México: ofensiva de trasnacionales para apropiarse del agua, denuncian ONG
Lucro y contaminación, principales secuelas de la entrega de pozos y ríos a la IP, alertan unos 400 delegados de organizaciones civiles que analizan la problemática del sector
En países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay, las empresas trasnacionales que administran el agua han llegado a embargar las propiedades de quienes tienen deudas con ellos, advirtieron activistas de esas naciones.
Los programas gubernamentales mexicanos sobre el agua están dirigidos a la privatización total del recurso, lo cual se da no sólo mediante el control del servicio, sino también de las presas y ríos, y de la venta del líquido embotellado. Todo esto en el mundo es manejado por unas cuantas empresas cuya presencia en América Latina ha dejado resultados negativos y ha sido un fracaso, señalaron organizaciones de la región reunidas en el foro En defensa del agua.
Con cambios en las legislaciones para legitimar la presencia de las compañías trasnacionales y el apoyo de organismos multinacionales, como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, la privatización de los recursos hídricos que ha convertido al agua en una mercancía se ha extendido por el planeta.
Alrededor de 400 delegados de organizaciones y comunidades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Sonora y representantes de Canadá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, entre otras naciones, están reunidas desde ayer para analizar el impacto de ese proceso, que por un lado ha incidido en el incremento de tarifas al público en general bajo argumentos de escasez y, por otro lado, ha favorecido a la industria con concesiones de pozos, se le permite contaminar el líquido y además tratarlo para su venta.
Sumado a ello, la construcción de presas, que en México se prevé que serán concesionadas al sector privado de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, ha ocasionado el desplazamiento de poblaciones -un ejemplo de esto es el Plan Puebla-Panamá que prevé toda esa infraestructura- y la desviación de cauces de ríos para abastecer del líquido determinadas zonas, explicó Tony Clarke, director del Instituto Polaris.
El especialista consideró que la privatización de los servicios públicos de agua significa que empresas trasnacionales como Suez, Vivendi y RWE-Thames, con apoyo del Banco Mundial, se apropien de las redes de suministro para hacer grandes negocios. A esto se agrega el rápido crecimiento de la industria del agua embotellada que es dominada por empresas como Nestlé, Danone, Coca Cola y Pepsi Co., lo cual contribuye al agotamiento y contaminación de las aguas subterráneas, agregó.
Por su parte, Andrés Barreda, del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, estimó que la privatización se da en varios frentes. En el ámbito urbano está el Promagua, mediante los organismos operadores del servicio que paulatinamente han dejado de ser públicos para convertirse en empresas privadas y que han quedado en manos de trasnacionales, como Suez y Vivendi, en combinación con grandes empresas mexicanas de infraestructura como ICA.
Este proceso, dijo, también se da con los registros particulares de los pozos y hay una embestida contra la propiedad colectiva del agua, ya que además se concesiona el uso de ellos a ramas industriales altamente consumidoras del líquido, como el caso de la automotriz, además de la alimenticia, la química y las refresqueras. Estas tienen un doble derecho porque cuentan con la posibilidad de que el agua que contaminaron en sus procesos industriales la pueden tratar y venderla.
Agregó que las trasnacionales se presentan en México como "empresas integradoras de servicios", es el caso de Enron, Suez y Vivendi, las cuales se encargan de actividades de construcción, operación, manejo y venta directa de recursos, como gas y electricidad, para los que existen los contratos de servicios múltiples.
Destacó el hecho de que funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Vicente Fox, quien fue director de Coca Cola, estén ligados de alguna manera con el agua. Es también el caso del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien participó en el proceso de privatización de pozos y manejo de acuíferos desde que estuvo en el gobierno de Guanajuato, y Cristóbal Jaime, director de la Comisión Nacional del Agua y ex director de Lala, puntualizó.
En el foro, representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay aseguraron que en sus países ha sido un fracaso el proceso privatizador del servicio de agua potable y que la política de que "quien paga puede acceder al agua" ha llevado no sólo a la suspensión del servicio sino a que a la gente se le embarguen sus viviendas cuando no puede pagar.