Colombia: el Quimbo, camino a la privatización del río Magdalena

El Río Grande de la Magdalena es una arteria fluvial que recorre gran parte del país. Pasa por 19 departamentos y 728 municipios donde vive cerca del 66% de la población colombiana, de modo que se convierte en un importante medio de transporte para el comercio. Se le considera como el “Río Madre de la Patria”, pues desde su descubrimiento en 1501 fue la vía más importante de comunicación del país con el principal puerto marítimo: Cartagena de Indias. Solamente con la construcción de nuevas carreteras y aeropuertos en el país a mediados del siglo XX el río quedó relegado.

Los pueblos precolombinos lo conocían como el río Huancayo. Nace en el sur del departamento del Huila, concretamente en la Laguna de la Magdalena, localizada a 3.350 metros de elevación sobre el páramo de las Papas, en el Macizo Colombiano. Allí nacen, además del Magdalena, los ríos Cauca, Patía, Caquetá, Putumayo y Saldaña, afluentes hídricos claves para el desarrollo agrícola del país, ya que abastecen al 70% de la población nacional.

A 30 kilómetros de Neiva, capital del Huila, se encuentra la Represa de Betania, construida el 30 de junio de 1981 e inaugurada por el presidente Virgilio Barco el 4 de septiembre de 1987, generando el 15 % de energía que consume el país (540 megavatios). Para esta construcción se desvió el caudal del río Magdalena y el rió Yaguará, inundando 7.400 hectáreas de tierra, casi todas productivas, siendo reforestadas solo 150 hectáreas alrededor del embalse. Este espejo de agua tiene una extensión de 23 kilómetros y 92 metros de profundidad, afectando a los municipios de Yaguará, Hobo, Gigante y Campoalegre.

Amparo Cuenca, antropóloga y docente de la Universidad Surcolombiana, considera que la construcción de la Represa de Betania, inundó miles de las mejores hectáreas del departamento, produjo múltiples cambios en el clima y en los ecosistemas y no trajo el desarrollo económico para la región.

Después de dos décadas de construida la Central Hidroeléctrica Betania, esta fue adquirida en diciembre de 1996 por el mayor grupo eléctrico privado de America Latina: Endesa Chile. Sin embargo esta hidroeléctrica ha perdido potencia debido a la gran cantidad de sedimentos que se acumulan en su interior, lo cual ha acortado los años de vida útil que tiene esta represa. Por esta razón, la Multinacional Colombo-Española Emgesa (subsidiaria de Endesa y actual propiedad de la italiana ENEL) pretende construir un megaproyecto unipropósito, de 8.586 hectáreas, con una altura de 151 metros y 400 megavatios de capacidad instalada, conocido como El Quimbo.

Según la empresa, se iniciaron obras desde 2009 y terminarían en 2013 ó 2014, con “una energía firme” hasta el año 2034, lo cual quiere decir que hasta esa fecha la Hidroeléctrica funcionará a su máxima capacidad ( véase).

Con este proyecto se afectarían por la inundación los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paicol y Tesalia, estando en peligro el peñón sobre el Río Magdalena abajo del municipio de La Jagua, el puente sobre la quebrada Yaguilga, la iglesia de San José de Belén, las labranzas de cacao de Río Loro, la historia de la reforma agraria de La Escalereta y una de las zonas mas productivas de la región.

En este territorio de casi 9.000 hectáreas, según la Declaración del Encuentro Surcolombiano de Organizaciones Sociales sobre Tierra y Territorio, aparte de ser Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, «tiene 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, poblaciones de peces que son básicos para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical».

Rolando Botello, concejal del municipio de Gigante, asegura que en la zona «más de 2.000 hectáreas son cultivos permanentes que han establecido los campesinos y empresarios agrícolas y que otras tantas son utilizadas en ganadería. (…) es el valle del río Magdalena, pero por el mismo hecho de ser valle es una de las zonas más fértiles, con mucha disponibilidad de agua para sus distritos de riego». Además, el concejal Botello señala que la productividad de la zona es unos 33.000.000.000 millones de pesos al año, que produce en agricultura, en encadenamiento productivo de la producción agraria y agropecuaria.

En el área que será inundada viven aproximadamente 500 familias, más de 1.500 huilenses, que son grandes y pequeños productores dedicados a los oficios agropecuarios, jornaleros, pesqueros, entre otros. Ellos serán desplazados de sus viviendas, parcelas, lugares de trabajo, tradiciones culturales, lugares de encuentro y de tierras. Algunos de ellos fueron beneficiarios por las luchas por la reforma agraria en los años 70 y 80. Fruto de estas luchas se han creado 8 empresas comunitarias, con producción de cacao, sorgo, maíz y arroz.

«El Quimbo, señala Rolando Botello, es un proyecto que no es de los colombianos. Está claro que es una energía que va para exportación, no es para sostener la demanda de energía nacional, sino que es un compromiso de exportación hacia Suramérica y Centro América.»

A pesar de esto, el ex presidente Álvaro Uribe insistió en darle vía libre al megaproyecto con unas condiciones que benefician a la empresa, en el marco de la política de “Confianza Inversionista”. Por esto, mediante la resolución 321 de septiembre del 2008, se declararon de «utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo», sin consultar previamente a las comunidades como lo establece la ley, afectando sus actividades productivas, ya que los obliga a vender o serán expropiados por Emgesa o el Estado, dificultado acceder a cualquier tipo de crédito, subsidio estatal o inversión en infraestructura por la incertidumbre de sus proyectos productivos.

