Argentina: soja y agrotóxicos entre barrios y casas

Los terrenos pertenecen a una desarrolladora inmobiliaria vinculada con el grupo Macri. Los vecinos encontraron los bidones vacíos del glifosato, pese a que el uso de este herbicida está prohibido en zonas urbanas.

Media hora al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Esteban Echeverría, donde metro a metro la cuadrícula urbana se tironea con la zona rural, 120 hectáreas de pastizales naturales fueron quemadas con glifosato al paso de un pintoresco tractor amarillo. Desde 2009, las tierras, propiedad de una desarrolladora inmobiliaria vinculada con el grupo Macri, son utilizadas para el cultivo de soja transgénica. Pero este año la siembra se extendió hasta los límites de un country de la misma empresa, Creaurban S.A., y de un barrio del Plan Federal de Viviendas, donde quedaron expuestas al tóxico al menos unas 4500 personas. Además de poner en riesgo la salud de las familias que toman agua de pozo, los vecinos temen las consecuencias que el agroquímico pueda generar al medio ambiente, ya que la plantación se realiza sobre el ecosistema de humedales Laguna de Rocha, que forma parte del sistema hídrico de la Cuenca Matanza-Riachuelo y cuenta con media sanción de Diputados bonaerenses para convertirse en Reserva Natural. El intendente Fernando Gray adelantó a Página/12 que “iniciará acciones” contra la empresa.

La familia de Alejandro Cruz se había mudado hacía menos de un mes a una casa ubicada en la última calle del barrio privado Los Mirasoles en la localidad de Monte Grande. El 15 de noviembre pasado escuchó llegar al tractor amarillo, que ingresó por la entrada del country y atravesó entre una decena de viviendas, a pesar de que la ley provincial 10.699 prohíbe que los equipos de aplicación de agroquímicos terrestres circulen por centros poblados. Por eso, cuando el vehículo se puso a fumigar los campos ubicados detrás de su medianera, Alejandro, extrañado, buscó su filmadora y documentó la tarea de la máquina. “Nunca se sabe”, pensó, y lo repitió en voz alta mientras grababa el video cargado en YouTube como “Fumigación con glifosato en Mirasoles de Monte Grande”. Al día siguiente, los vecinos amanecían con una invasión de cucarachas.

La puerta blanca de Lorena Hastka estaba negra. Al otro lado del teléfono, su voz suena inquieta. “Soy alérgica, pero la doctora me dijo que los granos que me salieron ese día en la espalda no eran normales.” María José, su vecina, también tuvo un brote, “unas manchas rojas, raras”, y a la semana “empezó con unas hinchazones, primero en el labio, después en la nariz, y así”. Además, dice, varios chicos del barrio tuvieron derrames en los ojos esos días.

El glifosato es un agroquímico indispensable para el paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada. Cuando se rocía la tierra, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. En Argentina, se utiliza en las 20 millones de hectáreas sembradas, es decir, en más de la mitad de la superficie cultivada del país. Sus comercializadores dicen que es inofensivo para el ser humano, pero estudios científicos alertan que puede producir malformaciones en embriones humanos y cáncer.

Alejandro camina con expresión incrédula entre los brotes de soja que asoman de la tierra en hilera perfecta. Está parado a menos de tres metros de su casa, apoyado en la tranquera que marca el final del barrio y sostiene un bidón de glifosato que se incautó por las dudas. “Es increíble que los mismos tipos que te venden un proyecto de vida, te lo destruyan así. Acá había un verde precioso y mirá ahora”, dice mientras apunta con el dedo a lo que parece una lechuga carbonizada. Menea la cabeza. “Lo que están haciendo es un emprendimiento agropecuario con utilización de agroquímicos en una zona urbana.”

El 22 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto que declara “reserva natural integral y mixta” al ecosistema Laguna de Rocha, de 1400 hectáreas. “Este es el tercer año que denunciamos la utilización de glifosato ante el municipio, sin recibir respuesta”, explicó a este diario Martín Farina, integrante del Colectivo Ecológico Laguna de Rocha. Por eso, esta vez, la organización elevó el pedido de intervención a la Unidad Fiscal Federal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima).

