Primera derrota a Ley Merino-Longueira que intenta privatizar pesquerías chilenas

Intentando una nueva estrategia ante la falta de apoyo político y social a su polémico proyecto de privatización de las pesquerías chilenas, el ministro de Economía y actual candidato presidencial de la extrema derecha, Pablo Longueira, solicitó quitarle la urgencia a la tramitación de la iniciativa legislativa durante la última reunión de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados realizada el miércoles 16 de mayo.

“Muchos creen que porque no aprobamos la Ley de Pesca no hay ley…..Si hay ley” señaló desafiante Longueira, como forma de tranquilizar a los grandes empresarios, la bancada parlamentaria pro-industria y a sus aliados los dirigentes de la Conapach y Confepach, frente al complicado momento político que enfrenta.

La explicación oficial señala que durante las próximas semanas se van a incluir nuevas indicaciones, con objeto de perfeccionar el proyecto de ley. Sin embargo Longueira fue enfático en advertir que dichas indicaciones no van a modificar la exclusión de la licitación de las cuotas de pesca industrial. “En materia de licitación no vamos a innovar”, afirmó el populista candidato presidencial.

A la vez se mostró inflexible -argumentando esta vez razones de “sustentabilidad”-, sobre la no incorporación de nuevos actores a las pesquerías chilenas. “Esto se debe hacer cuando estén en el rendimiento máximo sostenible”, refiriéndose a las capturas pesqueras. Luego agregó irónicamente que “obviamente estamos dispuestos a escuchar y a recibir todas indicaciones que los parlamentarios reciban, y nos comprometemos a estudiarlas con mucho rigor”.

Longueira anunció que el 5 de junio presentaría al parlamento las indicaciones a las iniciativas que han generado un amplio rechazo, e intentará que ellas sean votadas en general por los diputados al día siguiente. Entre las propuestas para hacer más presentable el proyecto privatizador, se incluyen un mal llamado “royalty pesquero” a las grandes empresas industriales, así como la obligación de licitar cuotas cuando las pesquerías se ubiquen debajo del 15% de un hipotético “Máximo Rendimiento Sostenible” (RMS).

El 49% de las pesquerías chilenas que se administran bajo el sistema de las cuotas individuales transferibles se encuentran colapsadas, y un 18% restante están siendo explotadas mas allá de sus límites máximo de captura.

Finalmente, Longueira anunció que paralelamente a la tramitación del proyecto de ley que pretende entregar a perpetuidad el patrimonio pesquero nacional a 7 familias, las que actualmente controlan el 85% de las cuotas globales de pesca, va a iniciar la tramitación de un proyecto para “el cuidado de los ecosistemas marinos”.

MARCHA FORZADA A LA PRIVATIZACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Luego de un año de lobby y negociaciones cupulares, las cuales incluyeron un acuerdo a puertas cerradas, considerado “histórico” por parte del ministro Longueira, donde los armadores industriales cedieron 30 millones de dólares en cuotas de pesca a los armadores artesanales, a cambio del apoyo político de Conapach y Confepach para bloquear el intento de licitación de un porcentaje de las pesquerías industriales, el ministro Longueira acaba de anunciar que va a “agilizar la aprobación “ de su proyecto de ley.

Esto ocurre mientras el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, intenta “manejar las urgencias”, de manera de evitar que el proceso de discusión se siga extendiendo en la Cámara de Diputados. Por ello Galilea había advertido que “si consumimos todo el tiempo en la Cámara sería un error, ya que no vamos a llegar a diciembre”.

Para esta marcha forzada de la privatización pesquera, Longueira contempla efectuar reuniones tres veces por semana, así como maratónicas sesiones en la Cámara de diputados, las que se van a extender hasta altas horas de la noche.

Aunque logre su objetivo en lo inmediato, el ministro de economía tendrá que lidiar la próximas semanas con una creciente resistencia de diputados de oposición, como de diputados gobiernistas “díscolos”, hecho que quedó en evidencia durante las votaciones de la semana pasada, así como con el boicot que realizarán los parlamentarios de oposición a los proyectos de ley del Ejecutivo, en respuesta a los intentos del gobierno de involucrar política y legalmente a la ex presidenta Michelle Bachelet, en las muertes provocadas por el tsunami del 27 de Febrero del 2010.

