Argentina: los campesinos reclaman que se frenen los desalojos

Creyeron que te mataban con una orden de fuego. Creyeron que te enterraban. Y lo que hacían era enterrar una semilla. Ni un metro más. La tierra es nuestra.” Así se leía en las banderas que agitaban los familiares y amigos de Cristian Ferreyra (23), que a diez días del crimen marcharon en Monte Quemado, Santiago del Estero. Lo mismo hicieron en la ciudad de Buenos Aires organizaciones sociales y campesinas: se movilizaron hasta el Congreso para presentar un proyecto de ley. El texto pide que se suspendan los desalojos de tierras rurales por cinco años. El gobernador Gerardo Zamora, en tanto, ordenó parar los desmontes por 180 días.

Ferreyra fue asesinado de un escopetazo en el paraje Campo de Mayo, del departamento Copo. También fue herido su cuñado, César Godoy. Por el crimen hay detenidas cinco personas. Javier Juárez, acusado de ser quien disparó a los dos militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC). También están detenidos Walter Juárez y los hermanos Carlos y Mario Abregú. Su empleador es el empresario rural Jorge Ciccioli. Fue apresado días atrás y será indagado por el juez de la causa, Alejandro Fringes Sarria, el próximo martes. El Mocase reclamó que se le inicie juicio político al juez. “Desde hace meses recibió nuestras denuncias sobre bandas armadas y nunca actuó al respecto”, sostienen.

Más de dos mil campesinos de Santiago del Estero marcharon el viernes en Monte Quemado, que está a unos 350 kilómetros al norte de la capital. Pidieron justicia para Cristian y respeto a los territorios campesinos indígenas. Fue una de las mayores movilizaciones de la provincia en los últimos años. La marcha fue “custodiada” por decenas de policías y pasó por el juzgado, la municipalidad y la comisaría. Con el sonido de bombos y música de fondo, Deolinda Carrizo, integrante del Mocase-VC afirmó a Miradas al Sur: “Vamos a seguir denunciando al gobierno provincial y a los empresarios que nos amenazan.” Deolinda sostiene que el gobernador Zamora no cumplió con un acuerdo de siete puntos que se firmó en agosto de 2010 para frenar los desalojos. “Es un compromiso que él asumió y que no cumplió. Todo lo contrario. Siempre puso excusas y lo fue postergando. Si hubiesen accionado a tiempo, otra sería la situación. Quizá Cristian estaría vivo.” El Mocase nació hace dos décadas y es la organización campesina más importante del norte argentino. Fueron pioneros en alertar sobre el avance de la soja. El poroto arrasó bosques nativos para ganar hectáreas de siembra.

Además de Copo, hay otros nueve parajes amenazados por el desmonte. “En esos lugares sigue habiendo un montón de gente armada que está al servicio de empresarios”, se quejó Deolinda. Miradas al Sur informó la semana pasada sobre las “guardias blancas”, cuerpos de represión privados de terratenientes y latifundistas. Matones a sueldo. Antenor Ferreyra, abogado del movimiento y conocedor avezado del conflicto por la tierra, explicó el funcionamiento de la banda que opera en Monte Quemado: “Son unos diez integrantes. Tienen gran capacidad de fuego y armas importantes. Los contratan distintos terratenientes. Esto no es un conflicto aislado, es un plan diseñado por ellos con la complicidad del Estado provincial”.

“Los compañeros que hoy tienen 40, 50 años, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos nacidos han hecho toda su vida productiva en estas tierras. Han muerto en los ranchos. Al ver que no nos pueden sacar, lo que hacen es contratar empresas de seguridad. Con paramilitares, policías retirados. Contratar con armas para venir a meter miedo a la gente. Decir: ‘Fulano de tal es dueño, si ustedes no reconocen que es ese dueño, les vamos a meter un tiro en la cabeza, los vamos a sacar. Porque vos no sos el dueño’”.

El testimonio es de un miembro de la comunidad indígena lule-vilela de Santiago del Estero, consignado en el informe Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino. Fue realizado en 2008 por la cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, con la ayuda de organizaciones campesinas. Entre otras, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci) y el Mocase-VC. El documento advierte: “Son frecuentes los casos de desalojos de familias rurales causando atropellos en contra de sectores campesinos e indígenas. Muchas de las familias, al ser desalojadas, se quedan en el desamparo total y sin ninguna protección gubernamental. Los procedimientos de desalojo se suelen dar con alto grado de violencia.”

Cristina Loaiza es santiagueña, integra el Mocase-VC y estuvo estos últimos días en Buenos Aires. Al igual que Deolinda, su reclamo principal es: “No queremos más paramilitares en nuestros territorios. Sí queremos que terminen los atropellos de la policía.Pero las autoridades no nos escuchan.” Cristina está esperanzada en la visita que el miércoles próximo hará a Santiago del Estero una comitiva de diputados nacionales. Buscarán reunirse con Zamora. El gobernador ya se reunió con la viuda de Cristian, Beatriz Juárez de Ferreyra. Le dijo que lo único que espera es “justicia”. “Esta lucha no es de ahora, empezó hace veinte años. Queremos que nos consideren como pueblos originarios y que nuestras tierras sean reconocidas. Ansiamos seguir viviendo como lo hicieron nuestros antepasados”, dijo Cristina a Miradas al Sur.Papeles por Tierras. El avance de la frontera sojera en la Argentina generó un desmonte indiscriminado y el arrebato de territorios a comunidades campesinas e indígenas. Acciones que se realizan, en la mayoría de los casos, al amparo de una Justicia en connivencia con los actores del negocio. “Las escribanías se han prestado a la concentración de tierras y a la venta de grandes superficies sin ningún tipo de control. Aquí no se han vendido campos, se han vendido escrituras. Nadie por parte del Estado ha controlado qué era lo que se vendía, qué había dentro del campo, cuál era la superficie que se vendía. Si dentro de lo que se vendía había una escuela, un hospital, una población, un río, un lago. Se vendían papeles”, señalaron desde la Asamblea Permanente por los DD.HH. de Santiago del Estero a los autores del informe Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino. La única herramienta legal con la que cuentan los campesinos es el llamado “derecho de posesión veinteañal de la tierra”. Figura en el Código Civil: el artículo 4.015 reconoce la propiedad de los inmuebles “por la posesión continua de veinte años, sin necesidad de título y buena fe”. El problema es que son pocos los jueces que suelen reconocer ese derecho y otorgarlo.

