Pronunciamiento de CONACAMI Perú sobre los conflictos socio ambientales

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERÚ), dentro del uso de los derechos contemplados en la Constitución Política del Perú y en observancia de respeto irrestricto del marco constitucional del estado peruano, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:

Considerando que los conflictos socio ambientales en diversos escenarios del interior del Perú, son pasivos heredados del anterior régimen, que están latentes y a punto de surgir en una escalada nacional, en su mayor parte originado por la presencia de industrias extractivas como la minería.

Éstas están estrechamente vinculadas a la propiedad territorial y el uso de los recursos hídricos, por lo que las comunidades afectadas por la minería, las poblaciones locales y los productores agropecuarios ven con suma preocupación la contaminación de sus fuentes de agua y la cada vez mayor escasez del líquido elemento.

Considerando que los gobiernos anteriores al presente han actuado favoreciendo la actividad minera sin que se haya cautelado mecanismos de control efectivos y reguladores, adecuados y suficientes, para preservar la protección del ambiente, desarrollo en armonía con otras actividades económicas y no vulnere los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.

Por tanto:

Desde CONACAMI PERÚ, condenamos toda forma de violencia venga de donde venga, principalmente aquella que violenta a la persona humana, su dignidad, sus derechos, la libertad personal, la seguridad, la supervivencia y los derechos colectivos, todos ellos amparados en las normas nacionales e internacionales.

Rechazamos categóricamente el estigma peyorativo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de insistir en señalar como “pequeños grupos violentistas” a humildes campesinos, y autoridades locales que ante la desidia al diálogo e impunidad en el ingreso a sus territorios, ejercen su derecho a ser escuchados.

Exhortamos que la intervención del Estado y sus órganos correspondientes ponderen primero la protección de la vida de las personas como fin supremo de la sociedad y que desde el ejecutivo se aperture canales de diálogo sincero y respetuoso de igual a igual entre las comunidades afectadas y las empresas extractivas.

Afirmamos que no se puede privilegiar los intereses económicos sobre los derechos fundamentales de la persona humana, y le recordamos al presidente Humala honre su palabra empeñada de cautelar la sostenibilidad de la vida y la soberanía nacional, cuando dijo en Cajamarca: “¿Qué es más importante, el agua o el oro?”; “He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua?”.

CONACAMI PERÚ exige transparencia y honestidad en las negociaciones y reuniones del gobierno con la Sociedad Nacional de Industria, Petróleo y Minería y la CONFIEP, en el se toman decisiones cruciales como la ley que modificó las regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen minero, políticas tributaria, fiscal, medio ambiental, por lo que exigimos la incorporación de las comunidades, sus organizaciones y los gobiernos regionales y locales en estos espacios.

Coincidimos con la preocupación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales por los incidentes mineros que se vienen suscitando en las regiones de Cajamarca, Apurímac y Madre de Dios y reiteramos el llamado al Poder Ejecutivo para que suspenda toda actividad minera mientras no se llegue a un consenso entre la empresa, la comunidad y los gobiernos regionales y locales.

Respaldamos al titular del Ministerio del Ambiente en la necesidad de revisar el estudio de impacto ambiental de los proyectos, en la medida que no cumplan con el requisito de valoración de los servicios ambientales que prestan las lagunas y las demás fuentes naturales del agua que se ubican en cabeceras de cuenca.

Demandamos que se revisen los Estudios de Impacto Ambiental de las empresas favorecidas por funcionarios del anterior régimen corrupto como el ex ministro de Energía y Minas Juan Valdivia, el funcionario titular de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros Felipe Ramírez, solo por mencionar.

Exigimos la creación una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería de los últimos 20 años, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política y proponga medidas de reparación para las víctimas.

Demandamos que los Estudios de Impacto Ambiental de las empresas mineras sean evaluados y aprobados por el MINAM y no por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, tal como lo recomienda la Defensoría del Pueblo y que cuenten con la licencia social de las comunidades.

Pedimos inmediata atención a las demandas de la Asociación de Centros Poblados de la provincia de Huari región Ancash, que exige que compañía Antamina cumpla con promover proyectos sostenibles dentro de su responsabilidad social y se reduzca la contaminación ambiental en las zonas de influencia.

Respaldamos la demanda de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas y Chincheros (JUDRA), que pide se apruebe una ordenanza regional que prohíbe la actividad minera en cuencas, micro-cuencas, ojos de agua, bofedales y zonas agrícolas.

Rechazamos toda forma de criminalización de la protesta social y expresamos nuestro respaldo a los líderes genuinos que defienden de la soberanía nacional sobre sus territorios y recursos naturales, el agua, el aire, el respeto al ser humano, es decir la supervivencia de la vida en el planeta.

El pueblo peruano aún espera la promesa de Ollanta Humala de enfrentar la corrupción, preguntamos entonces ¿qué hacía el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, retornando en el avión particular y acompañado del multimillonario empresario minero Roque Benavides, cuando fueron a ver el problema del proyecto Minero Conga?

Consideramos que para atender los conflictos sociales latentes en diversos escenarios del Perú, el ejecutivo debe adoptar un conjunto de medidas urgentes como la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial; la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta Previa; la reglamentación urgente de la Ley de Recursos Hídricos; normas para la protección de las cabeceras de cuenca y de las fuentes naturales del agua; la reformulación y adecuación de los instrumentos de gestión ambiental, etc.

El Perú quiere justicia y paz social, por eso el Perú de adentro, las comunidades más humildes han confiado su voto en Ollanta Humala, porque creemos aún en “la gran transformación con inclusión social” y que los proyectos de desarrollo sean sustentables, garanticen la vida y la sostenibilidad del planeta para nuestros hijos e hijas, así como las futuras generaciones, ante una inminente crisis económica y ecológica.

¡Por un Perú democrático, mega diverso, pluricultural, con justicia e inclusión social, con soberanía nacional sobre sus territorios y sus riquezas!

Lima 10 de noviembre de 2011

Fuente: CONACAMI Perú