Argentina: De leyes, trampas y armas mortales

En el marco de actividades desarrolladas por Paren de Fumigar, Javier Suosa Casandinho visitó Córdoba para exponer las limitaciones y posibilidades de las problemáticas con plaguicidas que desde los marcos internacionales y en las experiencias locales se discuten.

A partir del crecimiento del monocultivo de soja también aumentó el uso de agroquímicos como el glifosato y endosulfán. Si bien el primero mata la maleza, el segundo se potencia hacia otros seres vivos como los insectos y es el insecticida más usado en nuestro país.

“Hay alternativas químicas y no químicas al endosulfan” aclaró el especialista y describió experiencias locales que conciben desde otro modelo productivo su relación y trabajo con la tierra a partir de un caso verificado en la provincia de Buenos Aires. “En Cañuelas se prohibieron, las aéreas en total y en terrestre 2000 metros. Es decir, 2000 metros que no van a poder aplicar plaguicidas, son diez mil hectáreas reconvertidas a la agroecología” subrayó.

Las posibilidades y limitaciones de las regulaciones de plaguicidas y los modos alternativos de producción son algunos de los tópicos a resolver con urgencia para preservar la vida y salud de las poblaciones.

Convivir con el enemigo

El glifosato fue el agrotóxico mas conocido debido a las cantidades que se utilizan, por el modo de aplicación y por su impacto en la salud. Sin embargo, en la actualidad se utilizan una serie de plaguicidas extremadamente tóxicos con capacidad de producir daños en la salud como son el Endosulfán, Carbofuran, Bromuro de metilo, de los herbicidas 2, 4 D, Atrazina y Paraquat o fungicidas como el zineb.

Según los informes y documentos elaborados desde RAP-AL la legislación Argentina es permisiva y obsoleta afectando todo el circuito vinculado con la venta, el almacenamiento y su uso. Aquí a las formas de producción vertical de semilleras, lobistas y compañías químicas – partes de una misma corporación- se revelan otras problemáticas en torno a la compra, los productos retirados del mercado y la presencia de los tóxicos en el entorno familiar y laboral.

Los plaguicidas se expenden en ferreterías, forrajerías, sumillerías o casa de venta de artículos de limpieza, se pueden comprar sin receta y la aplicación queda librada al

productor o usuario. La falta de control se extiende a los productos prohibidos: “Hay DDT, Lindano, Gamexane y hay frascos donde vos te imagines (…) Estos productos tóxicos persistentes quedaron en las universidades, en los ministerios, en las empresas”, señaló el especialista. El otro problema en este punto es el enterramiento: “hay pesticidas obsoletos enterrados en Santiago del Estero, y de enterramiento en el Alto Valle, aquí en Alta Córdoba”.

Con respecto a su almacenamiento y uso, la proximidad con el ámbito cotidiano expone a altos riesgos de envenenamiento. El ingeniero graficó el lugar que algunos productores le dan al veneno por el elevado costo del producto. “Tiene el mejor lugar de la repisa próximo al televisor o cercano a los usos de limpieza de la familia”, ejemplificó.

La intimidad en relación con los tóxicos también se intensifica en las condiciones de trabajo: “Si ingresamos en un invernadero podemos ver las condiciones laborales deplorables en las que se aplican los plaguicidas y vamos a ver como en algunos productos están permanentemente inhalándolos”.

En la tierra, en el aire, en el agua

La clásica fotografía del avión fumigador restringe la dimensión de esta problemática. Hay un camino interminable que se abre desde ese vuelo que también se inicia en las mochilas, en los bidones y hasta en parques y góndolas de supermercados.

Limitar la discusión de plaguicidas a la soja y al ámbito rural implica reducir y focalizar la problemática. Los plaguicidas, herbicidas y otros tóxicos se usan en espacios hortícolas, en cultivos forestales y en plazas y paseos trasladándose al consumo diario y a las rutinas de las ciudades.

Focalizando otros ámbitos donde las fumigaciones se despliegan, organizaciones presentes como las Madres de Ituzaingo alertaron sobre el plan de loteo propuesto para edificar casas sobre los campos de soja fumigados. Igualmente, desde la Coordinadora Córdoba en defensa del Agua y de la Vida y el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente recordaron que hace un año presentaron una denuncia por envenenamiento del Canal de los Molinos por estar próximos a campos fumigados y tener en sus espacios bidones tóxicos y otras marcas de envenenamiento. Ese canal es el que suministra después el agua a miles de hogares de la zona sur de la provincia.

Por otra parte, según el especialista, hay una ausencia del Ministerio de Salud en el registro y categorización de las enfermedades y solo se registran casos de toxicidad aguda. Las relaciones con la toxicidad crónica y su relación con el ambiente no están consideradas.

“No hay certificación de los médicos de las intoxicaciones”, afirmó. “No hay un registro en el cual podamos constar que alguien tiene una enfermedad crónica. Nacimientos con malformaciones, incrementos en poblaciones que aparecen con enfermedades y desarrollos de otros tipos de cáncer, no hay estudios retrospectivos que permitan ver el desarrollo de determinadas enfermedades”, aclaró. Así, deslizó que la medicina tiende a particularizar y fragmentar la problemática.

Endosulfàn y convenios internacionales

“Hay productos que por más que tengamos todas las precauciones sabemos que van a causar problemas. Por más alternativas químicas o no químicas, sabemos que deberían sacarse ya del mercado por ello hay que restringir los marcos” explicó.

