Bolivia: TIPNIS, la sombra que persigue a Evo

TIPNIS, el centro detonante. Carlos Crespo demostró con mucha claridad en un artículo que la Ley 222 es tan tramposa que en los hechos no está el tema central de consulta del camino carretero del Parque Nacional Isiboro Sécure, sino que da por sentado que éste pasará por el TIPNIS.Sólo se consulta cómo mitigar los daños medio ambientales, para lo cual hablan de una “carretera ecología”. El mismo documento demuestra que el Protocolo es anticonstitucional porque viola flagrantemente varios artículos de la Constitución. Es decir, la consulta de entrada es de mala fe, contrario a lo que la Constitución indica, que ésta debe ser de buena fe y bajo los marcos organizativos de los pueblos en consulta. En este caso, el gobierno es árbitro y juez a la vez.

Éste es el tema detonante del actual estado de crispamiento social en Bolivia. A esto se suman salubristas, maestros y estudiantes universitarios, mientras que los transportistas, aprovechan los bloqueos esporádicos de comunidades ayllus entre Patacama-Tambo Quemado (camino internacional que comunica con Chile) y de muchos otras regiones. Por su parte, la IX marcha está retenida por bloqueos que realiza gente del Movimiento al Socialismo (MAS) en San Ignacio de Moxos y sus inmediaciones.

En torno a este tema se denunció que el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, había ordenado bloquear estas rutas para no dejar pasar la marcha indígena originaria, que tiene connotaciones históricas muy novedosas. Es una movilización histórica porque están en la acción los movimientos indígenas de la Amazonia y los movimientos originarios de los Andes. En otras palabras, es una movilización conjunta entre los ayllus y las capitanías, dos sistema de organización matricial en los Andes y la Amazonia.

La plataforma de lucha sube de tono. Ya no sólo se pide abrogar la Ley 222 y pedir el respeto a los derechos indígenas originarios consagrados en la nueva Constitución, sino que también se exige la anulación de la Ley anti-indígena de Deslinde Jurisdiccional que aminora -al igual que en la colonia- la justicia indígena originaria frente al sistema ordinario; y se pide parar la Ley de minería -que está en pleno proceso de elaboración-, que afectará gravemente a los ayllus y comunidades campesinas de los Andes, similar a lo que ocurre en Cajamarca y otras regiones del Perú. Incluso surgen voces que piden la renuncia del Presidente Evo Morales y García Linera. Aquí cabe también incluir que se debe anular el Decreto Supremo 1202 que da 30 dólares por barril producido a las transaccionales petroleras como “incentivo”, un hecho absolutamente contrario a la idea tanta veces vociferada de la nacionalización de los hidrocarburos.

De agravarse esta situación inicial, el gobierno tendrá solamente dos caminos: o abrogar la Ley 222 o correr la misma suerte que el neoliberal Sánchez de Lozada. Y ello implica entrar a otro escenario social y político. Al parecer, los actuales gobernantes que sostienen ser el “gobierno de los movimientos sociales” han olvidado fácilmente que, cuando la gente se moviliza y cuando tiene razón, es incontenible. Antes de la caída de Sánchez de Lozada hubo grandes movilizaciones, levantamientos sociales y demostraciones simbólicas de rechazo y crítica a aquel régimen, con lo que finalmente en octubre 2003 tuvo que huir del país rumbo al territorio del imperio norteamericano, donde está hasta el día de hoy.

También es importante recordar que, en ese momento, los aymaras y quechuas del altiplano y valle eran los actores centrales de tal hecho; hoy son otros los actores, aunque el CONAMAQ sigue siendo parte de aquella lucha en los Andes, una expresión de una gran diversidad de nacionalidades que viene justamente antes de la colonia -igual que las organizaciones de los pueblos de la amazonia o el oriente. Es decir, son prexistentes a la colonia y a la república, como sostiene el artículo dos de la nueva Constitución. Y es bueno decir también que entre el año 2000 y 2005 hubo cinco levantamientos sociales, un promedio de un levantamiento por año. Con todo ello estamos sosteniendo que el hecho no es, como sostiene el gobierno, que hay un grupo minoritario detrás de las movilizaciones e incluso financiado por los viejos grupos de poder, sino dejar notar que el hecho es de tal gravedad hoy en Bolivia.

