Las zonas francas agroindustriales: otra mala copia en Costa Rica

En el último mes las comunidades indígenas y campesinas del Valle del Cauca han sido noticia internacional por su valentía al reclamar respeto a sus forma de organizarse y de vivir. Han sacado tanto a las fuerzas armadas de Colombia como a la guerrilla y paramilitares de sus territorios en una acción del Pueblo Nasa como acto de dignidad y valentía al ejercer el derecho a vivir en paz ante décadas de explotación y muerte.

Indudablemente la mirada de las autoridades costarricenses está puesta en el vecino del sur pero no en materia de derechos comunitarios. Al contrario, los gobiernos ticos nunca sea han molestado en pronunciarse por las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. En lo que sí se empeñan muchos funcionarios públicos, es en copiar, tanto de Colombia como de Chile, su aparato represivo-militar y niveles de apertura comercial. Lastimosamente ahora le tocó el turno al tema agrícola.

El mutuo silencio que guardan los gobiernos más conservadores de la región sobre el tema de derechos humanos se da al mismo tiempo que estrechan lazos comerciales insanos. Un ejemplo de ello es el hecho de llevar adelante, a toda costa, un nuevo tratado de libre comercio, esta vez entre Colombia y Costa Rica siguiendo ciegamente lo que dicta el COMEX. Hay que recordar que este nuevo TLC sumaría en el país el #46.

No desligado de esto, se realizó el II Congreso Nacional de Zonas Francas celebrado en el Hotel Ramada el pasado 3 de julio en nuestro país. En dicho evento la Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham anunció la posible apertura de una “Zona Franca Agrícola” luego de la exposición del Sr. Roger Norton de la Universidad de Texas y del Sr Asael Ortegon, Gerente General de la Zona Franca Agroindustrial Permanente GEA de Colombia. Esta vitrina de la propaganda empresarial, anuncia el nuevo fruto del “Desarrollo Rural”: zonas francas para la agroindustria. A todas luces la nueva herramienta será para seguir explotando y contaminando a la tierra y a la gente. Mientras las transnacionlaes y funcionarios del gobierno se siguen llenando los bolsillos con la ruina del agro nacional.

La idea de “Desarrollo Rural” que nos siguen vendiendo desde institutos de investigación, ONG’s, instituciones y universidades públicas se puede resumir en que la agricultura campesina no sirve, que los conocimientos y saberes que han alimentado a la humanidad durante diez mil de años no funcionan y son obsoletos. Hacen creer que el libre mercado junto al desarrollo rural solucionarán todos lo males de nuestras comunidades agrícolas. Su idea es hacer de los potreros, los campos, los ríos y bosques una gran fabrica de mercancías exportables, la cual sin ningún pudor se sigue impulsando desde el MAG y las aulas universitarias.

El dogma neoliberal lleva más de veinte años de desregulación de la normativa sobre producción de alimentos y un acelerado desmantelamiento de la institucionalidad pública referente al agro. El más reciente experimento de los que llevan acabo es la transformación del IDA, ahora llamado Instituto de Desarrollo Rural. Crean una institución que estará aún más alejada del campo (de los y las campesinas) para seguir implementando la idea de que las comunidades rurales deben de ser una gran fabrica al servicio de la exportación. Para lograr este objetivo están dispuestos a envenenar la tierra, el agua y la gente con agroquímicos; están dispuestos a desplazar campesinos y vaciar el campo para que la agroindustria tenga toda la tierra, toda el agua y toda la mano de obra barata que se le de la gana. Unido a esto, se entregan los últimos subsidios estatales al servicio de las transnacionales agrícolas, ahora disfrazados de servicios ambientales y otras mentiras; Como evidencia de esto, vemos piñeras Carbono Neutral y más de 22.000 ha de bananera recibiendo pagos por servicios ambientales.

La más reciente idea de la ministra Gloria Abraham es copiar el mal ejemplo del agronegocio colombiano. Este mal ejemplo son zonas donde las empresas piñeras, algodoneras, azucareras, bananeras y otras, se beneficien del régimen de zona franca. Así, se sometería a una normativa que les exonera del pago de casi cualquier impuesto y además se les pone a disposición toda clase de servicios públicos como agua, electricidad, carreteras y otros tipos de infraestructura. Los que comulgan con la doctrina del libre mercado dirán que esto traerá más empleo y desarrollo a la zona. Lo cierto es que en la práctica estas “Zonas Francas” no son más que entornos de explotación laboral, focos de contaminación, un dolor de cabeza para las municipalidades y verdaderos parásitos para el saneamiento de un sistema recaudador de impuestos deficitario como el costarricense.

Lo más grave de esto es la insistencia por parte de estos “expertos en la cosa agrícola”, evidencia del total desconocimiento de como funciona un sistema agroalimentario digno. Se limitan a recitar consignas del “think tank” del libre comercio sin tener en cuenta las condiciones de las comunidades rurales. El cuento mesiánico de la inversión extranjera y de “El” desarrollo se pone cada vez más en cuestionamiento analizando los desastres en que se convierte la expansión de los monocultivos o el fracaso de las semillas híbridas y de laboratorio.

Al parecer la Ministra de agricultura sigue estando muy des-informada o muy mal asesorada en lo que corresponde al agro nacional. Tan descontextualizada como cuando dijo en noviembre del 2011 en un foro de la FAO en Chile sobre el fenómeno de acaparamiento de tierras, que “en Costa Rica no existen conflictos por tenencia de la tierra”, cuando en realidad, campesinos y campesinas de múltiples comunidades del país trabajan todos los días por recuperar tierras o defendiéndolas de amenazas de desalojos. Y lamentablemente el debate sobre el agro nacional se sigue dejando en tercer o cuarto lugar en la agenda para que siga reinando el despojo, descampesinización y vaciamiento del campo.

Henry Picado
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