El viernes también se marchó al Congreso. Participó el Mocase-VC, el Mnci, otros movimientos campesinos, organizaciones sociales, la CTA, el Movimiento Evita. Tras la movilización, varios diputados presentaron en la mesa de entradas del Parlamento un proyecto de ley. “Propone que se determine una moratoria de cinco años para los desalojos campesinos y que se establezca un relevamiento de la situación dominial y de posesión de familias campesinas en el territorio nacional”, informaron desde el Mnci. Uno de los principales oradores del acto fue Adolfo Farías, del Mocase-VC de Quimilí. Llamó a “defender el territorio”. Y explicó: “Para seguir avanzando con las hectáreas de soja, el único camino que tienen es el desalojo de los campesinos”. Dos días antes, en una conferencia en la CTA había alertado: “En todo el país hay desalojos y compañeros asesinados. Tiene que ver con un modelo productivo vinculado al agronegocio. El director de Bosques, Julio Araujo, dio orden de desmonte en la comunidad donde fue asesinado Cristian. En el mismo relevamiento, esa zona estaba catalogada como monte nativo. El ministro de la Producción, José Parano Gemid, también dio orden de desmonte: quería introducir más de cinco mil cabezas de ganado en las comunidades donde habitan familias campesinas. El gobierno provincial de Zamora responde a la oligarquía que ha salido hace unos años atrás a bloquear el país”.

El miércoles último se cumplió un año del asesinato del qom Roberto López. Al igual que Ferreyra, murió de un disparo. Fue en medio de un violento desalojo de tierras a familias originarias de la comunidad La Primavera, en Formosa, gobernada por Gildo Insfrán. Por el crimen de López no hay detenidos ni policías separados de la fuerza. Esta semana estuvo en Buenos Aires Félix Díaz, cacique de los qom. Reclamó la devolución de las tierras al Estado provincial y a un terrateniente. Y remarcó: “Si uno pierde la tierra es como perder la vida. Ambas cosas no queremos que sucedan”.Carta Abierta. Fragmentos del documento sobre la muerte de Cristian Ferreyra.

“Este asesinato es un hecho de inconmensurable gravedad”.“En medio de las grandes esperanzas, sucede nuevamente el penoso acontecer de la sangre derramada. El asesinato de Cristian Ferreyra es un hecho de inconmensurable gravedad. Afecta nuestras vidas no sólo porque nuestras vidas son de por sí afectadas por una memoria bien conocida, sino porque en cada una de estas muertes inocentes surge a bocanadas el signo de una historia irresuelta e injusta. Son muertes inocentes no porque en estos luchadores no haya alguna vez un hierro candente en la mano o un puño que se cierre sobre una piedra. Son inocentes porque son muertes que nos siguen diciendo que una porción enorme de la historia argentina ni siquiera en esta época propicia consigue tener un balance templado y equitativo. Esta época no ha sido esquiva en generar justas reparaciones. Por el contrario, sus políticas tienen el signo de una cabal apuesta por la ampliación de la igualdad. Por ello mismo, debe ser propicia para mencionar estos hechos que le son extraños o anómalos.”

“(...) Ferreyra, que era un militante de un movimiento social de autodefensa campesina, representa una larga historia. (...) Tiene que ser en esta época y no en una próxima estación nebulosa e indeterminada, que se solucione el problema de tierras en la Argentina y que se consideren los planes agroalimentarios no como sinónimo de desbaratamiento de los montes sino de soberanía alimentaria. Es un problema multisecular, que queda en penumbras hasta que un asesinato lo ilumina. Del mismo modo, el asesinato de Mariano Ferreyra iluminó como una chispa al costado de las vías, la realidad oscura de la tercerización. La superposición de nombres es casual, la acumulación histórica de los problemas no lo es.”

“En ciertos aspectos, muchas comunidades campesinas del país son ahora contemporáneas de los encomenderos, de la mita y del yanaconazgo. Pero también son contemporáneas de las grandes utopías arcaicas, como el regreso al ayllu, a la Nación Calchaquí o el Reino de los Quilmes, que forman parte de un lenguaje posible pero quizás reacio a ver las grandes herencias de injusticia reparadas a la luz de lo que les debe ahora la nación moderna. No obstante, hay que decir que la expansión de la frontera sojera no es sólo una forma de la economía, sino también puede ser en estos casos la expansión de la propiedad por la sangre.”

“La avidez de un capitalismo depredador, la irresponsabilidad de inescrupulosos empresarios que siquiera son grandes propietarios, vive su Medioevo de conquista con esbirros que eligen el camino del victimario porque saben que ellos son también víctimas potenciales. El gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la Bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escala, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica, nuevo padrenuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otra época, pero tiñendo de una agria tintura este momento histórico que aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarlo.”

Fuente: Miradas al Sur