Belén, Santa María, Tinogasta: represión y después

Idioma Español
País Argentina

"Catamarca, ruta Nacional 40. La policía provincial, el grupo especial de operaciones Kuntur y presunta seguridad privada de las mineras golpearon y detuvieron a más de 40 vecinos que mantenían un corte selectivo a camiones que proveen de insumos a la minera La Alumbrera."

Catamarca, ruta Nacional 40. La policía provincial, el grupo especial de operaciones Kuntur y presunta seguridad privada de las mineras golpearon y detuvieron a más de 40 vecinos que mantenían un corte selectivo a camiones que proveen de insumos y herramientas al mega emprendimiento minero La Alumbrera, en dos jornadas separadas por menos de quince días. Una fue el resultado de la otra: tras la detención e imputación de nueve vecinos el 27 de enero pasado, brotaron más de cinco bloqueos en la región, uno de ellos reprimido violentamente y con treinta detenidos este miércoles 8 de febrero.

 

Mariano Cervantes integra la Asamblea de Belén por la vida y tuvo el extraño privilegio de ser detenido en una persecución por el cerro, al intentar escapar de las manos policiales y sus perros entrenados. Recientemente puesto en libertad, cuenta que grupos pro-mineros montaron una escena de tensión, con otro corte que realizaron a pocos metros: “Ese fue el pie para que el fiscal le ordene a la policía que desaloje y detenga a los vecinos para evitar un `mal mayor´, pero nosotros ya habíamos decidido en asamblea levantar el corte. Incluso lastimaron a una compañera que está embarazada”.

 

El estreno de la ley de terror

 

El primer desalojo violento tuvo lugar en la localidad de Santa María, el 26 de enero, también sobre la ruta 40, y dejó 7 vecinos detenidos. En diálogo con lavaca, la abogada defensora Nidia Gauthier cuenta que fueron liberados apenas se pidió la incompetencia de la medida. El corte selectivo siguió. Día más tarde, viernes 27, por presunta presión de La Alumbrera, la policía tomó revancha y detuvo esta vez a nueve asambleístas: “A un señor, Rodolfo Chayle, lo detuvieron saliendo de una almacén al lado de una escuela, que está a 6 km de la sentada. A Marta Vargas, con su nene de 3 años, el fiscal amenazó con poner a disposición de los tribunales de menores a su nene”, cuenta Gauthier.

 

El fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó a su secretario y un escribiente para labrar la imputación en la propia comisaria: “Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es de competencia federal y habla de daños a bienes públicos y de causar terror o peligro a las personas”, afirmaba días atrás la abogada, confirmando el estreno de la ley anti-terrorista en el país. El propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak salió a desmentir esa versión que circulaba por portales medioambientales: “Es absolutamente falso, están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier responde: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron imputados a los nueve vecinos. De inmediato Gauthier pidió la inconstitucionalidad de la medida incluso para el cargo del artículo 194: “El corte en la ruta 40 era parcial e informativo, y el tránsito no estaba entorpecido sino sólo se bloqueaban los camiones de la empresa”.

 

¿Qué dice el Artículo 213 bis?:

 

“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Sic.

 

En búsqueda de la copia perdida

 

La diferencia entre las informaciones del ministro Alak y la abogada defensora encuentran su explicación gracias al propio fiscal Landívar: nunca entregó una copia de la imputación.”Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos juzgados”, explica la abogada.Trece días después,el jueves 9 de febrero, Gauthier reitera su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier: confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien ya labró una denuncia.

 

Eso sí condice con las declaraciones del ministro Alak: “Si las autoridades judiciales de la provincia hubieran avanzado en la investigación de hechos susceptibles de ser encuadrados en algunas de las figuras con finalidad terrorista previstas en el artículo 41, hubiesen tenido que declararse incompetentes de inmediato”.

 

Presiones

 

La abogada Gauthier denuncia a lavaca: “Estoy recibiendo una serie de persecuciones laborales. Es que siempre que alguien se levanta y hace los reclamos que corresponden, hay alguien que quiere que no hables. Voy a ir hasta el final”.

 

Como sea, la flamante reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo ya tiene un ejemplo sobre la arbitrariedad en su aplicación. El fiscal Julio Landívar consideró pertinente usarlo para favorecer la circulación de los camiones de la empresa minera La Alumbrera, fomentando un accionar policial desmedido y apurando la imputación en la propia comisaría. Landívar acusó a los nueve asambleístas de formar parte de una agrupación que tiene “por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

 

El amanecer de los vivos y el terrorismo de los muertos

 

