Chile: sectores pesquero y forestal: dos caras de la misma moneda

Hoy se discute un Ley de pesca que, de acuerdo a la visión de pescadores artesanales y otros actores sociales, beneficia los intereses de grandes industriales de la pesca, agrupados en un puñado de familias que acaparan más del 75% del mercado, dejando las migajas para los pequeños y medianos pescadores, controlando los precios, cuotas de pesca y todo lo que se relaciona con este importante medio de producción.

De igual forma, el sector forestal chileno presenta grandes asimetrías entre grandes empresarios de la madera y las iniciativas medianas y pequeñas. Este sector se concentra en tres grandes empresas, ARAUCO, CMPC y MASISA, quienes controlan desde las plantaciones hasta los puertos de embarque, pasando por el transporte e industria de transformación de la madera. Esto implica que los tres grandes tengan el control sobre los pequeños y medianos, a través de la fijación de precios, la absorción de sus industrias y el acaparamiento de la producción y exportación. Como si esto fuera poco, las grandes empresas se han beneficiado, por casi 40 años, de una ley de fomento forestal que subsidia las plantaciones forestales, que en la práctica ha significado la instalación de más de 2 millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto con el dinero de todos quienes pagamos impuestos. El resultado, exportaciones basadas en productos de baja elaboración (principalmente celulosa) por más de 5 mil millones de dólares, que quedan en manos de unas pocas familias, quienes dejan a su paso un reguero de problemas sociales (migración rural, conflictos por tierras, empleo de mala calidad, entre otros) y ambientales (erosión de suelos, contaminación y agotamiento de aguas, pérdida de biodiversidad y paisaje, entre otros). No se extrañe por las familias que están detrás de todo esto: los Angelini, que tienen entre muchos otros intereses en la pesca y la minería, y los Matte, involucrados entre otras cosas en los mega proyectos hidroeléctricos.

En estos días, aprovechando quizás tanta distracción por el sueldo mínimo, la educación y la ley de pesca, el poder ejecutivo pretende ingresar a discusión parlamentaria una nueva ley de fomento forestal, que por supuesto pretende seguir beneficiando a las grandes empresas, pero esta vez bajo el disfraz del apoyo directo a pequeños y medianos propietarios forestales. ¿Cómo lo harán? A través del mecanismo conocido como securitización, que funciona de la siguiente forma: el subsidio del Estado debe llegar al pequeño o mediano propietario forestal, quienes deben postular para realizar una plantación forestal. Entonces, lo que hacen las grandes empresas forestales es ofrecer a estos actores realizar la plantación a costo cero para el propietario, pero “administrando” el subsidio y luego, después de 10 a 12 años, realizar la cosecha forestal también a costo cero para el propietario, con la salvedad que algunas migajas de las ganancias quedan en manos del pequeño productor, terminando la mayor parte de las utilidades en manos de la gran empresa. Con esto los grandes capitales continúan, en la práctica, recibiendo el subsidio estatal, pero también mantienen el control sobre los productos, los precios, el tipo de plantación a realizar y el fin que se le dará a la madera… ¿le suena conocido?

Además, la nueva ley de pesca permite utilizar prácticas productivas similares a las del sector forestal: la pesca de arrastre, que en términos simples arrasa todo lo que está bajo el agua es el análogo a la cosecha a tala rasa, que de igual modo devasta toda la vegetación que está sobre el suelo. Ambas siguen la lógica del saqueo.

Todo esto lleva a pensar que estas nuevas leyes, con su correspondiente fiscalización laxa y su permisividad en las prácticas productivas destructivas, están perfectamente orquestadas entre los grandes capitales y el poder político que hoy impera en Chile, con el fin de acaparar el máximo al mínimo costo.

Los ciudadanos debemos tomar acciones decididas respecto a este tema, denunciando estos abusos, apoyando a los actores sociales que luchan por una cambio del estado actual de las cosas y castigando al poder político, a través de los pocos mecanismos que tenemos para opinar, las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. No permitamos que estos sátrapas continúen saqueando nuestro país! Finalmente, es un imperativo ético, de dignidad y soberanía, recuperar todas nuestras riquezas naturales, hoy en manos de insaciables corporaciones extranjeras y nacionales.

Fuente: El Ciudadano