Argentina: Monsanto y los modelos de vivir, según la academia
"En horas en las que se celebra un año de bloqueo a la multinacional de agronegocios más grande del mundo, vale poner en foco las fisuras del sistema académico que exhibió la lucha de Malvinas Argentinas. Frente a quienes dan argumentos técnicos para avalar a una empresa referente del modelo extractivo, irrumpen otras voces de la academia que eligen pintarse de pueblo."
Por Leonardo Rossi / Septiembre de 2014
Marcelo Conrero se puso en el centro de la escena. Tras firmar un acuerdo con Monsanto, el decano de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se ubicó como un emblema de la academia que bajo argumentos técnicos cuestiona la lucha ambiental. Más allá de que el acuerdo entre la unidad académica y la multinacional está suspendido, frente a las críticas que recibió por ejemplo del Concejo Superior de la UNC, el debate de fondo pasa por la mirada de las entidades educativas públicas frente a la cuestión socio-ambiental. El decano decidió acordar con la empresa que busca instalar 219 silos para acopiar maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas, y que es resistida desde hace dos años por la ciudadanía; que tiene frenado el emprendimiento por el Poder Judicial; y rechazado su estudio de impacto ambiental por la Provincia. Pese a diversos informes presentados por biólogos y médicos, también de la UNC, que advierten sobre los riesgos del plan de trabajo de Monsanto en Malvinas, Conrero sostiene que “se habla de cualquier otra cosa menos de qué se va a hacer en esa planta”. Y vas más allá: “La planta no libera cascarilla, no se manipula agroquímicos, lo único que se hace es el curado de la semilla”. El curado al que hace referencia corresponde al uso de 350.000 litros de agroquímicos al año, con la planta funcionando a un 20 por ciento de su capacidad, según informa la empresa. El uso de químicos alcanzaría 1.750.000 litros por año, en la máxima capacidad operativa.
En su evaluación ambiental Monsanto no consideró “aspectos con impactos severos, críticos o importantes”.
En diálogo con este cronista, Conrero se muestra confiado en sus argumentos. Cree lo que dice. No titubea ni se exhibe a la defensiva. Está convencido. La charla se centra en el acuerdo presentado el 22 de agosto, cristalizado en una resolución decanal que establece un convenio de cooperación de la unidad académica con Monsanto. Allí se avanza en puntos de cooperación técnico-profesional, asesoramiento, divulgación e intercambios en materia agronómica. Un ítem saliente es la posibilidad de revisar el estudio de impacto ambiental que la empresa presentó para instalarse en Malvinas, rechazado este año por Ambiente de la Provincia. Según esa cartera “no se brindaron las respuestas idóneas” para los aspectos que generan impactos ambientales negativos, como la gestión de residuos peligrosos y de efluentes líquidos. Ambiente había enfatizado que Monsanto propuso utilizar “sin mayores especificaciones” una variedad de subproductos de la obtención de semillas de maíz, equivalente a 247.7 toneladas diarias, equiparable a los residuos sólidos urbanos diarios de una población de 250.000 habitantes”. “El responsable del Estudio de Impacto ambiental, no es otro que Jorge Dutto, actual Secretario General del Decano”, denunció la Federación Universitaria de Córdoba en un reciente comunicado.
En el punto 5 de su anexo, el convenio fijaba para el bimestre agosto-septiembre la revisión del estudio de impacto ambiental de la Planta de Procesamiento de Semillas de Maíz en Malvinas Argentinas. Conrero da otra versión de este dato al que le puso su firma. Consultado sobre esta posible evaluación, con fecha de realización, sostiene que se iba a “revisar la evaluación de impacto ambiental en el caso de que se la dejaran presentar”. En esa misma línea de potenciales acciones dice que “en caso de que se instale” se “(van a) hacer monitoreos”. Esas auditorías también tenían fecha de ejecución en el suspendido convenio: enero a diciembre de 2015. En las últimas horas, Monsanto informó a través del diario La Voz del Interior que no presentará un nuevo estudio hasta fines de 2015, una vez pasadas las elecciones.