En el texto presentado el 15 de diciembre pasado, el organismo acusa que la “actividad agrícola con uso de agroquímicos se realizó junto a los espejos de agua” del humedal de 330 hectáreas, que “tienen un papel ecológico fundamental que contribuye a mejorar las condiciones ambientales de las cuencas baja y media del río Matanza-Riachuelo”.

“El problema acá es que como son terrenos privados se manejan de cualquier manera, lo que se evitaría si el predio fuera reserva natural”, asegura Farina. En su denuncia también se destaca que de las “4500 personas que habitan los barrios residenciales, al menos la mitad no cuenta con red de agua potable, sino que se aprovisionan de agua de pozo cuya fuente es el acuífero subterráneo” que está siendo contaminado, mientras que a pocas cuadras, sobre la calle Cervetti, “se han realizado pozos de alimentación de agua para el servicio de agua corriente brindado por AySA para la ciudad de Monte Grande”.

Los vecinos de Los Mirasoles, por su parte, realizaron la denuncia ante la Subsecretaría de Medio Ambiente local y los inspectores municipales Daniel Biró y Hernán Pirito constataron la siembra y rescataron los bidones de glifosato que habían quedado olvidados después de que se levantara el campamento de los trabajadores que sembraron la soja. El intendente Gray explicó a este diario que el municipio elevó la denuncia al Ministerio de Agricultura nacional, para que hiciera un peritaje sobre las tierras y se elevaron denuncias al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS). También se alertará a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.

“La siembra de soja no es ilícita, no es que a mí personalmente me guste, pero cualquiera lo puede hacer en cualquier lado, el tema es el uso de este producto, que en nuestro distrito está expresamente prohibido” a través de la ordenanza 79.590 de 2009, señaló el intendente Gray. “Cuando tengamos todas las pruebas de que la Laguna de Rocha se fumigó con glifosato, el municipio presentará una demanda judicial contra la empresa (Creaurban).”

Analía Martínez está en plena mudanza. Acaba de terminar su vivienda al lado de la casa de Alejandro y desde su terraza en construcción puede ver cómo crece la soja a pocos metros de la pileta. Mientras avanza por medio del cultivo, muestra a este diario la carta que entregaron al intendente, donde la Asociación de Vecinos del Barrio Mirasoles de Monte Grande expresa su “gran preocupación” por la fumigación con glifosato “que afecta a 350 familias de Mirasoles, 2 mil familias del barrio Plan Federal de Viviendas y población adyacente”.

“¡No han tirado pesticidas!”

Para tranquilizar a los vecinos, les aclararon que no estaban fumigando con pesticidas sino con “glifosato, un herbicida aparentemente habilitado para este uso”. Ahora dicen que arrendaron las tierras.

Creaurban SA sabía que los terrenos de su propiedad eran rociados con glifosato para plantar soja. El 16 de diciembre, un día después de la última fumigación con el agroquímico, las viviendas del country tuvieron una invasión de cucarachas. La Asociación de Vecinos del barrio privado Los Mirasoles, que alberga a 350 familias, se contactó con responsables de la empresa, que pidió que se calmaran las aguas. La asamblea barrial, mediante un mail fechado el 30 de noviembre último, aclaró las situación: “Para tranquilidad de todos: ¡No han tirado pesticidas! Sí utilizaron glifosato, un herbicida aparentemente habilitado para este uso”.

El uso del glifosato está prohibido por ordenanza municipal desde 2009 y, según el intendente Fernando Gray, “las empresas lo saben”. Sin embargo, los vecinos aseguran que hace tres años se denuncia a la empresa, sin recibir respuesta. Este año, Creaurban SA fue más lejos: fumigó las medianeras de su propio barrio, alertando a sus clientes.

Según fuentes de la Municipalidad, tras las consultas de este diario, la empresa Creaurban SA alegó a funcionarios comunales que arrendaba las tierras y, por tanto, no sabía con qué eran rociados los campos. La respuesta brindada a los vecinos de Los Mirasoles desmiente ese argumento.

