Triunfo indígena en Brasil: frenan obras de la represa Belo Monte
Un tribunal federal ordenó suspender las obras de la gigantesca represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, debido a que los indígenas no fueron escuchados antes de que las obras se iniciaran en junio de 2011.
El Tribunal Regional Federal de la 1era Región (TRF1) acogió una apelación de la fiscalía de Pará, estado donde se construye la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, y dispuso la paralización de los trabajos hasta tanto las comunidades nativas sean escuchadas en el Congreso, según un fallo divulgado el martes.
La decisión podrá ser apelada por Norte Energía, consorcio constructor de la obra, ante una instancia superior. Consultada por la AFP, la empresa dijo que espera la notificación del fallo para responder jurídicamente.
La justicia "ordenó parar las obras porque los indígenas no fueron escuchados antes de que iniciara la construcción", explicó una fuente del organismo a la AFP.
En 2005, cuando el Congreso dio luz verde al proyecto de Belo Monte exigió que se realizaran los respectivos estudios ambientales, pero la ley determina que los indígenas sean escuchados antes de que se autoricen los trabajos y con base en dichos estudios.
Las comunidades indígenas asentadas en los márgenes del río Xingú se oponen a la represa por su alto impacto en actividades como la pesca, si bien la hidroeléctrica se construye fuera de sus territorios.
Los aborígenes -que en varias oportunidades han interrumpido los trabajos con protestas- deberán ser escuchados en el Congreso para que la construcción de Belo Monte pueda ser reiniciada, explicó la fuente del tribunal.
No obstante, en caso de que la sentencia del martes sea ratificada, no está claro aún si los indígenas podrán bloquear definitivamente la construcción de Belo Monte o si el Congreso puede ordenar la reanudación de las obras sólo con oírlos y sin tener en cuenta su inminente rechazo.
El TRF1 -que dejó sin efecto una decisión previa favorable a la continuación de las obras- fijó una multa de 500.000 reales diarios (unos 250.000 dólares) en caso de que la empresa desacate la orden, que fue celebrada por los indígenas.
"Esa fue una decisión histórica para el país y para los pueblos (del río) Xingú. Fue una gran victoria que muestra que Belo Monte no es un acto consumado. Estamos muy felices y satisfechos", afirmó Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo, en declaraciones a la prensa.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país), Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay.
El proyecto está valorado en unos 13.000 millones de dólares y prevé la inundación de 502 km2, además del desvío del río Xingú. Las obras se iniciaron en junio de 2011, tras décadas de controversias, y se espera que la primera turbina entre en operación en 2015 y la última en 2019.
Belo Monte no inundará ninguna tierra indígena, pero las comunidades pueden sufrir con la pérdida de agua del río.
El consorcio constructor y el gobierno están comprometidos con millonarios planes de mitigación ambiental y desarrollo de las comunidades indígenas.
Fuente: Observador Global