México - Transgénicos: NO es NO

Bacalar, Quintana Roo

En la pequeña casa ejidal de Buena Esperanza los esperan con recelo. Los funcionarios de la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) llegan y despliegan su escenografía sin pedir permiso. Colocan un proyector y una pantalla en la que se lee: “Proceso de consulta indígena sobre organismos genéticamente modificados”. Se colocan al frente y, también sin permiso alguno, intentan iniciar el procedimiento para que la empresa Monsanto pueda ¿o no? sembrar soya transgénica en la región, pasando por alto que el permiso está oficialmente revocado desde octubre del 2017. No logran iniciar el procedimiento. Les dicen que no tiene sentido esa consulta. Y los funcionarios se retiran, no sin antes levantar un acta.

La escena se repite en Nuevo Jerusalén y al día siguiente en Buena Fe. En el ejido El Paraíso, el escenario cambia. Los funcionarios llegan, intentan instalarse también sin autorización alguna y se colocan en la pequeña mesa de madera que preside las asambleas, pero Elsy López Estrella, comisariada ejidal, les pide que se levanten, pues es el lugar de las autoridades del pueblo. Les habla en maya. Su actitud es tan firme que no haría falta mucha traducción. Los funcionarios se miran entre sí, no entienden por qué habrían de pedir permiso cuando su costumbre es irrumpir como en las comunidades anteriores. Su traductor les explica. Ellos retroceden, cambian su actitud, explican sus intenciones y piden permiso para colocar su proyector. “Aquí no hay luz”, les responden.

Doña Elsy les deja claro que ella es comisariada ejidal, pero como el asunto es de la comunidad indígena, les toca tratarlo con la autoridad tradicional, la misma a la que en todos lados quieren saltarse, pues muchos de los “tratos” los intentan hacer a través de los representantes de los ejidos. En esta ronda, sin embargo, en las cuatro comunidades se los dejan claro: la interlocución debe ser con representantes tradicionales. Pero de cualquier forma, explica la comisariada, “no tiene caso hacer la consulta porque el permiso (a Monsanto) está cancelado. Que quede claro que no nos estamos negando a nuestro derecho a ser consultados, pero por ahora está revocado el permiso y no hay ningún caso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué quieren consultar algo que no existe? Todo a su debido tiempo”.

Lo que en países de Europa está prohibido, aquí se impone o se somete a consultas a modo. Los mayas, señala Juan Bautista, “sabemos de la afectación ambiental que causa la soya transgénica, que es muy grave para nosotros. Cuando ese cultivo se hace en grandes extensiones, se usan muchos plaguicidas y químicos, por lo que de un momento a otro nuestras aguas y nuestras tierras serán contaminadas. Por eso nos preguntamos en dónde está la ventaja de sembrar en nuestra zona soya transgénica. Y no lo hacemos nosotros, sino los menonitas, que con el apoyo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) arrasan con grandes extensiones de tierras”.

En efecto, por la zona de Bacalar se observan enormes planicies deforestadas. Donde había selva hay ahora monocultivo industrial. “Es grave la deforestación que hacen los menonitas, no siembran como lo hacemos tradicionalmente nosotros, sino que derrumban extensiones grandes y usan agroquímicos”, advierte don Juan.

Y en cuanto a la consulta que los días 17 y 18 de abril se intentó realizar en cuatro comunidades mayas, el representante del Consejo Regional advierte que es un proceso “que debieron hacer antes de que entrara el proyecto. Quienes cometieron la falta son quienes están en el gobierno manejando los permisos. El protocolo de la CDI dice que se debe consultar antes, libremente, pero no pasó eso. Cuando supimos ya había transgénicos en nuestro territorio. No nos tomaron en cuenta. Pero el permiso fue revocado y ahora sí nos quieren consultar, ¿no?”.

Los representantes de la CDI y de la Cibiogem insistieron en dar inicio al proceso de consulta en las cuatro comunidades visitadas. En las cuatro “les dijimos que para nosotros no es el inicio de este procedimiento. Esperaremos y más adelante nos sentaríamos con el Consejo a ver qué podemos seguir haciendo”, señala Juan Bautista.

Por su parte, José Manuel Jesús Puc, de la comunidad Nuevo Jerusalén y también integrante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y del Colectivo de Semillas Nativas “Much Kanan I’inaj”, advierte que cualquier tipo de trámite que se refiera a las consultas, tiene que ser tratado con “las autoridades tradicionales de cada comunidad, porque no es cualquier tipo de consulta, es indígena y, en este caso, los del Consejo somos los representantes que debemos ver ese tipo de acciones”.