El 3 de septiembre, el decano suspendió el convenio, tras la declaración de rechazo que recibió de parte del Consejo Superior de la UNC. El órgano universitario planteó que el convenio apuntala “la pretensión de la empresa de radicarse en Malvinas Argentinas, generando confusión en la opinión pública, en relación a la posición asumida por esta Universidad en consideraciones anteriores”, en referencia al rechazo que ya había expresado en 2012 la UNC. Conrero no oculta su disgusto con ese posicionamiento. “Estoy preocupado por la falta de interés en debatir el tema de fondo que es la instalación de una planta procesadora de semillas”, sostiene. Y avanza en un primer argumento para defender su posición: “La comunidad de Malvinas es una de lasque más necesidades laborales tiene”. Este mismo planteo fue utilizado por la multinacional que se presentó en la ciudad prometiendo 400 nuevos puesto de trabajo, dato que fue repetido tanto por el gobierno nacional y de Córdoba. Es cierta la necesidad laboral en Malvinas, localidad, que según el censo cordobés de 2008, presenta un 25,7 por ciento de los hogares con Necesidades Básicas Insuficientes y un 36 por ciento de la población económicamente activa desocupada. La promesa de Monsanto se vino abajo pronto, en cuanto se conoció su aviso de proyecto: en su etapa de funcionamiento completo empleará a 215 personas, y otorgará 19 empleos más a través de servicios tercerizados. La mitad de los puestos serán operarios técnicos, a los que se suman algunos puestos para ingenieros, y otros administrativos. En la ciudad, de 14 mil habitantes, sólo el 12 por ciento de la población tiene la secundaria completa. Más allá de que el debate central no pasa por la cuestión laboral, la falsedad de las promesas habla de la empresa y de quienes replican sus slogans.
Una empresa modelo
“Se ha estado discutiendo sobre el nombre de una empresa y nosotros como universidad no tenemos atribuciones para debatir sobre el nombre de una empresa cuando está legalmente constituida. Ahí está la diferencia de criterios. Hay activistas que vienen haciendo un trabajo que lo respeto si bien no lo comparto que generan tensiones que hacen que no se deje debatir el tema real”, defiende el decano. Acerca de fijar postura en torno a la empresa, su nombre, imagen y valoración, Conrero picó en punta, y lo hizo con el sello de la facultad que encabeza. El artículo 3 del convenio señala “que Monsanto es una compañía de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional en las áreas de industrias de biotecnología, semillas y productos de protección de cultivos, que ha asumido un Compromiso de Agricultura Sustentable basado en los pilares de Producir Más, Conservar Más y Mejorar la Calidad de vida”. Cualquier parecido con la web de la multinacional no es coincidencia.
Otra versión de la empresa denuncian las organizaciones como la Vía Campesina. Monsanto aplica “tácticas agresivas” para imponer sus paquetes tecnológicos. Dan cuenta de eso la condena por publicidad engañosa en Francia o la demanda por biopiratería en la India, los reveses a sus semillas de maíz en Europa. Una tras otra, estas prácticas están registradas en las más de 500 páginas del libro el Mundo Según Monsanto de la periodista francesa Marie Monique Robin. Un dato a mencionar también es la posición dominante de la empresa en el mundo de los negocios agropecuarios, punto insoslayable a la hora de pensar la capacidad de presión frente a los poderes públicos: la centenaria empresa estadounidense controla el 27 por ciento de las semillas comerciales y el 90 por ciento específicamente en soja, apunta el Grupo ETC.
¿Saben o no saben?
“Yo acudí ante un requerimiento de la comunidad, y después de dos años no saben todavía qué va a hacer esa planta”, dice Conrero en base a su experiencia personal. “Eso sí me preocupó”, agrega con tono serio. Su deseo, dice, es “que la comunidad conozca que de qué se trata la planta y que tome la decisión final”. “La mala difusión que se ha hecho del tema, porque se habla de cualquier otra cosa menos de qué se va a hacer en esa planta, ha llevado a confusiones y a un pueblo a estar con muchos problemas durante dos años.”
Casi a la par de estas palabras que larga el decano, sale a la luz un informe del Conicet, encabezado por el investigador Víctor Mazzalay, que contradice al titular de Ciencias Agropecuarias. El documento reporta que 94, 94 por ciento de los encuestados se reconoce informado sobre el proyecto de Monsanto; nueve de cada diez reclama una consulta popular para definir la instalación o no de la planta; y 64,86 por ciento votarían por el ‘no’ a Monsanto en Malvinas Argentinas.
CIENCIA vs ciencia
Aunque la planta aún no está habilitada, Conrero está convencido de la capacidad de control ambiental que tendrá la misma, y de su bajo impacto. “Hay 43 plantas en zonas similares”, dice como para establecer un paralelo. Ninguna de las otras plantas tiene este tamaño. En Malvinas Monsanto planea acopiar semillas para 3,5 millones de hectáreas. El titular de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez, contrapone: en la planta que Monsanto tiene en Rojas, y exhibe como modelo, “la polución se siente y están a dos kilómetros”. “En Estados Unidos, las plantas están a siete kilómetros o más de los poblados”. En Malvinas estará a 700 metros de la escuela. Con “una escala similar a las otras 43 plantas juntas”.
En la planta procesadora de semillas, explica Conrero “se deschala, se saca la semilla, se clasifica, se tamaña, y se hace un curado para que el productor no lo tenga que hacerlo en el campo en condiciones no controladas”. El biólogo Raúl Montenegro, de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de Psicología de la UNC, apuntó en un informe (2012) que a partir del deschalado “pueden desprenderse partículas orgánicas contaminadas con residuos de plaguicidas”. “Además de ser potencialmente transportables por viento, pueden generar depósitos secundarios, disponibles para sucesivos episodios de distribución eólica” de “plaguicidas que se hayan aplicado en las partidas de espigas ingresantes, como “endosulfán, sulfato de endosulfán, clorpirifós, 2,4-D, glifosato”.