VOTOS EN EL SENADO ATRAGANTAN AL MINISTRO PRESIDENCIABLE

A medida que se acercan las elecciones municipales de octubre, la viabilidad política del proyecto de ley se irá reduciendo. Ello debido a la presión social pre-electoral sobre alcaldes y partidos políticos, como al hecho que este proyecto requiere de quorum calificado, por lo que deberá pasar por todas las instancias legislativas. Y es aquí donde encuentra su mayor desafío, ya que el ministro y candidato presidencial no cuenta con los votos necesarios para la aprobación en el senado.

Allí deberá enfrentar el rechazo de senadores como Alejandro Navarro y Guido Giradi, quienes ya han presentado una moción contra la privatización de las pesquerías nacionales. A esta oposición se sumarán probablemente parlamentarios de la derecha liberal, entre los que se encuentra Antonio Horvarth, senador por la región de Aysén.

EMPRESARIOS Y EL ROYALTY PESQUERO

La empresarial Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) en un pragmático intento por asegurar sus intereses en el lento proceso de discusión legislativa, entregó hace dos semanas una propuesta para “mejorar la norma” al equipo técnico del Ministerio de Economía y a los abogados de la Subsecretaría de Pesca.

Esta propuesta incluye cuatro puntos, entre los que destacan la aplicación para el sector pesquero de una metodología similar al royalty minero, donde el cobro se relacione con el margen operacional, toneladas de pesca capturadas, y no con la cuota de pesca. A su vez proponen la eliminación de los representantes de los sectores industrial, artesanal y laboral, en el proceso de decisiones sobre las cuotas de pesca anuales. En relación a las licencias de pesca, demandan que el gobierno defina claramente las variables para poder cambiarse, de manera de ordenar al sector de la pesca artesanal.

PLAN B: PRORROGAR ACTUAL LEY POR DOS AÑOS

En diciembre del 2011 llegó al Congreso el proyecto de ley que intenta reemplazar la actual normativa de Cuotas Individuales Transables de Pesca, cuya vigencia expira el 31 de diciembre del 2012.

Este plazo no es menor, ya que la discusión de la nueva normativa expropiadora del patrimonio pesquero nacional, deba requerir de un tercer trámite y del paso a una comisión mixta.

Frente a esto, los conglomerados pesqueros de la Región del Bio-Bio, principal zona de desembarque industrial, están dando muestras de preocupación sobre lo que podría ocurrir si el 31 de diciembre del 2012 los artículos de la ley N° 19.713 pierden su vigencia, y las ricas pesquerías chilenas vuelvan a ser propiedad del Estado. Un ejecutivo de una empresa pesquera recientemente fusionada confidenció que “la situación pesquera ya no puede ser peor. Extender la actual norma, sin una visión de largo plazo, es una pésima señal para los inversionistas, y mala señal para el gobierno, que no puede sacar adelante una ley compleja”.

La existencia de las profundas divisiones al interior de la coalición gobernante en relación al tema pesquero, quedaron en evidencia a partir del momento en que Pablo Longueira, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y los grandes empresarios pesqueros industriales, desbancaron como ministro de Economía a Juan Andrés Fontaine, perteneciente al ala liberal de la derecha, quien estaba implementando la propuesta de licitación de un porcentaje de las cuotas de pesca industrial, encomendada por el presidente de la República.

Es por ello que ante la incierta situación de no poder contar con la aprobación parlamentaria, el pragmático empresariado pesquero industrial está evaluando que el ejecutivo extienda por dos años la actual normativa de cuotas individuales transables de pesca. Con ello, mientras continúa con sus billonarias ganancias, desmoviliza la oposición social al proyecto de ley, y se prepara para negociar con sectores de la Alianza y la Concertación, de manera de afianzar las seguridades jurídicas para sus inversiones, de cara al próximo gobierno que surgirá del sistema binominal.

Fuente: Radio del Mar