José Manuel coincide con Juan Bautista en que “la soya transgénica no es nuestra. Conozco de la milpa, mis abuelos nunca sembraban soya. Aquí se cultiva maíz, frijol, calabaza, menos soya. La soya ni la conocemos, menos la transgénica. Los químicos que se le echan nos van a perjudicar y por eso decimos ‘no’ a ese tipo de trabajo, porque las consecuencias las van a ver mis hijos, mis nietos, y eso es lo que no queremos”.

Heber Uc Rivero, de Nuevo Jerusalén y acompañante del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, explica la historia: En 2012 la empresa Monsanto solicitó un permiso para sembrar soya genéticamente modificada por tiempo indefinido, en un polígono que abarca Quintana Roo y otros seis estados del país, con el fin de llevar a cabo un proyecto agroindustrial a gran escala. “Nos pareció muy preocupante la forma en la que se llevó a cabo el proceso de la autorización del permiso, porque sometieron una serie de derechos que nos corresponden como indígenas”.

Una primera violación, advierte Uc, “fue que no se nos consideró ni nos consultaron para saber si estábamos de acuerdo o no con el permiso, y tres dependencias del estado (CONAVI, CONAM e INE) emitieron opiniones técnicas para señalar que no era apto otorgar permiso a la empresa Monsanto para llevar a cabo el proyecto. Fue un proceso largo. En 2012 iniciamos los amparos, y fue hasta 2017 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos amparó para llevar a cabo una consulta en cuatro de las comunidades a las pertenecen los demandantes”. En el amparo 573/2015 se señaló puntualmente la exigencia de que se cancelara el permiso, “porque el hecho de haber violentado el derecho a ser consultado hacía que la consulta no fuera posible”. En estudios realizados junto al Colegio de la Frontera Sur en Quintana Roo, se encontraron evidencias de que la soya transgénica se estaba cultivando en el estado, por lo que advirtieron ante el juez que no era posible que se desarrollara ninguna consulta sobre unos cultivos que ya se estaban desarrollando.

El objetivo del amparo indirecto es la cancelación definitiva, pero aunque la SCJN señala que sí se violó un derecho, no consideró que el fondo del problema era la cancelación. En ese momento la Corte suspendió temporalmente el permiso en tanto se lleve a cabo una consulta que, añade Heber Uc, no es de carácter vinculante, sino que “sólo se usa para cumplir el requisito que el Estado tiene señalado dentro de sus normativas, pero quienes resuelven al final son las mismas autoridades del Estado”.

La Suprema Corte estableció un periodo de seis meses para llevar a cabo la consulta y nombró a la CDI y a la Cibiogem para desarrollarla. Las dependencias se acercaron a las comunidades Nueva Jerusalén, El Paraíso, Buena Fe y Buena Esperanza desde el 28 de marzo, y ahí sostuvieron pláticas con autoridades ejidales y municipales, en lugar de entrevistarse con el consejo indígena, por eso “insistimos que tanto la CDI como la Cibiogem están tomando la opinión de autoridades que no les competen estas cuestiones”.

Pero el 15 de septiembre de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) autoridad competente para monitorear los polígonos autorizados para la siembra de la soya, encontró que Monsanto permitió la siembra de semillas transgénicas en polígonos no autorizados, razón por la que “el permiso que se le concedió en 2012 fue revocado de manera definitiva, por lo que ahora nos sorprende que la CDI y la Cibiogem, que tienen conocimiento de que no existe un permiso vigente para el cultivo de soya transgénica, quieran venir a hacer una consulta”. Ésta es la razón, insiste Uc Rivero, de que las visitas de los funcionarios el 17 y 18 de abril no tengan sentido.

“Somos mayas, somos defensores del agua, de las semillas nativas, de nuestro territorio, de nuestra participación como mujeres en la toma de decisiones comunitarias, de nuestra autonomía, de la naturaleza, del aire, del sol”, dijeron en el encuentro celebrado en Mérida el 16 de abril. “Nos encontramos, conversamos, tomamos acuerdo y decidimos seguir luchando juntos”, dijeron en el foro peninsular. Y un día después lo dejaron claro en sus territorios.

Por Gloria Muñoz Ramirez

Fuente: Suplemento Ojarasca 253