México: una raya más al tigre de la Ley Monsanto

Con esta iniciativa está en juego el acceso libre y gratuito a la biodiversidad vegetal agrícola en aras del modelo privatizador que mediante patentes y “derechos de obtentor” despoja a los agricultores del producto de un trabajo milenario, fundamento de la agricultura moderna y por el cual los pueblos nunca cobraron regalías.

De hecho, la ley vigente que data de 1996 tiene muy poco aprecio por los derechos de los campesinos ya que prefiere beneficiar a “fitomejoradores” de compañías privadas quienes pueden lucrar con semillas y otros materiales vegetales agrícolas en forma exclusiva hasta por 15 años o 18 en el caso de especies perennes, como forestales, frutales y de ornamento, no obstante que las variedades de las que obtuvieron sus materiales son de acceso libre.

El proyecto de reforma no sólo quiere extender la exclusividad para la venta de material de reproducción a 25 años, sino que pretende restringir el derecho de los agricultores a guardar o usar para el autoconsumo parte de la cosecha obtenida con materiales comprados a quienes detentan el “derecho de obtentor”.

Además, se pretende incluir entre las variedades vegetales sujeto de esta ley a los cultivos transgénicos, cerrando la pinza con la llamada “Ley Monsanto” (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados), pretensión aberrante si se considera que los OGM se obtienen a partir de la introducción de material genético de especies que usualmente no provienen del reino vegetal. Los transgénicos no constituyen una variedad porque no son resultado de la variabilidad genética, base del proceso evolutivo por selección natural, sino producto de manipulación biotecnológica que rompe las barreras entre especies y reinos. Es además absurda la apropiación privada de la información genética de organismos vivos aunque hayan sido alterados con genes de otras especies.

La reforma propone crear una policía de Monsanto al atribuir al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas las facultades de ordenar y practicar visitas de verificación, requerir información, realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos de los obtentores e imponer las sanciones administrativas correspondientes, las cuales además son incrementadas por la modificación legal en mención. Y busca que la promoción de los derechos de obtentor de personas físicas y morales privadas, sobre todo trasnacionales, corra a cargo de una entidad pública cuando lo que urge promover son los bancos comunitarios de semillas y los programas descentralizados y participativos de conservación de la biodiversidad agrícola.

El obtentor ya tiene la exclusividad para explotar una variedad y su material de propagación. Ahora se pretende extender su derecho sobre el denominado producto de la variedad lo cual implicaría que, por ejemplo, los usos en la alimentación humana o el uso industrial deberían contar con la licencia respectiva.

Según va, la reforma se sumaría sin más al reforzamiento del andamiaje legal para el saqueo que el Congreso de la Unión ha venido conformando coincidentemente con el inicio de las negociaciones y durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En 2005, la Ley Monsanto abrió la puerta para que las semillas que se siembren en México sean transgénicas, propiedad de monopolios trasnacionales que producen además los agrotóxicos asociados a los cultivos modificados genéticamente, en beneficio de tales consorcios y en contra de la alimentación, la salud y la economía de los mexicanos.

Los legisladores, con excepción de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, tiraron por la borda el principio precautorio, desdeñaron la alerta de científicos que no cobran sueldo de las trasnacionales y prefirieron olvidar que los campesinos y los pueblos originarios con sus prácticas ancestrales de cultivo, selección y libre intercambio de semillas son los generadores y verdaderos dueños de la riqueza agrogenética del país.

Y ahora van por otra vuelta de tuerca. El lunes 9 de abril por la noche o el martes 10 en la mañana, el proyecto de reforma será publicado en la Gaceta Parlamentaria para primera lectura en el pleno. Dado que habrá 3 días de sesión esa semana, la segunda lectura y eventual aprobación podría ser durante el miércoles 11 o al día siguiente.

Las organizaciones campesinas de izquierda preparan ya una rueda de prensa y otras actividades para el martes 10, por el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata y seguramente se pronunciarán contra esta reforma. Ya han manifestado su oposición porque la iniciativa legal contribuye a acentuar la crisis de la agricultura nacional y a mantener la pobreza y la dependencia alimentaria que se han agravado en este sexenio.

Y presentarán un documento a las coordinaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados mediante el cual solicitan que el dictamen sea regresado a la comisión correspondiente y se abra un debate sobre la inconveniencia de seguir privatizando los medios para la producción de alimentos cuando la obligación del estado mexicano es hacer realidad el derecho a la alimentación.

En vista de que se trata de un derecho constitucional recién aprobado, el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, apuntaba anticipadamente la necesidad de fortalecer el marco legal en sentido opuesto a las reformas a la LFVV aprobadas en comisión, hasta ahora.

El funcionario de la ONU dijo en su informe final sobre su visita a México, presentado hace unas semanas, que se debería aprobar una ley marco sobre derecho a la alimentación, declarar la moratoria a la siembra de maíz transgénico y adoptar medidas contra el monopolio en la producción de semillas.

Alfredo Acedo es Director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas en México.

Fuente: Programa de las Américas