Brasil: el Código Forestal se volvió un instrumento de cambalache

La polémica discusión sobre las alteraciones en el Código Forestal Brasileño continúa movilizando a la sociedad y al parlamento. Es un asunto cuyo interés trasciende fronteras nacionales, ya que en el actual contexto de cambio climático global, todo el mundo está atento a los problemas que puedan agravar el calentamiento del planeta, y entre esos problemas la deforestación merece énfasis.

La propuesta de alteración del Código se encuentra nuevamente en trámite en la Cámara de Diputados, que ya había aprobado un texto el año pasado. Como ese texto fue alterado por el Senado Federal, las reglas constitucionales determinan una nueva revisión por parte de la Cámara baja.

Hay una fuerte presión del sector ruralista para que la propuesta sea aprobada lo antes posible. Con una gran representación en el Congreso Nacional, alcanzada por medio de negociados y abusos de poder económico, la denominada bancada ruralista quiere que la legislación ambiental sea flexibilizada a cualquier costo para liberar a los propietarios rurales de las puniciones por la falta de cumplimiento de la ley.

El Gobierno se preocupa mucho más con la imagen del país y de la Presidente de la República ante la opinión pública internacional que con la conservación ambiental. Articula en pro de la aprobación del texto del Senado, intentando vender la imagen de que ese texto es fruto de un consenso entre ambientalistas y ruralistas y que es mejor, desde el punto de vista ambiental, que el proyecto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Eso está lejos de ser verdad.

En su esencia, la propuesta del Senado difiere muy poco en relación a la propuesta por la Cámara de Diputados en lo que refiere a la garantía de conservación de la vegetación nativa. El gran embate librado por el Gobierno en el Senado visando la modificación del texto original de la Cámara de Diputados se dio en torno a garantizarle al Gobierno Federal mayor gobernabilidad sobre el permiso de desarrollo de actividades de gran impacto en las áreas de preservación permanente (APP), que son las franjas de vegetación protectoras que están principalmente sobre los márgenes de los cursos de agua.

Los diputados querían delegar a los Estados la competencia para decir lo que puede y lo que no puede ser realizado en las APPs, pero el Senado votó de acuerdo con los intereses del Poder Ejecutivo. Los senadores introdujeron algunas simples mejoras en el texto como, por ejemplo, el mantenimiento de la protección de los ecosistemas costeros, como salgados* y apicums, que había sido retirada por los diputados.

Sin embargo, los dispositivos más dañinos permanecieron, como la amnistía general a los deforestadores hasta el 2008, la exención de reserva legal en las propiedades de hasta cuatro módulos fiscales (que pueden alcanzar a 400 ha) y la utilización de áreas de preservación permanente (donde están los bosques ciliares) en el cómputo de la reserva legal.

A pesar de que recibieron del Senado una propuesta de Código Forestal más volcada aún a los intereses del agronegocio que a la protección de las florestas, los diputados no aceptaron las alteraciones en el texto original y quieren retornar a la versión que aprobaron el año pasado, empeorando todavía más el texto sometido a su apreciación.

El Gobierno, que posa de “ambientalmente responsable”, cree que la aprobación de un código en los moldes como fue votado en el Senado sería defendible frente a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable, Rio + 20, pero teme una derrota en la Cámara baja, una vez que estamos en un momento de crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso, se intentó postergar la votación para después de la Conferencia.

Acosado por los tradicionales chantajes de los diputados, que amenazan con la no aprobación de la Ley General de la Copa, esencial para el gobierno, debido a sus compromisos de organización del campeonato mundial de fútbol, el Poder Ejecutivo cedió, y la votación fue marcada para el día 24 de abril.

Es importante destacar que la aprobación de la propuesta del nuevo Código Forestal representa un gran retroceso en la legislación ambiental de Brasil, pues permitirá más deforestación, beneficiará con impunidad a aquellos que dejan de cumplir la ley y retirará instrumentos del Estado que posibilitan la gestión ordenada de los recursos forestales y de la vegetación nativa.

Además, existe un amplio consenso entre la comunidad académica especializada en agricultura y medio ambiente de que Brasil posee plenas condiciones de expandir su producción agrícola sin alterar la legislación y sin permitir nuevas deforestaciones, utilizando para eso apenas una pequeña mejora en las técnicas de producción. Estudios demuestran que nuevas deforestaciones perjudicarán al propio sector agrícola en el mediano plazo.

Además de aceptar el chantaje, pactando la votación del nuevo código para este mes de abril, el Gobierno fue más allá en los beneficios concedidos a los ruralistas infractores. La presidente Dilma termina de firmar un decreto prorrogando el plazo de exención para que propietarios rurales asuman el compromiso de recuperar la reserva legal deforestada de sus propiedades.

Esta es la quinta vez que el gobierno federal prorroga el plazo, que venció por primera vez en enero de 2009.

Está engañado quien piensa que estas prórrogas realmente buscan garantizar que los ruralistas tengan tiempo para recuperar su pasivo ambiental. La real intención oculta es dar tiempo a los infractores hasta que el nuevo código sea aprobado, cuando serán beneficiados definitivamente con la amnistía, garantizando así que no sean punidos por sus crímenes, infracciones administrativas y daños practicados contra el medio ambiente

A pesar del inminente perjuicio ambiental que gobierno y parlamento quieren infligir a la sociedad y a las futuras generaciones, en beneficio único y exclusivo del gran capital, nacional e internacional, existe una única ventaja en este juego sórdido en torno del desmantelamiento de la legislación ambiental. La máscara ambiental que adorna los gobiernos Lula - Dilma se caerá en vísperas de la Conferência Rio+20, haciendo que el país anfitrión muestre al mundo que su real compromiso es con los grandes productores de commodities que promueven un efímero equilibrio de la balanza comercial brasileña cuyo costo es la degradación y el retraso en el futuro, cuando tengamos que competir con naciones que pautan su desarrollo en el avance científico y tecnológico.

Los Jefes de Estado y demás autoridades presentes en la Conferencia constatarán también que el país sede no tiene compromiso con la reducción de las emisiones, con la contención de la deforestación o con los pequeños productores rurales.

Lo que interesa es el lucro de las transnacionales que nos venden semillas genéticamente modificadas, los recursos para las campañas millonarias de los parlamentarios bancados por esas empresas y el mantenimiento de una oligarquía rural que comanda el país desde su descubrimiento.

¿Quién diría que el ascenso al poder de un partido de izquierda, de base trabajadora, nos llevaría a una situación como esta?

Fuente: Rel-UITA