Lejos de amedrentar las protestas, la presunta aplicación de la ley anti-terrorista, las detenciones y la coordinación policial y judicial a favor de las mineras devino en múltiples cortes a lo largo de las rutas nacionales 40 y 60, bloqueando la circulación a camiones con destino a La Alumbrera y al proyecto de Barrick Gold en San Juan. Hay cortes, al menos, en las localidades de Fuerte Quemado, Amaicha del Valle, Belén y Tinogasta. Marcos Pastrana, cacique de la comunidad diaguita en la región, habló con lavaca y contó en primera persona las reacciones: “La actitud del fiscal provocó más bloqueos, se generaron debates, salieron a la luz un montón de cosas, la unión de los diaguitas dio un alto respaldo al movimiento. En lugar de aplacar los ánimos esto ha producido un exacerbamiento: si van por uno, vienen por todos. La ley no se condice con la imagen de paz social, de bienestar y alivio de la sociedad argentina; no creo que estén dadas las condiciones para que se dicte una ley de esta naturaleza. No se trata de una controversia mediática, acá no estamos peronistas y radicales, aquí no estamos a favor del campo o de… Aquí estamos por el agua, por la vida, por nuestros hijos. El estado está haciendo terrorismo, está dando legalidad a acciones prohibidas, están violando derechos humanos”.

 

Cómo montar una detención

 

Las recientes detenciones en Belén comenzaron cuando cerca de cuarenta supuestos empleados de minera La Alumbrera cortaron la ruta “porque les habían dicho que los echarían sin pagarles”, cuenta el detenido Cervantes. Los vecinos de la asamblea emitieron entonces un comunicado en solidaridad con los trabajadores. Sigue Mariano: “En eso se acerca un fiscal y nos dice que este grupo de trabajadores iba a venir hasta donde estábamos. Nos reunimos en asamblea y decidimos levantar el corte, para evitar problemas, y nos trasladamos hacia un predio al costado de la ruta 40”. A las 19 horas, llega el momento de una nueva maniobra de la in-justicia: ante la denuncia de un tercero por “usurpación”, la policía avanza y comienza las detenciones. Cervantes, cuenta, escapa por el cerro y es perseguido por los canes de la policía provincial: “Me detuvieron y me hicieron desnudar ahí mismo”.

 

La doctora Gauthier relata otra información que llegó a Santa María: “Detuvieron a un niño de 13 años y lo pusieron a disposición de un juez de menores. Una locura. Y a la madre no le dijeron dónde estaba”. Las mujeres fueron trasladadas a la comisaría de Belén; los hombres a la seccional vecina de la ciudad de Londres. Todos estuvieron incomunicados hasta las cinco de la mañana del 9 de febrero en que fueron liberados, horas luego que una movilización espontánea de 400 personas en la plaza central de Belén clamara justicia.

 

Mientras tanto, en Tinogasta…

 

El currículum de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tinogasta cuenta que cumplió 3 años de lucha y ya logró detener un proyecto de exploración de Uranio ubicado a 7 km de la plaza principal de la Ciudad. Además, desde el domingo 29 de enero – 2 días después de lo que pasó en Santa María- mantiene un corte selectivo e informativo en la entrada del pueblo. Luis Taborda: “Ya vino un fiscal a ver qué estamos haciendo, pero no pueden hacer lo que hicieron en Belén porque acá todo el pueblo está en alerta. Estamos abiertos al diálogo, pero no cederemos”. En Tinogasta hay una sede de Aduana Nacional y todo vehículo que entra tiene que declarar qué lleva. Sigue Luis: “Hay camiones detenidos con químicos, sustancias inflamables y equipos que van para Veladero, a cargo de la Barrick Gold”.

 

Los vecinos fueron reprimidos hoy a la mañana con balas de gomas y gases lacrimógenos. El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó la represión en la ruta 60, argumentando: “había que dejar pasar a los camiones” del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban “explosivos” que representaban un “peligro para la sociedad”.

 

Repercusiones

 

Las últimas detenciones en Belén desencadenaron que el jueves 9 de febrero, en repudio a la represión y en el marco de una jornada nacional que incluyó radios abiertas y comunicaciones telefónicas con el lugar de conflicto, hubo actividades en las provincias de Chubut, Catamarca, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba.

 

En Buenos Aires, 200 personas se concentraron frente a la casa de Catamarca, prudentemente rodeada por efectivos policiales. En comunicación desde Belén, habló Juanjo, periodista de la radio catamarqueña El Algarrobo y uno de los detenidos el miércoles 8: “Los medios locales no están difundiendo nada”, denunció. Y recordó el 25 de mayo de 2011, cuando el mismo bloqueo selectivo fue desplazado por un cordón policial para permitir el paso a los camiones: “Pensamos que esta vez iban a hacer lo mismo, pero avanzaron y reprimieron”.

 

 

Continuará…

 

Cervantes, desde Belén. Son las 18 horas del 9 de febrero.Ya pasaron 13 horas desde que recuperó su libertad. Está en la plaza principal y nos cuenta que siguen rodeados de efectivos y camiones policiales. Pensarse en esa plaza, en esa situación, puede darnos una pista para comprender lo que nos transmite: luego de recuperar la libertad debe seguir luchando por ella.

 

 

Fuente: Argenpress

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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