Controlar los agrotóxicos. Día Mundial del No Uso de Plaguicidas
"La conmemoración busca llamar la atención y reflexionar sobre el rumbo de la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos, que muestra una creciente contaminación y daño ambiental y causa graves desequilibrios en los ecosistemas."
El 3 de diciembre fue declarado Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, después de que en 1984 explotara la planta de Unión Carbide en Bophal (India), liberando cianatos que causaron la muerte de tres mil personas en solo tres días y 16 mil víctimas al final del “accidente”.
La conmemoración busca llamar la atención y reflexionar sobre el rumbo de la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos, que muestra una creciente contaminación y daño ambiental y causa graves desequilibrios en los ecosistemas.
Cientos de agrotóxicos han sido retirados del mercado mundial al confirmarse su peligrosidad para el ambiente y el ser humano.
Los países centrales se muestran preocupados por los perjuicios del masivo uso de agrotóxicos. Sin embargo, la Argentina sigue utilizando muchos de ellos, que se fabrican sólo para ser vendidos en países periféricos. Ejemplo de ello son todos los insecticidas organofosforados (clorpirifós y otros) y el endosulfán, prohibidos en Europa y Estados Unidos.
Los monocultivos con semillas transgénicas son la base del sistema agroindustrial de la Argentina. El consumo de agrotóxicos no deja de crecer. Hace 20 años usábamos 30 millones de litros de venenos; hoy consumimos 340 millones, mientras que la superficie sembrada sólo aumento un 55 por ciento.
Hace 15 años, se usaban dos o tres litros de glifosato por hectárea. Como la naturaleza se defiende, surgen insectos y plantas resistentes que requieren más dosis y productos más tóxicos, y hoy se fumiga con más de ocho litros y agregan otros herbicidas más tóxicos.
Muchos países, presionados por la opinión pública, controlan seriamente el uso de estos venenos. Incluso países como Holanda, Dinamarca o Suecia, tienen programas para disminuir en un 30 por ciento el uso de agrotóxicos al cabo de tres años.
Nosotros, por el contrario, aumentamos año a año en forma geométrica la cantidad de venenos que esparcimos en áreas donde viven más de 12 millones de personas que reclaman por cánceres, malformaciones y otros padecimientos generados por las fumigaciones.
Se dice que sin estos químicos no podríamos sostener los volúmenes de producción actuales. Pero esto no coincide con datos científicos que demuestran que la producción transgénica no rinde más que la tradicional y que mucho del aumento de la producción se explica por técnicas originarias de la agricultura orgánica (Gurian-Sherman 2009).
Se dice también que es necesario producir alimentos a cualquier costo, porque “el mundo tiene hambre”; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta por mil millones de hambrientos, pero también por 1.500 millones de obesos y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denuncia que 1.300 millones de alimentos ya elaborados son botados al tacho de basura cada año, de los que podrían comer 2.600 millones de personas. Parece que el hambre no es por falta de alimento sino por falta de equidad.
Más allá de estas polémicas, desde el área de la Salud queremos alertar que la Argentina es uno de los países con mayor utilización de agrotóxicos; que estos venenos dañan la salud de los trabajadores rurales, los productores y las poblaciones de campesinos y originarios vecinos de los campos cultivados y que perjudican la naturaleza y su biodiversidad.
Nuestra sociedad, fascinada por el enorme beneficio coyuntural del precio de nuestros granos, debe equilibrar las necesidades productivas con los derechos a la salud y al ambiente sano. El Gobierno nacional tiene una actitud negligente y fomenta un sistema de producción que rinde tres mil millones de dólares por agrotóxicos a empresas multinacionales, sin valorar los perjuicios a la salud.
Habría que crear un área de ambiente y salud para controlar uso y efectos de agrotóxicos y desplazar de esa función a un Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) gestionado por el Estado, entidades rurales y cámaras de agroquímicos.
fuente: La Voz