Otro trabajo, realizado por las cátedras de Medicina Psicosocial, Alergia e Inmunología, Medicina I, y Clínica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC advirtió a la población de Malvinas que “vivir alrededor de los acopios de granos es de alto riesgo para patología respiratoria”, debido al polvillo provocado por la cascarilla de maíz rociado con herbicidas, fungicidas e insecticidas. El informe publicado por la Reduas dio cuenta de las problemáticas sanitarias que ya padecen los vecinos, a causa por ejemplo de las pulverizaciones aplicadas en la producción sojera. “La patología respiratoria suma 551 afectados” entre 3563 encuestados, “con una prevalencia de 15,46 por ciento para todos los grupos etarios”. “Es un 50 por ciento más alta que la estimada como frecuente en EEUU (hasta 10 por ciento). Malvinas presenta “el perfil de enfermedades que se reitera en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados” y “someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental”, como el que implicaría esta planta semillera “no es recomendable desde el punto de vista médico e intolerable desde el punto de vista social”.
“Son estudios que no tienen que ver con una planta procesadora de semillas. No hay cascarilla de maíz”, refuta Conrero. “No hay sustancia que liberar. Cascarillas al ambiente no se libera. Lo único que hay es un secado, hacer correr viento caliente sobre un tubo donde pasa la semilla. Se mezcla todo, hay gente en contra de los transgénicos, en contra de la aplicación de agroquímicos. Ahí no se manipula agroquímicos, lo único que se hace es el curado de la semilla.” La propia empresa dio estimaciones en su aviso de proyecto que apuntan un uso de plaguicidas de 1.750.000 litros anuales. Como si el destino de Malvinas estuviese marcado por el agronegocio, Conrero remata: “Y otra de las cuestiones es que si en esa zona si no se instala la planta y se hiciera soja tiene más riesgo de contaminar ante las aplicaciones de agroquímicos”.
Medardo Ávila Vázquez defiende el trabajo realizado desde la Reduas. “Los silos naturalmente no pueden tener los granos quietos porque fermentan. A partir del secado, 30 por ciento de humedad del choclo la tienen que llevar a 13 por ciento, el calor sale por un lado llevando polvito. Y los silos de almacenaje también generan una nube de cascarilla. Pueden poner filtros, pero quién va a controlar esos filtros de más de 200 silos.” El médico compara con un caso en plena ciudad de Córdoba, el de la planta de Porta en barrio San Antonio donde se elabora etanol a base de maíz. “Hemos medido cascarilla de maíz en barrio san Antonio,” que sale de esa planta, y “tiene atrazina”, producto prohibido en Europa y de masivo uso en la producción maicera Argentina. Según la Organización Mundial de la Salud “hay pruebas de que la atrazina puede inducir tumores de mama en ratas”. Desde la RAP-AL, colectivo de técnicos que analizan los impactos ambientales de la agricultura industrial, este producto genera “irritación severa de ojos, piel y vías respiratorias”, y a largo plazo podría interferir “con el sistema endócrino provocando en la reproducción y malformaciones congénitas”.
“El problema es el curado de semillas, en el que se usan químicos muy persistentes, una parte queda al agua y el suelo”, describe Ávila Vázquez. La alarma se enciende, por ejemplo, al saber que se utilizarán “800 litros por año de clotianidina, conocido como Poncho, de la empresa Bayer, un químico terriblemente persistente”. Este insecticida, advierte, “está prohibido en Europa”. “Claramente, todo eso va a caer al ambiente.”
Academia y pueblo
La planta de Monsanto está frenada por el Poder Judicial. La empresa asegura que en 2015 volverá a la carga para poder instalarse, y presentará un nuevo estudio de impacto ambiental. El legislador Santiago Clavijo advierte: “Monsanto no puede presentar un nuevo estudio porque se autorizó su instalación en una zona que la Ley de Uso del Suelo vigente en Córdoba no lo permite”, ya que se habilitó esa actividad industrial en un área no contemplada a ese fin. Mientras tanto continúan los debates y la academia juega un rol clave en legitimar o no este tipo de emprendimientos, modelos productivos, y perspectivas en los modos de vida de la ciudadanía. En horas en las que se celebra un año de bloqueo a la multinacional de agronegocios más grande del mundo, vale poner en foco las fisuras del sistema académico que exhibió la lucha de Malvinas Argentinas. Frente a quienes dan argumentos técnicos para avalar a una empresa referente del modelo extractivo, irrumpen otras voces de la academia que eligen pintarse de pueblo.