidar que Repsol-YPF a quien beneficia es a su accionariado (del cual más del 50% no es capital de empresas o particulares españoles) y, obviamente, entre el accionariado no se encuentra más que un ínfimo porcentaje de la población española. En ese sentido cabe preguntarse si debe ponerse en marcha toda la maquinaria diplomática española para defender los intereses privados de un reducidísimo grupo de personas, ¿a quién sirve el Gobierno español?
Pero no sólo se ha puesto en marcha esa maquinaria diplomática, también se están poniendo sobre la mesa amenazas veladas y no tan veladas. Veladas cuando el Ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos o el Responsable de la Política Exterior y de Seguridad europea, Javier Solana, hablan de los peligros para Bolivia en los mercados internacionales de esta medida. Y no tan veladas cuando se está barajando la no condonación del monto de deuda externa que tenía contraída Bolivia con España y que habían acordado en su reciente reunión Evo Morales y José Luis Rodríguez Zapatero. Nuevamente esto nos lleva a preguntarnos si la defensa de los intereses de ese reducidísmo grupo de accionistas de Repsol-YPF, que gozan de una situación económica nada precaria, es legítima frente al intento de salir de la pobreza de amplias capas sociales bolivianas.
Por último, el Gobierno español demuestra la vacuidad de su proyecto estrella a nivel internacional, la Alianza de Civilizaciones, al defender los intereses de un pequeñísimo grupo de personas frente a las necesidades del pueblo boliviano, en un tema que no va a conllevar repercusiones, tenga el final que tenga, para la gran mayoría de la ciudadanía española.
El Gobierno de Zapatero haría mucho mejor si dirigiese sus esfuerzos al cumplimiento del Protocolo de Kioto, la reducción de la movilidad motorizada, el ahorro energético o la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, en lugar de apoyar a una empresa petrolera.
Para más información: Luis González (626682685) o Tom Kucharz (619949053).
Fuente: Ecologistas en Acción