Aquí cabe una pregunta histórica. ¿Qué se viene después del 25 de abril en Bolivia? Esta es una pregunta sin respuesta, aunque se pueden adelantar hipotéticamente varios escenarios posibles. Uno primero es que se abrogue, se anule, la Ley 222, lo que daría paso a una definitiva deposición de la construcción de la carrera por TIPNIS. Dos, que se convierta en una gran convulsión social que puede tornarse incontrolable para el gobierno, pese a que cuenta con respaldo de varios sectores campesinos. Tres, que la llamada derecha o los viejos grupos de poder aprovechen el hecho para tratar de volver al gobierno, como siempre han pregonado durante todo este tiempo. Cuatro, que Evo y García tengan que renunciar a sus cargos. Cinco, un escenario de una nueva revolución social pero con grandes contrastes entre los propios actores por la diversidad de organizaciones que aquí intervienen.

Esto se resumiría en tres grandes escenarios centrales posibles, pues muchos y los propios movimientos indígenas originarios de la Amazonia y los Andes no proclaman tumbar al gobierno de Morales-García, sino dejar entender claramente que los gobernantes están ahí porque la gente lo quiso así; dejar entender que el poder no lo tienen ellos, sino que lo siguen teniendo los pueblos en lucha. La soberbia, la tozudez, la criminalización, la judicialización, la traición, no tienen cabida. Esto hablaría de que la sociedad movilizada sigue en pos de un real y efectivo trastocamiento del orden colonial y liberal en actual vigencia en el Estado y en el gobierno.

Dos, lo anterior significaría que se tiene que re-direccionar ahora, sí o sí, el llamado proceso de cambio o lucha contra el sistema civilizatorio de expropiación de los recursos naturales de los pueblos que habitan Bolivia, lo cual tendría que modificar radicalmente el escenario del momento actual por una nueva radicalización de la lucha social, pero con una autoridad moral muy clara como son los pueblos indígenas originarios de los Andes y la Amazonia. Si se produjese esta radicalización pues podría ir ahora en pos de la reversión y expropiación de las tierras latitudinarias -aún en manos de los terratenientes y agroindustriales del oriente del país-, por una nueva nacionalización de los recursos naturales, un trastocamiento del orden estatal por otro orden social, la anulación de varias leyes y artículos de la propia Constitución que son flagrantemente contradictorias al proceso revolucionario. Del mismo modo, esto sería el trastocamiento del poder hoy vigente por otra lógica de gobierno que sea parte constitutiva de otra civilización social. Bueno, algunos de éstos tal vez estén fuera de los alcances reales, pero es lo que se tendría que dar si es que entramos a este otro escenario histórico.

O, finalmente, el tercer gran escenario es que el gobierno controle la situación y continúe por tanto con el actual proceso histórico de control y criminalización de la lucha social. Es decir, un proceso donde la lucha social está criminalizada, los dirigentes perseguidos, una especie de gobernanza entre la llamada derecha e izquierda, y la construcción efectivamente de la carreta por el TIPNIS.

Si esto último no se da es que hemos entrado a otro momento histórico. Y ahí es importante estar preparados. Por experiencia histórica sostenemos que, como en el caso del levantamiento de la ciudad de El Alto y las provincias aymaras de 2003 no se tenía un nuevo plan o proyecto histórico en manos, eso fue la causa de la derrota de ese hecho histórico, dado que después de aquello volvimos al sistema liberal de las elecciones, que es básicamente reformar y atenuar el momento crítico en favor del orden social dominante.

Fuente: Desinformémonos