Un alto funcionario del gobierno comunal aseguró a este diario que “los abogados del Grupo Macri son de temer”. No es para menos. El nombre de Franco Macri y el de sus familiares tuvieron un peso económico enorme en la zona. En la década del ’90, la sociedad anónima Sideco, de Macri padre, compró unas 350 hectáreas ubicadas sobre la avenida Fair hacia el lado del partido de La Matanza, en Monte Grande, Esteban Echeverría.

En 1996, el mismo año en que el Concejo Deliberante local convertía en “reserva histórica” el predio, la firma de Franco Macri comenzó a tramitar las habilitaciones para construir tres barrios cerrados. El primero, el country Los Mirasoles, comenzó a funcionar a fines de 1999. Por esos meses, además, la empresa puso en funcionamiento una sede del Correo Argentino, que se nacionalizó en 2003. Esos emprendimientos pasaron a manos de Creaurban SA y Iecsa SA, del mismo dueño. También se venderían más de 50 hectáreas al Estado nacional para la creación de un Plan Federal de Viviendas, el barrio Malvinas.

Creaurban SA pasó en 2007 a manos de los hermanos Angelo y Fabio Calcaterra, quienes hicieron socio al italiano grupo Ghella. Los hermanos Calcaterra son primos hermanos del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que ese mismo año renunció a los cargos –lo que no significa a sus acciones– que tenía en las empresas del Grupo Macri para poder ejercer el cargo público. En enero de este año, la constructora Calcaterra fue denunciada por el encarecimiento desmedido y el riesgo ambiental en las obras del Arroyo Maldonado, que habían sido contratadas por el jefe de Gobierno.

La realización de los otros barrios cerrados proyectados no se concretó y, en 2009, Creaurban SA anunció que reorientaría los planes de negocios en el megaemprendimiento de Monte Grande para darle impulso a un nuevo parque logístico. Angelo Calcaterra poseía 400 hectáreas y de ellas, 122 serían destinadas a la creación del centro industrial.

Entre las ventajas que contabilizaba la empresa para el proyecto estaba la cercanía con el Aeropuerto de Ezeiza y el bajo precio de los lotes. El costo de los terrenos se explica por su tendencia a inundaciones, debido a la cercanía con el humedal. Ese proyecto tampoco se puso en práctica y fue entonces cuando, para no tener inutilizadas las tierras, la empresa de Calcaterra comenzó con el cultivo de soja.

“El municipio es denunciante”

–¿Qué postura tiene su gobierno sobre la utilización de agroquímicos?

–Somos uno de los pocos municipios bonaerenses que prohibieron el uso de glifosato. En 2009, específicamente, sacamos una ordenanza para eso porque ya habíamos tenido problemas con el químico en la localidad de Canning, con los ferrocarriles. Esto las empresas lo saben.

–¿Qué acciones tomó el municipio para los campos de Laguna de Rocha?

–Cuando recibimos la denuncia en la Subsecretaría de Medio Ambiente, la constatamos mediante una inspección junto a los vecinos y, luego, la elevamos a la Secretaría de Agricultura, para que realizara las evaluaciones en profundidad, ya que se necesitan análisis de la tierra más precisos que los que hicieron nuestros profesionales. Y estamos ultimando los papeles para hacer una presentación ante el Acumar y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).

–¿Qué hará después el municipio?

–De comprobarse la utilización de glifosato, presentaremos una demanda judicial a la empresa (Creaurban S.A.). Quiero resaltar que el municipio es denunciante de esto. Y somos muy rigurosos: podemos exigir la reparación del medio ambiente y en principio multas.

–¿También se violó la ley provincial de utilización de agroquímicos?

–Existe una legislación provincial que es parcialmente prohibitiva del glifosato para zonas urbanas –la ley 10.699 establece que los equipos de aplicación terrestre no podrán circular por centros poblados–. El problema es que en el conurbano hay zonas rurales que comienzan a urbanizarse y se convierten en un híbrido. Entonces, si se hace valer la legislación provincial, el glifosato se podría usar, ya que Laguna de Rocha, incluido el country Los Mirasoles, está tipificada actualmente como zona rural. Pero nuestra ordenanza es expresamente prohibitiva.

Fuente: Página 12