Esta problemática que afecta a las comunidades las ha impulsado a organizarse en la Asociación de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo) y con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales han iniciado un proceso de resistencia que ha incluido reuniones, declaraciones, marchas, eventos culturales y bloqueos.

Desde el 7 de junio de 2011 al menos doscientos campesinos y pescadores de la zona se declararon en desobediencia civil con el propósito de detener la construcción de la represa.

A raíz de las diversas manifestaciones públicas por parte de las comunidades afectadas por las construcciones de la represa, el Ministerio de Medio Ambiente se vio en la obligación de expedir la orden a través de la Resolución 1096 de detener la compra y negociación de predios, debido a que «se comprobó que la compra de terrenos está ocasionando una cadena de impactos que no habían sido previstos en el estudio sobre el impacto ambiental», sin embargo, Emgesa continua con las obras, las negociaciones y los acuerdos de predios, haciendo caso omiso a la orden del Ministerio.

Los afectados

Victoria Perdomo, habitante de la vereda Jagualito que será inundada por el megaproyecto, señala que es una persona afectada por el Quimbo, y que no quiere que se realice la construcción «porque aquí a nosotros, a un comienzo nos vinieron a decir que nos iban a ayudar a los damnificados, a los trabajadores (…) a los que teníamos una hectárea nos iban a dar cinco hectáreas, a las personas que tuvieran su tierrita las iban a pagar a buen precio. Al trascurrir el tiempo, las cosas no han salido nada como en un principio decían en las reuniones, de lo que nos dijeron nada se cumplió. Con el Quimbo no estoy de acuerdo, porque es algo que nos va a perjudicar en cuestión ambiental, en cuestión recreacional, nosotros somos unas personas que gozamos de nuestro río magdalena».

Enrique Jesús Montoya Muñoz, vive hace 25 años en la región y es aserrador de profesión, dice que «mi actividad prácticamente se ha desarrollado sobre las vegas y la región cacaotera del río Magdalena, que como ustedes bien lo saben, van a ser inundadas por este megaproyecto». Se siente preocupado porque no sabe «qué va a pasar con la actividad productiva de nosotros los madereros que llevamos tanto tiempo viviendo de esta región».

Ramiro Triviño, trabajador de la vereda El Barzal, también se verá afectado por la hidroeléctrica, «El Quimbo nos afecta porque estas han sido las tierras de toda la vida, trabajadero (sic) de nuestros papás, de nosotros también y ya somos mayores de edad y ahorita es que vienen a quitarnos las tierras».

Carlos Alberto Polanía vive hace 12 años en la vereda Veracruz, se siente atropellado con la oferta que le hizo la multinacional «a ocho millones por hectárea con riego con agua abundante, entonces donde voy a conseguir yo eso». Según él Emgesa llega «con las mismas mentiras de siempre, con el mismo cuento, viene a veces Claudia o ese Víctor y lo mismo no definen nada. Lo mismo con la gente de la reubicación, a ninguno le han definido reubicación o reasentamiento, nada»

El párroco de la vereda de río Loro y Veracruz, César Augusto Torres, señaló que «directamente como personas no nos vemos afectados por este megaproyecto, pero en cuanto a la misión que nosotros desempeñamos sí, puesto que ese trabajo lo realizamos con el pueblo, nuestra comunidad, y nosotros estamos en función de ellos, es nuestra razón, de ser, de vivir, en cuanto a eso somos afectados porque esta población está siendo afectada de manera negativa, en muchos aspectos de su vida, de su tranquilidad, de su trabajo, entonces en cuanto a esto pues también está nuestra preocupación por lo que a ellos les suceda».

Emilia Muñoz Ardila, nació en el corregimiento de Río Loro, «por allá en el ´73 me nació un liderazgo por esta comunidad, colaborar y ayudar y trabajar por este pueblo, entonces empecé poco a poco y fui once años presidenta de la Junta de acá de Río Loro». Ella nos cuenta que «El proceso de reforma agraria lo hicieron los parceleros de abajo, de la Empresa Comunitaria La Libertad, en donde ellos lucharon por esos terrenos, estuvieron en la cárcel (…) siempre la gente ha sido atropellada, ha sido maltratada y salieron de la cárcel y siguieron trabajando. La empresa Comunitaria La Libertad tenía unas hermosas tierras, esas tierras no tenían riegos y ellos tuvieron que dar como Comodato por quince años las tierras para que las cultivara un señor rico que hizo un canal grande. Ahora que muchos de ellos, que lucharon por esa tierra ya han muerto, han quedado trabajando los hijos, están produciendo arroz, maíz, maracuyá, toda clase de cultivos, entonces ahora que ellos están sacando esos cultivos viene una multinacional y va a arrastrar con todo. Acá en Río Loro quedamos desplazados».

Asimismo, algunas personas de Neiva, como la señora Fabiola Osorio, ama de casa, señala que «el Quimbo es la destrucción del medio ambiente, es quitarle las tierras a nuestros campesinos, a los que el gobierno debería respetar y proteger».

Esta es la incertidumbre de muchos de los habitantes de la región afectada por El Quimbo. Y según ellos las consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales no podrán ser restituidas por la multinacional y peor aún, las ganancias no se quedarán en el departamento, que no tiene ninguna acción en el megaproyecto.

Rolando Botello, ASOQUIMBO y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, proponen que se debe potenciar en la Zona de Afectación de este proyecto la capacidad productiva, a través del establecimiento de una Zona de Reserva Campesina Agroalimentaria, con el objetivo de que los campesinos se empoderen de sus tierras, produzcan alimentos para la región, el país y el mundo y cuiden y protejan el ambiente.

Fuente: Rebelión