Como Secretario en Argentina y para América Latina de la Red de Acción en Plaguicidas América Latina (RAP-AL) explicó la importancia del trabajo y la participación para la apertura de marcos legales y firmas de convenios.

En ese sentido se refirió al convenio de Estocolmo que se realizará en Ginebra en el próximo mes. Desde Rap-AL plantean que el gobierno de Argentina y sus representantes deben solicitar la inclusión del Endosulfán sin excepciones durante la próxima reunión del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Allí el especialista advirtió que “por mas que se firme el tratado puede apelarse a salvaguardas de diez años para poder seguir usando el plaguicida” y ejemplificó con el DDT que se sigue utilizando y está en el convenio de Estocolmo. Este producto que se produce en Corea, India y Chica, sigue utilizándose en África e india. “Por ello, las acciones que se vienen organizando es para que Argentina firme sin restricciones, porque hay alternativas químicas y no químicas al Endosulfán” aclaró.

Las luchas desde el territorio

Las posibilidades de interrupción entre el complejo entramado de organizaciones y pujas de poder en una localidad, la posibilidad de presión y de constituirse como actores a los movimientos y organizaciones son la marca central que ciñe las discusiones entre movimientos sociales, colectivos y otras organizaciones.

Tanto desde la visibilización y formación en esta problemática, las posibilidades de disputa institucional también están presentes. “Grupos de productores y de ecología locales, van apareciendo. En Cañuelas hay producción con el INTA, el Inti y desde el municipio que esta ayudando. La ordenanza para prohibir las fumigaciones ya está. Y ahora nos juntamos con dos ordenanzas para favorecer la agroecología y otro para promover un sistema de gestión participativa”, contó el conferencista.

“Ahora a partir de la ordenanza tenemos que ver qué se van a hacer con las miles de hectáreas que no van a poder ser envenenadas. Entonces la idea no es certificar productos – lo orgánico- sino sistemas y todos los aspectos sociales. Que los chicos vayan a la escuela, que no haya mano de obra esclava, lograr articulaciones con el consumidor para que acceda a los productos agroecológicos a partir de un precios justo para consumidor y productor”, desafió.

Souza manifestó que los municipios adhieren a la Ley Provincial según la categorización de los productos por parte del SENASA- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el responsable de regular el uso de plaguicidas. Bajo ese marco, planteó como posibilidad el avance en los metros de prohibición de fumigado -a partir de la creación de diferentes ordenanzas o amparos-. Asimismo, reflexionó, tras escuchar experiencias locales como se juegan la disponibilidad política, la autonomía del municipio y la organización de la población en el sector.

Poblaciones como El Bolsón, Merlo y San Luis son zona libre de transgénicos desde lo legal. En 2004, San Marcos Sierras se convirtió también en zona libre de transgénicos y agroquímicos al igual que La Bolsa y Anisacate. Pero en la práctica, las fumigaciones con agrotóxicos se siguen realizando y no hay quien controle que se cumplan las leyes.

Cómo y qué hacer

La problemática se puede atravesar de dos maneras, una a partir de plantear cambios y luchas dentro del sistema por medio de arreglos institucionales -como por ejemplo los metros de fumigaciones aéreas- y la otra plantear un cambio de paradigma y de modelo donde se afirma la imposibilidad de vida, de creación, de nutrición en base a un sistema de acumulación producción y consumo capitalista. Sobre esto el conferencista señaló como el extractivismo y la depredación son llevados al paroxismo en nombre del progreso.

Desde la red RAP-AL trabajan con participantes vinculados a movimientos sociales, Ong’s y algunas universidades. “A lo largo de 28 años hemos conseguido cuestiones institucionales y vamos viendo otras formas de producción” subrayó. Al mismo tiempo consideró que como política trasversal consideran “central el trabajo de diversos actores como forma de presión ante políticas públicas y el trabajo de visibilización de la problemática para comenzar a presionar y fijar agenda”.

En esa doble interrogación es que se van fijando estrategias regionales y desde una mirada geopolítica. Al respecto aclaró: “Venimos trabajando en todo lo que es el Conosur. Vemos las semejanzas en lo productivo y en los modos de producción. Trabajamos en plaguicidas, en transgénicos y soberanía alimentaria, pero nos interesa toda la problemática de lo alternativo para no quedarnos solamente en la crítica del modelo”.

* Periodista. Nota Publicada en prensared y argenpress ver aquí.

Nota:

Por Resolución Nº 101/11, sobre prohibición del insecticida organoclorado, Endosulfán, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que prohíba de inmediato el uso del Endosulfán en las actividades agrícolas, en el ámbito de la República Argentina.

Finalmente, el 5/8/2011 por Resolución 511/2011-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se prohíbe el Endosulfán.

Endosulfan: Importación prohibida desde Julio 2012, Comercialización prohibida desde Julio 2013. “Prohíbese a partir del 1º de julio de 2012, la importación del principio activo

Endosulfán y sus productos formulados. … Art. 2º — Prohíbese a partir del 1º de julio de 2013 la elaboración, formulación, comercialización y uso de los productos que contengan el principio activo Endosulfán. A partir de esta fecha se producirá la baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal que lleva la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. …

Fuente: Juicio a la Fumigación